Durante más de una década, la relación de Colombia con Estados Unidos ha estado íntimamente ligada a las fumigaciones aéreas y a la extradición de personas involucradas en delitos asociados al narcotráfico. ¿Cambiará esta política si se firma un acuerdo con la guerrilla?
Si bien hay una reducción de los cultivos de hoja de coca, aún está por establecerse el mejor mecanismo para su eliminación total. Foto: VerdadAbierta.com.Desde que se comenzó a discutir el tercer punto de la agenda del proceso de paz, que trata el problema de las drogas ilícitas, dos preguntas rodearon las negociaciones: la primera era cómo podría cambiar la relación Estados Unidos con Colombia, que ha sido principalmente por la lucha al narcotráfico; y la segunda, si las Farc hablarían sinceramente sobre su involucramiento en esta actividad ilegal.
Mientras en La Habana se discutíaeste tema, en Washington el entonces congresista y ahora ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, puso sobre la mesa la reestructuración del Plan Colombia, que opera desde hace 14 años. Él dijo que los recursos que Estados Unidos invierten para combatir el narcotráfico, que este año fueron 320 millones de dólares, debieran destinarse a fortalecer el tejido social y la justicia. Algo así como un Plan Colombia pensado para el posconflicto.
La idea no terminaba de calar cuando en mayo se conoció que el gobierno colombiano aceptó que la fumigación será el último recurso para erradicar cultivos, pues primero se acordará con los campesinos. (Descargue el texto del acuerdo en PDF)
Según Adam Isacson, director del programa de seguridad regional de la Oficina de Washington sobre Latinoamérica (Wola, por sus siglas en inglés) esto generó muchas molestias en el país del norte, que tarde o temprano perderá la pelea de utilizar glifosatos.
“Si Juan Manuel Santos permite que los aviones fumigadores vuelvan a volar después de firmar en La Habana, sería admitir el fracaso porque significa que los acuerdos no se cumplieron”, aclara Isacson.
Además, porque diferentes estudios señalan que las aspersiones no funcionan por los costos financieros (para eliminar una hectárea de coca hay que fumigar 32), ni por los daños al medio ambiente, la salud y la confianza hacia el Estado. Así lo señala Daniel Mejía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas.
Las fumigaciones aéreas se han reducido, al igual que los cultivos de coca y la erradicación manual. En 2001, en Colombia había más de 140.000 hectáreas sembradas con esa planta y para 2013 eran 48.000 hectáreas, el 56 por ciento de ellas en Nariño, Norte de Santander y Putumayo, según la última medición realizada por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos adscrito a la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNDOC).
Cifras de este sistema indican que en 2001se asperjaron 90.000 hectáreas. Las fumigaciones aéreas tuvieron su máximo pico en 2006, con 172.000 hectáreas, y desde entonces han decaído hasta llegar a 47.000 hectáreas en 2013.
El mismo fenómeno ocurrió con la erradicación manual forzada, que pasó de poco más de 90.000 hectáreas en 2008 y llegó a 22.000 el año pasado.
En algunas regiones del país esas erradicaciones han estado acompañadas por programas de desarrollo alternativo liderados por Naciones Unidas (ONU) y entidades gubernamentales de carácter nacional y regional, que consiste en financiación y acompañamiento técnico a campesinos que dejaron la siembra de hoja de coca y sustituyeron con cultivos legales, entre ellos caucho y cacao.
Pero Mejía, quien ha estudiado el tema, sostiene que esos programas suenan muy bien en la teoría pero en realidad han sido mal implementados. La razón es que en muchas ocasiones les dan los recursos y el apoyo técnico a los campesinos, pero luego los dejan solos.
Sobre el otro punto esperado en el acuerdo, la guerrilla terminó hablando en tercera persona respecto al narcotráfico y con la premisa de que todo está “asociado al delito de rebelión”.
