La denuncia fue realizada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que llegó hasta la sede de la Fiscalía de ese organismo en un nuevo esfuerzo para que desde allí se observe con mayor detenimiento el ataque sistemático contra quienes tienen las vocerías de sus comunidades y se pronuncie al respecto en sus informes periódicos sobre el país.
No fue una tarea fácil lograr que poco más de mil personas marcharan esta mañana desde la sede de la embajada de Colombia hasta las puertas de la Corte Penal Internacional (CPI) en la ciudad holandesa de La Haya para mostrar la violencia que desde hace varios años golpea con crueldad a los líderes sociales y las autoridades étnicas.
Se necesitaron varios meses de preparación para que el mensaje que se quería llevar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional fuera masivo y contara con la mayor participación de organizaciones de la sociedad civil asentadas en diversos países de Europa y América: “No queremos más líderes sociales asesinados y reclamamos justicia para quienes los han atacado sistemáticamente”.
“La marcha fue una iniciativa que surgió en Países Bajos (Holanda), a raíz de unas orientaciones que tenía un compañero en las cuales se veía la posibilidad de que la CPI podría ser una posibilidad para presentar estos casos”, le contó a este portal Milton Puertas, un politólogo que se sumó a esta iniciativa, quien precisó que se comenzó a gestar desde octubre del año pasado.
En total, se juntaron representantes de por lo menos 19 colectivos defensores de derechos humanos, según cifras de sus organizadores, para mostrar en las calles de La Haya uno de los mayores dramas de Colombia durante los últimos años, sobre todo desde cuando se firmó el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, el 24 de noviembre de 2016, en Bogotá.
Un grupo de 15 activistas inició la marcha en París desde el pasado 28 de marzo, pasando por diversas ciudades francesas y belgas, hasta llegar a territorio holandés y arribar a La Haya. “Pasamos por ciudades pequeñas donde nos expresaron mucha solidaridad y apoyo, además de brindarnos alojamiento en sus casas”, detalló Tamara Ospina, vocera de Ciudadanías por la Paz de Colombia.
Mientras avanzaban hacia La Haya, en los poblados francesas y belgas, donde pernoctaban, realizaron pequeños mítines y puestas en escena en sitios públicos para mostrarle a sus habitantes lo que está pasando en Colombia con los líderes sociales y autoridades étnicas, quienes, según registros de diferentes centros de análisis y organismos humanitarios nacionales e internacionales, son perseguidos, amenazados, desplazados, desaparecidos y asesinados.
Varias de las cifras fueron referidas en un comunicado emitido por las organizaciones sociales convocantes de esta marcha: “Según las cifras oficiales, en 2018 fueron asesinadas 172 de estas personas. Y según el Programa no gubernamental Somos Defensores, desde 2002 a 2017 habrían sido asesinadas 624 personas. Este terrible panorama lo cierran los 29 líderes y lideresas que han sido asesinadas en 2019. En resumen, el número aproximado de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos asesinados en Colombia desde 2002 a la fecha, asciende a 825 personas”.
En la plazoleta frente a la sede de la CPI se extendió una sábana negra con el nombre de 472 líderes asesinados, también se instaló un ataúd como parte de los símbolos a los que recurrieron los marchantes, quienes llegaron allí desde diversas ciudades del viejo continente en respuesta a la convocatoria realizada por un puñado de colombianos que impulsaron esta iniciativa y se realizaron rituales ancestrales.
“En ese contexto”, explicaron las organizaciones convocantes, esta manifestación ciudadana “tiene como objetivo denunciar ante la comunidad internacional, en cabeza de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el asesinato de líderes y lideresas sociales en nuestro país. Y que la falta de actuación del Estado colombiano está generando una situación de impunidad frente a delitos de lesa humanidad, lo cual representa una amenaza a la consolidación de los acuerdos de paz en Colombia, por los cuales también promulgamos”.
Al respecto, Puertas reiteró que esta iniciativa ciudadana pretende “presionar para que haya un pronunciamiento internacional con relación a lo que está ocurriendo en Colombia, pero en el fondo lo que queremos y pedimos es que se detenga el asesinato de los líderes sociales”.
Además del acto político, se había concertado previamente una visita a la Unidad de Evidencias de la Fiscalía de la CPI a las 3 de la tarde (hora de La Haya) para exponer el caso de lo ocurrido durante la confrontación armada en el municipio de San Carlos, Antioquia, e informar sobre el asesinato de líderes sociales, mediante los cuales se sugiere adelantar nuevas investigaciones relacionadas con delitos de lesa humanidad en el país.
“Ese trámite tiene reserva ante la CPI y nosotros, internamente en la marcha, por respeto a quienes presentan el documento y por razones de seguridad, no tenemos el más mínimo conocimiento de lo que llevan. Son personas que nos han dicho que el caso que se va a presentar lo tienen muy documentado y los abogados que están al frente del tema estiman que puede ser objeto de un posible análisis por parte de la fiscalía de la CPI”, explicó Puertas.
