En un país acostumbrado a señalar al opositor solo por ser diferente ideológicamente, los mayores riesgos están en la falta de garantías y la mentalidad cerrada frente a la pluralidad.
En Colombia se ha impuesto la intolerancia política contra partidos y movimientos de izquierda. Foto: Agencia de prensa IPC.Con el fantasma del genocidio de la Unión Patriótica (UP) a las espaldas, el asesinato de más de 60 miembros de Marcha Patriótica desde que se fundó el movimiento, hace dos años, y con una democracia impedida por las constantes estigmatizaciones, las Farc buscan su trampolín para entrar a la política.
La principal preocupación que se muestra en los acuerdos son las garantías de los partidos y movimientos de oposición, especialmente de los que resulten de este proceso de paz. El gobierno y la guerrilla acordaron crear un estatuto para la oposición, un sistema de seguridad para ejercer la política y toda una serie de mecanismos para intentar proteger a los nuevos opositores.
Pero la historia de Colombia demuestra que esto no será nada fácil. En los primeros cinco años del único experimento que ha tenido la guerrilla para participar en política fueron asesinados dos candidatos presidenciales, 13 parlamentarios, 70 concejales, 11 alcaldes y cientos de militantes. En esa misma época, el hoy jefe del equipo negociador de las Farc, Iván Márquez, alcanzó a ser concejal y representante por la UP, pero dejó la política para retomar las armas. Una década después, en 2004, este movimiento perdió su personería jurídica a causa del genocidio en el que cayeron cerca de 3.000 miembros del partido.
Pero la UP no fue la única en estar en la mira. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) asegura en su informe ‘Hacer la guerra, matar la política’, publicado este año, que por lo menos 2.018 militantes políticos fueron asesinados entre 1958 y 2010. El 53 por ciento de esas personas pertenecían a partidos de izquierda; el 26 por ciento al Liberal y Conservador; y el 16 por ciento a movimientos conformados tras la desmovilización de las guerrillas.
Además, en las últimas tres décadas han sido asesinados por lo menos 175 alcaldes, 28 diputados, tres gobernadores, 543 concejales y 16 congresistas, sin contar a los funcionarios secuestrados que serían casi 900 según cálculos del CNMH .
¿Cómo harán entonces para proteger a los nuevos políticos, especialmente cuando la Unidad Nacional de Protección necesita ahorrar 65.000 millones de pesos en 2015, que significan una reducción del 30 por ciento del esquema de seguridad de los protegidos?
Fernán González, investigador del Cinep, cree que la solución depende directamente de las autoridades locales. “Si uno mira las masacres, casi el 90 por ciento ocurrieron en veredas. Aun suponiendo que se quiere proteger a la oposición, es difícil que se logre”, afirmó.
El poder de la región es algo que tienen claro el gobierno y las Farc. Por ello, en el acuerdo se pactó la creación de unas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, para que partidos o movimientos que no estén representados en el Congreso puedan elegir representantes a la Cámara. En otras palabras, si bien es un mecanismo que sirve a diferentes organizaciones, está previsto como la pista de entrada de las Farc a la política con unpoder desde lo local.
Sin embargo, esto y lo de la eliminación del umbral electoral para conservar la personería jurídica, son sólo propuestas de forma que según González no solucionan el problema de fondo: la ausencia del Estado en lo local. En cerca de 5.000 corregimientos del país las autoridades son difusas y en casi 50.000 veredas el Estado no ha existido más allá de los gamonales y de la Fuerza Pública.
“Si el presidente dice pero los locales desconfían y las autoridades no implementan los acuerdos, se dará la combinación perfecta para el desastre, que es un poco lo que pasó con la UP”, afirma González.
Más que seguridad se necesitará todo un plan de participación como lo prueban las experiencias del M- 19, el EPL, el Movimiento Armado Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y otros grupos que se convirtieron en la Alianza Demorática M-19 o apoyaron la Alianza Social Indígena en la década de los noventa.
Sus plataformas políticas fracasaron, en parte, porque el desarme “no implicaba cambios sustanciales en la vida nacional” a pesar de la creación de la Constitución Política de 1991, como lo explica el hoy concejal Antonio Sanguino en su texto ‘Reinserción y posconflicto’.
Esa participación no depende únicamente de que los partidos se organicen sino que otros grupos los respeten y esto no ha pasado en otras ocasiones. Entre 1980 y 1990 se produjo cierta apertura en la democracia por la descentralización política y administrativa, las elecciones populares de alcaldes y gobernadores y la negociación de políticas de paz que sucedieron en ese momento.
La consecuencia fue muy diferente a la apertura que querían y, en cambio, recibieron amenazas y actos criminales de todos los bandos: por parte de los poderes regionales o locales que sintieron amenazado su poder, por las guerrilleras que lo consideraron un desafío a su deslegitimación del Estado, por la Fuerza Pública que lo creyó una amenaza comunista y por los paramilitares que se vieron obstruidos en su expansión, como señala el informe “¡Basta ya!” del CNMH.
Hubo “pérdida de la pluralidad política” y “se impidió el desarrollo de la democracia”, que se limitó a las votaciones. Como si fuera poco, ni siquiera éstas se salvaron de caer en las manipulaciones por parte de diferentes grupos, legales e ilegales.
“La guerra no era una forma de la política […] sino la negación y la muerte de la política”, concluye el Centro de Memoria Histórica.
¿Cómo puede el proceso de paz y el acuerdo cambiar esa mentalidad histórica? El magistrado y excandidato presidencial Carlos Gaviria cree que la mejor vía es la pedagogía: “Hay que persuadir a la sociedad colombiana de que tiene que acostumbrarse a que los hoy guerrilleros mañana sean políticos y hagan política limpia”.
El problema es que no se ha hecho ese trabajo ni por parte del gobierno, ni de los partidos ni de la sociedad civil. “Existe una reticencia, aun cuando no se confiese. Está en cualquier partido político, incluyendo los de izquierda que han tratado de desmarcarse de la lucha armada para no ser satanizados”, opina Gaviria.
Otro riesgo está en que reductos de la guerrilla no se desmovilicen sino que pasen a engrosar la lista de otros grupos armados ilegales y continúen delinquiendo. La mayor amenaza actualmente son las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidos también como ‘Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’, organización que es comandada por Dairo Antonio Úsuga, un ex miembro del Epl que luego de dejar esa guerrilla se incorporó a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y tras la desmovilización colectiva de éstas pasó a formar parte de la jefatura de los ‘Urabeños’.
González añade que otro punto a resolver será la educación política de los desmovilizados, acostumbrados a solucionar los problemas con armas. ¿Cómo actuarán frente a sus opositores? ¿Qué tanto éxito tendrá la posible reincorporación de las Farc en la sociedad y en la política?
Esto es lo que se juegan los dos grupos negociadores de la mesa en La Habana. Ellos mismos dicen que allá sólo negocian el ‘qué’, pues el ‘cómo’ lo define la sociedad en Colombia. Pero esa no es una pregunta fácil de resolver pues, como lo muestra la historia, hasta el momento no se ha encontrado una solución.
Haga clic en las imágenes para leer los análisis de los tres temas acordados en Cuba
