La finca Diana María: historia de violencia y despojo

Por lo menos 47 familias de ese predio del corregimiento Guacamayal, de Zona Bananera, Magdalena, adelantan una pelea jurídica para que les sea restituido. Actualmente, la propiedad pertenece a la Sociedad V.F S.A., del empresario Juan Manuel Fernández de Castro, quien fue beneficiario del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y se ha visto envuelto en investigaciones por despojo de tierras.

La última vez que Ildefonso Prado, un campesino de 50 años de edad, trabajó en una de las parcelas de la Finca Diana María fue el 12 de septiembre de 2001. Ese día huyó junto con 46 familias más tras el asesinato de los labriegos Diego García y Eduardo Cortés a manos de cuatro integrantes del Frente William Rivas del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Ese día yo tenía que dirigirme hacia el sitio donde asesinaron a los compañeros a terminar de arrancar una yuca que tenía, pero un compañero que venía de allá nos avisó que habían dado 72 horas para que todos dejáramos los predios o si no, nos iba pasar lo mismo que a Diego y Carlos”, recuerda el labriego.

Los dos trabajadores, recolectores de banano como todos los de la región, fueron ultimados por orden de José Gregorio Mangonez, alias ‘Carlos Tijeras’, quien para esa época era el jefe del Frente William Rivas. Según reposa en su expediente, en audiencia de versión libre realizada el 24 de octubre de 2014, el exparamilitar confesó haber ordenado el doble asesinato luego de una reunión que adelantó el empresario Juan Manuel Fernández de Castro con Carlos Alberto Sosa Castro, alias ‘Rodrigo’, mando superior de ‘Carlos Tijeras’.

“[…] era propiedad de un señor y el señor Juan Fernández de Castro se lo compró a alguien, no sé, sólo que me lo trajo Felipe y habló con Rodrigo y estaba yo hay (sic), me llamaron y me dijeron cuando yo iba a hacer la parte militar y me dijeron está pasando esto,este señor dueño de la tierra, estos señores son colaboradores de la guerrilla y me dieron los nombres, yo cogí los nombres y me fui doctora”, confesó el exparamilitar.

El terror del Frente William Rivas

El rumor que corrió en la vereda en aquel año fue dramático: los paramilitares los estaban señalando de ser guerrilleros a unos y colaboradores del grupo armado a otros, que por eso tenían que dejar la región. El mensaje tardó menos de una hora en recorrer toda la zona, relatan los campesinos. En cuestión de horas consiguieron en qué huir.

“Tuvimos que buscar un bus que nos empezara a sacar de las parcelas para el pueblo, unos vivíamos en Sevilla y otros en Guacamayal. Huimos porque el temor era muy grande, a quién no le va a dar miedo que lo maten, pues si a uno le dicen eso uno corre con la familia, con todos, pero teníamos que salir”, comenta otro labriego.

Junto con Ildefonso, 55 personas más se desplazaron forzosamente del territorio luego de los hechos ocurridos aquel septiembre. Hoy, constituidos en la Asociación de Usuarios Campesinos Desplazados de la Finca Diana María (AUCAFIDIMA), solicitan la restitución de sus parcelas de la finca Diana María, dividida en los lotes Diana María I y Diana María II, que suman 50 predios con una extensión total de 100 hectáreas.

De trabajadores a propietarios

La comunidad de Diana María realizó una cartografía social para identificar cómo estaba dividido el predio, en dónde quedaban sus casas y dónde quedaban las plantaciones de banano. Foto: cortesía Cinep.La mayoría de los reclamantes llegaron a trabajar a la Finca Diana María en 1968, cuando la propiedad estaba a nombre de la familia Fernández de Castro; algunos de los labriegos han fallecidos y otros cuentan con más de 70 años de edad, según reposa en la demanda presentada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) ante el Juez Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Magdalena.

La segunda oleada de trabajadores llegó entre 1986 y 1993, cuando el predio estaba a nombre del Carlos Manuel Dangond y Teresita Fernández de Castro, hermana del actual ocupante.

