El pasado martes, las autoridades realizaron en Casanare cuatro operativos de allanamiento por orden de un fiscal especializado en busca de presuntos guerrilleros del Eln. En la redada fue detenido este reconocido líder social. Su familia denuncia incriminación en el operativo y organizaciones de derechos humanos alertan sobre este caso, que se suma a los ocurridos en los últimos años en este departamento.

A eso de las 4 y 30 de la madrugada del pasado martes, en la vereda Plan Brisas del municipio de Aguazul, Miguel Yesid Daza Galindo y su esposa se levantaron asustados por los gritos de los miembros de la Fiscalía y la Fuerza Pública que había llegado hasta su finca. Dando golpes a la puerta de la casa, funcionarios y uniformados aseguraban que tenían órdenes de allanamiento y de captura. La esposa de Miguel le dijo que no saliera. Pensaba que era un engaño para matarlo.

Después de unos minutos, finalmente abrieron la puerta. Los agentes les mostraron los documentos que respaldaban ese allanamiento y Miguel y su esposa recobraron la calma, su mayor miedo había sido descartado: no se trataba de algún grupo armado ilegal, no sería una historia más sobre un líder social asesinado en Colombia.

La orden fue emitida por la Fiscalía 113 de la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales, de Villavicencio. Siguiendo sus órdenes, los agentes revisaron la casa, incautando cámaras fotográficas, celulares y un computador. Cuando la esposa de Miguel se dispuso a grabar el procedimiento judicial, un miembro de la Fiscalía le quitó el celular con el pretexto de revisarlo y sólo le fue devuelto al final de la diligencia. La discusión quedó registrada en el teléfono móvil.

Mientras ella hablaba con una funcionaria, que le preguntaba por unos datos e intentaba darle calma a su suegra, que también estaba en la casa, una fuente de la familia Daza, que pidió la reserva de su nombre por razones de seguridad, sostuvo que un hombre, el único del operativo que no llevaba uniforme o alguna identificación institucional visible, y vestía camisa roja y pantalón negro, se movía por el lugar libremente. 

En el segundo piso de la residencia, además del cuarto de la pareja, hay un cuarto para guardar ropa con una cama extra. En un momento, el hombre de camisa roja, dijo una fuente consultada por este portal, entró y salió de esa habitación.

“Y vaya sorpresa: en el piso de la habitación había un sobre de manila botado y dentro un papelito con unas rayas que en la esquina tenía un escudo alusivo, dicen, que al ELN. Con eso, dicen que, supuestamente, Miguel tenía panfletos en la casa. La Justicia más que nadie sabe que eso no fue así. Eso lo colocó el muchacho que iba con ellos”, recriminó la fuente consultada.

Foto: cortesía.

Contrario a lo observado por la familia Daza, en el acta de allanamiento elaborada por los funcionarios de la Fiscalía se consignó que el sobre fue encontrado entre unos zapatos. El hallazgo quedó registrado en video al igual que Miguel diciendo: “que les quede claro que esto es un montaje de la Justicia. Esto me lo colocó la Fiscalía”. Al tiempo, la madre de Miguel gritaba que eso no era de su hijo y la esposa de Miguel alegaba que todo era un montaje, que ese sobre no les pertenecía.

Tras concluir el registro de la casa e incautadas las supuestas pruebas que lo incriminaban, Miguel fue detenido, pero en el acta dejó constancia del presunto acto de manipulación de las evidencias: “Nota: No acepto la imputación porque los elementos fueron colocados por los agentes de la Fiscalía. Mi esposa lo presenció”.

Nota de Miguel Daza en el acta de allanamiento. Foto: cortesía.

Ese mismo día, y bajo las órdenes de la Fiscalía, tropas del Batallón de Infantería No. 44, adscritas a la XVI Brigada del Ejército, la Fuerza Aérea y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, capturaron a tres personas, dos hombres y una mujer, en Yopal y Aguazul. Se trata de Carlos Julio Caro Palacios, José Omar Beltrán Cuy y Lucelida Pérez Rojas, a quienes se les acusó de los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y rebelión.

