Después de manifestarse durante varios días en la vía Panamericana exigiendo el cumplimiento de cinco actas de compromiso, los 41 consejos comunitarios del norte de ese departamento lograron un nuevo acuerdo con el Ejecutivo y suspendieron su movilización. No obstante, ese logro se vio empañado por nuevas intimidaciones contra sus líderes.
Entre el 25 y el 27 de abril las comunidades afro del norte de Cauca expresaron su descontento por los reiterados incumplimientos a los acuerdos que han suscrito con diferentes administraciones nacionales. Foto: Aconc.“No es posible que no hayan pasado ni 12 horas de la reunión que tuvimos con varios viceministros, para que ya nos hubieran amenazado”. Así, con mucho temor, y a la vez con gran decepción, resume Francia Márquez, representante legal del consejo comunitario de La Toma del municipio de Suárez, la movilización que realizaron desde el pasado lunes las comunidades afro del norte de Cauca.
Ese día, cientos de afrodescendientes marcharon alrededor de seis kilómetros entre las veredas Cachimbal y Quinamayó del municipio de Santander de Quilichao, exigiendo el cumplimiento de cinco acuerdos que diferentes gobiernos han firmado con ellos desde 1986, en los que se incluyen diversos temas, pero en los que se destaca la protección de sus territorios ancestrales.
En medio de la movilización las comunidades decidieron entrar en asamblea permanente y sus protestas continuaron durante dos días más en la vía Panamericana, que atraviesa todo el departamento de Cauca, comunicándolo con Valle del Cauca y Nariño. Ante ello, se dieron las ya habituales agresiones del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad), que según registros de las comunidades, afectaron al menos a 26 manifestantes, por disparos de balas de goma y el uso de gases lacrimógenos.
Producto de la manifestación, el pasado miércoles los viceministros del Interior, Minas y Agricultura, se reunieron en la alcaldía de Santander de Quilichao con varios líderes comunitarios, ante la presencia del mandatario local, del gobernador de Cauca, de delegados de la Defensoría del Pueblo y de miembros de Naciones Unidas.
El encuentro terminó en altas horas de la noche con el convenio de que ambas partes conformarán un equipo que revisará los acuerdos y harán un compendio de los compromisos para fijar nuevos plazos de cumplimento. Con ese nuevo acuerdo las comunidades cesaron su manifestación en la Panamericana.
Sin embargo, la dicha duró poco. Hacia las diez de la mañana del día siguiente a Francia le llegó un mensaje de texto a su celular que la llenó zozobra e indignación. El mensaje, que salió de la línea 321 857 07 14, sentencia lo siguiente: “Bueno, llegó la hora de ajustar cuentas con los que se hacen llamar defensores del territorio. Con esos HP de Éduard Mina, Francia Márquez y Jhon Jairo Valverde. Ya sabemos cómo se mueven y la orden es darles de baja para que no se opongan al desarrollo. Se les advirtió y ahora aténganse a las consecuencias. Att: las Bacrim” (el mensaje se reescribe por esta redacción ante las enormes faltas ortográficas). (Leer más en: “¿Para qué sirve que me maten?”)
Al respecto, Francia, quien en septiembre del año pasado ganó el Premio Nacional a los Defensores de Derechos Humanos, resalta los riesgos que tienen los líderes para luchar por el bienestar de sus comunidades: “Es muy complicado. Cuando exigimos garantías y cumplimiento de unos acuerdos, lo primero que aparece son amenazas de las Bacrim, de ‘Los Rastrojos’ o de las ‘Águilas Negras’. ¿Qué hace el gobierno para garantizar los derechos nuestros? Esto es muy complicado, porque cada vez que hay una acción, la respuesta es una amenaza que termina poniendo en riesgo la vida de uno y afecta de manera significativa a los procesos organizativos de las comunidades negras”.
Mientras tanto, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas instó al Estado a “darles a estos defensores protección inmediata y adecuada, e investigar, identificar, juzgar y sancionar a los autores de las acciones en su contra”, y resaltó que los tres amenazados “lideraron el diálogo por parte de los pueblos afrocolombianos en el Norte del Cauca que culminó la noche del 27 de abril”.
Un penoso listado de deudas
Las comunidades denunciaron que hubo “abusos y atropellos” del Esmad durante la movilización. Cuentan que el martes lanzaron gases en tres ocasiones a una escuela en donde los líderes y delegados del gobierno nacional estaban concretando un encuentro final. Foto: Aconc.Víctor Hugo Moreno Mina, representante legal de la Asociación de Consejos Comunitarios de Norte del Cauca (Aconc), explica que las 41 comunidades que componen esa organización decidieron marchar por el incumplimiento de cinco actas y por las agresiones que han recibido sus líderes en los últimos años.
La lista de deudas es larga y parte del Acta del 86. Ésta se firmó con las comunidades afectadas por la construcción de la represa de La Salvajina, en Suárez, entre 1981 y 1985, para instalar una hidroeléctrica y evitar que las crecidas del río Cauca continuaran inundando partes del sur de Valle del Cauca. “De lo incumplido, se reclama con carácter urgente el desarrollo del plan de inversión y el fortalecimiento de la minería artesanal para las comunidades que están alrededor del embalse”, explicó Moreno.