Ildefonso aún mantiene vivo el recuerdo de 1986 cuando arribó a la finca de la señora Fernández de Castro en busca de trabajo, proveniente del corregimiento de Sevilla: “al igual que todos, llegué para trabajar la tierra y sacar cosechas de banano, que era a lo que estábamos acostumbrados. Todos los días íbamos a trabajar y nos regresábamos cada uno a su pueblo y así cada uno de los días del año”, recuerda.

Los años siguientes se desarrollaron sin mayor altercado. Señalan los campesinos que el día a día se vivía trabajando el pancoger y recolectando cada cosecha de banano. Sin embargo, entrada la década del noventa los problemas empezaron a surgir tras la muerte de Carlos Manuel Dangond: se les empezó a incumplir con el sueldo, y quincena tras quincena la deuda se acumuló, al punto que ni las prestaciones sociales eran canceladas.

Para 1993, tras una mala administración y una caída en la producción de banano, la señora Teresita Fernández de Castro decidió entregar la finca a la empresa Banacol S.A, con el fin de superar el déficit de producción, acelerar la economía y empezar a saldar la deuda con los trabajadores.

Un año más delante, como consta en un acta firmada por la señora Fernández de Castro y el entonces director de Banacol, Gabriel Jaime Montoya, se les permitió a los campesinos sembrar yuca, maíz y frijol en las parcelas que no fueran a ser utilizadas para siembra de banano. (Ver acta)

“Al principio se nos pagó una plata de las tantas que nos debían, pero Banacol no duró más de ocho meses siendo la administradora, se fueron también de la zona por un problema que tuvieron con la señora Teresita”, afirma un campesino consultado al respecto, quien precisa que tras la salida de la empresa no se volvió a tener conocimiento de la señora Fernández de Castro.

Para resolver su situación laboral, los campesinos buscaron al abogado José de Los Santos Chacín de Luque. La idea era que los representara en el proceso que se adelantó contra la señora Fernández de Castro por los años que dejaron de pagarles tanto el sueldo como las prestaciones sociales. La demanda fue fallada a favor de los trabajadores el 29 de octubre de 1998.

Según reposa en el documento, ante la imposibilidad de pagar la deuda, la señora Teresita Fernández de Castro entregó la finca de su propiedad a los solicitantes para que de allí se pagaran lo adeudado, expresando que no tenía ninguna otra forma de realizar el pago.

“[…] ante la solicitud de los campesinos que les dejara algún documento por escrito, Teresita procedió a plasmar una autorización, pero esta solo fue entregada a los solicitantes entre 1997 y 1998 para que se quedaran con la tierra, documento éste al que las víctimas en su entender y bajo la dinámica rural de la informalidad de la tierra, creyeron suficiente. Razón por la cual nunca adelantaron ante INCODER trámite de extinción de dominio por inexplotación del predio”, se lee en la demanda.

De inmediato los campesinos procedieron a distribuirse la tierra por el número de familias que habían trabajado desde antaño la finca. Siguieron con la misma rutina de siembra y recolecta de banano, sólo que cada uno en su parcela, así empezaron a recuperar el dinero y estabilizarse tras años de no recibir sus salarios.

“Terminando los años noventa se emitió una sentencia a favor de nosotros, donde se nos notificaba como los dueños de la propiedad porque como la señora Teresita no tenía como pagarnos esa fue su manera, dándonos la finca”, recuerdan los campesinos.

Pese a ello, Juan Manuel Fernández de Castro, hermano de la antigua propietaria, se enteró de lo acontecido y empezó a presionar a los campesinos para lograr la titularidad de los predios, asegurándoles que les iba a pagar todo lo que les debían.

Intimidaciones y presión

“No hubo un sólo momento en que el señor Juan Manuel Fernández dejara de insistir para que le diéramos los predios. Nos presionaba de todas las maneras, con plata, con tratos, con la promesa de darnos toda la plata que se nos debía por los años trabajados. Hasta que ocurrió el asesinato de los dos compañeros y nuestro desplazamiento”, precisa uno de los jornaleros de la finca, evocando los hechos del 12 de septiembre de 2001 y los días posteriores.