La Fiscalía indicó que los detenidos serían los responsables de extorsionar a empresas petroleras, ganaderos, comerciantes y transportadores, así como de la “instrumentalización” de comunidades para bloquear vías o impedir el avance de operativos militares en el oriente del país.

En boletín de prensa, el ente acusador precisó que “en contra de los detenidos hay abundante material de prueba como interceptaciones telefónicas, además de testimonios que dan cuenta de las actividades ilícitas que presuntamente ejercían y ponen en evidencia los nexos que tendrían con alias Milton y otros cabecillas del Frente José David Suárez del Eln”. 

Contra Daza

En el comunicado de prensa enviado por la Fiscalía se detallaron algunas de las razones por las cuales fue detenido el líder social casanareño: “En varias oportunidades se habría reunido con cabecillas del Eln para, supuestamente, planear bloqueos o actos vandálicos en municipios de Casanare, Arauca y Boyacá”. 

Además, se consignó que “en 2017, al parecer, participó en una asonada contra tropas del Ejército Nacional que pretendían capturar a alias Hidalgo, un señalado integrante del Eln buscado por la muerte de dos policías. También hay elementos que lo vincularían a extorsiones. En el lugar de su captura, en Aguazul (Casanare), se incautó munición calibre 7.65 y propaganda alusiva al Eln”.

Ante esas graves sindicaciones, la familia de Miguel Daza sostiene que él no tiene vínculo alguno con los otros tres capturados y mucho menos con el grupo guerrillero.

En la operación, las autoridades incautaron un revólver 38 milímetros, 40 cartuchos para el mismo, 12 cartuchos de 7,65 milímetros y “panfletos alusivos al Eln”. Los detenidos fueron presentados ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Aguazul, quien en la noche del jueves avaló las capturas y ordenó que estas cuatro personas fueran recluidas en una cárcel. 

El general Mauricio José Zabala Cardona, comandante de la Octava División del Ejército, indicó que este operativo es el resultado de una investigación de más de dos años, durante los cuales se recopilaron pruebas técnicas, declaraciones e interceptaciones. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos llamaron la atención ante lo que para ellos es un caso más de falsos positivos judiciales contra un líder social de Casanare que se ha opuesto a intereses de empresas minero-energéticas.  

¿Quién es Miguel Daza?

Es un campesino natural de Casanare, que hizo su vida en la vereda Plan Brisas en donde se encuentra arraigado con su esposa, un hijo de 19 años y sus tres hijas, de 18, 16 y 13 años de edad. Es coordinador de derechos humanos de la Asociación de Veredas de Cunamá (Asovec); integrante de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca); y miembro del comité de derechos humanos y del programa de comunicaciones de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc). 

Cabe destacar que a Asonalca pertenece Adelso Gallo, capturado en diciembre pasado en Barranco de Loba (Bolívar) tras un operativo similar realizado a mediados de diciembre pasado contra tres líderes sociales, a quienes se les sindicó de pertenecer al Eln. No obstante, una juez de Popayán decretó su libertad. (Leer más en: Líderes sociales judicializados: ¿quiénes son Teófilo, Adelso y Robert? y en “Somos molestos para el Estado”: líder social Robert Daza)

“Miguel se caracteriza por ser una persona muy tranquila, muy paciente, muy alegre y su vocación al servicio, su vocación a ver que su comunidad crezca, ha sido una de las luchas principales de Miguel”, afirma Tatiana Triana, secretaria de la Junta Directiva de Cospac.

