Los campesinos de esta localidad han tenido que lidiar con el abandono estatal, la presencia de todos los actores armados y el estigma de ser señalados como guerrilleros. ¿Se puede hablar de paz en una de las últimas fronteras de Bogotá?
En la región la mayoría de los campesinos vive de la cosechas y de su venta para los departamentos de Cundinamarca, Meta y Huila. Se espera que de constituirse la Zona de Reserva Campesina, se solidifique la economía. Fotos artículo y home: Ernesto Che Mercado.
Llegar a San Juan de Sumapaz, uno de los tres corregimientos de esta localidad de Bogotá, no es fácil. Son más de dos horas de trayecto para recorrer tan sólo 31 kilómetros desde la Capital. La carretera está a medio construir y a mitad de camino un fortín militar contraguerrilla, como los del Sarare o el Catatumbo, da paso para avistar las primeras casas del casco urbano.
Parmenio Poveda, un líder agrario de antaño, comenta que a pesar de vivir en una localidad de la capital de Colombia, Sumapaz parece tener 40 años de atraso: “no tenemos acceso a todos los servicios, las carreteras están a medias y las pocas vías que hay no se pueden arreglar por impedimento de Parques Naturales”. Aello se suma la falta de conectividad pues hay pocas antenas telefónicas y son remotas las zonas de acceso a la Internet.
Es una región, además, con varios conflictos latentes. El más antiguo es el de la tenencia de la tierra, que se ha traducido en una disputa de los campesinos por la constitución de una zona de reserva campesina. La misma no se ha materializado por inconvenientes presentados con el Incoder y por “trabas legales” según comentaron varios habitantes a VerdadAbierta.com.
Otra de las pugnas recientes es la entrada de la multinacional Emgesa, la cual tiene como proyecto crear ocho micro-centrales de energía sobre el río Sumapaz en una un área que comprende 32 veredas, varias de ellas de esta localidad. Para Alfredo Díaz, del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (Sintrapaz), las intenciones de esta empresa ponen en riesgo los recursos naturales y demuestran la ambigüedad del gobierno nacional con la zona: “no deja que los campesinos construyan sobre el páramo pero sí permite la entrada de las multinacionales para que saqueen los recursos naturales”, dice René Dimaté, actual candidato a la Junta de Administración Local.
Además, no son pocas las veces en las que organizaciones campesinas han denunciado el aumento constante de las unidades militares en la localidad y sus atropellos. Según algunos campesinos consultados por VerdadAbierta.com hay tres hombres de la fuerza pública por habitante (El Ejército habla de dos por habitante) y uno de los tantos problemas tiene que ver con la instalación de sus bases en los páramos y la utilización de los senderos ecológicos como corredores militares.
Un conflicto histórico
Cuentan los campesinos que la llegada de la multinacional Emgesa reactivó la defensa activa de los recursos naturales al interior de la organización campesina que, a pesar de estar consolidada desde la década del 60, se había concentrado en la lucha por la tenencia de la tierra. Foto: Andrés Celis.
Pero la mala convivencia entre habitantes y hombres armados no es nueva. Desde 1990 la región se militarizó por su estratégica posición geográfica. Al oriente comunica con departamento del Meta y al sur con el Huila. Por años esto ha producido enfrentamientos entre grupos criminales por el control de las rutas viales y fluviales que conectan el centro con el sur del país, para el trafico de armas y estupefacientes.
Adicional a esto, en Sumapaz se forjó uno de los primeros conflictos por la tenencia de la tierra durante la década del 50 en el que varios campesinos, encabezados por Juan de la Cruz Varela, se armaron y lucharon contra los intentos de reforma agraria. Más adelante entregarían las armas antes de la disolución del Frente Nacional.
De igual manera, la guerrilla de las Farc ha sido un actor importante en la región desde la realización de la segunda conferencia guerrillera en 1966, donde adquieren el nombre y organizan la llegada a otros departamentos del país.
Para Parmenio, el legado de Juan de la Cruz Varela se ha mantenido hasta el día de hoy pues Sumapaz es una de las cunas emblemáticas del movimiento campesino: “de acá emergieron las primeras resistencias y, al tiempo, se gestaron los primeros conflictos” señala, agregando que muchas de las cosas por las cuales peleó el líder agrario aún siguen sin resolverse como la tenencia y distribución de la tierra.
Y es por eso que desde la década del sesenta las organizaciones de izquierda, hoy encabezadas por el Partido Comunista y la Unión Patriótica, siguen teniendo fuerza y son importantes en el devenir político de la zona. A propósito de los diálogos de paz en La Habana, muchos de sus líderes se pusieron la meta de preparar a la gente para un eventual posconflicto; pero, a pesar del apoyo de la actual administración, no ha sido una tarea sencilla. No son pocos los obstáculos a superar.
Moisés Delgado, un campesino de 62 años, ha visto crecer dos generaciones en el Sumapaz. Dice estar convencido de que los acuerdos de La Habana van a traer cambios a nivel territorial y que la región está preparada para acoger a los desmovilizados. Foto: Andrés Celis.
Durante años, algunos de sus habitantes han tenido que vivir con el estigma de ser guerrilleros. Incluso, varios han estado presos. Moisés Delgado, por ejemplo, pagó más de tres años de cárcel sindicado de rebelión y terrorismo. Cuando recobró la libertad (por vencimiento de términos), a principios de este año, lo primero que dijo era que trabajaría para que la guerra dejara de existir y la paz se tradujera en hechos concretos: “No se puede tener el mismo país por el cual ellos se subieron (irse al monte). Cuando regresen al territorio no podemos permitir que se agudice el problema”, comenta el campesino.
Por su parte, Libia Villalba, actual edil de la localidad, dice que uno de los logros más importantes hasta el momento tiene que ver con que la coherencia entre las instituciones frente al tema de la paz. Advierte, sin embargo, que es importantes que el Gobierno entienda que no se trata solo de preparar hoy a la gente para el posconflicto y mañana la encarcele”.
Ahora bien, otro de los retos de Sumapaz tiene que ver con el futuro de los jóvenes. La comunidad propone la creación de una universidad con enfoque diferencial que le permita a los estudiantes quedarse en el territorio y aportar a la producción del campo. Esta situación plantea un interrogante adicional frente a una eventual desmovilización de la guerrilla: ¿Cómo garantizar el acceso y permanencia de los exguerrilleros en las instituciones educativas?
“El desplazamiento de la gente joven se da es por cuestiones económicas. Se van del territorio buscando mejores oportunidades pues acá no las hay por alta de una universidad con carreras afines al campo”, dice Yamile Mora, integrante junta de acción comunal de la vereda las ‘Ánimas’, corregimiento de Nazareth.
Ninguno de los campesinos consultados para este artículo siente temor al decir que están dispuestos a acoger a la guerrilla siempre y cuando cumplan con las reglas del territorio y se acoplen a las reglas de las organizaciones campesinas. “El país a lo que le debe tener miedo es a que no se cumplan las garantías por parte del Estado para que se haga política libremente”, dice René Dimaté.
En general, en Sumapaz se percibe un clima de optimismo frente a un posible acuerdo entre las Farc y el Gobierno. Sin embargo, la realidad demuestra que es largo y difícil el camino para la implementación de los acuerdos. No sólo está el tema básico de una adecuación progresiva del territorio sino el eterno debate sobre la constitución de una Zona de Reserva Campesina y las difíciles relaciones con la Fuerza Pública.