”Algunos de los frentes de las Farc están implicados desde los cultivos hasta las redes de tráfico y ellos no lo pueden negar. El Bloque Sur por ejemplo está untado hasta los tuétanos y trabaja con el Cartel de Sinaloa”, aseveró Mejía.
Convencer a sectores de las Farc que dejen un negocio tan rentable y esperar que el Estado ocupe esos territorios con institucionalidad fuerte son los retos sustanciales en este tema en las negociaciones en La Habana.
“El posconflicto puede ser más violento que el conflicto pues habrán fuertes batallas entre bacrim y el ELN para llenar esos espacios”, estima Isacson.
La organización InSight Crime, que ha estudiado desde hace cuatro años el crimen organizado en América Latina y el Caribe, realizó un estudio en el 2013 sobre la posibilidad de que los frentes de las Farc no dejaran el narcotráfico. Esta actividad le dejaría a la guerrilla entre 500 y 1.000 millones de dólares anuales.
“Las Farc son quizá el movimiento insurgente más rico del mundo” y su mayor ingreso es el narcotráfico según InSight Crime.
En ese mismo estudio se plantea que los bloques de las Farc con mayor posibilidad de criminalizarse son el Noroccidental (que ya tiene indicios de relaciones con los ‘Rastrojos’, ‘Urabeños’ y la llamada ‘Oficina de Envigado’), el Sur (del que se dice que puede tener vínculos con el Cartel de Sinaloa) y el Oriental (en donde el frente 16 fue el pionero de esa guerrilla en exportación de cocaína).
Una de las dudas que deja el acuerdo en este punto es qué podría pasar con las solicitudes de extradición emitidas por la justicia estadounidense contra comandantes y guerrilleros de todos los niveles involucrados en narcotráfico
En el caso del proceso con los paramilitares, este punto todavía no está resuelto. Si bien la Corte Suprema de Justicia estableció que un paramilitar juzgado por narcotráfico no era propiamente un narcotraficante pues las drogas han sido un “combustible” para la guerra en el país, otra cosa piensa Estados Unidos en sus juzgados. (Lea: Exparamilitares podrán ser juzgados por narcotráfico en Justicia y Paz)
Así se refleja en el caso de alias ‘Julián Bolívar’ pues la Corte Federal de La Florida pidió su detención para extraditarlo días antes de que él presentara su solicitud de libertad. (Lea: Solicitud de extradición enreda libertad de alias ‘Julián Bolívar’)
Mejía dice que este será un punto difícil en el caso de la guerrilla porque no cree que Estados Unidos esté dispuesto a tumbar los pedidos de extradición y porque las Farc realmente no tienen garantías de que no sucederá.
“La frase de ‘asociado todo al delito de rebelión’ que está en el acuerdo puede estar relacionada con la extradición pero no estoy seguro de que eso modifique el proceso contra las Farc en EE. UU”, asevera Mejía.
A la fuerza de algunos bloques de la guerrilla en narcotráfico se suma la debilidad del Estado para ocupar los espacios que puedan dejar y su ausencia en muchos lugares del país por considerar que no hay un potencial económico, medido en la producción del municipio o departamento; ni político, por los pocos habitantes que tienen habilitados para votar, como aseguran los expertos consultados por VerdadAbierta.com
Es por eso que Isacson califica como difícil que el Estado llegue a todos los rincones y considera que en vez de eso habrá una cooperación internacional de agencias como la ONU o la OEA. Por su parte, Mejía cree que el discurso de La Habana está dirigido al ‘aplausómetro’ internacional mientras que las acciones van en otra dirección.
Además, sostiene que hablar de consumo en el acuerdo ya no en términos punitivos sino sociales es un “saludo a la bandera”, pues las Farc no tienen nada que ver en el tema, que es originalmente un problema de salud pública.
En lo que Mejía sí es más optimista es en el desarrollo alternativo propuesto en el acuerdo, que plantea un acompañamiento al campesino para que no sea sólo acabar con la mata de coca sino ayudarlo en otra clase de producción agraria de la que pueda vivir dignamente.
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