Más de año y medio después de llevar un litigio ante los estrados, este líder social de Casanare, reconocido por oponerse a los proyectos de hidrocarburos en su territorio y que fue capturado por supuestos vínculos con el Eln, está a punto de cerrar negociaciones con la Fiscalía para posiblemente llegar a un preacuerdo que termine en una sentencia favorable para él y su familia.
A 300 metros en línea recta del centro poblado de la vereda Plan Brisas, en el municipio de Aguazul, Casanare, se extrae gas y crudo liviano del pozo Liria YW12. Desde 2020, Ecopetrol había iniciado exploraciones para encontrar petróleo en esa plataforma y a finales de 2021 confirmó el hallazgo e inició la explotación de hidrocarburos.
Deslice la barra para ver el cambio del territorio:
Las tierras en donde se alza el proyecto le pertenecieron a la familia Rocha, una de las más antiguas de la región. En el centro del predio cercado por una reja metálica, en el lugar en donde estaba el taladro que llegó hasta el yacimiento, está instalado un colector de gas y crudo que bombea y aumenta la presión de extracción. Largos tubos llevan los hidrocarburos a tanques de almacenamiento y, luego, siguen por más oleoductos.
Por fortuna para las comunidades de la región, los mecheros no están prendidos todo el día, ahora pasan meses enteros sin que las chimeneas negras despidan fuego, solo las encienden cuando se necesita hacerle mantenimiento o pruebas de gas a los proyectos.
YW se convirtió en la cuarta plataforma de explotación de combustibles fósiles que influye directamente sobre las comunidades que hacen parte de la Asociación de Veredas de Cunamá (ASOVEC), conformada por seis veredas del municipio de Aguazul. Las otras tres plataformas que al día de hoy continúan extrayendo petróleo y gas en esa zona son YR, YT y YZ – Recetor, las cuales, según recuerda la comunidad, están siendo aprovechadas desde inicios de la década del 2000, produciendo miles de millones de pesos para las petroleras. Dinero que en la región no se ve plenamente representado.
Aunque estos proyectos de hidrocarburos están cerca a las Instalaciones Centrales de Procesamiento (CPF por sus siglas en inglés) de Cusiana (Tauramena) y Cupiagua (Aguazul), dos de los más importantes yacimientos petroleros del país, las vías de la vereda Plan Brisas permanecen destapadas, son trochas polvorientas.
“Para que Ecopetrol invierta un recurso hay que hacerle manifestación”, lamenta Milton Barrera, líder con más de 15 años en la región, quien, además, trabaja como obrero en los proyectos petroleros de la zona.
“Las petroleras —continúa— se han servido mucho de nuestro territorio. Esta es una de las regiones que más produce para Aguazul y Casanare y es uno de los sectores olvidados por el departamento, por el municipio y por las petroleras. Solo miran a nuestro territorio para explotar, no se ve un proyecto que genere impacto, que, cuando se terminen las petroleras, digan: ‘De esto van a vivir las comunidades’”.
Solo hay dos pedazos de la vía pavimentados: el primero, conformado por tres kilómetros de capa asfáltica tan pronto se sale de la Marginal de la Selva —que va de Yopal a Aguazul— para tomar la vía que lleva a esas veredas; le sigue una trocha de seis kilómetros y luego el segundo tramo pavimentado de 3,5 kilómetros.
Tan pronto termina el asfalto del segundo tramo, a un lado de la vía se asoma una casa de paredes lila y vidrios azules. A un costado, Miguel Yesid Daza Galindo alimenta a sus perros, gallinas y cerdos; vistiendo una camisa tipo polo como la que usaba el día en que lo capturaron. Lejos de parecer una cárcel, desde hace meses, Daza permanece en esa casa en prisión domiciliaria por orden de un juez. Una finca ubicada a 3,5 kilómetros en línea recta del Pozo Liria YW12.
