También deberán responder empresarios, mineros, comerciantes, exalcaldes, oficiales y exoficiales del Ejército y la Policía, así como operadores judiciales. La decisión está contenida en sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, fechada el 30 de enero de este año, pero dada a conocer el pasado viernes.
Este es el segundo caso en el que se pide investigar a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente de la República y actual senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, por presuntos nexos con paramilitares. Foto: archivo Semana.En una extensa sentencia, de 1.767 páginas, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, ordenó compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a más de 50 personas, entre ellas el ganadero Santiago Uribe Vélez, no sólopor concierto para delinquir, “sino por su responsabilidad en la ejecución de los crímenes y de las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”.
La orden está incluida en la sentencia proferida por este tribunal contra Rodrigo Alberto Zapata Sierra, William Mosquera Mosquera, Games Lozano Badillo, Carlos Mario Montoya Pamplona y Luis Omar Marín Londoño, en su condición de exintegrantes del Bloque Pacífico-Héroes del Chocó y del Frente Suroeste de las de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quienes comparecieron al proceso de justicia transicional conocido como de Justicia y Paz, razón por la cual deberán pagar una pena de ocho años de prisión.
Todos ellos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, reclutamiento, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales, entre otros, perpetrados contra comunidades campesinas, afros e indígenas de los departamentos de Chocó y Antioquia.
La voluminosa sentencia está dividida en dos grandes capítulos: el primero referido a las acciones paramilitares en diversas regionales del sur de Chocó y a quienes fueron sus auspiciadores y financiadores; el segundo, a las actuaciones criminales en el suroeste antioqueño y en algunos municipios del Valle de Aburrá, y a sus aliados económicos y logísticos.
La sentencia contó con ponencia del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo. Fue suscrita por la magistrada María Consuelo Rincón y tuvo salvamento de voto del magistrado de Juan Guillermo Cárdenas respecto a la generalización de la responsabilidad institucional, casos de violencia sexual y los patrones de macrocriminalidad construidos por la Fiscalía. (Descargue la sentencia aquí)
El Suroeste antioqueño
La sentencia de Justicia y Paz documentó el apoyo que recibieron las Auc de diferentes sectores para delinquir en la región. Foto: tomada de la página web de la gobernación de Antioquia.En cuanto al capítulo de esta subregión del departamento de Antioquia, las revelaciones hechas por exparamilitares del llamado Frente Suroeste de las Auc, y que fueron tenidas en cuenta por la magistratura para compulsar las copias y solicitar una investigación, comprometen a ganaderos, empresarios del carbón, comerciantes, transportadores, narcotraficantes y miembros de la Fuerza Pública, algunos de ellos aún activos.
Tres aspectos marcan la llegada de los paramilitares a finales de la década del noventa a esta próspera región cafetera: el interés de Vicente Castaño, uno de los máximos jefes de las Auc, de asentarse entre los municipios de Amagá, Titiribí y Angelópolis; la solicitud de un reconocido empresario y narcotraficante, llamado Héctor Restrepo Santamaría, conocido con los alias de ‘Perra Loca’ o ‘Jhon Santamaría’ con el fin de articularse a ellos y hacerse pasar por paramilitar; y la inquietud de los finqueros por el avance de la delincuencia común.
El misterioso Frente Suroeste de las Auc
Fiscalía busca a ‘Jhon Santamaría’ prófugo del Bloque Suroeste
Sectores empresariales, políticos, Fuerza Púbica y narcotraficantes se fueron adhiriendo a la causa paramilitar, no sólo con ayuda económica, sino logística. Con respecto a la financiación, uno de los exintegrantes de ese grupo, Daniel Alejandro Serna, alias ‘Kener’, aseguró que se sostenían con las “cuotas que se le cobraban a los comerciantes, mineros, finqueros, transporte público, la gran mayoría de ellos realizaban este aporte de manera voluntaria […] todo el mundo pagaba”.
Varias empresas también contribuían voluntariamente al grupo, según lo dijo bajo juramento y en versión libre el postulado Rodrigo Alberto Zapata Sierra, hombre cercano a Vicente Castaño y considerado el ‘Canciller de las Auc’. Este exparamilitar señaló a las empresas Segurcol; Tejares San Fernando y Ladrillera Ambalá; Porcícola Industrial Colombia; y a Bellanita de Transportes, entre otras.
A la lista se suman los hermanos Pedro David y Santiago Gallón Henao, reconocidos ganaderos, caballistas y narcotraficantes quienes, según las versiones de los exparamilitares, “fueron contribuyentes voluntarios del grupo e intermediarios de otras personas de la región del suroeste que también le aportaban dinero al Frente Suroeste”. De hecho, Santiago se declaró culpable del delito de financiación de grupos paramilitares.
