El Gobierno y las organizaciones sociales han discutido durante más de un año qué se necesita para que los campesinos busquen otras opciones de cultivo y ahora dicen estar cerca de un consenso.
Putumayo pasó de tener 47.000 hectáreas de coca en 2001 a 13.000 en 2014, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Foto: archivo Semana.El acuerdo firmado por el gobierno y las Farc en mayo de 2014, que busca soluciones al problema de las drogas ilícitas, tiene tres elementos esenciales: la erradicación de la coca se pactará primero con el campesino; las fumigaciones ya no serán el primer escenario de la lucha contra el narcotráfico y se dará un giro para que se afronte el tema como un asunto de salud pública.
Y aunque la frase repetitiva del equipo negociador del Gobierno reza que ‘nada está acordado, hasta que todo esté acordado’, en Putumayo ya están dialogando un plan para sustituir los cultivos que va muy al son de La Habana.
Si bien es cierto que los acercamientos entre el Gobierno y las comunidades de este último departamento no empezaron a raíz de lo acordado en La Habana ni han tenido como guía máxima el punto pactado en Cuba, sus ejes principales no se contradicen con los acuerdos parciales del proceso de paz.
“No creo que sea cierto que esto se ha hecho en función de los diálogos de paz. Es una relación dialéctica donde no hay un antes y un después, como la pregunta de si fue primero el huevo o gallina”, aseguró Eduardo Díaz, el director de la Estrategia Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, el programa que lanzó el presidente Juan Manuel Santos hace menos de 6 meses y que ahora está adelantando conversaciones sobre el tema en Catatumbo, Nudo de Paramillo, Nariño, Caquetá y Putumayo.
Precisamente, en este diálogo en el Putumayo cada parte ha cedido y ahora, después de más de un año de conversaciones, tanto el Gobierno como Mesa Regional de Organizaciones Sociales del departamento calculan que en tres meses podrían tener un acuerdo total.
Sin embargo, el tema no es nada fácil en Putumayo pues este ha sido históricamente uno de los departamentos donde más se ha sembrado coca en todo el país.
Los gobiernos que han pasado desde 1978 han intentado erradicar esta hoja manualmente o por vía aérea con herbicidas en todo el país. Este departamento se convirtió en uno de los lugares con más hectáreas sembradas de coca a finales de los 90, luego de que las fumigaciones se concentraran en zonas vecinas de Caquetá y Guaviare, como lo muestra María Clemencia Ramírez en su investigación ‘Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo’.
De hecho, un año después de que empezó el Plan Colombia, en el 2001, sólo en Putumayo estaba la tercera parte de las casi 145.000 hectáreas de hoja de coca que había en el país, de acuerdo a los monitoreos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Diferentes políticos y organizaciones de la región, sostienen que las fumigaciones han continuado en el departamento. Foto: archivo Semana.A medida que han bajado los cultivos de hoja de coca en el departamento (el censo de la ONU de 2014 registró 13.000 hectáreas), ha habido más explotaciones petroleras. Esto se ha dado especialmente en zonas como el corredor Puerto Vega – Teteyé, ubicado en el municipio de Puerto Asís y una de las regiones con más pozos en Putumayo.
La actividad petrolera en ese corredor empezó en 2010, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le permitió al consorcio petrolero Colombia Energy, operado por la compañía Vetra, explotar nueve pozos. Dos años más tarde, eran 48 y en mayo de 2014 la ANLA autorizó explotar 100 pozos más únicamente en el corredor.
“Con la política de que no debía haber nada a 5 km a la redonda de un pozo petrolero, nos íbamos a quedar sin territorio”, aseguró Yuri Quintero, diputada y miembro de la Mesa Regional.
Por estas razones, los campesinos comenzaron un paro desde julio de 2014 y bloquearon el corredor para impedir el transporte de hidrocarburos.
En las condiciones que le pusieron al Gobierno para levantar su protesta, exigieron también que se acabaran definitivamente las fumigaciones aéreas con glifosato y la erradicación forzada de la mata de coca.
Tras dos meses de discusiones y enfrentamientos, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, viajó hasta Putumayo para bajar los ánimos. El resultado fue contundente: un pacto de siete puntos en el que se prometió que el Gobierno suspendería las aspersiones y la erradicación forzada en todo el departamento y que, además, reconocería los daños que había causado el glifosato
“A cambio los campesinos quitábamos la protesta, permitíamos el tránsito de transporte de crudo y empezábamos unas mesas de trabajo para continuar con los diálogos”, explica Quintero. Esas comisiones eran de sustitución de cultivos de uso ilícito, política minero energética y ambiental, inversión social y de derechos humanos.
Lo difícil de llegar a un acuerdo
Uno de los primeros inconvenientes fueron las fumigaciones. El Gobierno venía de una política de asperjar los territorios, con el apoyo del Plan Colombia; mientras que la comunidad insistía en los daños ambientales y en la salud.