La presentación del caso se sustenta en una puerta que dejó abierta la Fiscalía de la CPI en su informe sobre las actividades del examen preliminar presentado el 5 de diciembre del año pasado. Tras abordar los potenciales casos que ya tiene bajo análisis -ejecuciones extrajudiciales, delitos sexuales y de género, desplazamiento forzoso y procedimientos relativos a la promoción y expansión de los grupos paramilitares-, aseveró que “continuará siguiendo cuidadosamente las actuaciones individuales que surjan de los casos iniciados hasta la fecha, así como también la identificación de nuevos casos seleccionados para su investigación y enjuiciamiento”.
La expectativa es que en un próximo informe de la Fiscalía de la CPI se abra un expediente sobre este caso. A la salida de la audiencia y en rueda de prensa, Puertas explicó que lo que se espera es que “la Corte se pronuncie con relación al asesinato de los líderes sociales en Colombia”.
Y agregó que la Fiscalía de la CPI podría intervenir si el gobierno nacional persiste en afectar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por cuanto, según él, están en regla con todo lo que este sistema de justicia internacional en cuanto a justicia, verdad y reparación. “Si Colombia no lo hace, la Corte puede empezar a actuar”.
Paralelamente, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le envió una carta a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, para prevenir que su despacho “pueda ser objeto de información insuficiente sobre la judicialización de los victimarios de los defensores de derechos humanos” en Colombia. Los resultados se concentran entre 2016 y marzo del año en curso, periodo en el que refiere 265 asesinatos documentados, la identificación de 151 autores materiales y la expedición de 27 sentencias condenatorias.
Contexto de la denuncia
La violencia contra líderes sociales y autoridades étnicas empezó de manera silenciosa, pero con el paso del tiempo fue aumentando y encontró su punto de inflexión en medio de los diálogos de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) adelantó con la guerrilla de las Farc.
En 2014, cuando viajaron delegaciones de víctimas de todos los actores del conflicto armado para participar en los diálogos de paz, las amenazas aumentaron como nunca antes. Según los registros de Somos Defensores, organización que desde 2002 documenta todo tipo de agresiones contra líderes sociales, en 2013 ocurrieron 209 amenazas, pero la cifra del año siguiente escaló a las 488. (Leer más en: El ‘infierno’ de los defensores de derechos humanos)
En su informe sobre 2014, esa organización no gubernamental llamó la atención que entre los meses de septiembre y diciembre se enviaron 15 amenazas masivas: “Si bien es difícil establecer cuál es el verdadero origen de este exponencial incremento de las amenazas en 2014, se puede deducir que el desarrollo de las conversaciones de paz en La Habana y la participación de las víctimas en dicho proceso, sumado al ya conocido riesgo derivado del proceso de restitución de tierras, tienen una influencia directa en la aparición de este sinnúmero de panfletos y correos amenazantes en el segundo semestre de 2014”.
En los años siguientes, tras la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, ocurrida el 24 de noviembre de 2016, y su posterior implementación, las amenazas empezaron a concretarse y los asesinatos han aumentado sin parar. (Leer más en: Por ser la ‘piedra en el zapato’ de alguien, 106 líderes sociales fueron asesinados en 2017)
Las principales víctimas son quienes defienden derechos comunitarios o promueven la implementación del Acuerdo de Paz, por eso, los más atacados son líderes comunales, indígenas, afrodescendientes, comunitarios y campesinos. Además, en los últimos años la violencia se ha focalizado contra quienes están a favor de la sustitución de cultivos de coca y de la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. (Leer más en: Zonas cocaleras, las de mayor riesgo para la vida de los líderes sociales y El de José Jair Cortés, otro asesinato anunciado en Tumaco)
Lo peor de la situación es que ese desangre de líderes sociales está ocurriendo enfrente de los ojos de un Estado que no ha podido tomar cartas en el asunto para frenar esa matanza, la cual es denunciada casi a diario y periódicamente en sendos informes de diferentes organizaciones sociales. Esa multiplicidad de registros, que cuenta con diferencias metodológicas y conceptuales, arroja cifras disimiles, pero coinciden en que año tras años los asesinatos aumentan y que los perfiles de las muertes son similares. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)
Esa situación también ha generado tensiones con los gobiernos nacionales de turno y la propia Fiscalía General de la Nación, pues han desconocido dichas investigaciones, incluyendo las de la Defensoría del Pueblo, en detrimento de los registros de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que suelen ser menores. Por ejemplo, esa agencia documentó que el año pasado fueron asesinados 110 líderes sociales, pero los registros del Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) señalan que ocurrieron más de 200.