“Que les quede claro que esto es un montaje de la Justicia”, fueron las palabras del líder cuando lo capturaron en febrero del año pasado. Según él, su labor de defensa de derechos humanos se volvió incómoda, en un contexto de conflicto armado y un territorio rico en hidrocarburos, en el que la Fuerza Pública y la Justicia le brinda servicios que garanticen las actividades extractivistas a las petroleras.
“Ellos —los militares— están es para cuidar esos pozos petroleros: YR, YW, YZ, YT”, cuenta Mariana Daza, hija de Miguel, mientras a sus espaldas bombea el pozo YW12. “Ellos no están muy lejos de los pozos, deben estar ahorita en Volcán Blanco, otro pozo. Ellos no están para cuidar a la población civil. Ellos están contratados por Ecopetrol directamente para cuidar los pozos”.
“Eso sí: hacer un control para que no hayan robos, no lo hacen. Acá prácticamente cualquier malandro puede entrar y las tropas como si nada. Acá han habido hurtos y no pasa nada”, dice Milton Barrera y una mujer de la comunidad complemente: “Aquí uno no puede pasar después de las cinco de la tarde porque lo roban”.
Desde 2005, Daza le ha hecho oposición a algunos proyectos de hidrocarburos, pero se hizo más visible con la llegada de Ecopetrol y especialmente con el inicio del proyecto Liria YW12. Durante todo ese tiempo el líder ha realizado exigencias a las petroleras que se llevan el oro negro de su territorio y dejan grabes afectaciones a las comunidades por el ruido que genera la maquinaria y las acciones de perforación; la luminosidad; el riesgo por movilización de cargas pesadas y los impactos a las fuentes hídricas.
“Las aguas de lavado, contaminadas con productos químicos, son vertidas directamente a las escorrentías que van a los caños. Hay fincas que deben consumir esas aguas, principalmente del caño El Tigre y la quebrada Cunamá”, explica Daza.
Daza, otro líder casanareño judicializado
El 23 de febrero de 2021 fue capturado el líder social Miguel Yesid Daza Galindo en la vereda Plan Brisas del municipio de Aguazul, acusado de concierto para delinquir y rebelión. El operativo estuvo encabezado por la Fiscalía General de la Nación, sin embargo, desde el primer momento organizaciones sociales del departamento denunciaron que se trató de un montaje judicial. (Leer más en ¿Fiscalía “implantó” pruebas para capturar a líder social de Casanare?)
Desde hace más de 20 años, Daza ha abanderado la defensa de derechos humanos en el municipio de Aguazul, varios relacionados con procesos comunitarios. En los últimos años ha desarrollado su liderazgo a través de organizaciones campesinas como la Asociación de Veredas de Cunamá (ASOVEC), la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca), la Asociación de Mujeres Campesinas Brisas de la Esperanza (ASMUC), Congreso de los Pueblos y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC).
El tortuoso momento por el que atraviesa el líder y su familia es el segundo proceso judicial en el que fue involucrado. El primero ocurrió en 2002, cuando varios habitantes de Plan Brisas, fueron capturados por supuestamente pertenecer al Frente 56 de las Farc. Dicha investigación fue precluida y Daza y otros reconocidos líderes de la región, como lo son Édgar Rodríguez (de la vereda Cunamá) y Arsenio Moreno (de la vereda Retiro Milagro), recuperaron su libertad. “Siempre la estrategia del Estado ha sido vincular a los líderes con organizaciones insurgentes”, señaló Daza en entrevista con este portal.
Desde los ños 80, el piedemonte casanareño de la cordillera Oriental ha sido un corredor para las guerrillas de los frentes 28 y 38 de las Farc y los frentes Efraín Pabón Pabón y José David Suárez del Eln. Según la Defensoría del Pueblo, en su Informe de Riesgo N° 036-17, “los corregimientos Cupiagua – Plan Brisas y El Morro en particular, tienen un carácter estratégico porque favorece la movilidad hacia los municipios de la Provincia de la Libertad en Boyacá, específicamente Labranzagrande, Pisba y Paya, donde se dio una mayor incidencia de las FARC EP”. Para finales de los 90, Plan Brisas era cuartel de la insurgencia. Tropas de hasta 200 hombres de las Farc patrullaban los potreros de la vereda.
