En esta vereda ocurrió una de las 34 masacres que cometió el Bloque Resistencia Tayrona en la Sierra Nevada de Santa Marta. Las cinco víctimas fueron presentadas por el Ejército como guerrilleros muertos en combate. Las familias desplazadas no quieren regresar al campo porque sienten que no hay garantías.
El ‘Sendero de la Justicia’ recordó los rostros de las víctimas de Hernán Giraldo.A las 40 familias de Río Lagarto no les interesa que le devuelvan la tierra que perdieron hace 16 años cuando se vieron forzados a salir de sus fincas luego de la muerte de cinco de sus miembros. Ellas van en busca del resarcimiento del buen nombre de las personas que secuestró un grupo paramilitar durante una incursión armada y que luego fueron presentadas como “guerrilleros” por el Ejército.
Los hechos ocurrieron la noche del 5 de diciembre de 1998, cuando un comando armado del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que comandaba el ex paramilitar Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’, llegó a esta vereda del corregimiento de Mingueo, municipio de Dibulla, en el departamento de La Guajira, y con lista en mano sacó a sus víctimas de las camas donde dormían y se los llevaron. A los dos días, militares del Batallón Cartagena los presentaron como “guerrilleros muertos en combate”.
Los campesinos de Río Lagarto asistieron en Santa Marta a la audiencia de reparación integral de las víctimas del grupo paramilitar de Serna Giraldo donde expusieron que sus pretensiones no se centran en la recuperación de sus fincas o en la compensación de la tierra, ni en el pago de una indemnización económica.
“No nos interesa la tierra, ¿para qué? Ya no hay garantías en el campo, por eso no hemos pedido restitución, lo que queremos es justicia, reparación pública porque el nombre de la familia quedó marcado. Hemos vivido el señalamiento”, aseveró una de las mujeres líderes del grupo de campesinos de Río Lagarto, quien llegó vestida de negro como símbolo del dolor por haber perdido en ese hecho a dos de sus hermanos y a su madre, quien murió al saber la noticia del asesinato de sus dos hijos.
Para esta comunidad, la masacre no fue de cinco sino de seis, pues incluyen la muerte de la madre de los hermanos Fernández Avendaño, quien falleció al conocer la noticia sobre sus hijos. Los familiares de Jorge Eliécer y Raúl Eliécer Fernández Avendaño, Rodrigo Chávez Castilla, José Antonio de la Rosa Gutiérrez y Héctor Elías Atencio Herrera revivieron el dolor cuando llegaron a la Universidad del Magdalena en Santa Marta y recorrieron el ‘Sendero de la Justicia’ que elaboró la Fiscalía Novena de Justicia y Paz en homenaje a los muertos y desaparecidos.
En los pasillos del centro de educación superior montaron una exposición con mosaicos de las fotografías de los rostros de las víctimas. En cada imagen las personas se aglomeraban a recordar a viejos amigos y compañeros de desdichas.
En ese lugar VerdadAbierta.com habló con José*, uno de los campesinos de esta vereda que queda a cuatro horas de la Troncal del Caribe, entre Mingueo y Dibulla. A sus 84 años recuerda los tiempos de tranquilidad de comunidad: “Nosotros vivíamos en una de las 40 fincas de Río Lagarto, que eran fincas de 30, 50 y hasta 200 hectáreas, donde sembrábamos café, cacao, yuca, aguacate, malanga, fríjol, arroz, maíz, porque allá hay varios climas y eso nos permitía ser la despensa agrícola de Riohacha”.
Este campesino, junto con otros de su misma edad que lo acompañaban, recordó que semanalmente llevaban en dos camiones lo producido en sus tierras al mercado de Coquibacoa, en Riohacha, sitio que era abastecido por esta comunidad. “Ese mercado hoy no existe, se acabó después que nosotros nos desplazamos”, dijo desconsolado.
José y sus amigos aseguraron que la mayoría de las familias desplazadas no tienen estabilidad económica. “¿Un campesino en la ciudad qué hace?”, sepreguntó y él mismo respondió: “Nada”. Y agregó: “No hay estudio, ni empleo. Tengo 84 años y tuve seis hijos, a todos los levanté con esfuerzo en el campo y desde 1998 he vivido en la ciudad, en un ambiente que no es lo mío. Ya estoy viejo y sé que no volveré a la tierra, pero espero que por lo menos todo esto se aclare. Nuestros compañeros no eran guerrilleros”.