Fabián Laverde, presidente de Cospacc y vocero de la Comisión de Garantías de Derechos Humanos del movimiento Cumbre Agraria, dice que con la ayuda de Miguel le ha hecho seguimiento a judicializaciones arbitrarias, asesinatos extrajudiciales presentados como bajas en combates, desplazamientos forzados, desapariciones forzada, extorsiones, entre otras violaciones a los derechos humanos padecidas por las comunidades campesinas de Aguazul entre los años 2000 al 2004.

“Yo conozco a Miguel hace aproximadamente unos 17 años, desde 2004. Él ya había sido privado de la libertad en unas redadas del 2003, junto con varios habitantes de esa zona, todos señalados de ser insurgentes. Luego de que recobra la libertad, retoma sus actividades como líder social”, cuenta Laverde.

En aquel año, durante 74 días, entre octubre y diciembre, Daza estuvo privado de la libertad sindicado de hechos asociados a prácticas terroristas. Al respecto, en su familia recuerdan que esa detención estuvo relacionada con su oposición a la explotación petrolera del pozo Liria YT en el municipio de Aguazul.

El líder social detenido es reconocido por organizaciones regionales y nacionales. Fue vocero de la Cumbre Agraria Étnica y Popular en la movilización del 2014 y en la Minga del 2016; también en algunas movilizaciones locales, como las sucedidas en 2017, 2018 y 2019, en las cuales se llegó a bloquear vías para generar reacción de las empresas petroleras que realizan labores en esa región y para llamar la atención del gobierno nacional y territorial. 

En uno de estos bloqueos la comunidad protestaba contra la estatal petrolera Ecopetrol por el incumplimiento en el mantenimiento de vías y la contratación de mano de obra local, según registró el medio Violeta Stereo. La empresa manifestó que estas acciones afectaron su funcionamiento y acceso a recursos de primera necesidad.

La Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, conformada por 6 veredas del municipio de Aguazul,
creada hace más de 20 años, surgió como respuesta a las necesidades comunitarias y está adscrita a la Asonalca. En la foto, la comunidad protesta por la detención de Daza. Foto: cortesía

El reconocimiento a Daza también proviene de entidades estatales. Coincidencialmente, el mismo día de su nueva detención, Sonia Bernal, defensora regional del Pueblo de Casanare, aseveró durante una audiencia pública de rendición de cuentas sobre la gestión en 2020, que “en lo que nos asiste a nosotros… ya el tema judicial, de investigación, desde la mirada del órgano de la Fiscalía es otra óptica, pero para nosotros es un defensor de derechos humanos”.

El 12 de diciembre del año pasado, la Defensoría del Pueblo le entregó lo que Bernal llama un reconocimiento en vida: un diploma mediante el cual se le agradece su labor de defensor de derechos humanos en Casanare. El documento está firmado, además, por la Gobernación de Casanare.

El liderazgo de Daza se ha caracterizado por el reclamo a empresas como Equión, British Petroleum (BP) y Ecopetrol por los incumplimientos a acuerdos y afectaciones a las comunidades que tienen arraigo en zonas de su influencia y dedicadas a la explotación de petróleo. Actualmente se adelantan acciones de perforación a un kilómetro del caserío de Plan Brisas, compuesto por 50 casas, donde vive Daza con su familia. 

Esta es una región en donde la comunidad y las empresas deben sortear la presencia del ELN y el Frente 28 de las disidencias de las Farc, al mando de ‘Antonio Medina’. Por la presencia de grupos armados, la comunidad dice ser estigmatizada frecuentemente y que la protección se brinda, por encima de la comunidad, a las empresas.

Triana sostiene que Daza, su compañero de trabajo, en el ejercicio de defensa y promoción de derechos humanos, ha impulsado espacios de capacitación en cuanto a qué derechos tienen las comunidades, mecanismos de autoprotección ante los abusos de  Fuerza Pública y acompaña procesos de movilización en el departamento, es particular con la Asociación de Mujeres Unidas por Casanare (Asmuc); proceso juveniles como la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiante de Colombia (Anjeco) y la Asociación de Veredas de Cunamá (Asovec). 

