La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó a la Fiscalía compulsar copias para que se investigue la actuación del hoy senador de la República Álvaro Uribe Vélez en una masacre cometida por las Auc cuando éste era gobernador de Antioquia.
Diferentes testimonios han relacionado al expresidente y senador de la República Álvaro Uribe con esta masacre. Foto: archivo Semana.
Una nueva compulsa de copias pone bajo la lupa al senador de la República Álvaro Uribe Vélez, esta vez generada por la supuesta presencia del helicóptero de la Gobernación de Antioquia durante la incursión de facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) al corregimiento El Aro, de Ituango, entre el 22 y el 25 de octubre de 1997, que dejó 15 muertos.
La orden de investigar a Uribe, quien en la época de la masacre se desempeñaba como Gobernador de Antioquia, fue impartida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín durante la audiencia de lectura de sentencia contra el exjefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’, quien comandó el Bloque Mineros, una de las facciones de las Auc que participó en el ataque a ese caserío, ubicado en una escarpada zona del norte del departamento.
Esta decisión está basada en el testimonio de una víctima de la incursión paramilitar a El Aro, quien el 25 de septiembre del año pasado compareció al tribunal durante una audiencia en la que se escuchaban laspretensiones de reparación de las víctimas del Bloque Mineros. Así lo anunció la magistrada Consuelo Rincón, ponente de la sentencia: “Para que se investigue al gobernador de Antioquia de la época, el hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, por el aspecto relativo a la concurrencia del helicóptero de la gobernación de Antioquia en las escena de los hechos durante la masacre de El Aro según la versión de la víctima Rosa María Posada George, esposa de Marco Aurelio Areiza Osorio, asesinado y torturado en la incursión”.
Según la magistrada, este testimonio es “nuevo y diferente” a las investigaciones que contra el senador Uribe se encuentran radicadas en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y que contienen testimonios de varios exparamilitares que han hablado al respecto. Lo que se pretende ahora es “recabar las pruebas pertinentes relacionados con el pilotaje de la aeronave y los respectivos itinerarios de vuelo”.
La incursión a El Aro se prolongó por cuatro días, justo antes de las elecciones locales y regionales, que se realizaron el 26 de octubre en todo el país. En su incursión, los paramilitares torturaron y mataron a por lo menos 15 personas, además, quemaron el caserío, se robaron el ganado y ocasionaron el desplazamiento de los pobladores sobrevivientes. (Leer: Las cicatrices de El Aro)
Dadas las condiciones topográficas, los hombres de las Auc debieron recibir apoyo, pues se les estaban agotando las municiones y pertrechos de guerra, por ello cobra especial importancia el tema de los helicópteros, pues sin ellos el abastecimiento no hubiera sido posible. Sin embargo, no hay consenso sobre cuántos sobrevolaron la zona de la masacre durante la operación paramilitar.
Varios helicópteros
Salvatore Mancuso, exjefe de los bloques Córdoba, Norte y Catatumbo de las Auc. Foto: archivo Semana.
Según el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, él mismo, en su helicóptero, apoyó a sus hombres por orden de Castaño. Pero, de acuerdo con su versión, no fue la única aeronave en la zona. “No fueron dos helicópteros en el área, como dicen, hubo cuatro helicópteros”, precisó ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz en enero de 2007. (Leer: Los guardados de Mancuso)
En el área de operaciones se observaron tres helicópteros más: uno al servicio de las Farc, otro del Ejército y uno más de la Gobernación de Antioquia. Según Mancuso, la aeronave de la guerrilla recogió en la zona al comandante Iván Márquez, quien en ese momento lideraba una facción insurgente con presencia en el Urabá antioqueño y hoy es el jefe negociador de ese grupo subversivo en La Habana, en los diálogos con el gobierno nacional.
Sobre la presencia del helicóptero del Ejército no dio detalles, pero negó que haya apoyado a las Auc en terreno; y de la nave de la Gobernación de Antioquia, solo hizo algunas especulaciones: “seguro que fueron a ver qué estaba pasando en el área porque seguro que llamaron a dar información que estaban bloqueando las elecciones, que había una operación militar, que habían combates, entonces fueron a mirar”.
Quien también hizo referencia al sobrevuelo de una aeronave de la Gobernación fue Francisco Villalba Hernández, alias ‘Cristián Barreto’, que hizo parte del grupo armado de las Auc que incursionó en El Aro. Según él, la aeronave “amarilla”, color distintivo del aparato, sobrevoló la zona y ante la inquietud que le generó esa presencia, dijo que se comunicó con Carlos Castaño para verificar: “él me dijo que andaban dos señores de la Cruz Roja y el Gobernador”. (Leer: Los ‘paras’ que han salpicado a Uribe)
Ese testimonio fue rendido ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes el 12 de noviembre de 2008. Villalba se entregó a las autoridades varios meses después de perpetrada la masacre porque no soportaba la culpa y fue condenado a 33 años de cárcel. En abril de 2009 recibió el beneficio de casa por cárcel y a los pocos días de abandonar el penal fue asesinado en zona semirural del municipio de La Estrella, sur del Valle de Aburrá, por sicarios que emplearon silenciadores. (Leer: Asesinado Villalba, paramilitar que realizó masacre de El Aro)
El tema del helicóptero también fue mencionado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de julio de 2006 que condenó a la Nación por su incapacidad para proteger a la población de El Aro. Uno de los testimonios consignados en esa decisión narró que en la mañana del sábado 25 de octubre “llegó un helicóptero blanco” que “hizo unas ráfagas de tiros” y “cogió rumbo al Cauca arriba”. Las versiones de los campesinos indicaron que el pasajero de la aeronave era Carlos Castaño, el jefe visible en aquella época de las Auc.