Y aún si estos campesinos quisieran regresar, no podrían. Sus tierras, tras el abandono, fueron entregadas por el Incoder en el 2008 a indígenas Arzarios y Kogui. Pero estas familias tienen claro que no les interesa la tierra, ni siquiera en otro lugar. Ellos viven del pasado, de las buenas épocas, cuando entre todos arreglaban la vía para poder sacar sus productos. “Éramos una vereda organizada teníamos Junta de Acción Comunal, un colegio, todo se perdió, los cultivos, los animales, todo”.
La familia de los hermanos Fernández Avendaño considera que a ellos los mataron por el solo hecho de ser campesinos, y aún siente que el caso sigue impune. Una de sus hermanas no cree en esas noticias que informan los medios de comunicación y que aseguran que el Ejército mató a diez o quince guerrilleros porque puede ser una mentira, “así como hicieron con nosotros”, dice.
La masacre de Río Lagarto no fue investigada desde un inicio porque las familias que intentaron buscar abogados para que los defendieran y aclararan ante la justicia el hecho, fueron amenazadas. “Ahí estaba involucrado el Ejército y nos daba miedo, no podíamos irnos a otros lugares de Colombia o del mundo, la mayoría se quedó en pueblos de La Guajira pasando trabajo, y ninguno se atrevió a pedir investigaciones”, aseguró la mujer.
Otra mujer de la vereda que asistió a la audiencia contó cómo esta masacre acabó con las oportunidades laborales de algunos miembros de la comunidad. Las noticias en el momento dieron cuenta de la muerte de cinco guerrilleros en enfrentamientos con el Ejército, oriundos de Río Lagarto. Eso hizo que los señalaran como una comunidad amiga y colaboradora de la insurgencia.
“La persecución era tal que mi hermana no volvió a conseguir trabajo con el Estado. Ella era la profesora de la vereda y estaba nombrada por el Departamento y a raíz de la masacre y del desplazamiento pidió traslado y se lo dieron para el corregimiento de Palomino, que también estaba azotado por los paramilitares, mi hermana no aceptó y le quitaron el nombramiento, lo perdió y nunca más pudo volver a trabajar como docente, no quisieron nombrarla más sabiendo que ella era una víctima del conflicto”, recordó la mujer.
Después de la masacre de Río Lagarto ocurrieron otras en veredas cercanas, como la de Río Ancho, donde los paramilitares llegaron en la noche del 15 de julio del 2000, justo cuando los pobladores estaban en una caseta, y de ahí sacaron a sus cinco víctimas, identificadas como Santos Manuel Hoyos Miranda, Campo Elías Ramírez Guerrero y su hermano Rubiel, Luis Alberto Lugo Morales y Jorge Alberto Calderón González, quien todavía está desaparecido.
Los investigadores de la Fiscalía concluyeron que esa noche ocurrió “la caravana de la muerte”, conformada por cuatro vehículos en los que se desplazaban los paramilitares, pues luego de cometer los crímenes en Río Ancho y de pintar las paredes con letreros que decían “fuera sapos”, hicieron lo mismo en Río Negro y Casa Japón.
También es simbólica la masacre de la vereda El Limón, región de Sabanas de Manuela, en el municipio de San Juan del Cesar, sur de La Guajira, ocurrida el 29 de agosto de 2002, donde los paramilitares mataron a seis indígenas Wiwas y a seis campesinos. Por lo terrorífico de la masacre, uno de los paramilitares que participó en el hecho, enloqueció y los mismos compañeros lo asesinaron.
La lista de la muerte
Estar en una lista de los grupos paramilitares era pena de muerte segura. Pocos se salvaron de esos listados. Unode ellos fue Amilkar*, un hombre de casi ocho décadas de vida, quien contó cómo luego de salvarse de la masacre de Río Lagarto, tuvo el coraje de enfrentarse a Hernán Giraldo y preguntarle por qué lo quería matar. La noche del cinco de diciembre de 1998 no estaba en su finca, por eso se salvó de morir.
Este campesino dijo que ha sido desplazado varias veces y reflexionó sobre lo ocurrido: “Uno es víctima de todo el mundo, la gente nos mira mal. Cuando yo entré en 1980 a la vereda Río Lagarto con mi mujer y tres hijos, me hice a una finca y la perdí en 1998. Primero la guerrilla me dijo que era un sapo y luego llegaron las Auc y el Ejército, y uno como campesino quedaba entre las tres piedras y para dónde cogía uno. En ese andar, se perdieron 18 años de trabajo. En Río Lagarto sembraba café y mis hijas me ayudaban a recogerlo”.
