“No son autodefensas. Lo que tenemos en varias zonas del país […] son unas organizaciones criminales emergentes muy pequeñas, que están manejando cultivos ilícitos que existían en las zonas donde se desmovilizaron las autodefensas”, aclaró el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en una entrevista televisiva emitida el 30 de marzo de 2006, al referirse a los grupos armados ilegales que estaban surgiendo en reemplazo de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) bajo los acuerdos pactados a mediados de 2003 con el Estado colombiano.

Esa aclaración no era menor. De acuerdo con cifras de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional, creada para adelantar labores de coordinación interinstitucional e información con el fin de articular procesos de inteligencia, operativos y de confrontación contra estas organizaciones ilegales, para ese año se contabilizaban 22 estructuras armadas en diversas regiones del país, conformadas por 4 mil hombres.

Se trataba de grupos que aspiraban a copar los territorios que, en apariencia, habían abandonado los integrantes de los distintos bloques y frentes de las Auc que para reinsertarse a la vida legal tras dejar sus armas y comprometerse a contar la verdad, reparar a sus víctimas y a no repetir los hechos violentos.

Entre esos grupos, calificados de “muy pequeños”, comenzó a destacarse uno que, inicialmente, se autodenominó ‘Bloque Héroes de Castaño’, y fue creado a mediados de 2006 en el norte del Urabá antioqueño por orden de Vicente Castaño, uno de los fundadores de las Auc y verdadero cerebro detrás de la expansión paramilitar de finales de los años 90.

Castaño delegó la responsabilidad del mando en Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, un trajinado exparamilitar con experiencia en el manejo de finanzas provenientes del narcotráfico, quien se desmovilizó con el Bloque Centauros en septiembre de 2005 en zona rural del departamento de Casanare.

Este nuevo grupo se conformó en sus inicios con excombatientes de las Auc que no se acogieron al proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida legal pactado con el Estado colombiano o que renegaron de ese acuerdo y retomaron las armas, así como con exguerrilleros que decidieron cambiar de bando, y luego se fueron integrando policías y militares retirados.

A la sombra de alias ‘Don Mario’ estaban dos hombres que habían comenzado su recorrido en la guerra dos décadas antes en el Urabá antioqueño en las filas subversivas del Epl: los hermanos Juan de Dios y Dairo Antonio Úsuga David. Conocidos con los alias de ‘Giovanni’ y ‘Otoniel’ respectivamente, ambos aportaban experiencia en la lucha armada.

Esta incipiente estructura criminal daría un salto cualitativo el 15 de octubre de 2008, en plena vigencia de la Política de Defensa y Seguridad Democrática impulsada por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Ese día promovieron el primer paro armado de que se tenga conocimiento en varios municipios del eje bananero en el Urabá antioqueño con motivo de su “presentación en sociedad” bajo el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), a las que luego el gobierno nacional las nombraría luego como ‘Los Urabeños’ y después como ‘Clan del Golfo’ para no estigmatizar a los habitantes de esa región.

A través de un comunicado explicaron que las razones de ese rearme se fundamentaban “en los incumplimientos del gobierno en el proceso de paz que adelantó con las Autodefensas Unidas de Colombia, y el avance de la guerrilla en busca de controlar zonas donde ha ejercido control las autodefensas durante muchos años”.

Asimismo, precisaron por qué adoptaron ese nombre: “[…] le hemos dado el nombre a nuestro movimiento el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en homenaje a ese gran líder asesinado por defender a las clases más desprotegidas del país”. Y precisaron su objetivo: “Nuestros esfuerzos irán encaminados a luchar contra la guerrilla, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, los crímenes de estado, la politiquería, la violación a los derechos humanos y al fortalecimiento de la democracia participativa. En busca de una Colombia madre patria para todos”.

De esa manera comenzaba a construir una cruenta historia que avanzaba de manera paulatina hacia diversas regiones del país con la pretensión de posicionarse como la más grande organización criminal del país y batiéndose a sangre y fuego con quienes se opusieran a sus objetivos. Para el momento de su anunció, y de acuerdo con reportes del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia de la República, las Agc tenían presencia en 18 municipios de cuatro departamentos -Antioquia, Córdoba, Chocó y Atlántico-.

Pero detrás de esa supuesta fundamentación ideológica se ocultaba un objetivo económico: el control del negocio del narcotráfico y de otras actividades ilegales, entre ellas la explotación minera en enclaves auríferos, razón por la cual los jefes de las Agc fortalecieron alianzas con grupos armados ilegales, bandas criminales locales y regionales, así como con la antigua guerrilla de las Farc, lo que les permitió expandirse y crecer en hombres, armas y control territorial. (Leer más en: Acuerdo entre Farc y ‘Gaitanistas’ está en crisis: ‘Rubén El Manteco’)

“El propósito fue dominar toda la cadena del negocio, sin intermediarios, y fungiendo, además, como agentes de seguridad para otros narcotraficantes aliados que estuvieran dispuestos a pagar por ello”, dice una investigación de la Fundación Ideas para la Paz sobre los ‘Gaitanistas’.