La expansión de esa guerrilla en la región coincidió con el inicio de la explotación petrolera. La British Petroleum (BP) llegó al país desde los años 20 y solo fue hasta 1986 que hizo presencia en la región comprando terrenos en el piedemonte llanero. Según el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), una de las acciones que BP implementó para garantizar la operación petrolera en la región, de cara a la delicada situación de orden publico en el marco del conflicto armado, fue contratar Fuerza Pública colombiana: “El New York Times publicó un informe donde se señaló que la BP contrató a 500 soldados y 150 oficiales del Ejército colombiano para intensificar y asegurar las instalaciones petroleras a lo largo del país”, se lee en el libro Casanare: Exhumando el genocidio y señala que desde entonces la petrolera destinó importantes sumas de dinero para tener protección privada.
“La Fuerza Pública acá ha sido agresiva con las comunidades, en parte por el conflicto armado. Han involucrado a civiles y líderes, porque estando las petroleras, el que protesta en las zonas en las que hay guerrilla es guerrillero”, expresó Milton Barrera. La comunidad recuerda que en los años 90 y los 2000 los uniformados pillaban cosas de las pequeñas tiendas o retenían a las personas en los puntos de control militar bajo el argumento de que eran guerrilleros, incluso, los niños que iban hacia la escuela.
A inicios de los 2000, el municipio de Aguazul fue azotado por el accionar de los paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc). Estas tropas que se presentaban como contrainsurgentes se llevaron por encima a la población civil del municipio en su guerra contra la subversión. (Leer más en Así fue la guerra en Aguazul, Casanare)
Sin embargo, no solo fueron los paramilitares quienes asesinaron a civiles en la lucha contrainsurgente. Una de las cicatrices de los peores años del conflicto en la región la dejaron miembros de la Fuerza Pública con la ejecución de ‘falsos positivos’.
La comunidad de Plan Brisas y de las veredas de la región recuerda compungida la sucesión de asesinatos extrajudiciales en la vereda El Triunfo (Aguazul) de Hugo Édgar Araque Rodríguez (2005), Fredy Alexander Pérez Sanabria (2006), Daniel Torres Arciniegas (2007) y Roque Julio Torres Torres (2007) a manos del grupo especial Delta 4 de la Brigada XVI del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, la cual era Comandada desde el 10 de diciembre de 2005 por el Mayor General (r) Henry William Torres Escalante, hoy sometido ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). (Leer más en En medio de incertidumbre, expediente contra general Torres llega a la JEP)
Bajo esa dinámica, por años las comunidades que habitaban las áreas de influencia de los inmensos proyectos petrolíferos aprovechados por BP fueron estigmatizadas y marcadas como insurgentes. Según la Defensoría del Pueblo, “la presencia de los grupos guerrilleros en la región “han sido interpretadas por algunas autoridades de forma errónea como relaciones de cooperación entre las comunidades y el grupo insurgente”.
Tras la firma del Acuerdo de Paz entre las extintas Farc y el Estado colombiano, el 24 de noviembre de 2016, el Eln fortaleció su accionar en el departamento “para mantener el control sobre las áreas de presencia histórica en la Cordillera Oriental que en el pasado estuvieron bajo influencia de las dos guerrillas”, precisa la Defensoría del Pueblo. Desde entonces, en Plan Brisas haría presencia el Frente José David Suárez.
En 2017 se desarrollaron acciones militares de parte de la insurgencia que denotaban la presencia del Eln en Plan Brisas, según las autoridades. Como por ejemplo, los explosivos que pusieron contra un carro de la Policía, destruyéndolo completamente y dejando muertos y heridos; o el haber explotado un oleoducto entre las plataformas YZ y YT en la vereda Volcán Blanco.
Miguel Daza dice ser víctima de estigmatización y en los últimos años explica que al involucrarse en varios procesos sociales y al volverse un líder tan visible fue blanco de una segunda judicialización.