Pero todo ese trabajo y esfuerzo se acabó el día que ocurrió la masacre, especialmente para Amilkar que estaba en la lista de Río Lagarto: “A las otras cinco las mataron menos a mí. Esa vez se llevaron a cinco muchachos y los masacraron, sus cuerpos aparecieron apolillados con uniformes camuflados”.
A partir de ese momento, su vida fue un trasegar constante y a la deriva: “Después de eso me fui a Riohacha y puse una ventica en una calle, pero el Secretario de Gobierno de esa época me sacó. De ahí me fui a Quebrada del Sol y en ese entonces me encontré con Hernán Giraldo y le pregunté por qué me quería matar. Le dije: don Hernán cómo hace uno, si la guerrilla llega a mi finca qué hago, si no puedo con 20 o 30 guerrilleros. Hernán Giraldo me dijo que no tenía ningún problema, que la culpa era de un capitán del Batallón Cartagena que dijo que allá había unos guerrilleros”.
Después que aclaró la acusación que sobre él pesaba, le dijo al entonces jefe paramilitar que quería trabajar en esa zona de Quebrada del Sol, ahí lo intentó, pero lo volvieron a desplazar a Río Ancho, a la Troncal del Caribe, junto con más de 12 mil campesinos en enero de 2001. “Ahora vivo en La Lengüeta y me dijeron que nos teníamos que ir. Estoy trabajando en tierra ajena porque desde 1998 no he podido tener tierra propia”.
Las investigaciones de la Fiscalía demostraron que el Bloque Resistencia Tayrona, liderado por Hernán Giraldo, se alió con sectores de la Fuerza Pública para beneficiarse mutuamente: los primeros mataban a los campesinos y se los entregaban al Ejército para que los presentara como “guerrilleros muertos en combate”. Mientras que en las zonas más cercanas a Santa Marta y sobre la Troncal del Caribe, agentes de la Policía Antinarcóticos le vendían las víctimas a los paramilitares. Recibían cinco millones por cada persona, la cual era interceptada en la vía o en alguna zona solitaria. (Ver Hijo de Hernán Giraldo aseguró que compraba armas a militares)
Una práctica macabra
El departamento del Magdalena es unas de las regiones con más casos de desaparecidos. La Fiscalía formuló cargos por 200 casos de desaparición forzada a Hernán Giraldo y sus hombres y aunque han hallado a muchos de los desaparecidos en fosas comunes a lo largo y ancho de la Sierra Nevada, temen que otros se queden sin encontrar porque las investigaciones apuntan a que era cierto el mito de que la práctica de los paramilitares era matar y desmembrar.
VerdadAbierta.com conoció que los hombres de Giraldo tenían la orden de desmembrar el cuerpo en 14 partes, por cada una de las articulaciones, para facilitar el entierro en fosas comunes, de tal manera no tenían que cavar un hueco grande sino pequeño, le ponían poca tierra y piedras encima porque así hacían un menor esfuerzo. Por eso las exhumaciones han sido muy difíciles y en muchas fosas se encuentran huesos que dificultan la identificación de las víctimas. Si no los enterraban en fosas, llevaban las partes de los cuerpos hasta el cerro de ‘Los Muchachitos’, sobre la Troncal de Oriente, y de ahí arrojaban a sus víctimas al mar. Se estima que también hay muchos restos óseos de víctimas de este bloque paramilitar enterrados en la Zona Bananera.
Los paramilitares del grupo de Hernán Giraldo cometían masacres y homicidios selectivos en los pueblos de la Sierra Nevada y enterraban a sus víctimas, pero en Santa Marta y Riohacha eran crímenes ejemplarizantes, por eso dejaban los cuerpos a la vista de la comunidad. (Ver Hernán Giraldo: máquina de guerra en la Sierra Nevada de Santa Marta)
Los familiares de las víctimas de los 274 casos de homicidios, incluyendo las 34 masacres, y de los 200 desaparecidos, investigados por la Fiscalía, que dejaron mil víctimas indirectas y 700, respectivamente, así como los más de ocho mil desplazados de la Sierra Nevada, esperan ahora el fallo de los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla.