Su principal jefe, alias ‘Don Mario’, se convirtió en una obsesión para las autoridades y tras intensos operativos fue capturado en zona rural del municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño. Ante su detención, ‘Giovanni’ y ‘Otoniel’ asumieron la comandancia de los ‘Gaitanistas’, con la tarea de expandir y consolidar la organización.

De acuerdo con análisis del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, que se sustentan en información recolectada por más de una década, y de opiniones de especialistas en el conflicto armado y el crimen organizado en Colombia, esta organización criminal opera en red bajo tres dinámicas por lo menos: tienen presencia territorial como estructura; subcontratan o tercerizan “servicios” con otros grupos armados ilegales que tienen presencia regional o local; y trabajan en alianza con carteles transnacionales del narcotráfico.

En esa caracterización coincide Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que le hace seguimiento a este tipo de fenómenos: “Esta no es una organización vertical y estructurada, tipo Ejército o guerrilla. Es una constelación de grupos que se enlazan por intereses: muchas bandas locales, estructuras más organizadas y un núcleo que se mantiene muy cohesionado alrededor de mandos medios. Como están en una alianza en función de muchos negocios, que van más allá del narcotráfico, es un portafolio mafioso”.

Paros armados, su estrategia

Con base en esas dinámicas de operación, que les ha permitido crecer, expandirse y consolidarse, han realizado por lo menos cinco paros armados, incluido el de la semana pasada, en sus 14 años de vida ‘gaitanista’: el primero fue en octubre de 2008, cuando anunciaron su creación.

El segundo ocurrió a comienzos de enero de 2012, tras la muerte en una acción policial de alias ‘Giovanni’, uno de sus jefes más representativos, afectando 16 municipios de seis departamentos.

Tras esa muerte, los ‘Gaitanistas’ quedaron bajo el mando de ‘Otoniel’ y de otro hombre curtido en la guerra, Francisco José Morelo Peñate, alias ‘El Negro Sarley’. Y justo el tercer paro, ocurrido en abril de 2013, lo padecieron varias poblaciones de Urabá y Bajo Cauca, en Antioquia, tras la muerte de ‘El Negro Sarley’, durante combates con la Fuerza Pública en zona rural del municipio de San Pedro de Urabá.

El cuarto paro armado se realizó en abril de 2016 y tuvo como excusa conmemorar la muerte de alias ‘El Negro Sarley’. En esa acción criminal, que afectó a 36 municipios en ocho departamentos del país, evidenciaron su poder y presencia territorial. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ le hablan con armas al proceso de paz?)

Valga destacar que tres de los paros armados promovidos por los ‘Gaitanistas’, así como su expansión y consolidación territorial, se realizaron bajo la vigencia de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, impulsada por el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).

Y el quinto paro armado ocurrió entre el jueves y el domingo de la semana pasada, en reacción de los ‘Gaitanistas’ a la decisión del gobierno nacional de extraditar a Estados Unidos a alias ‘Otoniel’, considerado por las autoridades el jefe máximo de esa organización criminal y capturado en octubre de 2021 en zona rural de Necoclí, en el Urabá antioqueño. (Leer más en: Cayó ‘Otoniel’, el hombre de las tres guerras y La apuesta de ‘Otoniel’ por la JEP no lo salvó de su extradición)

Organizaciones sociales y entidades estatales coincidieron en resaltar que, en esta ocasión, se afectaron por lo menos 11 departamentos y 178 municipios. Homicidios, confinamientos de comunidades urbanas y rurales, quema de vehículos, cierres del comercio y hasta cortes de agua y gas, hicieron parte del repertorio de violencia aplicado por las Agc.

Ante esas afectaciones, John Córdoba, poblador del Urabá antioqueño, asevera que “esos acontecimientos del paro armado no son nuevos, seguramente en otras regiones del país sí. Aquí, cada que hay una baja o una captura de alguno de los miembros del Clan del Golfo, la ciudadanía sabe que el paso siguiente es el paro armado y eso generalmente dura tres o cuatro días”.

Hablando desde uno de los municipios más importantes de esta región agroindustrial, este poblador dice que la última acción de los ‘Gaitanistas’ no generó “mucha zozobra porque, de alguna manera, hemos aprendido a convivir con el conflicto armado”.

Pero en otras zonas como Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, las afectaciones sí se sintieron, y así lo cuenta el campesino Enemesio Ramírez, habitante de la vereda Ojito Seco de ese municipio y productor de aguacate. Cuando comenzó el paro el jueves pasado tenía más de 2 mil aguacates para la venta, pero no pudo salir al mercado porque supuestos integrantes de las Agc pasaban en motocicletas y le disparaban al que saliera. “Me voy para pérdidas y esto es desesperante y triste”, se lamenta.

No obstante, hay situaciones que vienen de tiempo atrás. Uno de los casos más representativos es lo que ocurre en el área metropolitana de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, que le hace seguimiento a este tipo de fenómenos criminales vulneradores de derechos humanos, dice que la presencia los ‘Gaitanistas’ se remonta a diciembre de 2020.

