Les urge participar en el proceso de paz para que los acuerdos tengan un toque étnico y su mayor miedo es que les quiten las tierras que hoy están tituladas a su nombre.
Varios líderes de organizaciones afrodescendientes conversaron con Humberto de la Calle en noviembre del año pasado. Foto: Cortesía de Afrodes.
Nadie se puede reunir con las Farc sin autorización del Gobierno y a quien lo haga, le abren una investigación judicial. Así lo comunicó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el pasado 10 de febrero, justo después de que el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro viajara a hablar con la guerrilla sobre la Asamblea Constituyente.
Si bien el debate se centró en las visitas de los políticos, varias organizaciones de afrodescendientes se sintieron aludidos con la advertencia. Desde que inició el proceso de paz, colectivos como la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), el Proceso de Comunidades Negras (PCN) o el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa) han intentado tener una silla en la mesa de negociaciones en La Habana, pero todavía no la consiguen.
Es por eso que por su cuenta estaban armando una comisión étnica, con afros e indígenas, que iría a La Habana. O por lo menos esa era la intención antes de conocer el comunicado. “Siempre pasa lo mismo: hacemos algo, se filtra la información e intentan contener nuestra participación”, aseguró un miembro de la Autoridad Nacional Afrocolombiana (Anafro), quien pidió la reserva de su nombre.
Los líderes afros aseguran que pese a que se han reunido con Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno en el proceso de paz; no les han dado un cupo en la mesa de diálogos ni les han aceptado la creación de una subcomisión para que todos los acuerdos tengan un enfoque étnico.
VerdadAbierta.com se comunicó con la Oficina del Alto Comisionado para preguntarle si esto era cierto y qué pensaban de las propuestas de los afros respecto al proceso, pero nunca hubo una respuesta.
¿Por qué quieren un puesto en la mesa?
Marino Córdoba (izq) le habló a Santos durante un par de minutos durante la ceremonia de los 15 años del Plan Colombia. Foto: Archivo personal.Las comunidades afro quieren saber los detalles de lo que el Gobierno y las Farc han pactado sobre los Consejos Comunitarios y los Resguardos, territorios que han sido titulados colectivamente a las comunidades afro e indígenas. Su temor apunta a que les quiten esas tierras para llevar campesinos de otras regiones, bajo la figura de Zonas de Reserva Campesina.
“Estamos incluidos, pero no tenemos claridad de cuándo ni de cómo va a ser en concreto la implementación de esos acuerdos en relación a nuestros derechos […] Hay preguntas que queremos sean aclaradas, por ejemplo: ¿cómo es el Fondo de Tierras en relación con las tierras colectivas existentes, con las tierras de asentamientos ancestrales de nuestras comunidades, su pretensión de titulación y la relación de estas con las áreas de reserva campesina?”. Esta fue una de las preguntas que diferentes organizaciones afro le plantearon a Humberto de la Calle en la reunión de noviembre de 2015, según el acta del encuentro.
El mismo archivo asegura que el jefe del equipo del Gobierno les respondió que la aplicación de los acuerdos de paz podría llevar a otros problemas de tierra que se tienen que precaver y que existen varios casos que no se profundizaron en La Habana.
El líder de Anafro, consultado por VerdadAbierta, asegura que una de las regiones donde están pensando hacer Zonas de Reserva Campesina es en Chocó. La pregunta es dónde las harían, pues el 96% de las tierras de ese departamento están ocupadas por 59 Consejos Comunitarios y 120 resguardos, y sólo en el 4% restante viven campesinos, según el Ministerio del Interior.
Hasta ahora, ninguna de las seis Zonas de Reserva Campesina legalmente constituidas, que existen en el país desde 1998, están en Chocó; ni tampoco ha habido intentos de crear una en ese departamento.
Sin embargo, la preocupación se extiende a lo largo de departamento. Freddy*, un líder afro del Bajo Atrato chocoano, opina en un mismo sentido, “no estamos de acuerdo con las Zonas de Reserva Campesina porque no hay dónde hacerlas. Además, si se habla de campesinos es que vienen de otro lado”.
Y es que en el Bajo Atrato chocoano, una subregión del Chocó compuesta por los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, hay 20 Consejos Comunitarios titulados por el Incoder y 11 resguardos indígenas. Allí ya ha habido conflictos por la tierra entre campesinos, afros e industrias madereras y de palma. (Lea ‘Campesinos y afros se enfrentan por la tierra en Riosucio’).
