El más reciente informe de Naciones Unidas no sólo deja en evidencia el aumento de las hectáreas sembradas con hoja de coca para uso ilícito en el país; también arroja pistas sobre las afectaciones contra quienes trabajan por las comunidades.
Aquellas regiones donde los sembradíos se incrementaron o se consolidaron también son las más peligrosos para la actividad de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, y autoridades étnicas. Así se deduce tras cruzar los datos presentados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) con los reportes de activistas asesinados en los últimos 18 meses.
De acuerdo con Unodc, durante 2017 se registró un aumento de las hectáreas sembradas con hoja de coca para uso ilícito, al pasar de 146 mil hectáreas a 171 mil hectáreas. Por lo menos el 64 por ciento de ese incremento se presentó en los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca.
En Antioquia se concentró en los municipios del Norte y Bajo Cauca, dos regiones altamente inestables en materia de orden público. El informe de la Agencia de Naciones Unidas señala que allí convergen poco más del 80 por ciento de los cultivos ilícitos de este departamento, que pasó de 8.855 hectáreas a 13.681 hectáreas.
Ituango, por ejemplo, escaló de 305 hectáreas en 2016 a por lo menos 865 hectáreas en 2017; en Cáceres, el área sembrada pasó de 1.131 a 1.943 hectáreas en el mismo periodo; mientras que en Valdivia y Tarazá se contabilizaron 2.899 y 3.803 hectáreas, respectivamente, en 2017. En ambos casos se trata de aumentos sensibles con respecto a 2016, cuando se monitorearon 1.620 para el primer municipio y 2.797 para el segundo.
A ese panorama se suman los sembradíos del departamento de Córdoba, los cuales se encuentran en su totalidad en la región del Nudo de Paramillo, áreas que comparten municipios como Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Valencia, y que están en línea fronteriza con el Bajo Cauca antioqueño. Allí también se registraron preocupantes incrementos. Según Unodc, en tierras cordobesas hay unas 4.780 hectáreas sembradas con hoja de coca, lo que representa un aumento con relación a 2016, cuando se reportaron 2.668 hectáreas.
El mayor incremento se registró en Puerto Libertador, que pasó de 570 en 2016 a 1.412 hectáreas en 2017. Le siguen en su orden Montelibano, donde los cultivos ilícitos pasaron de 573 a unas 1.181 hectáreas; y Tierralta, donde hay sembradas unas 1.629 hectáreas, 400 más que las monitoreadas en 2016.
Esta vasta región, en la que convergen las regiones del Norte y Bajo Cauca antioqueño, y el sur de Córdoba, es el escenario de una cruenta confrontación entre estructuras sucesoras del paramilitarismo y disidencias de las Farc que ha disparado todas las cifras de vulneraciones de derechos humanos. (Leer más en: Frontera entre Antioquia y Córdoba, una línea borrada por la guerra)
Reportes de la Alcaldía de Medellín indican que durante el primer semestre del año se atendieron en la capital antioqueña poco más de 1.200 familias (3.400 personas) que llegaron desplazadas de municipios como Tarazá, Cáceres y Caucasia.
Asimismo, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), plataforma de derechos humanos que recientemente presentó un informe sobre la situación en este departamento, detalló que entre enero y julio del presente año se incrementaron notoriamente las agresiones contra activistas, al pasar de 117 a 173. Los aumentos más preocupantes se registraron, precisamente, en el Bajo Cauca y Norte de Antioquia, donde fueron asesinados cuatro y siete líderes sociales, respectivamente.
El registro coincide con el presentado recientemente por Somos Defensores, organización que monitorea la situación de los defensores de derechos humanos en el país, que consignó el asesinato de seis líderes sociales en el Norte de Antioquia y cuatro en el Bajo Cauca antioqueño. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: una crisis humanitaria advertida)
Lo que preocupa del análisis de los casos es que los activistas asesinados compartían un perfil específico: estaban vinculados con programas que guardan estrecha relación con la implementación del Acuerdo de Paz, como lo son el Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactados con la extinta guerrilla de las Farc en las negociaciones de La Habana y rubricados en el Acuerdo de Paz firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.
Una situación similar se vive en Cauca, el cuarto departamento con mayor presencia de cultivos ilícitos en el país. Allí, según el informe de Unodc, también se registraron incrementos en las áreas sembradas con hoja de coca, al pasar de unas 12.595 hectáreas a 15.960 hectáreas. Los municipios de El Tambo (6.661); Argelia (1.956); Timbiquí (1.633); López de Micay (1.467); Guapi (720); y Cajibío (407 ha), son los más afectados.
La triste coincidencia es que Cauca fue el departamento que registró mayor número de homicidios de líderes, lideresas y autoridades étnicas durante el primer semestre de 2018. Allí fueron asesinados 13 de ellos. Los homicidios se concentraron en las localidades de Balboa (2); Guapi (2); Corinto (2); así como en Caldono, Caloto, La Vega, López de Micay, Piendamó, Rosas y Totoró, cada uno con un caso. (Leer más en: La violencia arrecia en el norte de Cauca)
Por su parte, Nariño y Norte de Santander no sólo figuran como el primer y el tercer departamento con mayor presencia de sembradíos de hoja de coca, 45.735 y 28.244 hectáreas respectivamente en 2017; la violencia en ambas regiones contra defensores y dirigentes comunitarios también fue un factor común.
