Cuando Álvaro Uribe Vélez tenía 28 años fue director de la Aeronáutica Civil. Ocupó este cargo entre 1980 y 1982 y durante estos dos años, según la información recopilada por el senador Iván Cepeda, otorgó varias licencias a integrantes y socios de presuntos clanes de narcotraficantes antioqueños.
Foto: archivo Semana.Una de estas licencias entregada en octubre de 1980 fue para Gustavo Rey Soto, a quien las autoridades le allanaron varias propiedades en 1996 durante un operativo contra personas vinculadas al narcotráfico.
Otra licencia en diciembre de 1981 fue para Héctor Mario Cifuentes Villa también investigado por narcotráfico. Según Cepeda, los Cifuentes Villa tienen en el pasado una relación familiar con Uribe. Héctor Mario Cifuentes es hermano de Dolly Cifuentes, quien fue pareja de Jaime Alberto Uribe, hermano del expresidente y senador. Mientras Héctor Mario se encuentra en la actualidad prófugo, Dolly fue extraditada y condenada en Estados Unidos por narcotráfico.
Otras seis licencias fueron otorgadas a los hermanos Óscar Humberto’, Miller y Armando Sierra Pastrana, investigados por haber sido pilotos de capos del cartel de Medellín y del Cartel de Cali.
En 1982 otra de las licencias fue concedida a Álvaro Suárez Granados alias ‘Coco’ y quien fue piloto de Pablo Escobar y luego de los hermanos Rodríguez Orejuela en la ‘exportación’ de cocaína hacia México. Una licencia más fue entregada a Ricardo Ávila Armenta, señalado de haber sido promotor, junto a su hermano Eduardo, de la bonanza marimbera en la Costa Atlántica.
El dato que más llamó la atención fue el otorgamiento de una licencia a su padre Alberto Uribe Sierra para la operación de un helicóptero Huges 500. Cepeda advirtió que este helicóptero fue encontrado durante las operaciones que hicieron las autoridades en 1984 a ‘Tranquilandia’, un complejo para el procesamiento de cocaína en la zona selvática entre el Caquetá y Meta del Cartel de Medellín. Aunque Uribe ha señalado que para le época el helicóptero ya no era de su padre sino había sido transferido a una empresa que tomaba fotos áreas, el senador Cepeda aseguró que no hay un papel oficial que pongan en esa evidencia dicha transferencia.
Otro de los cuestionamientos surgió tras su nombramiento en agosto de 1982 como Alcalde de Medellín, cargo que ocupó hasta diciembre de ese año. De acuerdo con la investigación adelantada por Cepeda, Uribe Vélez fue retirado del puesto por el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, quien le tenía desconfianza al joven mandatario local por su cercanía y la de su familia a Pablo Escobar y el clan Ochoa, quienes integraban el Cartel de Medellín.
El detonante para sacarlo de la Alcaldía fue la asistencia del joven alcalde a varias corridas promovidas en Medellín por los Ochoa. Para soportar su argumento, Cepeda mostró la copia de un folleto que circuló en 1983 con el título de ‘Corrida en beneficencia de Medellín sin Tugurios’.
Según explicó, en esa corrida participaron como rejoneadores Alberto Sierra y Fabio Ocha en beneficencia de un programa impulsado por varios particulares, entre ellos Pablo Escobar. La corrida fue patrocinada por Bicicletas Ositto, de propiedad de alias ‘El Osito’, hermano del capo del Cartel de Medellín.
Sobre la presunta relación de los Ochoa con los Uribe, Cepeda mostró dos declaraciones registradas por las autoridades y la prensa. En 1992, Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’ le aseguró a la Fiscalía que Uribe Vélez y Bernardo Guerra Serna hacía parte de las cuotas políticas que apoyaban al Cartel de Medellín.
Una vez renunció a la Alcaldía de Medellín, según Cepeda, en marzo de 1983 Uribe fue nombrado miembro de la junta directiva de Comnfirmesa, empresa de Luis Carlos Molina Yepes, encargado de las ‘finanzas’ del Cartel de Medellín y condenado por el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano.
Ya como senador, para el periodo 1986-1994, el debate contra Uribe giró en torno a la supuesta defensa que hizo de la no extradición de colombianos a otros países para que respondieran por delitos asociados al tráfico de drogas.
El año 1989 fue de los más violentos del país con la masacre de La Rochela, donde fueron asesinados varios funcionarios judiciales que investigaban el paramilitarismo, el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, la bomba a las instalaciones del DAS en Bogotá y la explosión de un avión de Avianca en pleno vuelo.
Ese año el gobierno propuso la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos, una decisión que debía ser aprobada por el Congreso. En la Cámara de Representantes, Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe, fue el ponente de un proyecto que convocaba un referéndum en contra de la extradición. En Cámara fue aprobado y el 14 de diciembre de 1989 fue llevado a discusión del Senado. Aunque la Cámara Alta no avaló la propuesta, Álvaro Uribe defendió la defendió enconadamente.
