14 años después de la cruenta masacre que paramilitares del Bloque Calima perpetraron en la región del Naya, el Ejército les pidió perdón a los familiares de varias víctimas de esa comunidad y se comprometió con la no repetición de estos hechos. Víctimas no quedaron conformes.
Pese a la importancia del evento, la asistencia fue escasa. Aparte de los familiares de las siete víctimas y los militares, acudieron algunas instituciones locales. Foto: VerdadAbierta.com.
Las heridas que produjo la masacre del Naya aún no se cicatrizan en las comunidades de esa región montañosa entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Su dolor se remonta a la Semana Santa de 2001, cuando alrededor de 220 paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) incursionaron desde la zona rural del municipio caucano de Buenos Aires y durante varias semanas realizaron un recorrido de sangre en el que asesinaron y desaparecieron a quienes se encontraban a su paso, señalándolos arbitrariamente de tener nexos con la subversión.
Durante sus versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz, varios desmovilizados de esa facción armada confesaron que contaron con la complicidad de algunos miembros de la Fuerza Pública para efectuar la arremetida, que incluyó el destrozo de propiedades, amenazas de muerte contra varios pobladores de esa inhóspita región y el desplazamiento forzado de miles de campesinos, afrodescendientes e indígenas. (Ver: Los orígenes de la masacre del Naya)
A partir de esa cruenta incursión armada, la vida de las comunidades se fracturó, sus víctimas han tenido que sortear toda clase de obstáculos para tratar de reconstruir sus vidas y desde hace varios años libran múltiples batallas judiciales para evitar que reine la impunidad. Una de ellas la dieron siete familias, acompañadas por la organización de derechos humanos Minga, que lograron que el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión de Popayán, además de reconocerles indemnizaciones por los daños sufridos, le ordenara al Ejército que les pidiera perdón en un acto público por su “omisión” con relación a la masacre del Naya. La sentencia fue dictada el 4 de septiembre de 2013.
Para cumplir con ese mandato, casi dos años después de la decisión, el Ejército hizo este miércoles una audiencia pública en el parque central de la cabecera municipal de Buenos Aires. El encargado de pedirles perdón a los familiares de Evelio Guetio Guetia, Alexander serna Quina, Audilio Rivera, Calletano Cruz, Guillermo León Trujillo, Henry Aponzá y Wilson Casos Guetio, fue el teniente coronel William Suárez Correa, quien es el actual comandante del Batallón Pichincha con sede en Cali.
El comandante del Batallón Pichincha durante su intervención. Los familiares de las víctimas ubicaron afiches y mensajes alusivos a sus seres queridos. Foto: VerdadAbierta.com.
Durante una intervención, que duró seis minutos, el oficial del Ejército les pidió perdón a los familiares y explicó que con ese acto simbólico querían contribuir al honor y a la memoria de las víctimas, y de paso a la reconstrucción de Colombia. “Con esto queremos reconocer los errores cometidos por algunos malos procedimientos que en algún momento mancillaron el buen nombre de todo el Ejército. Actos como los ocurridos en el mes de abril del año de 2001 sobre el Alto Naya, municipio de Buenos Aires, Cauca, son inconcebibles”, manifestó Suárez.
Igualmente, le pidió a los familiares de las víctimas y al resto de la sociedad, que retomen la confianza en las Fuerzas Militares y dijo que esta clase de atropellos no se volverán a repetir. “Es una obligación moral de nosotros, como Fuerza Armada, disponer de todos los medios, para que se dé una garantía de no repetición, y esas medidas ya se han venido tomando. Por eso hoy podemos mirarlos a los ojos y asegurarles que por parte de sus Fuerzas Militares nunca volverán a sufrir un flagelo como el que han pasado”, concluyó el comandante del Batallón Pichincha.
Víctimas, insatisfechas
Tras la intervención del oficial, tomaron la palabra tres víctimas que dejaron ver su descontento por la manera en que se realizó la ceremonia de petición de perdón. El primero fue un pariente de Evelio Guetio Guetia, quien pidió que se limpiara el buen nombre de su ser querido y de los demás muertos en la masacre, todos ellos tildados por algunos medios de comunicación como guerrilleros y narcotraficantes. “Él tenía 16 años, cuidaba a mi papá y se fue a trabajar al Naya para ayudarle. No era ningún guerrillero como se dijo”, declaró con dolor.
A continuación tomó la palabra Lisina Collazos, la gobernadora del resguardo indígena que crearon los desplazados que se asentaron en Timbío tras vagar por diferentes ciudades, el cual fue bautizado como Kitek Kiwe, que significa tierra floreciente en lengua Nasa (Ver: Kitek Kiwe, el resguardo que floreció tras la masacre de El Naya). A pesar de su corta estatura, la gobernadora habló con fuerza y cuestionó la jornada. El centro de sus críticas fue la logística del evento, pues las víctimas tuvieron que poner dinero para asistir a Buenos Aires y por esa razón no pudieron acudir todas; asimismo, cuestionó que el evento se realizara sólo para las siete familias que reconoce la sentencia.
