Narcotráfico y la creación de la Auc

La desaparición de los grandes carteles aumentó la participación de los grupos armados en el negocio de la droga. Entre otras cosas, porque a los nuevos empresarios del narcotráfico no les interesaba controlar toda la cadena de producción de cocaína, sino subcontratar partes de la cadena a actores especializados1. Esto le abrió la posibilidad a los grupos armados de controlar la producción de cultivos ilícitos2. De hecho, la guerrilla y los grupos paramilitares se han especializado tanto en esta porción de la cadena de producción que se los responsabiliza de la expansión de cultivos ilícitos en el país como consecuencia de la intensificación del conflicto armado3.

Ángela María Puentes* para Verdadabierta

Laboratorio de procesamiento de coca en las selvas colombianas. Foto editada por VerdadAbierta.com.

A partir de la segunda mitad de los noventa la presencia de cultivos de coca se intensificó notablemente en el territorio colombiano (ya no era necesario importar la base de coca de Perú y Bolivia) y hubo una nueva distribución de tareas dentro del negocio: los actores armados estaban al mando de cultivos y laboratorios de procesamiento, mientras que los narcotraficantes tenían en control de rutas y el comercio exterior.

El aumento de cultivos fue evidenciado por los campesinos cocaleros que marcharon entre 1994 y 1996 contra las políticas antinarcóticos y de fumigación de cultivos ilícitos en Caquetá, Guaviare y Putumayo. Este movimiento que reunió aproximadamente a 120,000 campesinos, reflejó un notorio interés de las FARC en el negocio del narcotráfico (especialmente en los primeros eslabones de la cadena) y “la fuerte articulación entre los campesinos y la guerrilla”⁴. A su vez, el movimiento cocalero indicó los cambios que se avecinaban en el negocio del narcotráfico y la urgencia de buscar políticas antinarcóticos no solamente punitivas y orientadas hacia los grandes carteles, sino socio-ambientales y dirigidas hacia los eslabones más débiles de la cadena.

En 1994, mientras los campesinos marchaban con el apoyo de las FARC en el sur del país, Carlos Castaño asumió el liderazgo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, accu, y en 1997 consolidó las Autodefensas Unidas de Colombia, auc, con el fin de organizar a los diferentes grupos paramilitares bajo un mismo proyecto político. La intención de unificación de las autodefensas requirió grandes sumas de dinero, que en parte cubrieron con el negocio de la droga. De esta forma, tanto para las autodefensas como para las farc el negocio cobró una importancia fundamental, pues los ingresos del narcotráfico se convirtieron en una de sus principales fuentes de financiación⁵.

Las marchas cocaleras y la consolidación de las AUC demostraron que la coca era un recurso fundamental para los actores armados pues cumple “la doble función de proporcionar base social para estos grupos —principalmente a través de la fuerza laboral ligada a los cultivos ilícitos— e ingresos para escalar y expandir su actividad armada”⁶. Por esta razón, a finales de los noventa, los enfrentamientos entre los grupos armados se intensificaron por el control de los territorios con plantaciones de coca.

El Departamento Nacional de Planeación, DNP, señaló que el narcotráfico se expandió en Colombia a partir de 1995 y que se convirtió en un fenómeno mucho más complejo para el país por la creciente relación que estaba presentando con los grupos armados. “Esta relación no sólo había acelerado el crecimiento del área bajo cultivos ilícitos durante dichos años, sino que aumentó la capacidad de confrontación de estas organizaciones sobre la población y el Estado”⁷. Así mismo, mientras los grupos armados, especialmente las farc, reflejaban un fortalecimiento militar y financiero, durante la administración Samper la Fuerza Pública pasaba por una etapa de debilidad y el Estado por una de las crisis económicas más profundas de los últimos 70 años, generada en parte por la descertificación de Estados Unidos a Colombia en su lucha contra las drogas en 1996 y nuevamente en 1997.

Por su parte, la administración Pastrana (1998-2002) empezó con dos grandes objetivos, uno internacional y otro local. El primero, mejorar la relación del país con Estados Unidos para fortalecer la lucha contra las drogas y con ella contra los actores armados. El segundo, lograr un acuerdo de paz con las FARC. Pastrana, le propuso a la administración Clinton (1993-2001) el Plan Marshall para Colombia, un conjunto de programas de desarrollo económico y social que servirían para transformar las áreas conflictivas devastadas por la producción de droga y el narcotráfico, especialmente en el sur del país⁸. Esta propuesta terminó convirtiéndose en el Plan Colombia, “una estrategia integral que combinó la lucha contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos con el fortalecimiento de las instituciones, la reconstrucción de la organización social y el capital humano afectados por la violencia, y la búsqueda de una solución negociada con las organizaciones armadas”⁹. El Plan Colombia permitió el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía, así como el establecimiento de un “ambicioso programa de fumigación aérea de las plantaciones de coca”¹⁰.

Las negociaciones de paz con las FARC no dieron fruto y el presidente Pastrana decidió catalogar a las farc como un grupo narcoterrorista. Término que ya había sido usado por el embajador en Colombia Lewis Tambs en 1984, pero que los Estados Unidos sólo acuñó oficialmente en el nuevo milenio, a pesar de serios intentos del gobierno Samper de convencer a Washington de que las farc estaban involucradas en el tráfico de drogas. Por su parte los atentados del 11 de septiembre, le dieron “a los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia nuevos argumentos para intensificar la guerra contra la droga y, por primera vez, extenderla formal y explícitamente a los grupos armados involucrados en el comercio ilícito”¹¹.

En el año 2000, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a las farc de buscar el monopolio de la comercialización de base de coca en el sur del país, y de tener, al igual que los grupos paramilitares, un mayor control sobre el proceso total de exportación y rutas para comercializar la cocaína. Así mismo, señaló que el grupo armado tenía vínculos con la organización mexicana Arellano Félix, por lo que el Departamento de Estado concluyó que Estados Unidos podía pedir a miembros de esta organización en extradición¹².