Una líder de las víctimas afectadas por este paramilitar aseguró que siguen siendo estigmatizadas en el proceso que se adelanta en Justicia y Paz.
 Una de las debilidades de la ley de Justicia y Paz es que las versiones de las víctimas no son tenidas en cuenta. Foto VerdadAbierta.com |
A Magdalena Calle Londoño se le notaba la indignación en su rostro. En silencio no ocultaba que le causaba escuchar los nombres de las víctimas, entre ellos el de su esposo, y la justificación dada por el ex paramilitar para explicar esas muertes: “Informantes de la guerrilla, cuatreros, vendedores de sustancias alucinógenas, ladrones de barrio, piratas terrestres, compradores de ganado robado…”.
En el auditorio, las víctimas se contuvieron durante las casi tres horas que duró la tercera sesión de imputación de cargos contra Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, ex jefe del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), realizada este miércoles en Medellín, ante el magistrado con funciones de control de garantías Álvaro Cerón Coral.
Durante la audiencia, la Fiscal 41 de la Unidad de Justicia y Paz, Ana Fenney Ospina Peña, le imputó a ‘Bolivar’ el delito de homicidio agravado por hechos ocurridos durante los años 1997 y 1998 en el municipio de Yarumal, Norte de Antioquia, cuando lideró allí durante esos años un grupo armado ilegal conocido como “el grupo de Pérez”, que dejó 22 personas, entre hombres, mujeres y menores de edad.
En la diligencia judicial, la funcionaria leyó uno a uno los casos, haciendo referencia al nombre de la víctima, su ocupación, la fecha del hecho, la manera cómo ocurrieron las muertes y lo confesado por el desmovilizado meses atrás, en las versiones libres.
Uno de los detalles que más disgusto le causó a Magdalena es que la Fiscal 41 de la Unidad de Justicia y Paz aludiera a cada caso valiéndose solamente de las justificaciones que dio el ex paramilitar para explicar cada homicidio, sin que se resaltaran las declaraciones de los familiares de las víctimas, como fue el caso de su esposo, Alonso Jaramillo López, asesinado el 19 de septiembre de 1997, en zona rural de Yarumal.
Según relató la funcionaria, Jaramillo López “fue retenido por Roberto Velásquez, alias ‘Tolima’, y trasladado hasta la Finca Los Urales, ubicada en la vereda Llanos de Cuivá, del municipio de Yarumal, donde fue sometido a un intenso interrogatorio en relación con sus presuntos nexos con la subversión. Hecho que al principio negó, pero que terminó aceptando a raíz del impacto de arma de fuego que recibió en una de sus piernas. Luego de esto Velásquez asesinó al señor Jaramillo con varios impactos de arma de fuego y ordenó al patrullero Raúl Machado Rovira desaparecer el cadáver, lo que hizo enterrándolo en una fosa”.
De acuerdo con Magdalena, lo que se está haciendo durante estas audiencias es revictimizar a las personas asesinadas: “No se completan las versiones sobre los casos, eso nos deja desamparadas y nuestros familiares vuelven a ser víctimas”.
Y es que esta señora, que representa la organización Madres por la Vida del Norte de Antioquia, integrante de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia y su sede en Yarumal, no dejaba de sorprenderse cuando se leían los casos y, sobre todo, cómo se explicaban.
Por ejemplo, sobre Alonso Arango Madrigal, asesinado el 23 de febrero de 1997, la fiscal manifestó: “Según Rodrigo Pérez Alzate, esta muerte obedeció a los señalamientos que se le hacían como informante del Frente Héroes de Anorí del Eln”.
En el caso de Luis Gonzalo Cuartas, un conductor que fue muerto el 11 de marzo de 1997, la funcionaria relató que “Rodrigo Pérez Alzate confiesa que ordena darle muerte a raíz de la información recibida donde señalaban a la víctima como cuatrero”.
Para el caso de Isaura Arenas Montoya, ama de casa y dedicada a oficios varios, asesinada a golpes el 8 de marzo de 1997 en el patio de su casa, la fiscal retomó la confesión del ex paramilitar y dijo que “señala Rodrigo Pérez Alzate que esta muerte obedeció a los señalamientos que se le hacían como integrante de una banda conocida como Los Escorpiones y propietaria de una plaza de vicio”.
Similar justificación se dio en el caso de Alberto Zapata Patiño, estudiante del Liceo San Luis y trabajador del relleno sanitario de la localidad, asesinado el 30 de mayo de 1997: “Rodrigo Pérez Alzate confiesa la muerte por cuanto la víctima era integrante de la banda Los Escorpiones, dedicada al asalto de buses y a la piratería terrestre”.
Un caso más que indignó a Magdalena fue el del asesinato de José Paternina Ruíz y Jorge Castaño, ocurrida el 31 de mayo de 1997. Ambos viajaban del municipio de Medellín con destino a los Llanos de Cuivá, a bordo de un bus de servicio público afiliado a la empresa Coonorte. En el camino fueron retenidos por hombres armados y asesinados minutos más tarde.
Según la fiscal, “Rodrigo Pérez Alzate confiesa que ordena darle muerte a los señores Paternina y Castaño pues reciben información que ambos eran simpatizantes y colaboradores del Frente Héroes de Anorí del Eln”.
Para Magdalena, “con esta manera de presentar los casos, las víctimas de Yarumal quedaron estigmatizadas de que eran de la guerrilla, drogadictos, que eran de todo. Nadie hizo alusión a que eran inocentes”. Y expuso el caso de José Paternina Ruíz y Jorge Castaño, de quienes sabe porque en el grupo de mujeres que lidera hay familiares de ambos: “ellos no eran colaboradores de la guerrilla, lo que se dijo es falso”.
Al respecto, un abogado que representa a varias víctimas, quien pidió la reserva de su nombre, coincidió con los cuestionamientos de Magdalena y aseveró que la ley de Justicia y Paz “tuvo un origen político y fue elaborada con demasiada prisa”. A su juicio, “no busca soluciones que efectivamente lleven a encontrar la verdad real”. Y una de sus falencias, según el jurista, “es que no se ahonda en la caracterización de las víctimas, por eso se da una doble victimización”.
Luego de presenciar la imputación de cargos, a Magdalena no le quedó la menor duda que la falta de equilibrio en este tipo de audiencias, en las que no se referencian las versiones de los familiares de las víctimas, es una de las grandes debilidades de la ley de Justicia y Paz: “nosotras estamos en un segundo plano y en desventaja”, dijo y abandonó con prisa la sala de audiencias.