La gobernadora de Kitek Kiwe durante su crítica intervención. Foto: VerdadAbierta.com.
“Yo quería ver a la comunidad en pleno para que conociera de las disculpas y de la petición de perdón. Me da pena decirlo, pero fue una falta de logística, porque yo digo: si el mismo Ejército se prestó para prestar camiones, chivas y carros para mandar los paramilitares a los territorios, ahora cómo no iba a haber una chiva o un bus para traer a las víctimas. Son sinsabores que le quedan a una”, dijo con indignación. Las palabras de la líder indígena están relacionadas con las confesiones de los desmovilizados del Bloque Calima, quienes en sus versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz confesaron que contaron con la ayuda de miembros de la Fuerza Pública para movilizar parte de su tropa desde el centro de Valle del Cauca hasta el municipio caucano de Buenos Aires. (Ver: Los militares y la masacre del Naya)
Para la gobernadora, la jornada se hizo “por el solo hecho de cumplir ese parrafito que está al final de la sentencia”. Ella esperaba que estuvieran “las fotos de todos, que se dijera quién era la persona y qué hacía. Que hubiera acompañamiento de un psicólogo y estuviera un médico tradicional armonizando la ceremonia. Eso algún día se debe hacer”, le dijo a VerdadAbierta.com al finalizar el evento.
Además, esperaba respuestas satisfactorias sobre los cómplices de los paramilitares. “Por lo menos que el Ejército dijera quiénes han sido condenados, retirados del servicio o ya están pagando alguna sanción. De eso no se dijo nada y solo se cumplió con lo ordenado por la sentencia. Nosotros siempre hemos anhelado que se esclarezca quiénes fueron los cómplices de los paramilitares”, agregó.
En el proceso de Justicia y Paz resultaron salpicados por supuestos nexos con los paramilitares el general (r) Francisco René Pedraza, entonces comandante de la Tercera División del Ejército; el coronel (r) Tony Alberto Vargas Petecua, adscrito al Batallón Pichincha; el capitán (r) Mauricio Zambrano; la esposa de un cabo que fue señalada de suministrarles uniformes y material de intendencia; y otros miembros de la Fuerza Pública.
Un defensor de víctimas le explicó a VerdadAbiera.com que el general y el coronel están vinculados a la investigación y que su proceso se encuentra en etapa de instrucción, mientras que los de la esposa del cabo y del capitán Zambrano están más avanzados. Por esta razón, las víctimas consideran que hay impunidad y no entienden por qué el proceso no avanza pese a las confesiones de los paramilitares.
La comunidad del Naya pide justicia para todas las víctimas de la masacre de 2001. Argumentan que las víctimas son mucho más de las que han establecido las autoridades. Foto: VerdadAbierta.com.
Otra queja recurrente en el caso de la masacre del Naya es que no están identificadas ni vinculadas a procesos de justicia y de reparación todas las víctimas de la incursión paramilitar. Según testimonios de los sobrevivientes, el número de víctimas mortales puede ser superior a 100 porque los paramilitares arrojaron a ríos y precipicios a varias personas; sin embargo, la justicia sólo ha identificado a 24. Por eso en la audiencia del Ejército pidieron que se tengan en cuenta a todas las víctimas y que se les preste una reparación integral. (Ver: La masacre del Naya según la Fiscalía)
Al terminar la breve y poco concurrida ceremonia, los familiares de las víctimas sembraron árboles en memoria a sus seres queridos en los costados de la vía que conduce al cementerio. Varias de ellas consultadas por VerdadAbierta.com, y quienes pidieron mantener en reserva su identidad porque aún sienten temor, coinciden en que no les debieron pedir perdón de esa manera y se quedaron esperando mucho más por parte del Ejército.
Como acto simbólico, los familiares sembraron un árbol en memoria a sus seres queridos. Foto: VerdadAbierta.com.
“La jornada no estuvo a la altura. Sentí mucha soledad, me pareció quela indiferencia reinaba. Debimos tener un mejor recibimiento, porque cuando ocurrió la masacre, todo el mundo estaba presente para ver quién cayó; y qué pesar que ahora que limpiamos el nombre de nuestros seres queridos, parece que no ha pasado nada. Para mí es un perdón muy vano y necesitamos más sinceridad”, aseguró la familiar de una de las víctimas del Naya que vivía en Santander de Quilichao y que se marchó a esa región en busca de mejor fortuna, pero encontró la muerte a manos de los paramilitares que se movieron sin mayores restricciones por diferentes municipios de Valle y de Cauca.