Ante esta compulsa de copias, la reacción del senador Uribe no se hizo esperar, y tal como lo ha hecho anteriormente, desmintió las versiones que lo vinculan a la masacre de El Aro. En una declaración ante medios de prensa lanzó duros señalamientos contra la magistrada Rincón y aseveró que su decisión pretende hacerle daño político.
“Primer error de la magistrada, es que el tema no es nuevo, no es un hecho nuevo, eso fue ampliamente investigado por el CTI de la Fiscalía”, precisó Uribe, quien agregó, con respecto a la presencia de la aeronave en la zona de El Aro, que los helicópteros “son rigurosamente administrados de acuerdo con unos protocolos, unos recorridos totalmente controlados, estrictos, quienes manejan esos helicópteros, autónomamente, en el Servicio Aéreo de Salud, han explicado todo lo que les han preguntado, y has desvirtuado todas esas imputaciones, por eso, aquí encuentro otra decisión judicial con el ánimo de hacer daño político”.
Este enfrentamiento con la magistrada Rincón, a quien señaló de ser de la “cuerda” de Iván Velásquez, el exmagistrado auxiliar que tuvo por varios años las investigaciones de la llamada parapolítica, se suma al protagonizado en septiembre de 2013, cuando el magistrado Rubén Darío Pinilla, de la misma Sala de Justicia y Paz, ordenó una investigación contra el senador Uribe por sus presuntos nexos con grupos paramilitares y por razones jurídicas el procedimiento fue anulado por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2014, que alegó extralimitación de funciones de los magistrados de Medellín. (Leer: Sala de Justicia y Paz pedirá Investigar al ex presidente Uribe por paramilitarismo y Corte Suprema de Justicia tumbó investigación contra senador Álvaro Uribe)
En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ordenó investigar lo ocurrido en El Aro: “El Estado debe realizar las debidas diligencias para activar y completar eficazmente las investigaciones para determinar la responsabilidad de todos los autores de la masacre y de las personas responsables por acción o por omisión del incumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos violados”. Sin embargo, nada de ello se ha dado y el caso permanece en la impunidad.
En contexto
De acuerdo con Mancuso, la incursión a este caserío fue ordenada por Carlos Castaño y coordinada por Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero. En ese ataque participaron hombres venidos de las regiones antioqueñas de Urabá y Bajo Cauca, así como de Córdoba. El propósito era atacar las posiciones de las Farc en esa agreste región y controlar uno de sus corredores estratégicos, que conducía al parque nacional Nudo de Paramillo.
No obstante, los sobrevivientes de las víctimas han negado esas acusaciones y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se defendieron alegando que sus muertos eran “gente honesta y trabajadora, que no tenía vinculo ni con la guerrilla ni con los paramilitares. Eran finqueros”.
Las tropas paramilitares que se tomaron El Aro se concentraron inicialmente en el corregimiento La Caucana, de Tarazá, donde se preparó el ataque y desde donde partieron las distintas unidades. Ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso describió esta acción como una “operación militar antisubversiva, contra integrantes de la guerrilla en zonas estratégicas para esconder secuestrados y ganador hurtado”.
Según Mancuso, la entrada a El Aro se venía preparando desde hacía un año, pues la zona, según él, se había convertido en un sitio donde escondían secuestrados que retenían en la vía que de Medellín conduce a Montería, entre el corregimiento de Puerto Valvidia y el municipio de Tarazá.
La información de inteligencia que se tuvo en cuenta para esta operación, que contenía identificación de supuestos guerrilleros en la zona, rutas de acceso, mapas de la región y ubicación de campamentos, fue proporcionada, según la versión de Mancuso, por el entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, general Alfonso Manosalva Flórez.
Pero los señalamientos contra el senador Uribe han ido más allá de relacionarlo con la presencia del helicóptero de la Gobernación de Antioquia durante la masacre de El Aro. El testimonio de Villalba Hernández, alias ‘Cristián Barreto’, también lo involucró en un hecho posterior. Este exparamilitar declaró que Uribe participó en una reunión en laque se preparó la incursión armada y afirmó haber escuchado una conversación entre el mandatario regional y Mancuso, en el que creyó escuchar una orden, “que borren el pueblo” y, una vez concluyó la toma armada, los felicitó por esa acción militar durante un encuentro en una finca de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Mancuso reconoció que “Carlos Castaño personalmente condecoró a los comandantes que participaron de la operación, porque fue una operación exitosa”. Pero no dijo nada con respecto de la presencia allí de Uribe o de otros funcionarios de la Gobernación de Antioquia.
La presencia paramilitar en Ituango, en connivencia con la Fuerza Pública y autoridades regionales fue advertida un año antes de la masacre de El Aro por el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, oriundo de ese municipio.
En una declaración rendida por Valle Jaramillo ante un fiscal regional el 6 de febrero de 1998 aseveró: “yo siempre vi y así lo reflexioné que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y del país”. (Leer: Las claves detrás del asesinato de Jesús María Valle)
En respuesta, Uribe sostuvo que Valle Jaramillo lo animaba una animadversión por las Fuerzas Militares y desestimó las denuncias sobre presencia paramilitar en Ituango y en buena parte del norte de Antioquia. Sin embargo, un año después ocurrió la masacre de El Aro y al año siguiente, el 27 de febrero de 1998, el abogado fue asesinado en su oficina del centro de Medellín por sicarios de la poderosa banda de La Terraza, por orden de Carlos Castaño, silenciando así la única voz que se atrevió en aquella época a alzar la voz sobre las atrocidades que ocurrían en Antioquia y que hoy vuelven a tener relevancia con las decisiones tomadas en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.