En esta subregión, además, hay presencia distintos grupos armados que pueden poner el peligro una futura desmovilización de las Farc. “Si a eso le sumamos los otros grupos que están haciendo fechorías y el riesgo de que ellos maten a los que se desmovilicen, quizá se vuelva a dañar esto”, dice Freddy.
Él sostiene que varios de los paramilitares del extinto Bloque Élmer Cárdenas, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), jamás se desmovilizaron y que hacen parte de grupos ilegales. “Son los mismo y siguen haciendo daño”, recalca. Por ejemplo, asegura, hace 20 días en el caserío Domingodó, en Riosucio, varias familias se fueron del pueblo a dormir al monte durante una noche porque corrió el rumor de que uno de estos grupos llegaría al casco rural.
Por su parte, las Farc aún ejercen un control en la población, hasta el punto de decidir quién sale de los caseríos e incluso de impedir que corten madera, como ocurrió entre septiembre y octubre de 2015, según Freddy.
Al respecto, la Defensoría asegura que las Farc, especialmente con los Frentes 57 y 34, “adelantan acciones encaminadas a afianzar el control territorial y de la población” en las subregiones del Atrato y del San Juan. Además, la entidad detalla que el Eln y los grupos armados post desmovilización autodenominados Los Rastrojos y Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia también hacen presencia en el Chocó, según el informe de 2014 sobre la crisis humanitaria en el departamento.
“La gente todavía no le ha perdido miedo a los de las Farc. Uno sabe que ellos siguen en el monte, que no todos están sentados allá y que los de acá todavía están sembrando odio”, dice.
Pese a esto, en Chocó ya están pensando en las condiciones en las que recibirán a los eventuales desmovilizados de la guerrilla y son conscientes de que varios familiares de la misma comunidad están en las filas. Lo esencial, como explica Freddy, es que no lleguen a ejercer autoridad “sino que tienen que ser obedientes, personas de bien que no intenten recrear sus terrores”. El problema es que aún no conocen los detalles de lo que se ha pactado en La Habana, como indica el líder de Anafro.
No sucede igual con las autoridades de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC). De acuerdo con un comunicado del pasado 2 de febrero, no recibirán a los desmovilizados en sus territorios porque desconocen “el impacto y las afectaciones que los mismos (los sitios de concentración) tendrán en nuestra identidad, autonomía y pervivencia como pueblos”, indica el comunicado.
El lobby para llegar a La Habana
Durante el proceso de paz, los afros han intentado por todas las vías políticas posibles asegurarse un puesto en La Habana: han hablado con el congresista Gustavo Rosado, representante de las negritudes en la Cámara; se han sentado con De la Calle, se han acercado al presidente Santos y hasta enviaron a La Habana un documento con sus puntos de vista sobre todos los acuerdos logrados hasta ahora. Pero todavía no les abren las puertas.
Esto hizo que las organizaciones de las negritudes llevaron su lobby hasta Estados Unidos, específicamente a los oídos de la Oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA), a los representantes afros en el Congreso de ese país y a varios sindicalistas norteamericanos.
“La intención era que nuestros aliados nos ayudaran a meter el tema de la inclusión de los afrocolombianos al proceso de paz, en la agenda de Obama y Santos durante la ceremonia del Plan Colombia en Washington”, explica Marino Córdoba, representante legal Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y asilado político en Estados Unidos desde 1996.
Córdoba fue uno de los invitados del gobierno norteamericano, junto al beisbolista Orlando Cabrera, mientras que el gobierno colombiano no llevaba ningún afro en su delegación, según dijo el líder Afrocolombiano.
“El mismo 4 de febrero (día del evento) el Gobierno se dio cuenta de eso, e invitó a tres afrocolombianos que viven en Estados Unidos. Sólo porque necesitaba mostrar caras negras”, sostiene el representante legal de Afrodes¬.
Además de su presencia en el evento, los afros movieron sus fichas para reunirse con Bernie Aronson, enviado Especial de Estados Unidos a los diálogos de paz, y con De la Calle.
Por otra parte, Córdoba asegura que cuando estuvo en la Casa Blanca se le acercó al presidente Santos y le habló de las propuestas que los afros han enviado a la mesa de negociaciones. Según él, la respuesta del mandatario fue que los acuerdos eran incluyentes y que en la implementación participarían los afros, los indígenas y todos los grupos.
Siendo así las cosas, todo apunta a que los afros no tendrán una silla en La Habana y que solo conocerán los detalles de lo pactado cuando el acuerdo aterrice en el país. Mientras tanto, seguirán tocando las puertas y organizándose en Colombia para estar preparados ante un eventual posacuerdo.
*Nombre cambiado a petición de la fuente.