Según lo establecido en el expediente de la demanda, el empresario Fernández Castro empezó a presionar a los campesinos para tener la titularidad de los predios. En varias ocasiones los citó para mirar de qué manera podrían lograr un acuerdo sobre la posesión de la finca, sin llegar a buen término en ninguna de las reuniones previas al desplazamiento forzado.

Ildefonso estuvo presente en la primera reunión en la ciudad de Santa Marta. Allí, Juan Manuel Fernández de Castro les pidió que se retiraran y sacaran la infraestructura para que saldaran la deuda. “Nos dijo que sacáramos los tubos. Yo le dije que no, que nosotros no íbamos a sacar ningunos tubos y fue cuando me dijo, ‘mira Ildefonso, yo recupero esta finca como sea’”, se lee en la demanda.

En reuniones posteriores adelantadas en la Defensoría del Pueblo y en presencia de la entonces Defensora regional Liseth Peñaranda, afirman los campesinos que se les ofreció un millón de pesos a cada uno por toda la deuda, a lo que ellos se negaron: “él nos decía que nos daba un millón de pesos por la deuda y para que quitáramos la demanda, y nosotros dijimos que no. Juan Manuel estaba bravo, enojado con nosotros. Después de eso me dijo, ‘cojan lo que les estoy ofreciendo porque el orden público está muy mal en la zona’. Prácticamente nos amenazó, pero nosotros nunca nos imaginamos lo que iba a pasar”.

Durante una de esas reuniones, José de Los Santos Chacín de Luque, apoderado de los campesinos, manifestó que tenía el poder firmado por Teresita Fernández de Castro, a lo que el empresario respondió que él también tenía un poder firmado por su hermana, que los campesinos y él como abogado, podrían hacer lo que quisieran con el poder. Desde entonces, recuerdan los labriegos, no se volvió a saber nada del jurista.

Enredos jurídicos y despojo

finales de 2016 se relizó un encuentro de reclamantes de tierras del departamento de Magdalena donde describieron el estado del territorio antes de la arremetida paramilitar, el despojo y la actualidad del predio. Foto: Andrés Celis.Un mes después del doble homicidio y el posterior desplazamiento forzado, el empresario citó al grupo de reclamantes, esta vez en una notaría con la intensión de que los campesinos firmaran un documento que le traspasaban los derechos que tenían los labriegos sobre los predios.

En la reunión, los campesinos recibieron entre 100 mil y 500 mil pesos. Ahora aseguran que no sabían qué estaban firmando, pero que lo hicieron por temor con lo que un mes atrás había ocurrido en la finca. “Cogimos la plata por la situación económica que teníamos, pero eso no fue lo que nos debían, esa plata no pagaba ni siquiera lo que teníamos sembrado. De ahí no volvimos a saber más nada de ese señor”, se lee en uno de los testimonios incluidos dentro de la demanda.

Ildefonso asegura que ese día muchos campesinos hicieron las cosas más por presión que por voluntad, el temor se había apoderado de la comunidad un mes atrás. A su juicio, bajo engaños firmaron los documentos: “lo que hizo este señor fue llevar estos recibos de pago como si nos hubiera pagado lo que nos debía. De un momento a otro cada uno de nosotros, los propietarios, aparecimos con pagos de 8 o 9 millones que nunca existieron”, asevera el campesino.

“A través de la cesión de los derechos laborales, el señor Fernández de Castro se convirtió en el acreedor de la deuda adquirida por su hermana, calidad jurídica que lo facultó para tener el mejor derecho en el momento de rematar los bienes inmuebles”, se lee en la demanda. Es importante mencionar que sobre los dos predios -Diana María I y Diana María II- reposaban dos embargos, uno por la empresa Banacol S.A y otro por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Finalmente, los dos predios fueron rematados a favor del empresario el 6 de mayo de 2003, el primero de ellos por más de 140 millones y el segundo por 70 millones.  No obstante, para los abogados ponentes de la demanda resulta extraño que los remates de los predios sucedieran antes que el Juzgado aceptara al empresario Fernández de Castro como el cesionario de los derechos.