“Tienen incidencia política, ejercen control territorial, tienen control social y conviven en territorios muy cercanos a nuestra ciudad capital […] lo que demuestra es una fortaleza, sobre todo en estos cuatro años de gobierno de Iván Duque. Es indudable el fortalecimiento de esta estructura paramilitar en todo el país”, afirma Cañizares.

De hecho, este defensor de derechos humanos asegura que los planes de expansión de los ‘Gaitanistas’ hacia esa región del país no han variado, pese a la captura y extradición de alias ‘Otoniel’: “Hemos encontrado que responden a una estructura nacional y los planes que tenían de expansión se siguen desarrollando, como ocurre en Cúcuta. Antes de la entrega de ‘Otoniel’ pretendían incursionar en el Catatumbo y expandirse en el área metropolitana. Esto último se está dando al pie de la letra”.

Esa apreciación coincide con análisis del SAT de la Defensoría del Pueblo consignados en su más reciente informe de riesgo electoral, fechado el pasado 17 de febrero. En ese documento, esta agencia del Ministerio Público plantea que, pese a las capturas y muertes de varios de sus jefes, las Agc “busca profundizar el control territorial en las zonas de presencia histórica (bajo Cauca, sur de Córdoba y Chocó)”, así como “expandirse mediante alianzas locales con otros grupos o enfrentándolos con acciones de baja intensidad”.

Por tales razones, Cañizares cuestiona la postura del actual gobierno nacional, que es la de “minimizar al máximo la presencia y el control que ejercen en múltiples regiones del país el paramilitarismo que representan las Agc, es un sofisma. Nosotros lo vivimos aquí”. Es justo lo que decía hace 16 años.

Por su parte, Posso, de Indepaz, también rebate la afirmación del presidente Duque sobre “el fin de los ‘Gaitanistas’” y reitera que el pasado paro armado fue “una demostración de fuerza, no son hechos aislados ni los últimos gritos antes de la desaparición […] Es un problema muy grave, que después de 17 años de haberse llegado a acuerdos de desmovilización con los paramilitares, estos herederos tengan tal capacidad”.

“Son 17 años —agrega— en los que se ha anunciado la desaparición del paramilitarismo o del narcoparamilitarismo en Colombia, y resulta que lo que tenemos es que, a pesar de los golpes a máximos dirigentes, se reproducen estos grupos. El asunto es mucho más complicado que lo que el gobierno dice y tampoco son cosas aisladas sin mayor importancia. Esa simplificación es un reconocimiento de incapacidad, más que otra cosa”.

Riesgo electoral

En el informe de riesgo electoral, el SAT de la Defensoría del Pueblo estableció que los “grupos armados ilegales buscan incidir en las bases sociales y en las autoridades locales para intervenir en el proceso electoral, esto con el fin de continuar y fortalecer el control poblacional y territorial”.

En esa perspectiva, las situaciones de riesgo en el escenario electoral en algunas zonas del país, según el SAT, “obedecen a prácticas de maquinarias políticas tradicionales que se asocian con grupos armados ilegales y constriñen o afectan el libre derecho al voto”, además de generar “amenazas a líderes sociales o candidatos cuyas propuestas políticas van en contravía de los poderes locales hegemónicos y sus intereses”.

Para la Defensoría, la activación de las acciones de los grupos armados ilegales de cara a las elecciones se da bajo dos circunstancias relacionadas con las condiciones en las que se encuentran en las regiones: “Si un grupo armado ilegal ya cuenta con control hegemónico del territorio, genera mensajes intimidantes para intervenir en la elección o dinero para apoyar candidaturas”, aspecto que se refleja en los departamentos de Antioquia y Córdoba, así  como en la  región delos Montes de María, entre otros; “pero si es una zona en disputa se activan repertorios de violencia para coartar o cooptar poblaciones”, como parece que sucede en Nariño, Cauca, Arauca y Chocó.

Con respecto a los ‘Gaitanistas’, el SAT determinó que son fuente de amenaza en 253 municipios del país, convirtiéndose en la organización armada ilegal con mayor presencia territorial, seguida por las disidencias de las antiguas Farc (230 municipios) y la guerrilla del Eln (189 municipios).

Esos 253 municipios que están en riesgo las Agc están concentrados en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. De ellos, 32 poblaciones se identifican en riesgo extremo, 111 en riesgo alto, 75 en riesgo medio y 35 en riesgo bajo.

Cabe destacar que, pese a esa alerta del SAT, tres de esos departamentos resultaron afectados con el paro armado impuesto por las Agc -Antioquia, Bolívar y Chocó-, de acuerdo con datos difundidos por el equipo de prevención de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Con respecto a los departamentos de la región Caribe, el SAT advirtió que la influencia de los ‘Gaitanistas’ en el proceso electoral “podría devenir del grado de control que ostenten en algunas zonas de la región, de las estrategias de incidencia social y eventuales de alianzas con poderes locales y regionales que impidan cualquier transformación sustancial en el territorio, ni pongan en riesgo las rutas del narcotráfico y otras rentas ilegales controladas por el grupo”.

