En esta localidad de Bogotá, campesinos, organizaciones sociales y las administraciones locales trabajan para constituirse como un ejemplo de paz territorial a nivel nacional que incluya, también, a desmovilizados de las Farc.
Para llegar a San Juan, uno de los tres corregimiento de esta localidad, se deben recorrer cerca de dos horas y media desde el centro de la ciudad, la carretera principal está a medio pavimentar y en su transcurso hay que cruzar por dos retenes militares. Foto: Ernesto Mercado.Sobre este extenso territorio de 75 mil hectáreas, ubicado al sur de la capital, y compuesto por los corregimientos de San Juan, Nazareth y Betania, habitan alrededor de 5.600 personas, quienes han vivido desde la década del cincuenta el impacto del conflicto armado. Hoy, constituidos en varias organizaciones sociales y trabajando desde las juntas de Acción Comunal, han generado propuestas de inclusión y desarrollo social y económico, buscando traer beneficios para la comunidad y perfilándose para ser una zona de paz.
Hablar del conflicto en la región no es cosa nueva, para la comunidad la violencia se ha vivido desde mediados del siglo XX, cuando Juan de la Cruz Varela junto con otro grupo de labriegos se alzaron en armas para combatir al Estado en oposición a las reformas agrarias, consideradas lesivas para ellos.
Por allí también pasaron distintas unidades de las Autodefensas Unidas de Colombia, como el Frente Campesino por el Sumapaz y el Bloque Centauros, que años más adelante, bajo la comandancia de Miguel Arroyave, alias ‘El Químico’, formaron parte del Bloque Capital.
A ello se suma la presencia de la Fuerza de Tarea del Sumapaz, de la Brigada XIII del Ejército, que opera en el territorio desde hace más de diez años y que cuenta con cuatro batallones de alta montaña y varias unidades contraguerrilla. Por su parte, el Bloque Oriental de las Farc incidió en la región hasta finales del 2005, de donde huyeron hacia los departamentos del Huila y Meta para evitar las operaciones militares lanzadas en su contra.
A raíz de las negociaciones que se adelantan desde hace poco menos de cuatro años en la Habana con la guerrilla de las Farc, el gobierno nacional realizó en agosto de 2015 el encuentro territorial “Sumapaz, renace la esperanza”, escenario en el que se le comunicó a los campesinos el avance del proceso y escuchar sus peticiones, entre ellas el arreglo de las vías, la desmilitarización del territorio, la inclusión de un programa de educación con enfoque diferencial para los jóvenes campesinos bachilleres y el cese de la estigmatización en contra de las organizaciones sociales.
En esa oportunidad, Diego Bautista, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, aseguró que el Sumapaz tiene una historia de conflicto armado y lucha por la tierra irresuelto que debe ser analizado y discutido por las comunidades a partir del punto número uno de la agenda, titulado “Desarrollo Agrario Integral” y acordado en La Habana, agregando que el acumulado de organización social de la región sería indispensable para la consolidación de la paz territorial.
Un año más adelante, los cambios se han empezado a sentir de manera paulatina para los habitantes de esta localidad: en mayo pasado la Universidad Nacional firmó un convenio con la Secretaría de Educación para llegar a esta localidad con programas de educación superior como Ingeniería agrícola, Ingeniería agronómica, Veterinaria y Zootecnia mediante el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama). De esta manera, a partir del segundo semestre de este año, 60 estudiantes de la región se van a beneficiar con becas para el ingreso a la educación superior.
“Es la primera vez que podemos estudiar en la universidad sin abandonar la regiòn, los compañeros que pueden se tenían que ir a la ciudad si pasan los exámenes, ahora podemos hacerlo desde acá”, comentó Juan Sebastián, un estudiante de grado 11 del Colegio Juan de la Cruz Varela del corregimiento de Nazaret.
Hace un año Libia Villalba, edil de la localidad, aseguró que los planes de educación diferencial se debían gestar pensado a futuro, con el fin de generar también un espacio para la población de guerrilleros que quieran estudiar luego de la dejación de armas. Hoy, tras el convenio firmado, sostuvo que ahora la organización social propondrá que no solo sean 60 estudiantes los beneficiados, sino que se genere una política púbica que acoja a la mayoría de los bachilleres que se gradúan.
Para la comunidad este es uno de los primeros triunfos que ha realizado la organización social y la presión hacia las entidades locales, sus otras dos apuestas van encaminadas a la desmilitarización den territorio y a la constitución de la Zona de Reserva Campesina, proceso en el cual llevan siete años en discusiones.
Puja por la Zona de Reserva Campesina
En 2013, bajo la administración del alcalde Gustavo Petro, se terminó de redactar la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina (ZRC). La tarea debía continuarla el extinto Incoder a través de una audiencia pública de constitución, pero se dilató en varias oportunidades por la “inestabilidad política y administrativa de la ciudad”, como lo mencionó el entonces gerente de la entidad, Rey Ariel Borbón, durante una reunión que sostuvo con los campesinos.
Actualmente es la Agencia Nacional de Tierras, entidad creada en 2015 luego de la liquidación del Incoder, la encargada de proponer la delimitación y constitución de las ZRC, como lo establece el Decreto 2363 del Ministerio de Agricultura. Para el 27 de agosto se fijó la realización de la audiencia pública con la comunidad del Sumapaz tras una serie de encuentros con las organizaciones campesinas en las que se ha avanzado en la toma de decisiones frente al proceso de implementación.
“Es muy importante que se constituya la ZRC porque los ejemplos existentes demuestran que la economía campesina mejora a partir de esta figura, se implementa la economía solidaria y se avanza en el desarrollo económico y social del territorio”, aseguró Parmenio Poveda, líder agrario de la región.