Ganadero Gallón Henao acepta que financió paramilitares
En el grupo de “aportes voluntarios” fue incluido Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Al respecto, Zapata Sierra explicó a través de una anécdota un hecho que demostraría la voluntariedad: “…en el caso de Santiago yo quisiera hacer una aclaración que por parte de ‘Bigotes’ un señor que estuvo encarcelado en España hasta hace poco era socio de una pesebrera de Juan DiegoVélez, hermano de Germán Vélez, primos del doctor Álvaro Uribe Vélez y de Santiago, él me llamó a mí para ver la posibilidad de que no se le pidiera plata a Santiago Uribe y se accedió a no seguirle pidiendo plata (…) pero para aclararle que en tema de voluntario debió haber aportado voluntariamente, pero después mandó una razón de que no iba a seguir aportando porque no le daba el negocio”.
El negocio al que se refiere Zapata Sierra es la Ladrillera Ambalá, que fue de propiedad de Santiago Uribe Vélez y desde donde se habrían hecho los pagos a la unidad paramilitar de las Auc que operaba en ese municipio, así como en Angelópolis y Titiribí.
Esta compulsa de copias se suma a la investigación que se adelanta contra Santiago Uribe Vélez por su relación con el grupo armado ilegal que operó en el norte de Antioquia, conocido como ‘Los Doce Apóstoles’, razón por la cual está detenido desde el 29 de febrero del año pasado.
‘Los Doce Apóstoles’: la sombra de Santiago Uribe
Con base en esos testimonios, la magistratura conceptuó que “de ese modo auspiciaron, financiaron y promovieron la causa paramilitar a cambio de la protección de sus territorios y sus intereses económicos”.
Con respecto a la articulación de miembros de la Fuerza Pública en el proyecto paramilitar del Suroeste antioqueño, que también se extendió a varios municipios del Valle de Aburrá, se estableció que algunos miembros del Ejército y la Policía estarían comprometidos en varias ejecuciones extrajudiciales. En la sentencia se hace referencia a Jairo Bocanegra de la Torre, actualmente Coronel de la Reserva del Ejército Nacional, quien al parecer beneficiaba con munición a las Auc y habría participado entre los años 2.003 y 2.004 en el asesinato de dos menores de edad “que luego fueron uniformados para hacerlos pasar como integrantes de un grupo armado ilegal”.
Otro alto oficial señalado, esta vez de la Policía Nacional, es Fabio Misael Cristancho Guerrero, quien para comienzos de la década del dos mil estaba adscrito a la Policía Metropolitana del Valle de Aburra en el grado de Mayor y articulado a un grupo especial que combatía los grupos armados ilegales. El exparamilitar Zapata Sierra aseguró ante jueces y fiscales de Justicia y Paz que este oficial “estaba en la nómina del grupo armado y recibió dinero a cambio de solucionar los problemas judiciales que tenían sus integrantes, entre otros favores”, así como de haber participado en “la ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria de un habitante de la calle, a quien hicieron pasar como terrorista”.
También se hizo alusión a los uniformados, en calidad de sargentos, Guillermo Cano, José Colorado Jiménez y José Ferney Marín Martínez, quienes habrían participado en varios crímenes en connivencia con las Auc.
Para la magistratura es claro que, en el caso del Suroeste antioqueño, “con la participación de la Fuerza Pública, también se fomentó la actividad de los paramilitares. De acuerdo con la evidencia disponible, la Fuerza Pública prestaba la más variada colaboración de manera permanente, desde la entrega de armamento y munición, hasta el apoyo e información en las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”.
A las 5:22 de la tarde de este lunes, Jaime Granados Peña, abogado de Santiago Uribe, emitió un comunicado de cinco puntos en el que calificó el testimonio de alias ‘Ricardo’ como “una suposición y testimonio de oídas”. También indicó que su defendido siempre está presto a dar explicaciones ante cualquier autoridad que lo requiera y rechazó que esos hechos sean usados como “cortinas de humo para tapar graves escándalos sobre los cuales el país reclama un pronta verdad”. (Ver comunicado)
La cara oculta de Chocó
La sentencia documentó y se pronunció en casos de violencia sexual contra indígenas chocoanas. Foto: Juan Diego Restrepo E.De acuerdo con versiones entregadas a fiscales y jueces de Justicia y Paz por exparamilitares que operaron en este departamento, los magistrados establecieron que, a finales de 1995, “por solicitud de los mineros y grandes comerciantes de Chocó”, se llevó a cabo una reunión en el restaurante Asados del Camino, de Quibdó, con Carlos Mario García Fernández, alias ‘Doblecero’, uno de los fundadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). El propósito fue plantearle la creación de un grupo paramilitar en la capital chocoana, así como en Istmina, Tadó y Condoto.