Sobre los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, donde este grupo armado ilegal está más consolidado, la agencia del Ministerio Público aseguró en su informe que sus operaciones “se dirigen a la conservación del control alcanzado”, apelando a “la regulación de la vida cotidiana de las comunidades, la arrogación de funciones del Estado al tramitar conflictos de carácter interpersonal y comunitario, la suplantación de los mecanismos de justicia regulando las relaciones sociales en estos entornos y el desarrollo de una estrategia de cooptación de los procesos organizativos […] lo que podría significar riesgos para los procesos de participación política y de elección popular”.

Con respecto a las medidas de seguridad y protección en este periodo electoral, el SAT cuestionó el papel de la Policía y las Fuerzas Militares, por cuanto se reducen a candidatos y militantes de los partidos y “no desde una perspectiva más amplia de garantías al derecho a la participación que incluya activamente a los electores”.

“La Política Pública sobre elecciones -se lee en el informe de riesgo- está pensada para la garantía a la participación, pero tiene mayor peso en acciones del Gobierno y focalización en la seguridad de los candidatos sin otorgar igual énfasis al otro 50% de la ecuación, que es la garantía de la participación de los votantes y de la población civil en el marco de las elecciones”.

Dudas sobre seguridad

“La acción de la Fuerza Pública ha sido de notarios”, dice Posso, de la organización Indepaz, al reaccionar sobre el papel de los organismos de seguridad estatales en el control del paro armado impuesto por las Agc. A su juicio, “se está cosechando años de omisiones y de todo tipo de hilos de complicidad”.

Esa queja fue constante en aquellos municipios donde los ‘Gaitanistas’ ejercieron control e impidieron que, por cuatro días, las comunidades urbanas y rurales pudieran movilizarse libremente y llevar una vida normal. “Ese paro era previsible y las autoridades no hicieron nada para contenerlo”, dice un activista en derechos humanos desde el Bajo Cauca antioqueño, una de las más afectadas por las acciones criminales de este grupo armado ilegal.

Por su parte, Cañizares, desde Cúcuta, también plantea dudas sobre la operatividad de las autoridades policiales y militares en contra dese grupo armado ilegal en esa región del país: “Nosotros hemos llamado la atención acerca de la actitud o poca voluntad de atacar las estructuras de las Autodefensa Gaitanistas. No hay una voluntad definida para combatirlos y erradicarlos. Nos llama mucho la atención esa actitud de dejar hacer y permitir que esa organización, en el caso nuestro, avance de manera silenciosa en los principales centros urbanos del departamento”.

Al respecto, el líder campesino Arnobis Zapata, que lidera procesos sociales en el sur del departamento de Córdoba, reitera lo dicho por Cañizares: “Las Agc cuentan con la falta de voluntad política del gobierno nacional de atacarlos. Es el paramilitarismo en su máxima expresión: la Fuerza Pública y la institucionalidad se apartan para que hagan su paro”.

Otra perspectiva ofrece el presidente Iván Duque. Desde la base antinarcóticos del municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, dijo que le estaba cumpliendo al país en materia de seguridad y, en especial, contra esta organización criminal, y anunció medidas para fortalecer las acciones contra ella.

“Desde la captura de Otoniel, hemos emprendido un trabajo que refuerza lo que era la campaña militar y policial Agamenón, para convertirla en la campaña militar y policial Cóndor. Esta nueva campaña, que se lanzó desde finales del año pasado, es hoy la que nos permite ejercer presencia territorial contra todas las estructuras”, declaró Duque un día después de terminado el paro armado.

En su declaración a la prensa, rodeado de policías y soldados, anunció que esa campaña se reforzaría con un Bloque de Búsqueda, compuesto por más de 1.400 uniformados que tendría como objetivo la captura de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’; Wilmer Antonio Quiroz, alias ‘Siopas’; y José Gonzalo Sánchez, alías ‘Gonzalito’, quienes son considerados por el mandatario como “tres reductos del ‘Clan del Golfo’ que han pretendido tomar control de la organización”.

Tanto ‘Chiquito Malo’ como ‘Gonzalito’ integraron estructuras paramilitares asociadas a las Auc: el primero de ellos se desmovilizó con el Bloque Bananero en noviembre de 2004 y el segundo con el Bloque Catatumbo en diciembre de ese mismo año. Por su parte, alias ‘Siopas’ es un exguerrillero que abandonó en 2008 las filas de las antiguas Farc que operaban en la costa Pacífica para integrar las Agc.

La campaña Agamenón fue activada en febrero de 2015 por orden del entonces presidente Santos y de acuerdo con su informe al Congreso, estuvo integrada por cerca de 10 mil miembros de la Fuerza Pública con el objetivo de desmantelar a los ‘Gaitanistas’.