“En las zonas petroleras, las personas se juntan o si tienen capacidad económica, organizan, crean empresas para prestar servicios de manera tercerizada a las petroleras. Es decir que él además es contratista de las empresas petroleras”, precisa Laverde. Se trata de una empresa constituida hace diez años por la familia Daza tiene una empresa dedicada al mantenimiento de pozos petroleros.

“Es algo bien curioso —sostiene una fuente de la región que prefiere mantener su nombre en reserva—. Miguel es contratista de las petroleras pero ‘no me confundan’. Él les deja claro ‘no confundan que nosotros tenemos vínculos comerciales, pero mi liderazgo es único, yo vivo por mi comunidad’ y defiende la comunidad a capa y espada. ‘Si me quitan el contrato no pasa absolutamente nada’ ¿Qué quiso la empresa? Creyendo que con que Miguel formara esa empresa y dándole ese contrato, lo callaban. Miguel nació siendo líder y nada lo va a acallar, ni la cárcel, ni creyendo que comprándolo con contratos, con nada ”. 

Este portal le consultó a Ecopetrol si en la empresa estatal conocían a Miguel Daza y reconocían su liderazgo. Un vocero, que pidió la reserva del nombre, respondió de manera afirmativa en cuanto al liderazgo social, empresarial y comunitario del líder detenido y sostuvo que  mantenían con él una comunicación fluida y constructiva en temas de desarrollo sostenible con la Asociación de Veredas de Cunamá (Asovec). 

“Nuestro relacionamiento se ha centrado principalmente en los proyectos de inversión social, como gerente de la Asociación Agroempresarial Campesina de Casanare, Agroecas, organización solidaria anteriormente conocida como banca comunal, y también en otros temas sociales como oportunidades laborales y proyectos productivos en la región”, indicó el vocero.

Convenios con Fuerza Pública

Organizaciones de derechos humanos que conocen la región se preguntan si la judicialización de Daza no sólo se debe a su representatividad comunitaria y a sus cuestionamientos a las políticas minero-energéticas, sino a las dudas que le generan los millonarios convenios celebrados por las empresas petroleras con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación.

Se trata de las relaciones de las empresas petroleras con la XVI Brigada del Ejército las Estructuras de Apoyo (EDA) de la Fiscalía General de la Nación. 

Las DEA se crearon en 2001 mediante un convenio con la Policía Nacional con el propósito de “adelantar las investigaciones por delitos como el apoderamiento de hidrocarburos y atentados terroristas contra la infraestructura petrolera y energética, entre otros”. Inicialmente fueron instaladas en Arauca (Arauca), Cúcuta (Norte de Santander), Puerto Berrío (Antioquia), Barrancabermeja (Santander),  Orito (Putumayo), Tumaco (Nariño) y Cali (Valle). En 2013, fueron ampliadas a Saravena (Arauca), Yopal (Casanare) y Villavicencio (Meta).

Estos convenios fueron investigados por La Liga contra el Silencio y Rutas del Conflicto en el especial Convenios de Fuerza y Justicia. El trabajo periodístico registró algunos casos de supuestos abusos de miembros de la Fuerza Pública contra quienes se oponen a las actividades minero-energéticas y evidenció posibles malversaciones de fondos públicos.

Al respecto, el vocero de Ecopetrol le confirmó a VerdadAbierta.com que la estatal petrolera celebra convenios con el Ministerio de Defensa a nivel nacional, “los cuales tienen como objetivo principal la protección de la infraestructura de la empresa, reiteradamente afectada por delitos tales como atentados y apoderamiento de hidrocarburos”. Sin embargo, se abstuvo de responder por el número de estos contratos y el valor de cada uno de ellos.

