El presidente Iván Duque incluyó en sus primeros días de gobierno una visita al puerto nariñense sobre el Pacífico para realizar allí un consejo de seguridad y evaluar la difícil situación que viven sus pobladores urbanos y rurales en materia de orden público, donde se registra una fuerte influencia de agentes del cartel de Sinaloa, de México.
“Se le acabó la guachafita a ‘Guacho”, aseveró el jefe de Estado tras su llegada a Tumaco donde persiste una de las más críticas crisis humanitaria del país debido a la confrontación que libran desde el año pasado estructuras armadas surgidas luego del proceso de dejación de armas de las Farc, pero también donde hay presencia de agentes de carteles de México, enrareciendo el ambiente.
Se trató de la tercera visita oficial realizada por Duque Márquez luego de su posesión presidencial el pasado 7 de agosto (después de San Andrés y el Catatumbo). Y si bien enfatizó que “estaba cumpliendo una promesa hecha durante mi campaña”, la realidad que vive este puerto sobre el Pacífico nariñense amerita la atención urgente del nuevo gobierno.
Uno de sus principales propósitos de esta visita fue analizar la compleja situación de orden público que padecen tanto Tumaco como los nueve municipios más que conforman la subregión de la Costa Pacífica Nariñense en compañía de funcionarios del Alto Gobierno como el ministro de Defensa, Guillermo Botero; el director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto; el comandante de las Fuerzas Militares, general José Alberto Mejía; y el comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, general José Hoyos, entre otros.
Al término del consejo de seguridad, el presidente Duque destacó resultados de operaciones militares como la incautación de artefactos explosivos y material de guerra efectuado por tropas adscritas a la Fuerza de Tarea Hércules. También declaró haber dado instrucciones al alto mando militar “para que se refuercen las acciones disuasivas que nos permitan desarticular estas estructuras armadas”, a su vez que se comprometió a presentar “resultados muy precisos” en los próximos 180 días.
Aunque no entregó mayores detalles sobre cuáles serán esos resultados, en Tumaco todos esperan que las acciones ordenadas por el gobierno nacional ayuden a reducir la ola de asesinatos que hoy ubican a esta localidad como una de las más violentas del país. Las cifras al respecto son dicientes: según la Secretaría de Gobierno de Nariño, entre enero y julio de este año se registraron 148 homicidios mientras que en el mismo periodo del año pasado se contabilizaron 95.
Pero ese no es el único flagelo que azota con fuerza por estos días a Tumaco. Tanto la Personería como la Defensoría del Pueblo estiman que unas 300 personas de los barrios Viento Libre, Nuevo Milenio, La Paz y Panamá han tenido que abandonar sus viviendas en los últimos dos meses debido, entre otros, a las amenazas proferidas por los grupos armados y el miedo generado por los enfrentamientos que tienen lugar casi a diario en estos asentamientos palafíticos y donde son utilizados explosivos artesanales, granadas de fragmentación y armas de largo alcance. (Leer más en: Continúa preocupación por la violencia en Tumaco y La barbarie se ensaña contra Tumaco)
A este complejo escenario se suman otros delitos como la extorsión, la violencia sexual contra las mujeres, la vinculación y utilización de menores de edad por parte de los actores armados y la desaparición forzada, flagelos que se cuentan en voz baja entre los pobladores pero que nadie se atreve a poner en conocimiento de las autoridades. “Lo que nos cuentan las comunidades es que estás cosas vienen ocurriendo, particularmente la desaparición forzada. Pero el miedo y la desconfianza de la gente a denunciar es enorme”, sostiene Anni Castillo, personera de Tumaco. (Leer más en: En búsqueda de ‘casas de pique’ en Tumaco, Fiscalía está cometiendo errores)
Paradójicamente, todo lo anterior ocurre en un contexto de fuerte militarización. El 12 de enero de este año, el gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, puso en marcha la Campaña Policiva-Militar Plan Atlas, en la que participan la Fuerza de Tarea Hércules, que articula 9.800 soldados del Ejército, la Armada y la Fuera Aérea; y el Comando Especial de Policía para el Pacífico Sur, que cuenta con 1.300 uniformados.