“Varias preguntas nos quedan y es: ¿por qué sacar a los campesinos a la fuerza y no por vía jurídica si se tenía el sustento? No se reconoció tampoco por el juez que cuando uno es poseedor significa que tiene ánimo de señor y dueño, es decir que se actúa como si se fuera el dueño. Hubo un tránsito, en la medida que a ellos no les pagan y siguen utilizando el bien pues dicen que si no les pagan ellos se pagan del suelo”, precisa uno de los abogados que acompaña el proceso.

Pese a ello, una vez en manos de Fernández de Castro, los dos lotes fueron adecuados para la siembra de palma africana, siguiendo la dinámica económica desarrollada en algunas regiones del departamento. No es la primera vez que el empresario ha tenido líos con campesinos, a finales de 2013 la comunidad de Pitalito, en Cesar, denunció que el palmero, también con intimidaciones, los obligó a salir de las fincas que habían trabajado por más de 20 años.

“Fernández de Castro fue de casa en casa por la vereda diciendo que las mejoras tenían un avalúo entre 3 y 13 millones de pesos, presionándolos y amenazándolos para que firmaran la venta de las mejoras porque de no hacerlo, ya sabían quiénes vendrían para que desocuparan”, dice la tutela presentada ante un juez por los campesinos contra la Alcaldía de Chimichagua, que autorizó que los desalojaran con la Fuerza Pública en octubre de 2013.

Se agrava conflicto por predio en Pitalito, Cesar

VerdadAbierta.com intentó comunicarse en repetidas ocasiones con Juan Manuel Fernández de Castro y con la Sociedad V.F S.A, con residencia en la ciudad de Santa Marta, pero no fue posible encontrar respuesta por parte del palmero ni de la empresa.

Lucha por la tierra y revictimización

Para el año 2013, más de una década después del desplazamiento forzado, los campesinos se enteraron que existía un proceso de restitución de tierras para los campesinos que hubieran sido desalojados de sus fincas por grupos paramilitares. Desde entonces, en compañía de diversas organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, iniciaron el proceso para reclamar la tierra.

“El día 27 de marzo del mismo año, nuestro líder Ildefonso Prado, para enterarse mejor sobre ese tema, se arrimó a una de esas reuniones que estaba teniendo la comunidad del predio Franciscas 1 y 2 con la Unidad de Restitución de Tierras. Mientras avanzaba la reunión, Ildefonso reforzaba su idea de que su comunidad también podía participar en una reclamación de tierras”, se lee en uno de los testimonios consignados en los diarios de campo de los investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), que acompaña desde el año pasado a la comunidad de Diana María, con el apoyo de la Unión Europea.

Resistencia franciscana en Zona Bananera

Relatan los labriegos que al inicio de las reuniones adelantadas con la Unidad de Restitución de Tierras, sentían temor por las represalias que Juan Manuel Fernández de Castro pudiera tomar contra ellos: “nos estamos enfrentando a una persona poderosa y muy peligrosa que nos despojó a través de sus vínculos con los paramilitares y que actualmente anda por ahí suelto en compañía del Ejército Nacional y su seguridad privada para arriba y para abajo como si nada hubiera pasado, a sabiendas que él está involucrado en nuestro desplazamiento y el asesinato de dos personas de la comunidad”.

Enterados del proceso y en compañía de la Unidad de Restitución de Tierras, los campesinos empezaron a hacer la caracterización del territorio y su relación con la tierra. De allí, varias cartografías sociales, mapas, y diarios de campo realizados junto con la Unidad y la Comisión Colombiana de Juristas, fueron utilizados para la elaboración de la demanda.

En 2014 el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR) empezó a trabajar con la comunidad en la socialización sobre la Ley de la Víctimas y Restitución de Tierras. Durante ese año los campesinos aseguran que aprendieron a realizar derechos de petición y acciones de tutela gracias a ese apoyo internacional.