Según datos recopilados por Cepeda, en abril de 1990 una fuente le aseguró al FBI que el Cartel de Medellín financió varias de las candidaturas de las elecciones a Congreso en marzo de ese año. La fuente sostuvo a las autoridades estadounidenses que se trató de políticos que “ganaron asientos en el Senado” y que “representan al Partido Liberal”. Para entonces, los dos senadores electos por Antioquia por ese partido fueron Álvaro Uribe y Bernardo Guerra Serna, mencionados posteriormente por alias ‘Don Berna’ en su declaración de 1992 a la Fiscalía. (Ver: La narcopolítica de Pablo Escobar, según el FBI)
El senador Cepeda también se refirió a las actuaciones de Uribe como Gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, particularmente en lo relacionado con las asociaciones de vigilancia y seguridad privada, conocidas en su momento como Convivir.
En su exposición, el Senador por el Polo Democrático señaló que Uribe, durante su período como mandatario regional, le dio vía a libre a esas cooperativas de seguridad privada, lo que coincidió con el período de consolidación del paramilitarismo en el departamento y el aumento de las masacres en más de un 300 por ciento.
Tal como ya se había advertido en el 2007, cuando el entonces el senador Gustavo Petro aseveró que varias Convivir mutaron al paramilitarismo cuando les otorgaron licencia a varios de sus jefes, Cepeda retomó la denuncia y ejemplificó el tema con dos casos: el de Jaime Alonso Castrillón Echeverría, representante de la Convivir Tagua del Darién y quien luego trasegó con el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y el de de Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, quien fue revisor fiscal de la Convivir Deyavanc, que operó en Yarumal, Antioquia, y luego se convirtió en un poderoso comandante del Frente Sur de Bolívar del Bloque Central Bolívar.
Cepeda hizo referencia a un pronunciamiento que hizo el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín el 4 de septiembre de 2013 que advirtió que hubo una relación entre la aparición de la Convivir en 1995 y la expansión del paramilitarismo. También citó la declaración de Hébert Veloza, alias ‘HH’, quien en una versión libre el 28 de abril de 2011 ante la Fiscalía aseguró que las Convivir fue “una fachada del paramilitarismo”. (Ver: Convivir eran fachada del paramilitarismo en Urabá)
En el debate, el senador Cepeda aseguró que Uribe no frenó el fenómeno del paramilitarismo en Antioquia y que no protegió a líderes de derechos humanos como Jesús María Valle, asesinado en febrero de 1998 después de advertir la participación de paramilitares y el ejército en las masacres de La Granja (junio de 1996) y El Aro (octubre de 1997). Indicó, además, que tampoco actuó para evitar esta última masacre, pese a que la comunidad había solicitado protección.
Por el contrario, aseguró que existen testimonios como el de ‘HH’ que apuntan a una “relación directa” que tuvo Uribe con los paramilitares. En julio de 2012, alias ‘HH’ le dijo a la Fiscalía que Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, contador de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), concertaba a través de beeper reuniones con la Gobernación. (Ver: La reunión de Pedro Juan Moreno y alias ‘HH’ en Medellín)
El contacto entre unos y otros fue Luis Alberto Villegas Uribe, un comerciante cercano a Uribe quien recibió la personería jurídica de la Convivir El Cóndor, en San Roque, y murió asesinado en 2004. Al respecto, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, dijo en versión libre ante fiscales de Justicia y Paz en agosto de 2011, alias ‘Don Berna’ aseguró que Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno, siguió siendo un lazo con los paramilitares, incluso después de dejar su cargo en la Gobernación en diciembre de 1997.
En los escenarios de Justicia y Paz, por lo menos tres paramilitares han señalado a Álvaro Uribe de tener nexos con las Auc cuando fue Gobernador de Antioquia. El Espectador reveló que Francisco Villalba, alias ‘Cristian Barreto’, ex paramilitar del Bloque Norte, había denunciado que su vida corría peligro después de contarles a las autoridades que Uribe era responsable de la masacre del Aro. Villalba aseguró que había escuchado una conversación entre Salvatore Mancuso y el Gobernador donde ordenaban “borrar el pueblo”. El paramilitar fue asesinado en abril de 2009.
En 2011, Iván Cepeda presentó a la opinión pública los testimonios de otros dos exparamilitares. El 19 de septiembre de ese año entrevistó a Pablo Hernán SierraGarcía, alias ‘Alberto Guerrero’, exjefe del Frente Cacique Pipintá, un grupo que no se desmovilizó, y quien aseguró que Uribe, siendo Gobernador, promovió a los paramilitares en el municipio de San Roque, nordeste de Antioquia, y aseveró que tuvieron como sede la finca Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez.
En esta versión coincidió el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, entrevistado por Cepeda el 21 de septiembre de 2011, quien aseguró que Uribe ordenó una masacre en San Roque en julio de 1996 para frenar el robo de ganado que venía haciendo el Eln. Monsalve aseguró haber sido uno de los trabajadores de la Guacharacas, donde según Monsalve nació el grupo paramilitar que luego se conoció como Bloque Metro (Lea: Los ‘paras’ que han salpicado a Álvaro Uribe).
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