Según el general John Aroca, director del Comando Especial de Policía para el Pacífico Sur, “Tumaco es la población del país más densamente cubierta por miembros de la fuerza pública”; es decir, el mayor número de policías y militares presentes por cantidad de habitantes. Con todo y ello, la pregunta que los tumaqueños se formulan es: ¿y entonces, porque han subido tanto los homicidios a pesar de la presencia de tanto Policía y tanto militar?
“Si miramos las cifras fríamente, pues sí hay un incremento enorme. Pero hay que entender el contexto”, responde el general Aroca: “el año pasado estábamos en el proceso de paz, estábamos contando la gente, (los guerrilleros) que estaban ingresando a las zonas veredales, estábamos viendo quiénes eran y demás. Ahora, hay unos que están rehaciendo sus vidas, pero quedaron otros bandidos que quieren retomar el poder y quieren demostrar quién tiene el poder, quién es el que manda, a punta de bala”.
Factor México
Si bien todos los reflectores de las autoridades civiles, militares y de Policía están enfocados en la captura de Walter Patricio Arizala, más conocido como ‘Guacho’, máximo cabecilla del grupo autodenominado Frente Oliver Sinisterra (FOS), conformado por un número estimado de 600 hombres entre disidentes de la Columna Móvil Daniel Aldana y jóvenes reclutados en zonas urbanas y rurales marginales de Tumaco, diversas fuentes consideran que él no es ni el único ni el más peligroso de los actores armados que hoy tienen sumido en el caos, el miedo y la desesperanza a Tumaco.
“Aquí todo mundo habla de ‘Guacho’ como si fuera el único actor, pero nosotros hemos identificado por lo menos seis grupos que se mueven por nuestro territorio, por eso es tan difícil esta situación, porque no sabemos quién es quién”, declara una fuente de la región quien pidió reserva de su nombre. Su versión coincide con lo manifestado por la personera Municipal, Anni Castillo, quien señala que “por lo menos en la parte urbana es difícil hacer un mapeo de los grupos que están delinquiendo, porque hoy pueden ser 10, mañana 11, pasado mañana pueden ser nueve. Es una dinámica muy compleja”.
Diversos testimonios recogidos por VerdadAbierta.com en el puerto tienden a mencionar por lo menos otros tres actores armados que estarían detrás de la conquista armada y violenta de Tumaco. Por un lado está Víctor David Segura, alias ‘David’, actual jefe de las llamadas Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), grupo que terminó acogiendo a las integrantes de las redes de apoyo y de milicias urbanas de la Columna Móvil Daniel Aldana que no fueron reconocidos por las Farc en su momento, así como los integrantes del grupo conocido como ‘La gente del orden’.
Según los análisis del Sistema de Alertas Temprana (SAT) de la Defensoría del Pueblo, consignados en la Alerta Temprana de Inminencia 044-18 de mayo de este año, las GUP han venido experimentando un proceso de fortalecimiento que los ha posicionado como el principal actor armado en el casco urbano del municipio y hacia el norte del río Mira, en los municipios de Roberto Payán, Olaya Herrera y Ricaurte. Desde allí ha buscado expandir sus dominios al corregimiento Llorente y el sector La Guayacana, donde ha protagonizado fuertes combates con la gente de ‘Guacho’.
“En territorio de los resguardos Inda Zabaleta e Inda Guacaray, más hacia el sector norte de la vía al mar, ha tenido influencia la disidencia de las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP). Debido a la disputa entre el FOS y las GUP, los indígenas del resguardo Inda Zabaleta se abstienen de ir a sectores como Caunapí, Llorente y La Guayacana por temor a ser señalados por venir de una zona donde tienen influencia las GUP y ser objeto de retaliaciones por parte de integrantes del FOS”, detalla la Alerta Temprana:
El documento agrega que “caso similar ocurre con indígenas que son de la Guayacana y quieren movilizarse hacia Inda Zabaleta. En Inda Guacaray y resguardo Peña La Alegría, las GUP han ejercido presiones sobre los cabildos, incluso, sus integrantes no han podido ingresar a todos los sectores, además el grupo ilegal ha realizado empadronamientos para cobrar vacunas o ‘cuotas de seguridad’ y a los mismos gobernadores les han exigido dineros”.