En junio de 2017 fue lanzada la campaña Agamenón II. En un balance realizado desde la base antinarcóticos en Necoclí, el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseveró que, por cuenta de esa operación militar y policial, las Agc habían sido reducidas a poco menos de dos mil hombres, tras la captura de 1.360 integrantes.

“No se entiende cómo puede llamársele a una organización que pierde más de la mitad de sus miembros como próspera o en expansión, por el contrario, lo que están es pagando escondederos para que nuestra Fuerza Pública no termine por desmantelar esa organización”, destacó Villegas en esa ocasión.

Un mes antes de la declaración del Ministro de Defensa, la Policía Nacional reportó. a través de un informe. la captura de 1.001 integrantes de los ‘Gaitanistas’ y celebró los resultados de Agamenón, afirmando que era “la operación que ya desmanteló la mitad del ‘Clan del Golfo’”.

Cinco años después, esas cifras contrastan con la que expuso el presidente Duque, quien, en tono también triunfalista, aseveró que, bajo su mandato, le han “asestado golpes históricos contra el ‘Clan del Golfo’. Quiero solamente indicar que, en nuestro gobierno, hemos capturado más de 2.800 miembros del ‘Clan del Golfo’ y se han adelantado más de 1.196 operaciones”.

Al respecto, el investigador Eduardo Álvarez Vanegas, un estudioso del conflicto armado colombiano, considera que el gobierno nacional no tiene la real dimensión de lo que, actualmente, son las Agc y plantea varias preguntas con respecto a la creación del Bloque de Búsqueda, entre ellas, “¿por qué esta vez esa estrategia sí sería exitosa y cuáles serían los componentes para debilitarla y ponerlas ad portas de su desmantelamiento y sometimiento?”.

Este investigador también se pregunta por las acciones que se tendrán en cuenta para proteger a las comunidades donde los ‘Gaitanistas’ tienen mayor presencia, pero con “liderazgos menos disciplinados, menos poder de control y comportamientos más violentos con la gente”. Y agrega: “¿Cuál será la apuesta de seguridad y estabilización en zonas donde tienen influencia para reducir la violencia y transformar las condiciones que han permitido su reproducción?”.

A juicio de Álvarez Vanegas, lo que revela la decisión anunciada por el presidente Duque, a quien sólo le quedan tres meses de gobierno, “es una muestra más de improvisación de cortoplacismo y miopía, como lo fueron las Zonas Futuro”, un proyecto que ofrecía una transformación integral “con legalidad, emprendimiento y equidad” de regiones afectadas por el conflicto armado y que no logró trascender más allá de la presentación en unas cuantas diapositivas. (Leer más en: Zonas Futuro: ¿territorios donde podrían incrementarse las violaciones de derechos humanos?)

Para este investigador, es clave entender que las Agc no son una estructura monolítica, como lo era por ejemplo la antigua guerrilla de las Farc, sino de una organización horizontal, que opera en red y que tiene la capacidad militar y económica para tercerizar algunas de sus actividades, entre ellas el sicariato, con bandas locales.

Además, apunta Álvarez, las Agc recogen trayectorias y aprendizajes que se remontan a los años ochenta con los ejércitos de autodefensas, a los que se sumaron exguerrilleros, militares y policías retirados, y alianzas con sectores sociales, financieros y con organizaciones criminales transnacionales.

En relación con los carteles internacionales del narcotráfico, este investigador plantea un escenario de riesgo, puesto que ante lo que el llama “la decapitación” de los jefes  de las Agc y el ascenso de nuevos comandantes, más jóvenes y con menos experiencia en la guerra y  en lo político, así como en el negocio de las drogas, podría darse una mayor presencia de emisarios extranjeros en las regiones, lo que podría convertirse en un factor de violencia contra las comunidades, especialmente rurales.

Es por todo ello que Álvarez Vanegas cuestiona la política de seguridad enfocada solamente en capturar o eliminar a los jefes de las Agc sin tener en cuenta otros aspectos: “Podrán tener éxitos operacionales, contener la expansión orgánica, pero su adaptación a circunstancias adversas los ha llevado a expandirse en red, contratando servicios incluso de la delincuencia común organizada. Es por ello que un bloque de búsqueda para la magnitud del fenómeno puede resultar fallido”.

Con respecto a las salidas a esta compleja situación, este investigador sugiere que el próximo gobierno debe sostener “una conversación franca con el Consejo Nacional de Seguridad sobre cómo ven a las Agc para superar la narrativa del presidente Duque sobre los reductos. Hay que hacer una lectura juiciosa del presente y del futuro de esta organización y de otras que tienen el poder de desestabilizar las regiones”.

Y agrega: “Hay que pensar en políticas de desmantelamiento y de sometimiento, no sólo con las Agc, pero teniendo en cuenta quiénes son orgánicos, funcionales, subcontratistas, ocasionales, y aquellos que desde distintos sectores de la sociedad y del Estado se han beneficiado. Esa política de sometimiento debe incluir la decisión de Estado de querer descubrir, mostrar y hacer excavación de quiénes están detrás de esas organizaciones”.

