La reciente sentencia del Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia ordena a diversas instituciones del Estado apoyar la reconstrucción de este corregimiento, arrasado por el conflicto armado.
En 1999 el conflicto armado desplazó a 8 mil 059 habitantes del municipio de Pivijay, en el Magdalena, según el Registro Único de Víctimas. Foto: archivo Semana.La decisión de los tres magistrados del Tribunal Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia le da “alas” al pueblo de Salaminita, que espera, como el ave Fénix, resurgir entre las cenizas. Su trágica historia se remonta al 7 de junio de 1999, cuando paramilitares del Frente Pivijay del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), bajo el mando de Tomás Gregorio Freyle, alias ‘Esteban’, asesinaron a tres de sus pobladores, desplazaron a todos los campesinos y luego borraron el pueblo del mapa con un buldócer.
El pasado 16 de diciembre, el Tribunal falló a favor de 38 familias reclamantes de 37 predios en el sector del centro poblado, es decir, la zona urbana del corregimiento. La Comisión Colombiana de Juristas acompañó a las víctimas, documentando los efectos causados por el conflicto armado y la desarticulación del tejido comunitario tras 20 años de destierro. (Descargue la sentencia aquí)
En su decisión, el Tribunal declaró imprósperas las exepciones y oposiciones presentadas por Adolfo Díaz Quintero, Vicente Rueda Acevedo y María Teresa Rueda de Acevedo, quienes se opusieron al proceso de restitución de los campesinos alegando que a varios les compraron los predios de buena fe, tiempo después de la violencia paramilitar y con asesoría de un abogado que les indicó que sobre las tierras no había títulos y podía entonces concretrarse contratos de compraventa.
Según documenta la sentencia, los opositores explotaron los antiguos predios de Salaminita con ganado, ampliando la extensión de sus fincas Montevideo y Los Naranjos, situadas en los costados sur y norte del corregimiento, respectivamente. Pero los magistrados concluyeron que los ganaderos no actuaron de “buena fe exenta de culpa”, esto último significa que no hicieron las verificaciones necesarias para conocer el pasado de las tierras, recordando que en la región persistía el conflicto tras el desplazamiento ocurrido a finales de la década del noventa.
En ese sentido, los magistrados ordenaron que se le restituyan los predios a los campesinos y que diversas instituciones del Estado garanticen no sólo su permanencia sino oportunidades de progreso. El Departamento para la Prosperidad Social, por ejemplo, tiene la tarea de brindarles proyectos productivos; la Unidad de Restitución deberá participar en los planes de retorno y postularlos a los programas de vivienda nueva ante el Banco Agrario; el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), está obligado a ofrecerles capacitación; y la Policía y el Ejército condiciones de seguridad.
Por su parte, la Autoridad Nacional Minera deberá garantizar la sostenibilidad de la restitución, el Ministerio del Interior tendrá que construir un centro de encuentro que impulse la reconstrucción del tejido social, y la Unidad Nacional de Víctimas implementar un esquema de acompañamiento para las familias. A la Procuraduría Agraria le asignaron la misión de informar al Tribunal de forma periódica el cumplimiento de estas órdenes.
“Estamos felices con la sentencia. Las familias queremos retornar y reconstruir Salaminita, un pueblo que fue desplazado y cuyos lazos de amistad fueron fracturados por años”, dice Lesa Daza, una de las líderes de la región.
Tres décadas de violencia
Los campesinos desplazados del centro poblado del corregimiento de Salaminita quieren reconstruir su pueblo. Para ello será necesario que diversas instituciones del Estado los apoyen conviviendas, servicios públicos, educativos y proyectos productivos. Foto: archivo Semana.Justo cuando comenzaban las novenas decembrinas, Lesa recibió la noticia de la sentencia. Ella fue desplazada cuando tenía 12 años y para entonces, su familia no sólo fue desterrada sino desintegrada: para sobrevivir, sus once hermanos tuvieron que buscar apoyo en distintos municipios de la Costa Caribe. Su padre, quien en la actualidad tiene 84 años, no cupo de la felicidad cuando supo el Tribunal de Restitución les dio la razón. “Esto rompe con tantos años de silencio, porque cuando nos desplazaron fue como cuando le quitan un botón a una camisa, como si no hubiera pasado nada”, recuerda Lesa.