Para esos años en la región minera de Chocó operaban el Ejército Revolucionario Guevarista, el Eln, con sus frentes Benkos Biohó y Manuel Hernández, y las Farc con su Frente 57. La percepción de mineros y comerciantes era que todos ellos “afectaban sus intereses personales y económicos, sus minas y negocios”. De la reunión con alias ‘Doblecero’ surgió entonces la idea de crear el Frente Minero de las Accu, que años más tarde se convertiría en el Bloque Pacífico-Héroes del Chocó de las Auc.
Posteriormente se llevó a cabo otra reunión para esos mismos fines en el barrio Buenos Aires de Quibdó, a la que asistieron por lo menos 150 comerciantes y mineros, entre los que se destacan Epifanio Álvarez, José Alfredo Barrera, conocido como ‘Timo’, Evelio Jiménez, Roger Cabrera, Nabor Giraldo y Efraín Ramírez. Entre 1995 y 1998, según versiones de los exparamilitares, todos ellos financiaron el Frente Mineros.
Otros de los grandes aportantes, según estableció la magistratura fueron “las grandes droguerías de Quibdó”, las cuales “aportaban cuotas mensuales de 400 a 500 mil pesos y suministraban medicamentos a los paramilitares con ocasión de los contratos que estas llevaban a cabo con la administración pública”.
El exparamilitar William Mosquera Mosquera aseguró en sus versiones juramentadas ante la justicia que “las farmacias que contribuyeron con medicamentos a las Autodefensas fueron la Magistral Nº 1 y Nº 2 y la farmacia Clínicos”. Un informe de la Fiscalía de octubre de 2015 estableció que los propietarios de los dos primeros dispensarios eran Carlos Andrés Guarín Velásquez y Martha Inés Velásquez Urrego, quienes serán investigados por esas contribuciones.
La magistratura estableció que la violencia en Chocó “se incrementó significativamente producto de la creación y consolidación del grupo paramilitar y del exterminio de todo aquél que fuera señalado como colaborador o auxiliador de los grupos armados insurgentes, o como miembro de las bandas criminales o delincuente común, o drogadicto, o socialmente conflictivo”. Una de esas expresiones fue la de los homicidios, que pasó de 192 en 1999 a 654 en 2002.
Al observar esa dinámica de violencia y establecer los patrones de criminalidad, la Sala de Justicia y Paz de Medellín aseveró que “se trató de la ejecución de los miembros de la población civil por su condición de líderes comunitarios, por tener antecedentes o procesos penales, por sus problemas personales, por sus dificultades de convivencia en la comunidad, o por ser expendedores o consumidores de estupefacientes, por desacatar las reglas impuestas por el grupo, o en fin, por una serie de condiciones, prejuicios o estereotipos arbitrarios”.
Tras valorar las versiones de los exparamilitares y las pruebas adicionales recabadas, la magistratura determinó que “mineros y comerciantes que promovieron y financiaron el grupo armado ilegal no solo sabían los objetivos de su creación y los métodos utilizados por la organización para exterminar atodos aquellos a quienes se señalaban o de quien se sospechaba que reunieran esas condiciones, sino que conocían lo que hacía el grupo paramilitar y las ejecuciones que realizaban con los recursos que ellos aportaban e incluso les suministraban listas y nombres con ese fin”.
Por esta razón, la Sala de Justicia y Paz solicitó compulsar copias para que sean investigados por la Fiscalía General de la Nación los mineros y comerciantes Guillermo Álvarez, Albeiro Jiménez, Dámaso Peralta, José Alfredo Barrera López, Epifanio Álvarez Copete, Nabor Tadeo Giraldo Aristizábal, Roger Cabrera, Rodolfo Gómez Raigoza, José Luis Córdoba y Francisco Wilson Córdoba López, entre otros.
“Pero los mineros y comerciantes no fueron los únicos”, se lee en la sentencia. “La Sala tiene evidencia de que los organismos de inteligencia y seguridad del Estado también hicieron seguimiento a las víctimas y pasaron esta información al Bloque Pacífico – Héroes del Chocó. Aunque el Ejército recibía información de la comunidad de la presencia de grupos insurgentes en la región, la entregaban a los paramilitares para que fueran estos quienes actuaran. Para la Sala es indiscutible la relación cercana que existía entre la Fuerza Pública y la organización”.
A través de los relatos de los exparamilitares, brotaron los nombres de guarniciones militares como la Unidad de Infantería Marina Bafin 6, adscrita al Batallón Manosalva Flórez, que “prestaba sus embarcaciones para transportar a las Autodefensas” y varios de sus miembros tuvieron contacto con los paramilitares entre los años 1998 y 2000.