“Desde el año 2018 hacia acá no ha habido ningún tipo de acción por parte de insurgencia, ni de ELN ni de FARC. ¿Qué ha habido? cosas como supuestas extorsiones a nombre de esas organizaciones, pero que las investigaciones arrojan que son otros tipos de grupos que utilizan los nombres de los grupos guerrilleros”, sostiene Daza y con eso cuestiona los millonarios convenios celebrados por las empresas petroleras con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación que buscan proteger militarmente y judicializar el apoderamiento de hidrocarburos y atentados terroristas contra la infraestructura petrolera y energética.
Según documentos obtenidos por La Liga contra el Silencio y Rutas del Conflicto, disponibles en el especial Convenios de Fuerza y Justicia, Ecopetrol celebró el Acuerdo de Cooperación Derivado No. 16-2018 con el Ministerio de Defensa para que siete divisiones del Ejército Nacional le prestarán una “especial atención” a las instalaciones de la petrolera en varias regiones del país.
“El EJÉRCITO NACIONAL de acuerdo con su competencia funcional, legal y constitucional desplegará en los sitios de interés de LA EMPRESA, los “Dispositivos de Personal” que a su juicio considere necesarios para garantizar el desarrollo del Objeto del Acuerdo Derivado, para lo cual contará con el apoyo de la Gerencia de Seguridad Física y los Coordinadores de Seguridad de la EMPRESA”, se lee en el documento.
El acuerdo se realizó entre el 14 de noviembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 por un monto de $16.769.613.800 de pesos. En las plataformas petroleras que inciden en Plan Brisas y las veredas aledañas se acordó que la Octava División prestaría el servicio de protección por un valor, a través de la Brigada XVI. Por ese acuerdo, la Octava División recibió por esos servicios en esta y más regiones $1.200.000.000 de pesos. Así como este acuerdo con el Ejército, hay otros con la Fiscalía General de la Nación en Aguazul que se mantienen vigentes al día de hoy.
Tras pasar por las manos de Equion Energia Limited, hoy, en la vereda Plan Brisas la operadora de las explotaciones de hidrocarburos es Ecopetrol y en el territorio tiene contratadas a las empresas petroleras Weatherford Colombia Limited, Schlumberger Surenco S. A. y Petrex S.A (de la empresa italiana Saipem SpA) para brindarle servicios petroleros y Adecc Ltda para realizar obras civiles.
Desde el primer día que Ecopetrol se convirtió en el operador de las plataformas, en 2016, Daza plantó su preocupación y reclamos a los proyectos de explotación por los impactos ambientales a la tierra y las fuentes hídricas, así como al tejido social que empieza a girar en torno a las tareas que les sean útiles a las petroleras, perdiendo la identidad campesina.
Muchos de los trabajos que las comunidades han preferido desempeñar en la región son conducir camionetas para movilizar funcionarios de las petroleras, labores obreras o prestar servicios de vigilancia o mantenimiento de los pozos.
“Ha habido un desprendimiento del tejido social bastante bárbaro porque entre nosotros mismos empezamos ‘este turno es mío’, ‘no, pero yo tengo más la necesidad’, ‘entonces yo meto una camioneta a trabajar en la compañía’… se nos olvidó de dónde veníamos. La economía campesina: la ganadería, los cultivos”, lamenta Mariana Daza, hija del líder Miguel Daza.
Según Daza, uno de los principales argumentos que ha presentado la Fiscalía contra el líder es una gresca que tuvo lugar en Plan Brisas para el año 2017. Según relata, lo acusan de haber organizado una asonada para evitar la captura de un jóven de la comunidad que el Ejército Nacional pretendía realizar sin presentar en el lugar la orden de captura. La Fuerza Pública realizaba ese operativo argumentando que el joven era alias ‘Hidalgo’, un integrante del Eln buscado por la muerte de dos policías.