Por último, Álvarez Vanegas sugiere que esa política de sometimiento debe ofrecer tres aspectos: ofrecer incentivos a quienes quieran dejar la criminalidad; brindar garantías de seguridad para aquellos que acepten este proceso y aporten a la verdad histórica y jurídica; y procurar el desmonte de la organización más allá de lo militar.

La discusión sobre estas salidas está abierta y mientras se definen alternativas, es necesario alertar sobre el proceso electoral de cara a la cita a las urnas el próximo 29 de mayo y más allá de eso estar atentos a lo que dijo el presidente Duque sobre si las Agc está derrotadas o no.

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A pesar de tener varios procesos de paz que han conducido a la desmovilización de grupos guerrilleros y paramilitares, la práctica de la desaparición forzada se ha mantenido de manera permanente en Colombia, ocultando el rastro de miles de víctimas y sumiendo en la zozobra permanente a sus familias. Esta semana, cuando se conmemora la semana del detenido-desaparecido, que pone la lupa sobre la responsabilidad de agentes estatales, el país asiste en vivo a la comisión de cientos de casos en medio de las protestas del Paro Nacional.

La desaparición, en su sentido más amplio, puede presentarse en diferentes formas y situaciones: hechos en los que se tiene la intención de sustraer a una persona de la protección de la ley; homicidios o masacres en los que los cuerpos son ocultados o no recuperados; detenciones en las que se desconoce la ubicación del retenido; situaciones de desplazamiento forzado o migración donde los individuos pierden contacto con sus familiares o conocidos, entre otros. Así lo define el estudio No los olvidamos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Adriana Arboleda, abogada y vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), coincide con el anterior planteamiento y específica su relación en procesos de reivindicaciones: “Se han utilizado indistintamente las desapariciones forzadas como violacion de derechos humanos. Han sido identificadas en el marco del conflicto armado, pero también en el marco de los conflictos sociales y políticos. Han sido utilizadas en el marco de las marchas cocaleras, de las marchas campesinas, de las huelgas, en momentos en que los procesos sociales se han fortalecido”.

Pese a esa multiplicidad de razones, hay un factor que es constante en la documentación de casos de desaparición: la divergencia en los datos y los vacíos de información en los contados hechos que se logran registrar, en los que, en ocasiones, se desconoce la edad o el sexo de la víctima.

Sucede también con el autor del delito, aunque el Estado siempre figura como responsable, sea de forma directa o indirecta, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (ONU).

Allí, con una definición más limitada, se estipula que una desaparición consiste en “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

En palabras de Arboleda, “las desapariciones forzadas siempre son crímenes de carácter estatal. Hay otras formas de desaparición que están asociadas a otros delitos como la trata de personas, el recultamiento forzada, etcétera, pero que siempre debemos partir de la responsabilidad del Estado”. Esta litigante insiste en la obligación de los Estados de garantizar la vida, la seguridad y la dignidad de las personas, generando las condiciones necesarias para que no se incurran en violaciones contra los derechos humanos.

Y expone tres niveles de responsabilidad: directa, cuando un agente de Estado propiamente comete la acción, como una desaparición durante las protestas sociales; indirecta, cuando se da la desaparición de una persona por parte de otro grupo o persona, los agentes estatales tienen conocimiento de ella y la permiten; y por omisión, en momentos en los que el Estado no crea las condiciones de seguridad para prevenir acciones violentas en contra de la población, lo que incluye una ausencia de investigación y judicialización.

“El estado no puede decir ‘yo soy una víctima más’, que es lo que dice siempre; o ‘yo no tengo cómo controlar’, porque se supone que por eso los Estados tienen el uso legítimo de las armas, el uso legítimo de la fuerza, para garantizar la protección de toda la ciudadanía. En ese sentido siempre hay responsabilidad (…) Además, una vez hay desaparición, existe una responsabilidad adicional, que es la búsqueda y la localización con vida de esas personas. Y si no las encuentra con vida, la obligación de identificarlas y entregarlas a sus familias”, argumenta Arboleda.

En su informe Hasta Encontrarlos, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) también considera que el Estado debe adelantar labores de búsqueda e identificación de las víctimas para contribuir a encontrarlas. De otro lado, en los casos de homicidio, debe velar porque se desarrolle el proceso de investigación, para establecer “las circunstancias, la causa, manera y mecanismo de muerte”; la judicialización de quienes estén involucrados en el hecho; y un trato adecuado de los cadáveres no identificado

Pero, en medio de los escenarios tan diversos y complejos en los que se presentan las desapariciones forzadas, ¿ha logrado el Estado cumplir con todas aquellas responsabilidades que se le exigen?

Legislación de papel

Aunque Colombia ha ratificado diferentes instrumentos internacionales con el fin de prevenir la desaparición forzada, lo ha hecho de forma condicionada. En la suscripción a la Convención sobre Personas Desaparecidas, que entró en vigor en agosto de 2012, el país no adoptó la definición del delito, considerando todavía en el Código Penal que las desapariciones pueden ser cometidas tanto por agentes del Estado como por particulares.