Tanto Llorente como la Guayacana son territorios habitados en su mayoría por indígenas del pueblo Awá y, en menor medida, por comunidades negras y campesinas. Allí, en tierras de nativos, de negros y mestizos suena con fuerza el alias de ‘Contador’, de quien se dice es el verdadero ‘patrón’. Aunque recientemente el fiscal Néstor Humberto Martínez declaró que alias ‘Contador’ es quien financia las actividades de narcotráfico en Tumaco, realmente es poco lo que se sabe de él.
Su nombre es un enigma así como sus intenciones en la guerra que se libra en el Pacífico Sur. Las fuentes consultadas por este portal en Tumaco advierten que se trata de un poderoso narcotraficante que estaría financiando grupos en el área urbana y buscando alianzas con otras organizaciones en la zona rural, donde se concentran las más de 23 mil hectáreas de hoja de coca para uso ilícito sembradas en este municipio. (Leer más en: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)
Las versiones indican que alias ‘Contador’ tiene bajo su mando un grupo de por lo menos 150 hombres fuertemente armados, que se mueven principalmente en el corregimiento de Llorente. “Por eso es el miedo de nosotros, porque uno sabe quién se está moviendo por acá. Si es la gente de ‘Guacho’, si son los de ‘David’, si son los de ‘Contador’. Cuando estaban las Farc pues uno sabía que eran ellos y quién era el que mandaba, pero ¿ahora?”, se pregunta uno poblador, quien pidió reserva de su identidad por seguridad.
A todo lo anterior se suma la presencia en tierras tumaqueñas de emisarios de carteles mexicanos, principalmente de Sinaloa, cuya función es coordinar personalmente la producción, almacenaje y exportación de cocaína desde la Costa Pacífica colombiana a las costas mexicanas y centroamericanas. Información suministrada por organismos judiciales indican que, en lo que va corrido del año, han sido capturados en Tumaco cuatro mexicanos, dos guatemaltecos y por lo menos 80 ecuatorianos, sindicados de narcotráfico.
“Ese es el ‘combo’ de trabajo: un mexicano, un guatemalteco y un ecuatoriano. Eso ya lo hemos identificado. Por eso decimos que lo que pasa acá no es un simple problema de disidencias de las Farc que se están peleando rutas de narcotráfico. Aquí tenemos un verdadero problema de crimen transnacional”, señala otro de los consultados. (Leer más en: Disidencias de las Farc: problema en crecimiento)
Seguridad para líderes
La compleja situación de orden público que vive Tumaco actualmente elevó los niveles de riesgo para los líderes sociales, principalmente los gobernadores del pueblo indígena Awá, los representantes de los consejos comunitarios afros y los presidentes de las juntas de acción comunal.
Tal como consignó el SAT de la Defensoría en su Alerta Temprana de Inminencia 048-18, la guerra que libran estructuras armadas en los barrios más vulnerables del municipio ha elevado las presiones y las amenazas a los presidentes de las juntas de acción comunal y “algunos han iniciado el trámite de medidas de protección ante las autoridades competentes”.
En la zona rural la situación es aún más preocupante. La implementación de programas como el Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), acordado en los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc, elevó los niveles de riesgo de los presidentes de consejos comunitarios, así como de los gobernadores indígenas y presidentes de juntas de acción comunal por parte de estructuras como el FOS y la GUP, que se oponen abiertamente a la sustitución. Varios líderes han recibido fuertes amenazas de muerte por incentivar entre sus comunidades este programa.
