Según la investigación que la Fiscalía presentó al Tribunal de Justicia y Paz el Estado reparó a falsas víctimas. Pero confirmó diez asesinatos e investiga 16 más.
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Un grupo paramilitar conformado por 89 hombres provenientes de Urabá y otros oriundos de los Llanos Orientales, se tomaron por cinco días al poblado de Mapiripán y sometieron a sus habitantes al terror . Foto: VerdadAbierta.com.
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Durante una audiencia de imputación parcial de cargos contra nueve ex paramilitares por su responsabilidad en esta masacre, la Fiscalía 30 de Justicia y Paz presentó su versión sobre cómo fueron los hechos en los que un grupo de 89 hombres de las Auc se tomó el casco urbano de Mapiripán durante cinco días y atacó a la población civil.
En la audiencia, ese despacho judicial presentó los avances de su investigación, en los que hasta la fecha, ha documentado diez casos de personas que perdieron la vida en manos de los paramilitares, para que el magistrado dé inicio al proceso de judicialización de los ahora postulados al proceso de justicia transicional.
Esto no significaque el número total de víctimas se reduzca a esa cifra, debido a que a la investigación sigue abierta y los casos que la Fiscalía logre documentar durante el transcurso del tiempo, serán presentados en una nueva audiencia ante los magistrados.
Además, la audiencia de imputación de cargos tan sólo es la primera de las cinco etapas que deben cursar los casos en Justicia y Paz para que la Sala de Conocimiento dicte condena contra los paramilitares y ordene la reparación de las víctimas.
Sobre esta masacre varias organizaciones no gubernamentales, asociaciones de víctimas y los sobrevivientes han dicho que los paramilitares asesinaron y desaparecieron a por lo menos 49 personas. Varias de ellas fueron ultimadas con disparos de fusil, degolladas, desmembradas y arrojadas al río Guaviare.
Por esos hechos y por esa cantidad de víctimas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) recibió una demanda contra el Estado colombiano y el 7 de marzo de 2005 lo condenó por acción y omisión, y ordenó la reparación de varios sobrevivientes de la masacre.
Al respecto, la fiscal General de la Nación, Viviane Morales, explicó en la noche de este miércoles durante una rueda de prensa que luego de escuchar a víctimas, victimarios y de cruzar información, la Unidad de Justicia y Paz tiene “perfectamente establecidos y documentados seis homicidios, cuatro desapariciones forzadas y tres secuestros”.
La fiscal Morales agregó que la Cidh condenó al Estado colombiano por 26 homicidios, una cifra que contrasta enormemente con los diez casos que hasta el momento documentó Justicia y Paz, si se suman los asesinatos y las desapariciones. “De las víctimas que se mencionaron para condenar al Estado colombiano, tenemos claro que hay nueve que no murieron en Mapiripán. Unos están vivos y otros murieron en otras circunstancias, o bien habían muerto antes del ataque de Mapiripán, o después”, señaló.
La jefe de la Fiscalía fue enfática en negar que con los hallazgos de la Unidad de Justicia y Paz se pretenda descalificar la gravedad de los hechos que cometieron las Auc en ese municipio de Meta. “Aquí no estamos diciendo que no existió (la masacre de) Mapiripán, aquí no estamos diciendo que no se cometieron hechos gravísimos. Esta es una masacre que nos avergüenza como colombianos y que avergüenza al Estado. Aquí lo que pasa es que el número de las víctimas de las cuales se hablaban no corresponde a la realidad”, aclaró.
Además de la condena de la justicia internacional, por esta masacre la justicia nacional también tomó cartas en el asunto y condenó a varios integrantes de las Auc y a cinco miembros del Ejército por su responsabilidad en este crimen, en el que los paramilitares se tomaron como si nada al poblado y no fueron combatidos ni perseguidos en ningún momento.
Entre ellos, el militar de mayor rango es el general (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, quien fue sentenciado a 40 años de prisión. Lea el artículo ‘La justicia en Mapiripán’, para conocer quiénes más han sido condenados y procesados por estos crímenes.
Las declaraciones de la Fiscal General se dieron a raíz del nuevo rumbo que ha tomado el proceso de la masacre de Mapiripán en Justicia y Paz. Este martes, durante la audiencia que adelanta la Fiscalía 30 en el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, una madre, supuesta víctima de la desaparición de sus dos hijos y la muerte de su esposo, a la que el Estado reparó con 1.700 millones de pesos por orden de la Cidh a ella y su familia, declaró que sus hijos están vivos.
La señora, confesó ante la magistrada que ni siquiera vivía en Mapiripán cuando sucedieron los hechos y que ni su marido ni sus hijos fueron víctimas en esa incursión paramilitar. Como este caso, la Fiscalía de Justicia y Paz afirma que ha documentado tres más en los que el Estado reparó por muertes y desapariciones que no ocurrieron. Además, investiga siete casos más de este tipo.