El informe de Somos Defensores señala que, entre enero y julio de 2018, fueron asesinados cuatro líderes sociales en Nariño, quienes se caracterizaban por ejercer liderazgos relacionados con la defensa del territorio y por ser, además, de municipios de la costa Pacífica nariñense: uno de Olaya Herrera y tres de Tumaco, el municipio con mayor cantidad de hectáreas de cultivos ilícitos en el departamento y en el país, con 19.571 hectáreas. (Leer más en: Durante el gobierno Santos fueron asesinados 609 líderes sociales)
En Norte de Santander, según el programa Somos Defensores, la violencia cobró la vida de 10 activistas durante el primer semestre del año. Seis de estos crímenes se cometieron en la convulsionada región del Catatumbo, escenario de una fuerte disputa armada entre la guerrilla del Eln y una disidencia del Epl que es llamada por el gobierno nacional como ‘Los Pelusos’.
Cambios y transformaciones
Durante la presentación de su informe, voceros de Unodc resaltaron que la salida de la antigua guerrilla de las Farc del escenario bélico generó alteraciones y profundas transformaciones en los territorios donde se cultiva la hoja de coca. Durante décadas, reguló el mercado de pasta-base, insumo fundamental para la producción de clorhidrato de cocaína, así como el número de hectáreas a sembrar, e impuso normas de conducta que los cocaleros debieron asumir so pena de ser castigados, expulsados del territorio o, en el peor de los casos, asesinados.
Pero, con su dejación de armas y su posterior transformación en partido político, nuevos actores armados ingresaron a los territorios de antiguo control ‘fariano’ con la intención de convertirse en los nuevos reguladores del mercado, pero esa competencia se está resolviendo a bala y en medio del fuego cruzado están quedando comunidades campesinas, indígenas y afros, así como sus dirigentes. El caso más dramático lo representan aquellos labriegos que decidieron impulsar entre sus comunidades el PNIS.
En su quinto informe de monitoreo a la implementación de este programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que entre enero de 2017 y junio de 2018 fueron asesinados 36 campesinos que impulsaban la puesta en práctica en sus municipios. De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), la mayoría de estos hechos se registraron en Cauca (12) y Nariño (11), dos de los departamentos donde los cultivos ilícitos crecieron en 2017.
Con relación al PNIS, la FIP también reseña que en 51 municipios donde se implementa esta iniciativa, los homicidios crecieron un 40 por ciento durante los primeros siete meses del presente año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. “Esta es un alza mucho mayor que la registrada en los municipios que no hacen parte del PNIS, donde las víctimas de violencia letal aumentaron 3 por ciento. Si bien los homicidios descendieron a partir de marzo de 2018, en las zonas PNIS, sus niveles continúan siendo altos en comparación con lo ocurrido en 2017”, reseña el informe.
Para la FIP el dramático incremento del área sembrada con hoja de coca para uso ilícito no es el único factor generador de violencia. Este centro de investigación advierte que “sunque la pretensión de controlar las zonas de cultivos de coca ha sido identificada como el ‘combustible’ que ha disparado la violencia, esta es una explicación incompleta. Sin duda la motivación económica tiene un peso importante, pero lo ocurrido en estas zonas del país también debe ser entendido a partir de los rezagos y problemas que ha tenido el proceso de reincorporación, la falta de capacidad del Estado de tener una presencia efectiva y permanente, así como las dificultades en la implementación de las garantías de seguridad”.
Esa apreciación es compartida por Unodc, que durante la presentación de su informe resaltó que el narcotráfico se instala en aquellas regiones con alta vulnerabilidad social. Así, una revisión de los indicadores de pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de los cinco municipios más afectados por presencia de cultivos ilícitos muestran que Tumaco (19.571 hectáreas); Tibú (13.686 hectáreas); Puerto Asís (9.665 hectáreas); El Tambo (6.662 hectáreas) y El Charco (4.631 hectáreas) la bonanza cocalera no está generando riqueza para sus habitantes.
Sólo en Tumaco, Nariño, según el Dane, el índice de NBI llega al 90 por ciento; el analfabetismo se ubica en 33 por ciento; mientras que casi el 95 por ciento de su población no cuenta con servicio de acueducto ni alcantarillado. En Tibú, Norte de Santander, el porcentaje de hogares pobres se ubica en el 68 por ciento y poco más del 93 por ciento de su población no cuenta con acceso a agua potable y saneamiento básico.
De ahí que, como lo planteó la Unodc, enfrentar el problema de los cultivos ilícitos requiere estrategias que vayan más allá de arrancar las matas y que la erradicación se piense más como un componente de una política de desarrollo rural y no como el centro de la política antidroga.
“La transformación de los territorios sigue siendo el camino más claro para lograr la paz y el desarrollo en las zonas afectadas por los cultivos de coca”, plantea la Unodc en su informe. “Esa transformación es posible si se supera la mirada centrada en el lote de coca y se entiende y actúa sobre las complejidades de los territorios. Esto implica, no solo pensar en las unidades productivas donde se siembra coca sino en los vecinos no cultivadores, los centros poblados más cercanos y los centros de mercado que pueden articular la actividad lícita”.