Él asegura que a pesar del buen presupuesto que se fija para la localidad, los recursos no han sabido aprovecharse porque son las organizaciones no gubernamentales las que manejan el presupuesto y se asignan a otros gastos que, a su juicio, no son los mismos que priorizan los campesinos.
Puerto Matilde: la vida en una zona de reserva campesina
Una de las discusiones por la implementación de la ZRC se ha dado entre funcionarios de la Unidad Administrativa Parques Nacionales y campesinos. Los primeros alegan que la utilización del suelo del páramo para la agricultura ocasiona daños el ecosistema, por lo cual la adjudicación del territorio generaría mayores afectaciones.
Por su parte, los campesinos afirman que a pesar de que son conscientes de la fragilidad de los suelos y de que la agricultura requiere de maquinaria pesada para trabajar la tierra, no tienen otra opción de economía y de sustento más allá de los cultivos de papa, yuca y la producción láctea.
“No hay alternativa ni recursos para el cambio, entonces tenemos que tener los propios recursos para poder subsistir. De convertirse en realidad la ZRC nos va a permitir que con elpresupuesto se mejoren los suelos y que se haga una campaña para concientizar a la población campesina sobre el cuidado del páramo y su importancia”, aseguró Poveda.
Pese al optimismo que hay en el territorio, los campesinos ven con preocupación que la actual administración no preste mayor atención institucional a la localidad. “A nosotros nos inquieta es que como lo dijo el mismo alcalde Peñalosa, esto se convierta en un “centro de ecoturismo”, como ya se está haciendo, en vez de priorizar la economía campesina, el desarrollo e inversión social, por lo cual hemos peleado más de 40 años”, aseveró René Dimaté, miembro de la Junta directiva del Sindicato Agrjario.
A ello se suma que el Ejército ha aumentado el pie de fuerza en la localidad, reacomodándose en distintas ocasiones, lo que ha generado un daño medioambiental en el páramo que viene siendo denunciado desde principios de 2014. Según cifras de la comunidad, antes había 3 soldados por cada habitante, ahora hay 4; no obstante, el Ejército sostiene que la relación se mantiene 3 a 1.
Bajen a los territorios
El páramo del Sumapaz ha sido uno de los puntos estratégicos disputados por todos los actores armados, su ubicación geográfica comunica al centro con el sur del país. Hoy día es una de las zonas más custodiadas por el Ejército. Foto: Ernesto Mercado.Para las organizaciones sociales del Sumapaz, lo que hasta ahora acordado en La Habana debe de empezar a concretarse en las regiones como una expresión de confianza con las comunidades. Desde aquella región se pide que se suspenda la entrada de multinacionales mientras se acuerda con el gobierno la tenencia y uso de la tierra en la Zona de Reserva Campesina, y que se empiece a reducir el pie de fuerza.
“Anteriormente todo el pie de fuerza era para combatir las Farc, ahora dicen que es para cuidar el páramo, pero ¿cuidarlo de quién? Nosotros somos como campesinos guardianes de él”, se cuestionó un campesino de la región, quien reconoce que pese a ello el trato de los militares con las comunidades ha mejorado, aunque siguen prácticas como la retención de documentos, las requisas y en algunos casos los censos de mercados que van hacia la región del El Duda en el departamento del Meta.
“Lo que nos preocupa es que los movimientos del Ejército generan zozobra, se han reacomodado varias veces causando daños al ecosistema, ya no hay intimidación, pero sí preocupación porque pese a ser un territorio que ha vivido el conflicto desde hace muchos años no se asienta un grupo armado por acá y si se está ya casi por lograrse el cese bilateral no tendría que ni siquiera haber patrullaje”, comentó René Dimaté.
Ahora bien, desde hace cinco años la firma Emgesa, presentó un proyecto para instalar ocho microcentrales de energía, aprovechando las aguas del río Sumapaz. Pese al avance que ha tenido el proyecto, en las veredas de la localidad no se ha podido desarrollar esa iniciativa porque la comunidad ha impedido que se haga la socialización, rechazando que la llegada de la empresa se haga para dañar el medio ambiente y no generar cambios sociales.
“Ya tenemos ejemplos como el de El Quimbo, donde la afectación ha llegado al punto de no solo de acabar con el ecosistema por el desvío del río, sino también por los problemas sociales que ha generado con las personas afectadas que no han sido reconocidas por la multinacional”, sostuvo Dimaté, quien cree que puntos como el de la entrada de multinacionales a los territorios rompe con lo pactado en La Habana, pues a su juicio, “si no se deja que los campesinos intervengan el ecosistema por qué a las multinacionales sí”.
Los cabos sueltos de la represa El Quimbo
“Si se lee con detenimiento el acuerdo y se piensa en nuestro territorio, vamos a ver que son varios los puntos que nos benefician; por ejemplo, el de la titulación de la tierra. Si yo, que ya tengo más de 60 y heredé de mis abuelos aún no tengo títulos, qué les espera a mis nietos e, incluso hijos. Debemos formalizar la tierra y eso está en el acuerdo”, concluyó Moisés Delgado, un campesino de 62 años, quien también se reafirma en una de las frases que más se escucha en la zona: “si ya se va a firmar la paz que se firme, pero que se cumpla en el territorio”.
Por ahora las comunidades del Sumapaz esperan que, tras la firma del Acuerdo Final con la guerrilla de las Farc, las autoridades locales inicien la implementación en los territorios, haciendo énfasis en que la titulación de la tierra y el impulso de los proyectos productivos manejados por los campesinos va a permitir el avance local y regional con lo cual se permitiría, como ya lo han asegurado, que tras una eventual dejación de armas, los guerrilleros que quieran retornar a este territorio lo puedan hacer bajo unas condiciones diferentes por las que ingresaron al grupo armado ilegal.