Según la supuesta falsa víctima, fue convencida por otra persona para que se hiciera pasar como víctima de Mapiripán, pese a que vivía en el apartado corregimiento de Juan Rey, su esposo fue asesinado por la guerrilla antes de 1997 y uno de sus hijos que creía desaparecido estuvo en la guerrilla desde 1995 hasta 2008.
La magistrada que preside esta audiencia que termina el día de hoy, Teresa Ruiz, compulsó copias y ordenó investigar en la jurisdicción de la justicia ordinaria los casos de personas que supuestamente aparentaron ser víctimas de esta masacre de las Auc.
En su decisión, la magistrada Ruiz también ordenó enviar copia de la investigación -cuando termine-, a la Cancillería para que comunique a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre las posibles irregularidades en el listado de víctimas reconocidas.
Igualmente, ordenó pedir a la Procuraduría y a la Contraloría que investigue a posibles funcionarios y demás entidades que intervinieron en la identificación de víctimas y avalaron los daños y perjuicios ocasionados. Por último, solicitó al Ministerio de Defensa que suspenda los pagos establecidos por la masacre de 1997.
El total de víctimas y el objetivo de la incursión
Además de las pruebas y de los indicios de que varias personas se colaron como víctimas de la masacre de Mapiripán, la Fiscalía expuso que hasta el momento ha podido documentar que las víctimas de esa incursión paramilitar, por homicidio y desaparición, son diez y trata de esclarecer 16 más. Esta afirmación se derivó de las versiones libres que realizó con diferentes ex paramilitares postulados al proceso de justicia transicional y sus respectivas verificaciones de trabajo de campo.
Para la Fiscalía, entre el 12 y el 22 de julio de 1997, los paramilitares asesinaron a seis personas, desaparecieron a cuatro más, hicieron tres secuestros y tiene registrados hasta la fecha 68 casos de desplazamiento. No obstante, la investigación aún continúa para esclarecer el total de los casos de personas que perdieron la vida en esa incursión de las Auc, los cuales, de hallarse, serán presentados posteriormente ante los magistrados de Justicia y Paz.
La Unidad de Justicia y Paz también aportó el testimonio de varios ex paramilitares que participaron en la masacre, en el que indicaron que el objetivo de ellos no era la comunidad de Mapiripán, sino Caño Jabón, un corregimiento cocalero de ese municipio de Meta.
Para los paramilitares Caño Jabón era el “pulmón financiero a la guerrilla y que tenían la orden de acabarlo”. Por esta razón, los hombres de las Auc que llegaron desde Urabá en aviones de la fuerza pública a los Llanos Orientales, tenían como objetivo a esa población y no al pueblo de Mapiripán en el que asesinaron, desaparecieron y secuestraron.
“Cuando estamos en Charras, al tener información de que la guerrilla estaba en uno de los lugares por los que íbamos a pasar, alias ‘Bola de Cacao’ y ‘Otoniel’ dicen que hay que avisar. Yo tenía el número de Carlos Castaño, no contestó. Y ‘Bola de Cacao’ tiene el número de Vicente. Él nos dice que nos desviáramos a Mapiripán. Se empieza a viajar hacía allá, sabiendo que el objetivo principal ya no se podía realizar”. Esta fue una de las declaraciones que dio a la Fiscalía Agustín Sánchez Mejía, alias ‘El Político’, y que fue publicada por el diario El Tiempo.
La Fiscalía también presentó un fragmento de la versión libre de alias ‘Carecuchillo’, quien fue el guía de los paramilitares en Meta en varias masacres y era hermano de Pedro Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo’, el jefe paramilitar de Guaviare que no se desmovilizó y que murió en un operativo de la Policía el pasado mes de diciembre por ser jefe de la banda criminal Erpac.
“El señor Castaño, cuando nos reunió a los siete (en Urabá), nos preguntó que cuál era el centro de la guerrilla. Él ya tenía información de la zona y decía que el pueblo de la guerrilla era Caño Jabón”, dijo ‘Carecuchillo’.
De acuerdo por lo investigado en Justicia y Paz, los paramilitares sólo pudieron cumplir su objetivo de llegar a Caño Jabón el 4 de mayo de 1998, cuando asesinaron a 27 personas más. Vea aquí la historia que publicó VerdadAbierta.com sobre esta masacre.
Lo que es cierto es que los paramilitares sí incursionaron en Mapiripán y además de masacrar a varios pobladores, desplazaron a una comunidad entera, pero además siguieron en la zona cometiendo crímenes asesinatos selectivos y masacres como las de Caño Jabón y Caño Sibao, en complicidad con miembros de la Fuerza Pública.
Ahora le toca a la Fiscalía contar ante los magistrados de Justicia y Paz lo que verdaderamente ocurrió en esa región, cuya investigación debe esclarecer los crímenes que durante tanto tiempo estaban en la impunidad.
Pero además, en dicho proceso, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía también tiene que denunciar a quienes pasándose por víctimas, intentaron defraudar al Estado colombiano.