Para el caso de Casanare, indicó que, actualmente, tiene un convenio vigente con la Policía Nacional, a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Unidad Especial Cusiana) y el Departamento de Policía del Casanare para “prestar especial atención en el Campo Pauto Floreña, con el objeto de mantener la seguridad de las personas y de la infraestructura e instalaciones ubicadas en las áreas en que ECOPETROL (sic) desarrolla sus actividades”.

Sin embargo, sostuvo que la petrolera estatal no tiene convenios con el Ejército Nacional en Casanare. No obstante, voceros de la comunidad de la vereda Plan Brisas sostienen que “aquí en el sector, por lo menos, no se ve un policía cuidando la infraestructura petrolera”. Y lo que sí observan es que “la fuerza militar es la que cuida los bienes de Ecopetrol”.

La base de datos de Convenios de Fuerza y Justicia logró acceder a uno de los convenios que tenía jurisdicción en el municipio de Aguazul: el convenio 18-019, celebrado entre el Ejército y Cepsa Colombia S.A, con vigencia hasta el 2019, fue acordado bajo 600 millones de pesos.

En relación con convenios de Justicia, el vocero de Ecopetrol no precisó si esos convenios se relacionan, específicamente, con la EDA de la Fiscalía 135 y la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales de Villavicencio, que ordenaron la captura de Daza. Sin embargo, indicó que, a nivel nacional, se celebran convenios destinados a la investigación de delitos que afectan a la industria petrolera y fue enfático al descartar que no tienen relación alguna con las dependencias que expidieron la orden contra el líder social.

“Ecopetrol es respetuosa de las decisiones de las autoridades judiciales como entes autónomos. La empresa no tiene conocimiento de las decisiones que dichas autoridades hayan tomado respecto del señor Daza y en ese sentido se abstiene de emitir opinión”, dijo el vocero de Ecopetrol.

El fiscal del caso

Quien firmó las órdenes de allanamiento y de captura contra Daza es el fiscal Herles Max Cortés Rodríguez. En el pasado dirigió la EDA 135 de la Fiscalía con sede en Yopal;  fue director Seccional de la Fiscalía de La Guajira; director Seccional de la Fiscalía de Casanare; y, actualmente, está al frente de la Fiscalía 113, adscrita a la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales de Villavicencio.

Defensores de derechos humanos resaltaron que, en el pasado, el fiscal Cortés actuó de manera similar al caso de Daza. Y pusieron de ejemplo las detenciones ordenadas por su despacho realizadas el 27 de noviembre de 2018. En esa ocasión, fueron privados de la libertad, ocho líderes de San Luis de Palenque, en Casanare, que protestaron meses atrás por las arbitrariedades de la firma canadiense Frontera Energy, que explota el bloque Cubiro, en el incumplimiento de acuerdos con las comunidades sobre protección al medio ambiente y reparación de vías veredales.

Lo particular en este caso es que la empresa canadiense había firmado, nueve días antes de las detenciones de los ocho líderes sociales, un contrato millonario con Ecopetrol para adquirir protección de las Fuerzas Militares en sus áreas de intervención petrolera.

Una publicación de El Espectador, destaca que la Fiscalía presentó a los ocho campesinos como miembros de un Grupos de Delincuencia Organizada llamado “jinetes de caretas” o banda delincuencial “jinetes con careta” que habría sido creada en 2016 y operaba a través de la protesta social como “fachada”, sin embargo, esa organización no aparece en registros de los organismos de seguridad del Estado.

En agosto del año pasado, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Yopal revocó, después de 20 meses privados de la libertad, la medida de detención domiciliaria que recaía sobre Carmen Iraida Salcedo Gutiérrez y Miguel Ángel Rincón, dos de los ocho líderes detenidos en San Luis de Palenque, tras demostrarse que la base probatoria de la Fiscalía no tenía asidero suficiente y estas dos personas no demostraban un peligro para la sociedad. Un mes después fueron liberados los otros seis líderes, pero todos siguen vinculados al proceso e investigados por los delitos de obstrucción de vía pública, concierto para delinquir y violencia contra servidor público.