También, usando fotografías de Daza en una marcha por los Derechos de la Mujer, el 8 de marzo, el ente acusador argumenta que el líder estaba organizando movilizaciones y paros armados contra las petroleras. Además, el líder recordó que, como lo documentó VerdadAbierta.com tras su captura el año pasado, él había denunciado que miembros del CTI le habrían implantado unos panfletos alusivos al Eln al momento de hacer el allanamiento de su casa.
El fiscal que solicitó la orden de allanamiento y captura y que por varios meses llevó el caso contra Miguel Daza es Herles Max Cortés Rodríguez, minetras estuvo alfrente de la Fiscalía 113, adscrita a la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales de Villavicencio, sin embargo Cortés fue trasladado a la Fiscalía EDA 117 de Arauca. Quien asumió los procesos que llevaba Cortés es Jhon Alexander Pacheco Bautista, ahora encargado de la Fiscalía 113 de Villavicencio.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han llamado la atención sobre el papel de Cortés como fiscal pues estuvo relacionado desde el ente investigador en los procesos penales de los ocho de San Luis de Palenque, así como líderes de Asonalca.
Alrededor de nueve meses estuvo preso Daza en instalaciones del Batallón No. 44 Ramón Nonato Pérez de Tauramena y la cárcel La Guafilla de Yopal. Hoy, tras una larga pugna, permanece en detención domiciliaria en su finca en Plan Brisas y está tranzando un acuerdo con la Fiscalía para aceptar ciertos puntos del pliego de cargos. ¿Qué lo llevó a tomar ese camino cuando siempre ha sostenido su total inocencia? La situación, según el líder, lo llevó a sopesar entre su buen nombre y su familia.
Con la Ley 1908 del 9 julio de 2018 se modificaron las medidas de investigación y judicialización de organizaciones criminales. Así, los procesados que son relacionados con Grupos Armados Organizados (GAO), como lo son la guerrilla del Eln, pueden estar privados de la libertad de 24 a 30 meses a la espera de que la Fiscalía aporte las pruebas que demuestran su vinculación a esa organización alzada en armas.
“Pensando en eso hay que buscar el camino corto y menos doloroso, entonces en eso estamos, en aceptarle una complicidad a la Fiscalía. (…) pero no porque yo lo deba, simplemente porque tengo que hacerlo pensando en mi familia y pensando en mí porque el tiempo no se recupera”, dice el líder.
Así podría llegar a una sentencia que ordene cinco años de cárcel, sin embargo, la modalidad de detención lo tiene en vilo, pues, si el juez de conocimiento lo considera puede solicitar que la pena la cumpla en una cárcel.
“Eso sí me entristece un poco. Aunque se supone que nadie es indispensable en ninguna parte, esos temas coyunturales y traumáticos que quizás generan un impacto negativo sí entorpecen bastante el trabajo organizativo y social. Genera temor, genera pasividad en las personas”, palabras con las que Miguel Daza lamenta que los liderazgos y acciones de exigibilidad de derechos hacia las petroleras se hayan acallado.
Mariana Daza le contó a este portal que después de que capturaron y empezó el proceso de judicialización de su papá llegó una tropa a intimidarla a ella, a su familia y a varios miembros de la comunidad; según cuenta, los uniformados los provocaban refiriéndose a Miguel Daza como “el guerrillero ese”. “Sentimos ese repudio hacia los militares porque sabíamos básicamente que ellos estaban ahí para identificar esas cabezas de líderes”, expresó.
Para esas fechas la comunidad de Plan Brisas convocó un consejo de seguridad. El Ministerio Público no estuvo presente, sólo llegó el Ejército, la Alcaldía y la Personería. “Nosotros le dijimos que nosotros éramos conscientes de que el Ejército estaba era para cuidar los pozos y no para cuidarnos a nosotros, pero eso no les daba el derecho de venir a intimidar al campesino, porque ya no eran esos tiempos. Ellos, fuera de que vienen, intimidan, estigmatizan a las comunidades… porque el que baja de acá —las veredas de Asovec— al pueblo, es guerrillero”, concluyó Mariana.
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Este reportaje se realizó con información recogida en el departamento de Casanare en una misión de prensa coordinada por el Programa Somos Defensores.