Quienes han padecido con mayor rigor las presiones de grupos armados que se oponen a la sustitución son los integrantes del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Según reseñó el SAT de la Defensoría, “la participación del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito del Gobierno nacional como el PNIS, mantiene la tensión por la posible reacción que tengan los grupos armados ilegales. La sustitución avanza en los sectores 1, 2 y 5 del Consejo, pero con el aumento de la conflictividad en el territorio, a la fecha de emisión de la presente Alerta Temprana no ha sido posible la verificación por parte de las Oficina Contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas (UNODC) de los avances en la sustitución, debido a las precarias condiciones de seguridad para los funcionarios”.
De acuerdo con la Alerta Temprana de Inminencia 048-18, “debido a la situación de riesgo buena parte de sus consejeros (Alto Mira y Frontera) se encuentran fuera del territorio, e incluso, fuera del municipio de Tumaco. Actualmente la junta de gobierno cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El riesgo se mantiene e incluso puede agravarse por la reconfiguración de los grupos armados ilegales en su territorio, por lo que en el corto plazo no se vislumbra mejoría. También, aunque algunos de los consejeros cuentan con medidas y esquemas de protección individuales, no se ha avanzado lo suficiente por parte de la Unidad Nacional de Protección en la adopción de medidas colectivas de protección”.
La situación para el pueblo indígena Awá también es preocupante. Según voceros de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) consultados por VerdadAbierta.com, a la fecha unos 39 líderes de esta etnia se encuentran amenazados de muerte.
Por su parte, mediante comunicado público emitido en junio pasado, el resguardo Piguambí Palangala denunció amenazas, seguimientos e intimidaciones contra miembros de esta comunidad indígena. Entre ellos se consigna el caso de Juan Enrique Cortés Guanga, escolta de un líder indígena, quien el pasado 31 de mayo fue perseguido por dos hombres motorizados mientras se movilizaba por la vía que desde la comunidad Alto Piguambí (Vaquerio) conduce hasta el casco urbano del corregimiento de Llorente.
“El 9 de junio de 2018, a la altura del Km. 79 de la vía que de Tumaco conduce a Pasto, el compañero Rodrigo Salazar fue abordado por cinco hombres armados, en momentos que visitaba a su señora madre, quienes llegaron en una camioneta KIA y exigieron les entregara la camioneta de esquema asignada por la UNP, a las buenas o a las malas, que, si no, los mataban, a él y al escolta. Se negaron a entregarlo por ser carro de esquema; después regresaron otros dos hombres en una moto y lo intimidaron señalando que estaba informado y que lo van a matar. Se identificaron como gente de alias “Guacho”, según se lee en el comunicado.
“Aquí todos los líderes son estigmatizados y violentados por todos los actores armados, por todos. Si pasa uno, entonces dicen que uno está colaborando con este o aquel otro. Y si entra el Ejército dice que los líderes son colaboradores de este, de aquel otro. Así está la cosa para los líderes aquí en Tumaco”, cuenta Juan David Angulo, principal vocero de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas).
Como se puede observar, las problemáticas que deberá enfrentar el nuevo gobierno en este rincón del Pacífico Sur nariñense no son nada fáciles. Los anuncios hechos por el presidente Duque Márquez al final del consejo de seguridad no ofrecieron mayores pistas a los pobladores sobre el rumbo a seguir. Para los tumaqueños es claro que así capturen a ‘Guacho’ en las próximas semanas, la violencia no desaparecerá.
“Aquí hay una gran deuda social del Estado colombiano con Tumaco. Los jóvenes, ante la falta de oportunidades, se están yendo por su propia iniciativa, para los grupos armados. Entonces, así caiga ‘Guacho’, así capturen a ‘David’, llegará otro a suplir ese vacío y así sucesivamente y la violencia seguirá. Aquí se necesitan otro tipo de soluciones”, asevera Anni Castillo, personera de Tumaco.
* Este reportaje se hizo con aportes de la iniciativa La Liga contra el Silencio, de la que VerdadAbierta.com hace parte.
