En menos de un mes terminará de llenarse esta represa en el Huila y aún hay varios asuntos pendientes entre los campesinos y la empresa. En el reasentamiento están sin agua, sin cosechas y las tierras a las que llegaron eran de otros que ahora no tienen a dónde ir.
Cincuenta campesinos protestaron en las tierras adquiridas por Emgesa en el municipio de Altamira, en una zona conocida como el Llano de la Virgen. Foto: Cortesía Asoquimbo.
“Cuando ya vea el agua cerquita, iré a destechar. Le quito el zinc, las puertas y la madera, para no perder tanto. Es lo único que puedo hacer cuando todo el Gobierno está a favor de Emgesa”. Así se despidió de su casa Francisco Cabrera, un pescador que durante sus 55 años ha vivido del río Magdalena en la vereda Veracruz, en el municipio huilense de Gigante.
Su casa es la última que queda en pie en esa zona y aunque hasta el último minuto se resistió a abandonarla, no tuvo otra opción cuando empezaron a llenar las más de 8.500 hectáreas que tendrá la represa El Quimbo. Este megaproyecto es uno de los más grandes del país con una capacidad de 400 megavatios y con una vida útil de 50 años. Eso, calculan, equivaldrá al 8% de la energía que se consume en el país.
Sise compara con Bogotá, es como si se inundara desde la Plaza Bolívar hasta la calle 100, hacia el norte y hasta Fontibón, hacia el occidente. Y la cantidad de agua que se necesita para El Quimbo es la misma que se requeriría para cubrir más de tres veces la isla de San Andrés. De hecho, ocupará parte de seis municipios del Huila: Gigante, El Agrado, Garzón, Tesalia, Altamira y Paicol.
De esta dimensión es la represa que ya comenzó a llenarse desde el pasado 30 de junio. Ese día, la labor inició en la madrugada y ni la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM) ni la Gobernación del Huila ni la comunidad se dieron por enteradas.
Esta manera de proceder sacó de casillas al gobernador Carlos Mauricio Iriarte, quien ese mismo día calificó el llenado como una burla a los derechos del Huila pues todavía no se habían cumplido todos los compromisos adquiridos por la empresa y por el Gobierno Nacional (lea los acuerdos pactados). Por su parte, la CAM pidió suspender esa operación hasta que Emgesa, que es la multinacional dueña del proyecto, cumpliera unos requisitos para salvaguardar la flora.
Pero hasta hoy la represa se sigue llenando con el visto bueno de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y, de seguir así, estará completa para principios de agosto y empezará su funcionamiento en septiembre.
Aún no se conoce a ciencia cierta cuántos son los afectados por la construcción de la represa. Además, en dos de los cuatro reasentamientos no hay agua potable y ninguno tiene distrito de riego, a pesar de que eran dos de las condiciones que le puso en 2009 la ANLA a Emgesa para autorizar la hidroeléctrica.
Otro de los grandes problemas es que en las tierras donde están las nuevas casas, trabajaban campesinos que hoy ya no tienen sustento ni techo y Emgesa no los reconoce como afectados.
Excluidos del censo
De las más de 8.500 hectáreas que inundarán, 5.300 son tierras agrícolas altamente productivas. Foto: Cortesía Emgesa.
En 2009 la ANLA expidió la Licencia Ambiental 0899 con la que autorizaba a Emgesa a construir El Quimbo. Por su parte, la empresa debía cumplir con ciertas obligaciones y una de ellas era realizar un censo para saber cuántas y cuáles eran las personas afectadas directa o indirectamente por este megaproyecto.
Fue entonces cuando llegó el primer problema. Un año después de la autorización, Emgesa censó a cerca de 3 mil afectados pero, según Miller Dussán, líder de Asoquimbo (Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo), la multinacional no tuvo en cuenta a todos los que correspondía. “Ellos miran solamente la afectación comercial, es decir si trabaja o no en la zona de impacto, pero afectado es todo al que se le vulneran los derechos constitucionales”, explica.
De hecho, así lo dijo en 2013 la Corte Constitucional, cuando obligó a la empresa a hacer otro censo antes de septiembre de ese año. El objetivo era incluir a toda la población afectada que iba desde el pescador y el dueño de grandes tierras hasta a los comerciantes de zonas aledañas que perdían dinero en sus negocios por la construcción de la represa.