Un año más adelante, la comunidad decidió organizarse en la Asociación de Usuarios Campesinos Desplazados de la Finca Diana María (AUCAFIDIMA), registrada ante la Cámara de Comercio de Santa Marta. Desde entonces, Ildefonso asumió ser el representante de toda la comunidad durante el proceso y ante las distintas instituciones, cargo que le acarreó nuevos problemas de seguridad y un nuevo desplazamiento.

Según cifras del Banco de Datos y Violencia Política del CINEP, durante los cinco años y un mes de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2012 -2017) se han registrado en el país 80 amenazas en contra de personas involucradas a procesos de restitución de tierras como líderes, solicitantes y sus familiares, funcionarios públicos, jueces y magistrados de tierras, como también contra cuatro organizaciones defensoras de derechos humanos acompañantes del proceso. (Ver mapas)

Amenazas y zozobra rodean a reclamantes de tierras en Magdalena

Idelfonso es uno de ellos. Tras haber asumido la vocería de la Asociación no ha dejado de vivir en zozobra. Actualmente hace uso de un celular y un chaleco antibalas dotados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero no cuenta con esquema de seguridad pese a las constantes denuncias que se han realizado tras intimidaciones recibidas por parte de aparentes grupos armados ilegales que operan en la región; la más reciente de ellas ocurrió en marzo del 2016 cuando se vio obligado a salir del corregimiento de Sevilla hacia la ciudad de Santa Marta.

“Desde el año 2015 me vienen amenazando. A mi casa han llegado hombres encapuchados a preguntar por mí, no dicen nada, sólo llegan a la casa, dan una ronda y se van. En otras ocasiones, llegando del trabajo se me han acercado a decirme que ‘deje así, que no siga más’ y se han ido”, asevera Ildefonso. De igual manera, como consta en las denuncias radicadas, su hermano se ha visto intimidado también por hombres armados, lo que ha puesto en riesgo a la familia del líder reclamante.

Ese testimonio quedó consignado en el expediente de denuncias que se han remitido a la Fiscalía para que se atienda con urgencia el caso del líder reclamante de tierras. Aunque Idelfonso es consiente que la zozobra ha disminuido, no ha podido tener paz desde su segundo desplazamiento, asegura que vivir escondido no es lo que él quería para el resto de su vida.

“Por reclamar mis derechos me toca esconderme, esconder a mi familia. No era lo que nosotros queríamos. La vida se nos acabó al salir de la finca, yo perdí toda mi juventud allá, lo dejé todo y ahora no tengo nada”, se lamenta.

Para los campesinos no ha sido fácil cargar con el peso de la guerra. El paso del Bloque Norte de las Auc aún ha dejado secuelas de sicariato y amenazas en la región que, según indican voceros de la Policía regional, responden a grupos de crimen organizado y no a nuevas organizaciones paramilitares.

Sin embargo, a finales del año pasado, los campesinos de Zona Bananera aseveraron que la salida de  la cárcel de los exjefes paramilitares César Augusto Castro Pacheco, alias ‘Tuto’; José Gregorio Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, y varios exintegrantes de las Auc de mando medio, tras cumplir la pena en el proceso de Justicia y Paz, ha generado zozobra en la región.

Por ahora, Ildefonso está a la espera que avance el proceso de restitución de tierras para la comunidad de Diana María, actualmente en etapa judicial; pide celeridad a las instituciones y mayor diligencia para buscar soluciones a los problemas de seguridad con los que se ha enfrentado.

A juicio de varios integrantes de la comunidad, el Estado se concentró en el proceso de paz con las Farc y olvidó la larga lista de víctimas de las Auc que aún tienen por reparar, entre ellos los reclamantes de tierras en varias regiones del país quienes, ante su avanzada edad, temen no volver a ver sus terruños si no hay celeridad en la atención de las reclamaciones.

(*) Algunos nombres fueron omitidos por decisión de las fuentes, debido a razones de seguridad.