De hecho, el pasado 11 de mayo la ONU recomendó al Estado colombiano, entre otras cosas, revisar dicha definición legal. Además, el Comité Contra la Desaparición Forzada de esa organización, se dijo preocupado por distintos asuntos en relación con ese crimen en el país.

Entre ellos figura la falta de datos “claros y fiables”, y la divergencia en las cifras sobre la cantidad de personas desaparecidas; los pocos avances registrados en materia de investigación, que se evidencia en los casos inactivos y la ausencia de condenas; la falta de disposiciones legales especiales para los niños, niñas y adolescentes; la carencia de políticas para prevenir los casos; los actos violentos contra los denunciantes del delito; los pocos resultados en labores de búsqueda; las fallas en la identificación y entrega digna de los restos de los cuerpos; la mínima reparación de las víctimas y la falta de garantías en la comunicación y registro de personas privadas de la libertad.

Sobre el marco legal referente a la desaparición forzada, César Santoyo, director ejecutivo del colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda, aseguró que, pese a que  desde el movimiento de derechos humanos a nivel nacional e internacional se ha reconocido la adopción de varias normativas sobre el delito, no han sido efectivamente aplicadas.

“Ninguna normal es real hasta tanto no se reglamente y se pone práctica. El problema del Estado colombiano es que tiene leyes muy prolijas, pero una práctica absolutamente inoperante. Y esa inoperancia ha llevado a que se mantenga el delito, a que se pueda por razones políticas, económicas sociales, culturales, raciales generar distintas formas de desaparición forzada”, explicó Santoyo. (Leer: Estado colombiano se quedó cortó en explicar qué hace por atender la desaparición forzada)

Del mismo modo, Arboleda señala que “el problema no es de normas, el problema es de falta de voluntad política para prevenir el delito, para investigar, juzgar y sancionar a los responsables y para desarrollar todo el ejercicio de la búsqueda, la localización y las exhumaciones”. Igualmente, alega que hace falta un proceso de articulación entre las instituciones para integrar e implementar las estrategias para combatir las desapariciones.

Justamente, hacia las instituciones han surgido varias críticas. Sebastián Escobar, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, afirma que hay un “escenario de crisis institucional por la falta de independencia e imparcialidad de los órganos de control”, como lo son la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada con la Ley 589 de 2000, no se queda atrás. Para Santoyo, “simplemente está haciendo un papel de relator, de secretaría técnica y de notaría, frente al desarrollo de búsqueda de personas, pero no han podido encontrar a nadie”.

En conflictos políticos y sociales

Los hechos más recientes de desapariciones en el país, presentados durante las protestas sociales que se desataron el 28 de abril de este año, son bien conocidos, a pesar de que, históricamente, el fenómeno, cuando se da en el marco de manifestaciones sociales, no ha sido documentado con rigurosidad.

Según el último reporte de la Fiscalía General de la Nación, dado a conocer el pasado 24 de mayo, en el transcurso del Paro Nacional, a un día de cumplir un mes, se desconoce el paradero de 129 personas y sobre las cuales se activó el denominado Mecanismo de Búsqueda Urgente. De acuerdo con el ente investigador, 290 personas ya habrían sido encontradas y siete fueron reportadas como fallecidas.

Sin embargo, hasta el 7 de mayo, la Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos señalaron un número incluso más alto: 548 desaparecidos. En lo que respecta a detenciones, la Campaña Defender la libertad denunció, hasta el 24 de mayo, 1.645 víctimas, algunas retenidas de manera arbitraria y sometidas a torturas y tratos crueles.

Sobre las privaciones de la libertad, en un comunicado conjunto, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, recomendaron hacer un seguimiento permanente y consolidar un registro unificado, para así poder monitorear en tiempo real las detenciones, traslados y liberaciones. Además, hicieron un llamado a garantizar el derecho a los detenidos de tener un abogado y comunicarse con sus allegados.

Escobar comenta que una de las particularidades presentes en las protestas es que la Fuerza Pública recurre de manera indiscriminada a la restricción de la libertad, situación en la que no siempre se pone a los detenidos a disposición de las autoridades judiciales, teniendo como objetivo fundamental la sustracción de estos del amparo de la ley.

“Hemos tenido conocimiento de casos en los cuales las víctimas son privadas de la libertad y llevadas en una especie de paseo del terror, donde se les transporta por lugares a las afueras de la ciudad. Las personas van allí con el temor permanente de que pueden ser en algún momento ejecutadas extrajudicialmente (…) Hemos visto algunos casos de personas que habían sido retenidas por agentes de la Fuerza Pública y que después aparecieron muertas en ríos”, narra este abogado. (Ver: Desaparición transitoria y torturas: acciones de la Policía contra manifestantes)

La desaparición de jóvenes en el contexto de las movilizaciones busca, a través del terror y del pánico, que la población “se canse de pedir y se canse de luchar” por sus derechos, de acuerdo con Adriana Pestana, coordinadora del área psicosocial de Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.