Con respecto a la clase política chocoana, y teniendo como base de la decisión, las versiones del exparamilitar Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, los excongresistas Edgar Ulises Torres Murillo y Odín Sánchez Montes de Oca, así como su hermano, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, “fueron tres de los políticos que participaron de este tipo de contratos. Todos ellos fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia”.
Los Sánchez Montes de Oca estuvieron en la agenda nacional e internacional en los últimos años debido a su secuestro por parte de la guerrilla del Eln.
La paradójica figura del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca
Otro de los sectores cuestionado fue el de la salud, manejado a su antojo por los Sánchez Montes de Oca. La magistratura estableció que “las administraciones departamentales y municipales les adjudicaban contratos a las grandes droguerías de las que los paramilitares derivaban drogas y otros beneficios, mientras que las EPS les prestaban atención médica y les facilitaban tiquetes aéreos”.
Una de las señaladas es la EPS Barrios Unidos de Quibdó. De acuerdo a una de las versiones de los exparamilitares, “el gerente y los integrantes de la junta directiva le entregaron 20 millones de pesos para la compra de tres motos para la organización”. Por esta razón, se compulsó copias para que sean investigados los miembros de la junta David Palacios Bonilla, Yamid Palacios Calderón y Miguel Ángel Asprilla Mosquera, así como Ariel Palacios, quien para la época ocupaba el cargo de gerente regional de la empresa prestadora de salud.
La compulsa de copias también se extendió a varios funcionarios de la rama judicial, quienes habrían actuado a favor de algunos miembros de las Auc. Por tal razón se solicitó investigar a Gustavo Arley Córdoba, quien para finales de la década del noventa se desempeñaba como Juez Primero Especializado de Quibdó; a Jaffa Quintana, fiscal en aquellos años; Yolanda Prado Ruíz, fiscal Especializada de la UNDH y DIH; y al entonces Jefe de Unidad de Vida de la Fiscalía, doctor Bismark Rafael Rosero Cuesta.
La petición de investigación de estos operadores judiciales se sustenta en el hecho de que para la magistratura “las autoridades no cumplieron con su función constitucional y legal de proteger a la población civil, pues las víctimas no contaron con su apoyo y protección frente a los delitos cometidos de manera sistemática, generalizada y reiterada por el Bloque Pacífico – Héroes del Chocó”.
Uno de los detalles con respecto al capítulo de Chocó es que de 203 compulsas de copias enviadas a la justicia ordinaria para que sean investigados decenas de comerciantes, mineros, políticos y operadores judiciales, entre otros, los resultados son nulos. De acuerdo con un informe aportado a la magistratura por el Fiscal 20 Delegado, de las copias y las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación se tiene que: “44 de ellas ni siquiera aparecen registradas en el Sijuf (Sistema de Información Judicial de la Fiscalía – Ley 600); 17 no registran actuación alguna; 20 están pendientes de avocar conocimiento; 11 de las investigaciones se encuentran suspendidas; solo 7 se encuentran en práctica de pruebas; y 4 de ellas fueron remitidas a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.
Para la Sala de Justicia y Paz, esos resultados significan que “ha habido una franca omisión en la investigación de las responsabilidades de terceros, que propicia su impunidad, como ya lo ha constatado la Sala en otros casos”.
Medidas tomadas
Los jueces de Medellín ordenaron disposiciones para que diferentes entidades estatales acompañen el proceso de reparación de las víctimas.En sus decisiones finales, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó nuevamente expedir “copias de las versiones libres y declaraciones de los postulados en este proceso, de los informes presentados por la Fiscalía y de esta decisión” con el fin de que sean tenidas en cuenta por la Fiscalía General de la Nación “no solo para investigar el delito de concierto para delinquir, sino su responsabilidad en la ejecución de los crímenes y las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”.
En relación con los miembros activos de la Fuerza Pública, la magistratura solicitó compulsar copias con “destino al Presidente de la República, el Ministro de la Defensa y el Comandante General de las Fuerzas Militares para que adelanten las investigaciones y adopten las decisiones administrativas a que haya lugar, por los señalamientos y acusaciones formuladas en contra de los servidores del Ejército Nacional y la Policía Nacional mencionados en esta decisión”.
La sentencia también contiene un conjunto de peticiones a diversas entidades estatales del orden nacional, regional y local para que con prontitud atiendan a las víctimas de Bloque Pacífico-Héroes del Chocó y del Frente Suroeste de manera integral en aspectos como vivienda, educación, salud, atención psicosocial y medidas de reparación, tales como una búsqueda exhaustiva de los desaparecidos y varios actos de reconocimiento de responsabilidades.
