Ni la formalización de títulos, ni las zonas de reserva campesina, ni el fondo de tierras que contemplan los acuerdos serán tan difíciles de implementar como el catastro rural.
Uno de los temas más complejos es el de desarrollo rural, que lleva décadas sin ser resuelto. Foto: VerdadAbierta.com.La senadora Claudia López levantó una polvareda cuando dijo, al conocer el contenido de los acuerdos, que en Colombia nos hemos matado durante 60 años por un catastro rural. Aunque su apunte sonó exagerado, es cierto que en el país no hay suficiente información sobre quiénes son los dueños de las tierras y cómo están siendo utilizadas.
“Esa dejadez del Estado para formalizar la propiedad ha sido el acicate de la mala apropiación de la tierra, el despojo y el desplazamiento”, asegura Carlos Salgado, director de la organización Planeta Paz.
El gobierno y las Farc son conscientes de ello y por eso el primero de los seis puntos de la agenda de negociaciones fue el de tierras. “Una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el adecuado uso de la tierra de acuerdo a su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma”, reza el borrador del acuerdo (lea sobre las reformas rurales que se han intentado hasta ahora).
Es ahí precisamente donde está una de las mayores dificultades. Colombia no está usando su tierra de una manera adecuada. La ganadería debería ocupar 15 millones de hectáreas y actualmente tiene 35 millones, mientras que la agricultura tiene un potencial de 22 millones de hectáreas y sólo utiliza 5 millones. Así lo aseguró Juan Antonio Escalante, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), entidad encargada de hacer el mapa y la cartografía del país, al hacer una evaluación sobre el tema.
En cuanto a formalización, el país se raja. “Los estudios más confiables indican que entre un 40 y un 50 por ciento de los predios que se explotan en Colombia son informales. Es decir, quienes los trabajan, solo tienen títulos precarios”, explica el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo.
Esa precariedad de la que habla Restrepo pasa por no poseer escrituras de los predios debidamente registrados ante las oficinas estatales, no oficializar ante notarías las transacciones comerciales y mantener una tradición sustentada en promesas de compraventa.
El Estado ni siquiera conoce cuántas hectáreas tiene de baldíos y la gravedad de ello es que esa será una fuente fundamental para el Fondo de Tierras ante una eventual firma del proceso de paz. A esto se suma que la mayoría de los predios públicos y privados no están delimitados con precisión pues cerca del 60 por ciento del catastro rural está desactualizado y un 10 por ciento de las tierras ni siquiera lo tiene. El economista Salomón Kalmanovitz sostiene que esta es la razón por la que el campo está tan atrasado.
Según cifras del Igac, en 2013 no tenían catastro Amazonas, Vichada, Guainía ni Guaviare y otros departamentos estaban desactualizados casi por completo como Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Arauca y Casanare. En Chocó, Nariño, Putumayo, Caquetá y Vaupés menos de la mitad de los municipios tienen actualizado el catastro.
Como si las cifras no fueran ya alarmantes, el programa de Formalización de Propiedad Rural del Ministerio de Agricultura acepta que “la desactualización real es más alta de lo contabilizado”. (
Si no se conocen quiénes son los dueños de la tierra y cuáles son sus perímetros será muy difícil que funcione el Fondo de Tierras que proponen el gobierno y las Farc para darles territorio “a los trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente”, como está en el acuerdo.
Aunque el gobierno se compromete a actualizar el catastro, no la tendrá nada fácil por los intereses económicos que se juegan. Kalmanovitz explica que al conocerse el tamaño exacto de un territorio, se cobra el predial justo y esto no le conviene a los dueños de grandes extensiones de tierras.
“Hoy, los latifundistas deberían pagar la tasa máxima de impuestos pero eso no sucede y pagan igual que un minifundio porque tienen influencia en los Consejos de cada municipio”, asegura Kalmanovitz y agrega que todo está secundado por la debilidad estatal frente a los ricos y a los terratenientes, especialmente en lo local.
Este experto economista propone que el predial lo cobre la DIAN y no el Municipio, como sucede actualmente. Es allí donde está todo el poder pues también es el Municipio quien solicita y le paga al Igac la actualización del catastro. Debido al atraso que hay en esa materia, se están perdiendo alrededor de 1,5 billones de pesos de predial, según cálculos del Igac.
Más allá de las cifras y los impuestos, lo que le preocupa a Carlos Salgado es que el tema de los latifundios no está detallado en el borrador del acuerdo de La Habana. “Por más que ahí se diga que el Fondo de Tierras saldrá de X lugar, eso no alcanzará si no se tocan las tierras que están mal usadas, que es lo que pasa con muchos latifundios”.
El otro punto en el que se verá la capacidad de maniobra del gobierno será en la institucionalidad agraria, que en palabras de Kalmanovitz estuvo “podrida” durante los gobiernos de Álvaro Uribe y estática en el primer mandato de Juan Manuel Santos, “que no vi que hiciera nada por recuperarla”.
Según los expertos, la labor del Estado deberá enfocarse en los territorios y más que leyes se necesita una voluntad política.
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