Para mostrar el impacto, la Mesa Regional llevó a una delegación del Gobierno por varias de las veredas fumigadas, tanto de Puerto Asís como de Valle del Guamuez, San Francisco, entre otros municipios. En muchos de los casos, las zonas estaban libre de coca y aun así las fumigaban. Por ejemplo, entre 2010 y 2011 hubo fumigaciones en la vereda La Floresta, de San Miguel, a pesar de que ya habían cambiado la coca por ganadería, cacao y pimienta, como aseguró Quintero.
Según ella, fue en esos viajes que los delegados del Gobierno “tuvieron que reconocer que las fumigaciones estaban afectando realmente a la comunidad” y entendieron que había que escuchar a la gente para definir los proyectos. Es así como en el acuerdo parcial que llevan, se prevé que la misma comunidad defina cuáles son sus necesidades en inversión social.
De hecho, el funcionario Díaz asegura que la estrategia de la fumigación “se fue agotando” debido a que el 66% de cultivos de coca actuales en Putumayo está en zonas donde no se puede asperjar por condiciones de terreno.
Durante los dos meses del paro campesino de 2014, hubo varios enfrentamientos con el ESMAD e incluso los policías acamparon en la carretera. Foto: María Clara Calle.“Se pasó de una lógica de confrontación a una lógica de construcción conjunta para cambiar el futuro de quien siembra pero también de las economías donde el recurso central es la coca”, expresó Díaz.
De hecho, a eso apunta lo que hasta ahora han hablado el Gobierno y la Mesa Regional. Después de las confrontaciones que hubo con la Policía a mediados de 2014 y tras varios meses de negociaciones, ambas partes concluyeron que no se trata sólo de arrancar la hoja de coca. Por eso desde febrero de 2015 acordaron un sistema productivo que abarca desde un desarrollo ambiental sostenible hasta tener vías para sacar los productos que reemplacen la coca
Y es que si un productor de plátanos, por ejemplo, quiere sacar un racimo desde la vereda más distante de Puerto Asís, que queda sobre el río San Miguel ya en el límite con Ecuador, hacia la cabecera municipal se gasta 4.000 pesos, sólo contando lo que le cobren por la mercancía y sin los pasajes: 2.000 pesos por el transporte en caballo desde el cultivo hasta el río; 1.000 por subirlo al bote hasta Teteyé y otros 1.000 por la chiva hasta Puerto Asís. Al final, ese racimo lo vende por máximo 7.000 pesos.
En contraste, actualmente 25 libras de hoja de coca sin procesar cuestan entre 25.000 y 29.000 pesos. Un campesino recibe por un kilo de coca procesada hasta 1.500.000 de pesos.
“El Gobierno ya vio la necesidad de cambiar de estrategia, pues si queremos resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo”, explicó Díaz al referirse a que ahora se piensa en transformar los territorios, en atacar los eslabones más fuertes de la cadena productora de cocaína más que a los campesinos y en prevenir el consumo.
La Mesa Regional dice que también a los campesinos les toca poner de su parte pues si el Gobierno garantiza vías, el comercio de los nuevos productos, salubridad, educación, etc., “los campesinos debemos ser conscientes de que por más ganancia que deje la coca, definitivamente vale la pena apostarle a un proyecto diferente”, como explicó la diputada.
Sin embargo, aún quedan temas fundamentales en los que no seponen de acuerdo el Gobierno y la Mesa.
El primero de ellos es la gradualidad, que es la apuesta de las organizaciones sociales. Estas defienden que la coca se sustituya poco a poco y a medida que el Gobierno llega, entre 5 y 7 años. “Es la garantía de que el Gobierno sí invertirá”, sostuvo Quintero.
Pero, como lo explicó Díaz, le tesis del Gobierno es territorios libres coca porque de lo contrario sería hacerse los ciegos frente a “economías relacionadas con ilegales”. “En ningún caso es aceptable que quien haga parte de un programa mantenga cultivos de uso ilícito en su predio”, se planteó en una sesión con los campesinos en agosto de 2015.
Al igual que en La Habana, el Gobierno no da su brazo a torcer y plantea que como última opción tiene que erradicar a la fuerza los cultivos ilícitos, en el caso de que se agoten las vías y los campesinos se nieguen a hacerlo voluntariamente.
El otro punto que todavía los distancia es la propuesta del Gobierno para focalizar las zonas que se van a intervenir. Mientras la Estrategia Integral de Sustitución quiere trabajar territorios completos, con familias cocaleras y no cocaleras a bordo; la Mesa Regional opta porque ellos identifiquen cuáles son las zonas cocaleras con más problemas económicos y concentrar allí las inversiones.
Pero estas discusiones todavía no se han aterrizado en dinero ni en cuántos y quiénes recibirán el beneficio. Sin embargo, tanto Díaz como Quintero aseguran que en tres meses estaría listo el acuerdo.