La multinacional no cumplió con el tiempo límite e hizo el censo en 2014. Además, Dussán dice que aunque 28 mil personas se inscribieron, la empresa rechazó a 13 mil bajoel argumento de que no eran afectados (lea una de las respuestas entregadas). Asoquimbo sostiene que Emgesa excluyó del censo a varias de las poblaciones que la Corte Constitucional ordenó proteger y ahora esas personas están a la deriva.
Así lo ratifica Francisco Cabrera: “En Veracruz, Emgesa no les dio nada a los mayordomos porque supuestamente el que les tenía que dar era el patrón y ahora están luchando pues se les acabó su actividad”.
VerdadAbierta.com le preguntó a Emgesa pero, hasta la publicación de este artículo, la empresa se abstuvo de responder sobre este dilema en específico.
Además del censo, la otra disputa entre los afectados y la multinacional es el de si se considera desplazados o no a las personas que abandonaron sus hogares porque iban a ser inundados.
Asoquimbo considera que sí y atribuye la responsabilidad al megaproyecto, mientras que Emgesa las catalogan como afectados directos. Por su parte, el Gobierno explica que la hidroeléctrica es un bien para todo el país y que el modelo de desarrollo no pretende afectar a las personas, como explicó Andrés González, embajador de Colombia ante la OEA.
Las diferencias sobre este tema son tales que incluso llegaron a una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se analizó el impacto en la gente por parte de los proyectos hidroeléctricos en Colombia.
Una amarga despedida y una bienvenida a medias
Cada familia debería recibir cinco hectáreas con distrito de riego y un plan de producción agrícola. Sin embargo, esto todavía no se cumple en la mayoría de los casos. Foto: Cortesía Asoquimbo.
El proyecto de El Quimbo lo han pensando desde hace dos décadas. La razón por la que no se había ejecutado es que en 1997 el Ministerio de Medio Ambiente negó la autorización de la represa por “la grave afectación de tierras altamente productivas […] y por la dificultad de restituir la capacidad productiva de la zona”. A pesar de la advertencia de lo que podría pasar con las tierras, el proyecto se aprobó en 2009.
A cambio, los extranjeros tenían que cumplir unos requisitos legales con la comunidad en materia de restitución. El primero es que Emgesa tenía que trasladar a todas las personas antes de empezar a llenar la represa y para eso debía solucionar la compra o reubicación de todos los predios. Aunque el plazo era hasta 2011, al día de hoy no se ha solucionado este asunto pues los campesinos se quejan de que la empresa abusó de su poder para adquirir los lotes y de que los reubicó en un lugar donde ni siquiera hay agua potable.
Para que Emgesa pudiera adquirir los predios con facilidad, entre 2008 y 2012, el Ministerio de Minas y Energía declaró 49 mil hectáreas como utilidad pública, es decir que autorizó que se dispusiera de esos lotes por el bien común. De estas, 15 mil eran para la construcción de la represa, 23 mil para reasentamiento y reactivación económica, y 11 mil para compensación forestal, según la información del Ministerio de Minas y Energía.
Con el amparo de la utilidad pública, Emgesa comenzó a negociar con las personas que tenían tierras en las zonas inundables y con los que resultaran afectados indirectamente de este proyecto.
La ANLA estima (ver la Resolución 0759) que 548 familias vendieron sus predios pero Asoquimbo se queja de que tuvieron en cuenta el valorcatastral mas no el comercial. La institución pública agrega que 114 familias optaron por el reasentamiento colectivo, que hubo 37 reasentamientos individuales y sólo 8 expropiaciones. Pero las cifras no coinciden ni con las de Emgesa, que dice que sólo 63 familias se han reasentado de manera colectiva y 20 individualmente; ni con las de Asoquimbo, que habla de 164 órdenes de expropiación con entrega anticipada de predios.
Las expropiaciones eran la última vía que tiene la empresa para adquirir los predios. Esto sólo puede ocurrir después de que los dueños de los predios se negaran a vender o a irse a vivir al lugar dispuesto por la multinacional.
Pero Dussán señala que Emgesa utilizó el desalojo como una forma de obligar a las personas a dejar sus tierras. “La gente dice que no se va hasta que tenga todo lo que les promete la licencia y en respuesta Emgesa le pide a un juzgado que declare la expropiación porque supuestamente quedó agotada la negociación”, afirma.
Dussán también sostiene que después de que se dictara orden de desalojo, Emgesa presionaba a los campesinos para que recibieran la plata, se fueran y, a cambio, se levantara la orden de expropiación. “Si los desalojan, Emgesa sólo le consigna 57 millones y si no, le ofrecen 150 millones”, dice el líder de Asoquimbo.