La Comisión Colombiana de Juristas documentó que la historia de violencia de Salaminita se remonta a los años setenta. El corregimiento está integrado por las veredas La Suiza y El Jardín, y un centro poblado, este último, el que acaba de ser restituido. En 1977, Laurenano Peláez contrató a 23 campesinos para que se instalaran en los predios de La Suiza, de propiedad de Aura de Polo y María Teresa de Polo, para hacerles creer que los campesinos querían invadirles las tierras y que lo mejor era que le vendieran el predio a él.
Peláez intentó expulsar a los campesinos, pero estos solicitaron el apoyo del Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) así como al antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora). En 1980, el Instituto decidió adjudicarles 10 hectáreas a cada uno de los 23 campesinos, regresó 165 hectáreas a Aura de Polo y María Teresa de Polo, y le entregó 220 hectáreas a Peláez.
Para esa década también comenzaron los inconvenientes en la vereda El Jardín, donde vivían 21 parceleros. En 1984, Julán Escalante llegó con un grupo de hombres armados para expulsar a los campesinos, alegando que esas tierras le pertenecían. Lo mismo hizo Germán Llanos cuatro años después, cuando arribó a la zona con 150 uniformados del Ejército y 40 personas vestidas de civil que insistían endesterrar a los parceleros.
La violencia en Salaminita no cesó. Entre los años ochenta y noventa hizo presencia el Frente 19 de las Farc, así como el Frente Domingo Barrios del Eln. Finalizando el siglo XX los paramilitares arremetieron contra el centro poblado, asesinando el 7 de junio de 1999 a Óscar Barrios, Carlos Cantillo y María del Rosario Hernández, quien entonces era la inspectora de policía. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía documentó que los paramilitares asesinaron a Hernández porque en varias oportunidades había denunciado las atrocidades del grupo armado ilegal, como dejar abandonados los cuerpos de las víctimas en la carretera.
Salaminita, un pueblo que desapareció en Magdalena
Durante la etapa de versiones libres, Daniel Velásquez Madera, alias ‘José Cabezón’, confesó ante la Fiscalía los crímenes cometidos ese 7 de junio de 1999, cuando los paramilitares encerraron a los niños en la casa de María Palmera y en la sede de Telecom, y obligaron a todo el pueblo a reunirse en la tienda de Belisario Bocanegra para presenciar los asesinatos. “El que derrame una lágrima corre la misma suerte”, les advirtieron.
Tras los asesinatos, les robaron los objetos de valor a los campesinos, la infraestructura que sostenía la red eléctrica, el techo del colegio, los muebles del puesto de salud, los productos que se comercializaban en las tiendas y hasta una imagen de la Virgen María. Por si fuera poco, Tomás Gregorio Freyle, alias ‘Esteban’, ordenó a alias ‘Gitano’ destruir con un buldócer todas las casas, construcciones y estructuras del corregimiento para “evitar que la guerrilla se resguardara allí”.
Alias ‘José Cabezón’ le aseguró a la Fiscalía que Adolfo Díaz, Vicente Rueda y Gustavo Pabón hicieron parte de los ganaderos que a finales de los noventa financiaron al grupo paramilitar que dio origen al Frente Pivijay de las Auc, participando de una reunión en La Zulia, días antes de los crímenes de junio. Sin embargo, durante el juicio los ganaderos insistieron en que compraron las tierras de buena fe años después de haber cesado el conflicto.
Pero como lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia continuó y Salaminita fue un pueblo arrasado; los paramilitares desplazaron a sus habitantes, acabaron con la infraestructura y aniquilaron, además, todo el entorno simbólico de las víctimas. El 23 de agosto de 2000, por ejemplo, asesinaron a Antonio Araque y María Eloísa Gutiérrez, una pareja de la tercera edad que se había resistido al desplazamiento, pues no tenían a dónde huir.
Hace dieciseis años los hijos de las familias desplazadas comenzaron a averiguar cómo reclamar sus predios. Daza explica que con ayuda de la Comisión Colombiana de Juristas, la Unidad de Restitución y la cooperación internacional, logaron que su caso llegara a los tribunales de justicia transicional; ahora, con la sentencia en la mano, esperan una reivindicación de la Unidad Nacional de Víctimas en su diligencia y atención a la población.
José Encarnación, también líder de Salaminita, dice que están a la expectativa: “Esperamos que todas las instituciones cumplan con las órdenes y los tiempos que estipularon los magistrados… han sido años en que comunidad hemos venido luchando por retomar las costumbres y el arraigo hacia nuestro pueblo”.
