La Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra el excongresista Luis Fernando Almario por sus posibles nexos con paramilitares, aunque su proceso por el asesinato de la familia Turbay Cote sigue estancado.
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| A Luis Fernando Almario la Corte Suprema le abrió investigación preliminar. Foto. Semana |
El ex congresista caqueteño Luís Fernando Almario será investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con grupos paramilitares del sur del país para llegar al Congreso de la República.
El Alto Tribunal intentará establecer si el ex congresista recibió apoyo de Juan Carlos Monje y otros ex paramilitares que operaron en el sur del país para alcanzar un escaño en el Congreso.
Almario había sido capturado en febrero de 2008 por orden de un fiscal de Derechos Humanos que lo vinculaba con las FARC como presunto autor intelectual del asesinato de Diego Turbay Cote, entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de representantes, el 29 de diciembre del 2000, su madre Ines Cote de Turbay, el arquitecto Jaime Peña Cabrera, Edwin Angarita Alarcón, Mail Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y el conductor del vehículo, Rafael Ocasiones Llanos. El crimen ocurrió en la vía que conduce de Florencia a San Vicente del Cagúan (Caquetá).
Durante la investigación, Almario renunció a su fuero parlamentario por lo que el caso pasó de manos de la Corte Suprema a instancias de un juzgado especializado de Bogotá.
En octubre de 2008, un fiscal delegado ante la Corte Suprema dictó resolución de acusación contra el político como responsable del delito de homicidio.
Pero, en mayo de 2009, Juan Carlos Enriquez, juez especializado de Bogotá, ordenó la libertad del ex congresista por considerar que se vulneró su derecho al debido proceso. El juez decidió que el expediente de Almario se devolviera a la fase de instrucción y por tanto se le concediera la libertad al ex congresista.
Desde entonces, y luego de tres años desde que arrancó el proceso, el caso contra Almario parece estancado. Fuentes cercanas a VerdadAbierta.com mencionaron que durante esos tres años, el caso por el asesinato de los Turbay ha cambiado de fiscal en seis oportunidades por lo que el proceso se ha dilatado.
Por ahora y mientras este caso sigue empantanado, la Corte Suprema de Justicia abre una investigación preliminar contra Almario, ahora por sus posibles nexos con paramilitares de Meta y Caquetá. Por este crimen, Jassir Hidimir Caicedo Matiz, jefe de las Farc en la región, fue condenado en junio de 2008.
El caso por ‘farcpolítica’ y homicidio
A finales de 2007, el senador Gustavo Petro planteó en una plenaria ante el Senado, la existencia de alianzas entre políticos, narcotraficantes y grupos armados ilegales, señalando al ex representante Almario como uno de los posibles involucrados en estas alianzas.
Aunque Almario tuvo la oportunidad de defenderse en esa ocasión, la investigación en su contra continuó y para finales de 2007, aparecieron otros dos nuevos testigos quienes declararon en su contra ante la Corte Suprema de Justicia.
Fernando Bahamón, ex jefe de seguridad de la columna Teófilo Forero de las Farc, aseguró que fue testigo, en la época de la zona de distensión en el Caguán, de una reunión entre Almario y Joaquín Gómez, jefe del Bloque Oriental, Fabián Ramírez, jefe del frente 14, y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘Óscar’ o ‘El paisa’, jefe de la Teófilo Forero, para planear una “alianza política y económica” con la idea de hacer más fuerte la influencia de las Farc en el Caquetá. Según Bahamón, la consolidación de esa alianza tenía en cuenta el asesinato de los Turbay.
En declaraciones para la Revista Cambio en 2007, Almario se defendió de Bahamón, asegurando que “éste (Bahamón) no era más que un extorsionista. Es cierto que yo los llamé a él y a su esposa desde mi celular, pero esa fue operación concertada con el Gaula para demostrar que ellos pretendían sacarme dinero a cambio de que Bahamón no fuera con sus expedientes de mentiras ante la Corte”.
El otro testigo, Lucas Medina, un transportador fluvial de la zona, aseguró ante la Corte que poco después del asesinato de los Turbay, Almario le dio medio millón de pesos para que llevara un mensaje escrito al jefe de la Teófilo, en el que le proponía un plan de “reconciliación”, pues el congresista tenía algunos problemas con las Farc, quienes lo señalaban de haber llevado al Caquetá a grupos paramilitares.