Al acuerdo de La Salvajina le siguió el de la finca San Rafael. Ese predio, ubicado en zona rural de Santander de Quilichao, fue objeto de discordia y disputa entre las comunidades afro e indígenas de la región, porque el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se lo entregó a la comunidad Nasa como parte de la reparación por la masacre de El Nilo, a pesar de ser parte de un consejo comunitario.
Luego de varios enfrentamientos, e incluso de muertos de por medio, las comunidades llegaron a un acuerdo y los indígenas le entregaron San Rafael al consejo de Zanjón de Garrapatero, a cambio de que el gobierno los compensara con otras tierras. Hasta la fecha, los afros reclaman que se les titule colectivamente el predio, como en su momento lo acordaron en 2013. (Leer más en: Un error del gobierno los enfrentó, ahora afros e indígenas se reconciliaron)
El tercer acuerdo se suscribió el 13 de noviembre de 2013, luego de una toma pacífica en la sede del Incoder en Popayán. Ese día el gobierno acordó destinar 25 mil millones para la compra de tierras para los afrodescendientes y aportar 8 mil millones más para proyectos productivos, pero hasta el momento no ha cumplido a cabalidad. “El acuerdo era para ejecutarse en 2014, y hasta el momento se han ejecutado alrededor de 13 mil millones; tampoco se ha cumplido con los proyectos productivos”, indicó el representante de Aconc.
Al año siguiente, tras el colapso de un socavón del que se extraía oro ilegalmente en Santander de Quilichao, en el que quedaron sepultados varios afros, el gobierno hizo otro acuerdo el 7 de mayo. En éste se comprometió a la erradicación de la minería ilegal, a desarrollar un proyecto de minería artesanal y otro productivo para los barequeros que mantenían detrás de las retroexcavadoras. “De ese acuerdo sólo se cumplió con darles ayuda a las familias de las víctimas, pero no se ha cumplido el resto. Recientemente se retomó con el Departamento de Prosperidad Social el proyecto productivo, pero aún está en proceso”, precisó Moreno.
El último fue suscrito en diciembre de 2014, cuando decenas de mujeres marcharon desde Suárez hasta Bogotá e hicieron una toma pacífica de la sede del Ministerio del Interior. En esa ocasión también se adquirieron compromisos en materia de erradicación de la minería ilegal y de protección de los consejos comunitarios. Según cuenta un líder de la región, el punto de la erradicación de la minería ilegal se ha cumplido parcialmente, pues la Fuerza Pública hizo algunos operativos en los que destruyó maquinaria pesada, pero no se fijó un sistema de protección para los líderes que se han opuesto a esa actividad ilícita. Días después arreciaron las amenazas.
Más allá de lo firmado
Jornada de negociación en la Alcaldía de Santander de Quilichao, en la que las dos partes acordaron crear una comisión de seguimiento para los acuerdos de antaño. Foto: hchr.org.co.Las comunidades también piden con ahínco que se garanticeel derecho a la consulta previa y que no se otorguen títulos para la explotación minera en sus territorios. Esa petición ha encontrado eco en la Corte Constitucional con sus autos y fallos de tutela. En su sentencia 345-A de 2010, ordenó la revocatoria de varios títulos que fueron concedidos a particulares en el corregimiento de La Toma.
“Acá nos toca luchar por los derechos de la comunidad negra y contra la minería ilegal y la inconstitucional. La inconstitucional, porque que el gobierno le ha entregado parte de nuestros territorios a empresas multinacionales y a particulares. En La Toma han declarado perturbadores de mala fe a la comunidad, que ha estado en el territorio desde 1636, porque ahora el gobierno está privilegiando el derecho de unos terceros que llegaron hace poco, sobre los derechos ancestrales de la comunidad”, enfatizó Francia.
Además de la explotación minera, la manera como se ha desarrollado el proceso de paz con las Farc en Cuba, despierta temor en las comunidades afro del norte de Cauca. Consideran que han sido relegadas pese a pedir que se escuchen sus necesidades e incertidumbres en la Mesa de Diálogos.
Los afro piden pista en La Habana
“Ante la necesidad de la participación de las comunidades negras en los acuerdo de paz con las Farc y el Eln, la respuesta que nos dan es que ya hay una propuesta para conformar una comisión, pero no tienen en cuenta la solicitudes del Conpa (Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano) y de la Onic (Organización Nacional Indígena de Colombia) para hacer incidencia en los acuerdos, porque la mayoría se van a implementar en nuestros territorios. Como van las cosas, seguramente será sin ningún proceso de consulta previa y sin tener en cuenta los planes de etnodesarrollo de las comunidades negras e indígenas”, explicó Moreno.
Por último, el representante de Aconc pide que el acuerdo que se suscribió en la noche del miércoles por fin se cumpla y que “el gobierno no siga firmando nuevos acuerdos porque la comunidad sale a las calles, que cumpla lo que ya está acordado y que no sea un compromiso para distensionar la situación. Que no sea firmar actas por firmar, sino para avanzar”.
