La tensión se disparó cuando faltaba poco para pactar un modelo de erradicación del cultivo. Ahora campesinos organizan una protesta departamental.
La ANLA autorizó las fumigaciones manuales con glifosato, a cargo de la Fuerza Pública, el pasado 11 de julio. Foto: archivo Semana.Los cálculos del gobierno y de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo eran igual de prometedores a principios de este año: aproximadamente en mayo tendrían listo el modelo para sustituir la hoja de coca del departamento por otro cultivo.
Aunque no estaba ligado directamente con los acuerdos alcanzados con la guerrilla de las Farc en La Habana, el pacto que se gestó tras casi dos años de conversaciones tenía ese mismo espíritu, dejar de perseguir a los cultivadores de coca y acompañarlos con inversiones en negocios, vivienda, salud, educación e infraestructura.
Pero la situación viró en las últimas semanas y hoy la tensión es tal que, desde el pasado 25 de julio, algunos campesinos comenzaron a salir a la carretera que comunica la capital del departamento (Mocoa) con San Miguel, uno de los municipios que limita con Ecuador.
Actualmente, están concentrados en tres sitios: Yarumo, a la entrada a Orito; el corregimiento San Pedro, de Puerto Caicedo; y en el corredor Puerto Vega – Teteyé, en el municipio de Puerto Asís.
Coca: un negocio familiar que marca a la mujer
En ninguno de ellos hay obstaculización de las vías, pero diferentes organizaciones ya empezaron a levantar campamentos. Esto podría llegar a ser una piedra en el zapato para el gobierno, pues Orito y Puerto Vega – Teteyé son los lugares donde se explota más petróleo en todo Putumayo y durante el paro campesino de 2014 ya lograron frenar la explotación de hidrocarburo en el corredor de Puerto Asís.
De acuerdo con Yule Anzueta, uno de los voceros de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales, las comunidades salieron a protestar esperando que funcionarios del alto gobierno dialogaran con ellos a más tardar este fin de semana.
Sin embargo, en una reunión en el Ministerio del Interior en Bogotá el pasado 28 de julio, acordaron que se reunirán el martes 2 de agosto. La decisión la tomaron conjuntamente la gobernadora de Putumayo, Sorrel Arroca; nueve alcaldes; dos representantes a la Cámara por el departamento; el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el viceministro de la cartera, Guillermo Rivera; el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo; y Orlando Velandia, presidente encargado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Fumigaciones: el detonador
1’600.000 hectáreas han sido asperjadas con glifosato según cifras oficiales. Foto: archivo Semana.Las conversaciones para pactar el modelo de sustitución no estaban en los mejores términos por cuanto desde mayo no se han reunido, según Liliana Gutiérrez, otra de las coordinadoras de la Mesa Regional: “El gobierno no volvió. Cuando llega el día de la cita, cancelan por algún motivo: que no lograron llegar, que no es tiempo suficiente o que tienen otro evento en la agenda”.
Al respecto, VerdadAbierta.com se comunicó con Eduardo Díaz, director de la Estrategia Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos y el abanderado gubernamental en las conversaciones. Pero él prefirió no hablar hasta viajar el 1 de agosto a Puerto Asís “y estar bien empapado del tema”.
A estos hechos se sumó la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de permitir la fumigación manual con glifosato en departamentos como Putumayo, tal como quedó consignado en la Resolución 708 del 11 de julio.
En el departamento no han asperjado desde abril de 2015 cuando el Ministerio de Salud recomendó suspender este químico por ser potencialmente cancerígeno. El problema es que las cifras de cultivo de hoja de coca para uso ilícito en este departamento aumentaron casi un 50% el año pasado respecto a 2014, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Díaz ya le había explicado a VerdadAbierta.com que en Putumayo “existía una estrategia que era de fumigación, pero se fue agotando por varias razones. La principal era porque hoy el 66% de cultivos está en zonas donde no se puede fumigar”.
El modelo putumayense para sustituir la coca
Sin embargo, la licencia de la ANLA ya está aprobada. Anzueta explica que todavía no han empezadolas fumigaciones manuales, pero que desde ya protestan por la decisión. Cuenta además que, en una de las manifestaciones, hubo dos heridos en la vereda Portal del corredor Puerto Vega – Teteyé durante los choques con la Fuerza Pública.
“El gobierno no es coherente pues tiene una interlocución con la Mesa Regional para sustituir la coca, pero insiste en la vía represiva. Eso muestra que mientras habla de paz en La Habana, hace otra cosa en los territorios”, indicó.
¿Y el acuerdo?
Los campesinos de Puerto Vega – Teteyé (Puerto Asís) hicieron un paro en 2014 para oponerse a la exploración de 100 pozos petroleros en esa zona, que autorizó el ANLA. Foto: María Clara Calle.Las negociaciones parecían prometedoras. Ambas partes coincidieron en que no se trata de únicamente de arrancar la mata de coca, también era necesario apoyar la comercialización de productos agrícolas lícitos, invertir en vías para que la ganancia no se pierda en el transporte y acompañar estos proyectos con inversión en educación, saneamiento y salud.
Tales coincidencias eran un gran avance, especialmente por parte del gobierno que, desde finales de los setenta la estrategia siempre se centraba en la fumigación.
Los temas en los que no concilian aún son el ritmo en el que se debe erradicar la hoja de coca y quiénes serán los beneficiarios de los apoyos gubernamentales.
Las comunidades quieren que se sustituya a la par que se invierte en programas sociales, como una muestra de que el gobierno sí les cumplirá. El problema es que sus cálculos son de más de 5 años y desde Presidencia no estás dispuestos a tolerar economías ilegales. “En ningún caso es aceptable que quien haga parte de un programa mantenga cultivos de uso ilícito en su predio”, se planteó en una sesión de la estrategia gubernamental con los campesinos en agosto de 2015.
El otro punto sin resolver es si los beneficios los recibirán todas las familias de las zonas cocaleras, que es lo que pretende el gobierno; o si se les otorgarán únicamente a las personas que viven de la hoja de coca, que es la propuesta de la comunidad.
“No hemos podido resolver cómo y dónde se implementará la sustitución y mucho de eso depende de recursos de gobierno”, precisó Anzueta.
Pero ahora todo el trabajo realizado en los últimos dos años podría perderse. En un comunicado que emitió el viceministro Rivera, se explica que el gobierno nacional les presentará a los campesinos una propuesta de erradicación “para ser discutida y ojalá concertada”.
“Esto demuestra que no existe voluntad política por parte del gobierno porque llevamos casi dos años sentados y ahora posiblemente nos traerán algo nuevo. Pero nosotros no estamos dispuestos a echar todo a la basura”, opinó Anzueta como uno de los voceros de la Mesa Regional.
Precisamente es por eso que mientras esperan al funcionario Eduardo Díaz y a la propuesta de la que habla en Viceministro, más campesinos se suman en los puntos de concentración. Todo sin que se aclare la duda de si se caerá o no el modelo de sustitución que han pactado hasta ahora.