Según Medina, Almario convenció a la guerrilla sobre los vínculos entre los Turbay y los grupos paramilitares en Caquetá, y provocó el asesinato de la familia Turbay; no obstante, según el testigo, las Farc se dieron cuenta de las relaciones entre Almario y los paramilitares, lo que motivó a Almario a buscar una ‘reconciliación’ con el grupo guerrillero.
Con el apoyo de estos testimonios, la Corte Suprema ordenó en febrero de 2008 la captura de Almario por su presunta responsabilidad en el asesinato de los Turbay. No pasó mucho tiempo y Almario renunció a su fuero como congresista, trasladando el caso a manos de la Fiscalía, en donde se profirió medida de aseguramiento contra Almario para finales de marzo.
En octubre de ese mismo año, la Fiscalía profirió resolución de acusación contra Almario, coincidiendo para la época, con las acusaciones que se hicieron contra el ex representante por su supuesto trafico de influencias al interior de la Fiscalía.
En una carta enviada al Fiscal General en noviembre de 2008, el senador Petro advirtió la existencia de cuotas burocráticas de Almario en la Fiscalía, teniendo en cuenta que la esposa de Almario, Elsa Piedad Ramírez, era fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y antes había hecho parte de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía.
Para marzo de 2009, se hizo de conocimiento público el asesinato del testigo No. 38, entre desaparecidos o asesinados, que tienen relación con el caso de Almario. Jorge Hernando Calderón, hermano del dirigente político del Caquetá, Alirio Calderón y quien había señalado a Almario como responsable en la muerte de los Turbay, fue asesinado el 15 de febrero en el municipio de Puerto Rico (Caquetá), “a una cuadra de la estación de Policía totalmente solo sin ninguna protección y se había cansado de mandar cartas a las autoridades para que lo protegieran”, explicó su hermano.
Este hecho fue reportado al mismo tiempo en que se hizo pública una carta enviada desde Zurich (Suiza), por Constanza Turbay, hermana del asesinado Diego Turbay Cote. En la carta, Constanza hizo un llamado al presidente Uribe para que el crimen de su familia no quede en la impunidad, pasados ya casi ocho años desde que ocurrió el hecho.
En el nivel administrativo, el caso ha presentado otros inconvenientes. En enero de 2009 por decisión del Consejo de Judicatura de Cundinamarca, el caso fue trasladado a los juzgados de Villavicencio. La resolución de acusación proferida en octubre de 2008 había sido apelada por la defensa de Almario, demorando algunos meses el llamado a juicio del ex representante, hasta el 25 de febrero de 2009, cuando la resolución de acusación fue ratificada por el Vicefiscal General, y dio paso al juicio.
El 24 de marzo de 2009, por decisión del Consejo Superior de la Judicatura, el caso de Almario se quedó en Bogotá y hasta semana el juicio contra Almario arrancó, presentando como novedad la nulidad de todo el proceso judicial por supuestos errores jurídicos que llevaran a que el caso sea retomado desde su etapa de instrucción, otorgando la libertad al representante.
Y sobre los paramilitares ¿qué?
Según un artículo de Semana publicado en marzo de 2008, en algunos círculos políticos de Caquetá se habla sobre las relaciones de Almario con los hermanos Juan Carlos y Jhon Eduard Monje. Juan Carlos se desmovilizó en Valparaíso como jefe de las autodefensas en esa parte de Caquetá y posteriormente fue asesinado mientras que Jhon Eduard hizo parte de la unidad legislativa de Almario en el Congreso.
De igual forma, existe mucha especulación acerca de la existencia de un pacto que algunos políticos del departamento firmaron con grupos paramilitares y que se conoce como el acuerdo de ‘Río Pescado’. Aunque al parecer existe un acta firmada de esa reunión, las autoridades aún no han podido obtener copias del documento que confirmen las acusaciones.
Otras acusaciones en contra de Almario lo vinculan con el grupo Águilas Negras que opera en Caquetá. Los presuntos vínculos de Almario con el excongresista Ciro Ramírez, arrojan nuevos indicios sobre sus posibles relaciones con el paramilitarismo.
Como abogado y miembro del Movimiento Participación Popular-Partido Conservador, Almario fue representante a la Cámara durante cinco periodos consecutivos.