Otros casos en los que ha actuado el fiscal Cortés son los de Hermes José Burgos, miembro de Asonalca, detenido el 30 de septiembre de 2018 en el municipio de Arauquita, Arauca; Alix Mirian Aguilar, lideresa del barrio de invasión “Mi Nueva Esperanza”, detenida el 1 de octubre de 2018 en Yopal y dejada en libertad en septiembre del año pasado por vencimiento de términos; y el de Fredy Adolfo Figueroa y Carlos Romero, ambos miembros de Asonalca, aprehendidos  el 11 de abril de 2019.

“Todas estas capturas han sido contra líderes voceros, reconocidos en la interlocución en el marco de la movilización social”, asegura Laverde, presidente de Cospacc y vocero de la Comisión de Garantías de Derechos Humanos del movimiento Cumbre Agraria.

VerdadAbierta.com envió correos a Herles Max Cortés para conocer su versión sobre los casos de líderes sociales que han sido judicializados, pero, vía telefónica, un funcionario de la oficina de prensa de la Fiscalía se contactó con el portal y expresó que los fiscales no suelen dar entrevistas y que él se encargaría de resolver las inquietudes periodísticas.

Lo particular es que el representante de la oficina de prensa aseguró que el fiscal Cortés no habría actuado en los casos de líderes de los líderes reseñados y que sólo estaba relacionado con el de Daza. lo que es parcialmente cierto, porque en esos procesos operó como Fiscal 135 y en el más reciente como Fiscal 113.

Pero lejos de restarle protagonismo a la relación de Cortés como fiscal en los casos de los ocho líderes de San Luis de Palenque, y en el de Hermes Burgos, Miriam Aguilar, Fredy Figueroa y Carlos Romero, documentos a los que tuvo acceso este portal —como el auto de segunda instancia del 21 de marzo de 2019 del caso de los ocho detenidos de San Luis de Palenque—, registran su papel como fiscal del caso. (Ver documento)

En cuanto al proceso contra Daza, el vocero de prensa de la Fiscalía sostuvo que las actuaciones del ente investigador están soportadas en amplio material probatorio, a raíz de procesos investigativos que contienen evidencia técnica y testimonios. “Y eso es lo que refleja el material probatorio y la Fiscalía tiene que actuar sobre este material”, precisó el funcionario, descartando que se trate de una persecución o criminalización.

“Pruebas irregulares”

Ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Aguazul, que legalizó las capturas de Daza y las tres personas más, la defensa del líder social la asumieron abogados de dos organizaciones defensora de derechos humanos: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Fundación Javier Alberto Gaviria Vergel.

Durante la audiencia, el fiscal Cortés señaló a Daza, en varias oportunidades, de haberse reunido con guerrilleros del Eln para, supuestamente, planear bloqueos o actos vandálicos en municipios de los departamentos de Casanare, Arauca y Boyacá. 

“En 2017, al parecer, participó en una asonada contra tropas del Ejército Nacional que pretendían capturar a alias Hidalgo, un señalado integrante del Eln buscado por la muerte de dos policías. También hay elementos que lo vincularían a extorsiones”, indicó el fiscal del caso. Sin embargo, los audios que el ente investigador hizo públicos para resaltar su trabajo, no tienen relación con Miguel, sino con los otros tres imputados. 

Uno de los aspectos que cuestionaron los abogados de Daza es que la Fiscalía sólo presentó durante la audiencia las transcripciones de las grabaciones de quienes, supuestamente, señalan a Daza de ser un miembro del Eln, pero no los audios, como debería ser.

Por lo pronto, Miguel, su familia, amigos y organizaciones sociales a las que pertenece seguirán trabajando en su defensa, recogidos en las palabras del mismo Daza en la audiencia que concluyó con su reclusión en una cárcel: “Señora juez: no acepto los cargos y me declaro una víctima de un montaje judicial”.