El ex representante a la Cámara Luis Fernando Almario aseguró que los señalamientos por sus presuntos vínculos con los paramilitares hacen parte de un complot en su contra. Testigos desmintieron esta afirmación y uno denunció ser víctima de amenazas.
Luis Fernando Almario, ex representante a la Cámara por Caquetá, durante una sesión del Congreso de la República. Foto: archivo Semana.En la reanudación del juicio que se lleva contra el ex congresista caqueteño Luis Fernando Almario, la defensa llamó a siete testigos,entre ellos dos personas que fueron señaladas de hacer parte de un complot para vincular a Almario con miembros del Frente Sur de los Andaquíes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que delinquió en ese departamento.
Almario es procesado por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de constreñimiento al elector y concierto para delinquir. Varios testigos, entre ellos ex paramilitares, han manifestado en ocasiones anteriores que recibió el apoyo político, electoral y militar del Bloque Central Bolívar, estructura a la que pertenecía el Frente Sur de los Andaquíes (Ver nota Testigo se ratifica en señalar vínculos de Almario con los ‘paras’)
A estas nuevas audiencias fueron llamados también otras personas cercanas al ex Representante,quienes negaron que el político hubiera recibido el apoyo de grupos armados ilegales para obtener altas votaciones en el departamento.
Durante las audiencias se reprodujeron apartes de una grabación que fue hecha por Efrén Hurtatis España, un taxista quien dice ser testigo del asesinato de miembros de la familia Turbay el 29 de diciembre del 2000. En esta masacre, cometida por las Farc, fueron ejecutados Diego Turbay Cote, entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, su madre Inés Cote de Turbay, el arquitecto Jaime Peña Cabrera, Edwin Angarita Alarcón, Mail Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y el conductor del vehículo, Rafael Ocasiones Llanos. El crimen ocurrió en la vía que conduce de Florencia a San Vicente del Cagúan (Caquetá).
Por este hecho la Corte también tiene un proceso en contra de Almario, por sus presuntos vínculos con las Farc. (Ver nota: ¿Se reactiva el caso contra Almario?)
Según se dijo en la audiencia, Hurtatis estaba dispuesto a rendir declaración en el juicio de Almario, con la condición de recibir protección, pues según él había recibido amenazas desde comienzos del año 2000 y seis taxistas que habían sido testigos del homicidio fueron asesinados con posterioridad a la masacre.
En marzo de 2010, ante la Fiscalía, Hurtatis aseguró que Juan Anuario Valderrama y el procurador de Florencia Alirio Calderón Perdomo “le estaban montando un complot” a Almario. El taxista contó que Valderrama le había planteado que dijera a la justicia que Almario “había dado la orden” de ejecutar a los Turbay Cote y a cambio recibiría asilo en Canadá, trámite que facilitaría Calderón, quien, a su vez, había trabajado como abogado de la familia Turbay.
El conductor aseguró que antes de que Valderrama lo llevara a la oficina de Calderón, se encontró con el ex congresista en el parque de Florencia (Caquetá) a mediados de 2009. Allí le contó del supuesto complot. Almario le recomendó que se contactara con un amigo que tenían en común. Después de esa reunión Hurtatis tomó la determinación de grabar con su celular la conversación que tendría con Valderrama y con Calderón.
En los apartes de esos audios, que fueron leídos durante el juicio en la Corte Suprema, se escucha a los tres hombres hablando acerca de las declaraciones que Hurtatis iba a entregar en contra del ex congresista y las personas que serían contactadas en Bogotá, para que rindiera el testimonio.
Juan Valderrama, quien fue llamado al juicio por la defensa de Almario, manifestó que fue Hurtatis quien lo contactó a él para hablarle acerca de la supuesta participación del procesado en el crimen de la familia Turbay Cote. “Yo lo que hice fue ayudarlo porque él decía que quería salir del país, y porque era de los pocos taxistas que estaban vivos (…) él fue el que dijo que había sido testigo de la familia Turbay y que había escuchadoa la guerrilla nombrar a Almario”, respondió Valderrama.
El testigo al mismo tiempo pidió que se investigara si esas grabaciones no fueron alteradas y pidió a la Corte que no fueran tenidas en cuenta, pues no habían sido realizadas bajo una orden judicial. En estas mismas peticiones coincidieron la representante de la Procuraduría y el otro testigo, Calderón.
La defensa del ex congresista solicitó en varias ocasiones a los magistrados que recibieran los CD con otra versión mejorada de las grabaciones, en las que según Almario, se había hecho una modificación del ruido que aparecía en el audio original.
La magistratura informó que en la sentencia se referirán sobre si aceptan o no todos los audios como pruebas, ya que no fueron anexadas por la defensa en la etapa probatoria. Indicaron que se harán los estudios técnicos para determinar si los audios originales no fueron editados, como lo aseguraron los testigos.
Testigo denuncia intimidaciones
Cuando atestiguó, Calderón dijo que ha estado siendo víctima de seguimientos en los últimos días y los atribuyó a las declaraciones que ha dado en los procesos que se llevan contra Almario en la Corte por sus presuntos nexos con la guerrilla y los paramilitares.
Calderón aseguró que iba a declarar el pasado 31 de enero ante la Corte, y desde el día anterior se había desplazado desde su residencia en Florencia a Bogotá. “Sólo las partes del proceso lo sabían y desde el 30 de enero empezaron a perseguirme”, indicó, sin dar más detalles.
El testigo señaló que a estos seguimientos se suman dos robos de sus computadores personales en su oficina. “Entraron por el techo, había otras oficinas de mis colegas y sólo entraron a la mía. Mis computadores no eran costosos y fue lo único que se llevaron”.
Calderón también le recordó a los magistrados el asesinato de su hermano, el ex alcalde de Puerto Rico (Caquetá), Jorge Hernando Calderón Perdomo, el 13 de febrero de 2009. “Mi hermano era testigo en el proceso por la muerte de la familia Turbay (…) Lo único que yo tengo que decir ahora es que no es con el calvario mío que tienen que demostrar su inocencia”.
Los presuntos vínculos
En el juicio declararon tres personas a favor del ex congresista. Uno de ellos fue el ex gobernador del Caquetá (2004-2007), Juan Carlos Claros Pinzón.
Claros recibió el apoyo de Almario en varias campañas políticas a la Gobernación y perteneció a la UTL de Almario entre los años 2002 y 2003 cuando éste fue representante entre los años 2002 y 2006.
El ex gobernador, que también es investigado por presuntos nexos con los paramilitares, negó que durante las campañas políticas el sindicado hubiera tenido relaciones con los paramilitares. Al mismo tiempo rechazó que el ex congresista se hubiera reunido con miembros del grupo ilegal durante el tiempo que trabajó en la unidad legislativa.
Otro de los testigos, Harry Giovanni González García, quien hizo parte de la oficina jurídica durante el mandato de Claros, aseguró que nunca entregó información sobre los contratos del departamento a los paramilitares. Señaló que los contratos de carreteras a los que se ha hecho referencia en el proceso contra Almario, en los que los acusadores han asegurado tuvieron participación los paramilitares, eran obras que pertenecían al Invías y no había injerencia de la Gobernación.
En octubre de 2012 la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años al ex representante. El organismo señaló que Almario fue respaldado por el Frente Sur de Andaquíes delBCB política y financieramente para alcanzar una curul en el Congreso para el periodo 2002 – 2006. El juicio en la Corte tendrá que establecer si además el ex congresista es culpable o no de haberse aliado con los paramilitares del BCB para delinquir.