En muchos de los casos las personas no querían dejar sus casas porque el reasentamiento no estaba listo. Así le sucedió a Francisco. Él pidió que no le tumbaran su hogar hasta que la nueva casa estuviera lista. “Me tuve que ir y ahora el reasentamiento en Montea (una finca en Gigante) el agua llega en carrotanques, no hay distrito de riego y ni siquiera tenemos escrituras de lo que nos están dando”, dice.
Esto va en contravía de la obligación de la multinacional pues la Licencia Ambiental ordenaba que antes de reubicar a la gente, Emgesa tenía que preparar esa zona con agua potable, escuelas, centros de salud, iglesias… todo lo necesario para que los campesinos pudieran seguir cosechando y con las casas ya construidas.
Sin embargo, la ANLA comprobó que para el mes pasado todavía estaba pendiente la infraestructura comunitaria en tres de los cuatro reasentamientos y Dussán aclara que en dos de esos lugares no tienen ni siquiera agua potable a pesar de que desde 2014 la gente empezó a vivir allí y de que la represa ya se está llenando.
La situación llegó a tal punto que el pasado 6 de julio, 50 campesinos se tomaron unas tierras que Emgesa había comprado en el municipio de Altamira para los reasentamientos, exigiendo que se adecuaran apropiadamente las nuevas viviendas.
En tierra de otros
Los cuatro reasentamientos deberían estar equipados de alcantarillado, electricidad y agua potable antes de inundar la represa. Pero este es el momento en el que en algunos lugares todavía se consume agua de carrotanques. Foto: Cortesía Asoquimbo.
Para las personas que escogieron el reasentamiento, Emgesa dispuso cuatro lugares. El predio Santiago y Palacio, en el municipio de Garzón, con 15 casas para los habitantes de Balseadero; la finca Llanos de la Virgen, en Altamira, con 40 casas para las personas de la Escalereta (municipio El Agrado); Montea, ubicada en Gigante, con 18 hogares para los provenientes de Veracruz y el predio La Galda, en El Agrado, con 14 viviendas para la gente de San José de Belén.
La misma empresa reconoce que a los reasentamientos sólo han llegado 63 familias aunque hay 87 casas construidas. Estos números están muy por debajo de las 200 viviendas que Emgesa se comprometió a cofinanciar con la Gobernación del Huila.
Pero el problema real para los campesinos no está en la cantidad de muros levantados sino que esas casas se construyeron en tierras donde trabajaban algunos mayordomos en sembrados de maíz, cacao o café.
“Emgesa no restituyó sino que reemplazó otras tierras y además generó más desplazamiento”, denuncia Dussán. Esta idea e incluso la denominación de desplazados es la misma que utiliza la Contraloría en el seguimiento del caso que hizo en 2014 (ver informe).
Según la ANLA, en mayo de este año los “opositores al proyecto” ocuparon la casa modelo y las parcelas asignadas al reasentamiento en Santiago y Palacio “hasta que no incluyan en las compensaciones a las personas que ellos consideran deben ser incluidos”.
Dussán desmiente esta información y acusa a la ANLA de replicar todo lo que dice Emgesa sin comprobarlo. Según la información de Asoquimbo, en el predio Santiago y Palacio no ocuparon ninguna parcela sino que acordaron con los nuevos ocupantes quedarse hasta que la siembra de maíz cosechara.
Y así fue. Ahora, esos mayordomos quedaron sin trabajo y Emgesa tampoco los consideró como afectados por la represa.
Por otro lado, los que están viviendo en los nuevos predios tampoco saben de qué van a vivir pues aunque Emgesa tenía que crearles un plan de producción agropecuaria con el que pudieran sostenerse, a la fecha ni siquiera hay distritos de riego ni cosechas.
“Nos están dando dos salarios mínimos a cada familia hasta que nos pongan el proyecto. Emgesa dice que nos dará unas vacas pero yo quiero ser pescador y otros de acá lo que hacían era sembrar cacao”, señala Francisco.
Por eso es que este campesino se opuso hasta el último minuto a dejar su antiguo hogar pues aunque la casa anterior era mucho más pequeña, “por lo menos era digna y es por eso que muchos dicen que era mejor quedarnos como estábamos”. Pero Francisco y los demás campesinos ya perdieron la pelea contra el tiempo pues en cuestión de días los predios que tanto añoran estarán inundados.
Nota de la redacción: VerdadAbierta.com envío un cuestionario a Emgesa sobre este tema que no fue respondido en su totalidad para el cierre de esta nota.