En su más reciente informe sobre Colombia, publicado el pasado 14 de marzo, la OACNUDH señaló que, si bien sus registros no representan “el universo total de casos, sí permiten identificar tendencias en el comportamiento de estas agresiones, que socavan gravemente la defensa de los derechos humanos, actividad fundamental para la vida democrática y el estado de derecho”. (Leer más en: Naciones Unidas insta a que se implemente el Acuerdo de Paz para proteger derechos humanos)
Decisiones y pocos resultados
Esa aclaración es clave y coincide con el pedido de las organizaciones de derechos humanos colombianas, pues la Fiscalía priorizó la investigación de los asesinatos que la OACNUDH ha documentado desde 2016, sobre los cuales ha obtenido resultados que en dos ocasiones ha calificado de “históricos”. De hecho, en los últimos años el ente investigador ha luchado contra la impunidad de esos casos, pero se han quedado cortos, a juicio de activistas sociales, pues se han concentrado en autores materiales y se desconoce quiénes determinaron esas muertes. (Leer más en: Sabor agridulce dejan resultados de la Fiscalía en materia de líderes sociales)
Pero la Fiscalía no es la única institución del Estado que se ha involucrado en el tema de los líderes sociales. El 1 de marzo del año pasado, por medio del Decreto 2124, que fue expedido por el expresidente Santos en medio de la implementación del Acuerdo de Paz para que Defensoría del Pueblo pueda emitir alertas tempranas de manera expedita, esa agencia del Ministerio Público emitió la primera para defensores de derechos humanos.
En dicho documento llamó la atención de que 345 organizaciones sociales se encontraban en riesgo; y que, durante los 26 meses previos a su expedición, fueron asesinados 282 defensores de derechos humanos. A partir de ese momento, la Defensoría del Pueblo ha emitido constantes informes de riesgo y alertas tempranas, señalando peligros potenciales para que las autoridades locales, departamentales y nacionales los mitiguen. (Leer más en: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)
En esos informes figura constantemente que quienes están apoyando la implementación del Acuerdo de Paz se encuentran en riesgo y que las comunidades padecen nuevas olas de violencia por grupos armados que se disputan los territorios que anteriormente controló la extinta guerrilla de las Farc antes de dejar las armas. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones ocurren asesinatos, desplazamientos forzados y confinamientos, porque sus advertencias no son atendidas oportunamente. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’; Arde el sur de Córdoba; y Tres municipios de Valle del Cauca, en alto riesgo por incremento de la violencia)
La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Fernando Carrillo, también ha tomado disposiciones en el asunto. Primero emitió una directiva para que las denuncias de amenazas y agresiones contra líderes sociales sean atendidas diligentemente y también para luchar contra la estigmatización que pesa sobre quienes se dieron a la tarea de defender los derechos de diversas comunidades; posteriormente promovió la creación de la Mesa por la Protección de la Vida, para que las entidades del Estado, conjuntamente con organizaciones sociales, diseñen protocolos de protección y acciones eficaces que apunten a judicializar autores intelectuales y desmantelar organizaciones criminales que amenazan la vida de los líderes sociales.
Por otro lado, el presidente de la República, Iván Duque, como candidato, al igual que sus contendores en la carrera hacia la Casa de Nariño, firmó el Pacto Social por los Derechos Humanos que promovió la ONU, para que ese tema fuera incluido en el futuro plan de gobierno de la Nación. Además, una vez posesionado, creó el Plan de Acción Oportuna (PAO), para mitigar la ola de violencia de azota a los líderes sociales, el cual recibió críticas por no articular a las organizaciones de derechos humanos y se ha quedado corto en materia de protección.
A pesar de esos esfuerzos, las muertes y las amenazas de líderes sociales siguen sucediéndose y superando los registros de años anteriores. Por esa razón, desde la sociedad civil, se han realizado diferentes esfuerzos para tratar de revertir la situación, como denuncias en el exterior, el cruce de investigaciones para encontrar patrones de violencia que rodean los asesinatos y una campaña publicitaria transmedia en la que líderes amenazados narran con su propia voz las labores que realizan. (Leer más en: Tragedia de líderes sociales en Colombia toca las puertas en Europa; Los alarmantes patrones que rodean el asesinato de líderes sociales; y La campaña que busca salvar a los líderes sociales)
“Cuando uno mira las cifras, uno dice: esto no puede ser, eso no tiene presentación en una democracia, no la tiene. Lo que están haciendo es eliminar líderes sociales y, en consecuencia, negarle la vocería a mucha gente. Eso no puede seguir”, insistió Puertas. Y hoy, una vez más, esta tragedia toca las puertas de la comunidad europea y, en especial, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que atienda la petición de quienes marcharon en las calles de La Haya para que se haga justicia y se frente ese desangre.