Por su parte, Arboleda explica que, actualmente, no sólo agentes estatales sino también actores criminales ilegales utilizan la desaparición como un mecanismo de disciplinamiento y de control social en los territorios. Advierte que esa situación se presenta desde el final de la década de los noventa, cuando ese delito empezó a ser generalizado y utilizado como un medio para enviar mensajes a la población y del que cualquier ciudadano podría ser una víctima.

y sostiene que, respondiendo a una dinámica distinta, en el caso de tratarse de bandas criminales o de narcotráfico, las desapariciones pueden ser dirigidas incluso contra los propios miembros de esos grupos.

Analistas e investigadores coinciden en que antes de 1990 y desde 1970, época en la que fueron blanco de desaparición forzada líderes estudiantiles y de partidos opositores a los gobiernos de turno, esa práctica fue utilizada como un mecanismo de represión contra sectores sociales o políticos que terminaban siendo parte de planes sistemáticos para llegar a su exterminio.

También señalan que incluso en 1960, durante el desarrollo de las dictaduras del cono sur, ya empezaba a mencionarse el concepto de la detención-desaparición, tema sobre el que justamente esta semana, del 24 al 27 de mayo, se hace una conmemoración a nivel internacional.

Especialmente Santoyo indica que cerca de ese año las fuerzas oficiales empezaron a ejercer acciones de secuestro, retención arbitraria, desaparición forzada y conducción ilegal a activistas que se desempeñaban en el contexto de la oposición política y tenían ideas de izquierda, ocasiones en las que era particular que estas personas fueran primero detenidas y luego desaparecidas.

Recorrido por el conflicto armado

Una de las principales expectativas con la firmado el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc era que las violaciones a derechos humanos disminuyeran. Sin embargo, desde que entró en vigor y hasta diciembre del año pasado, el CICR registró 571 desapariciones relacionadas con el conflicto y la violencia armada.

Aunque el escenario es totalmente diferente al de las protestas, el objetivo en este contexto también fue generar terror. “Según nuestros reportes, podemos aseverar que todos los actores armados continúan usando la desaparición para atemorizar a la población civil, con el fin de mantener el control del territorio o por no dar un trato digno a los cadáveres”, informó el CICR, que fue enfático en mencionar que el número de casos de desaparición puede ser mayor al reportado por ellos.

En los hechos registrados en 2020 estuvieron especialmente afectados los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Antioquia y Chocó.

Además, las víctimas fueron principalmente civiles, en su mayoría hombres y de nacionalidad colombiana. Aunque en menor medida, también se registraron víctimas mujeres, menores de edad, extranjeros, miembros de la Fuerza Pública o de grupos armados ilegales.

Para el CICR, la tarea de la búsqueda de cuerpos en los últimos meses se ha visto dificultada por la pandemia del Covid-19, porque, entre otras cosas, ha impedido que las familias se puedan acercar a las instituciones estatales para averiguar sobre el avance de los procesos de las víctimas y porque, debido a las muertes por la infección del virus, varios cuerpos no identificados han sido movidos de los cementerios.

En lo que concierne a la época anterior al Acuerdo de Paz, el CNMH, en su informe Hasta Encontrarlos, expuso de forma detallada el comportamiento de la desaparición forzada en el conflicto: el Observatorio de Memoria y Conflicto documentó 60.603 desaparecidos ocurridos entre 1970 y 2015, lo que significa que, en promedio, tres personas desaparecieron cada día. El fenómeno registra casos en 1.010 de los 1.015 municipios colombianos.

En cuanto al perfil de las víctimas de desaparición durante eso 45 años, el porcentaje de hombres afectados está por encima del 80 por ciento; en cuanto a la ocupación laboral, la encabezan campesinos, jornaleros, administradores de fincas y pescadores; los grupos étnicos, con los indígenas y afrocolombianos como los más afectados; y la edad, siendo la mayoría adultos jóvenes de entre 18 y 35 años.

Los niños, niñas y adolescentes, aunque en menor medida, también fueron víctimas de desapariciones. Según Pestana, ese tipo de casos están relacionados con el reclutamiento forzado.

Esta experta dice que los menores pueden morir en medio de confrontaciones armadas y no ser reportados a sus familiares ya que los grupos ilegales suelen dejar abandonados los cuerpos o llevarlos a cementerios clandestinos. Los cadáveres también pueden ser encontrados por el Ejército, quien se hace cargo de ellos, pero en ocasiones no reporta el fallecimiento a los familiares.

Por otro lado, en el 46,1 por ciento de los casos no se conoció quién fue el perpetrador. No obstante, con los hechos en los que sí se tuvo esa información se logró determinar que los principales responsables fueron grupos paramilitares que, en relación con las ejecuciones extrajudiciales, solían entregar los cuerpos al Ejército para que los presentara como muertos en combate, según cuenta Pestana.

Asimismo las guerrillas, los grupos posdesmovilización, grupos armados no identificados y agentes del Estado estuvieron involucrados en desapariciones.

De esa manera, aunque varias características en los hechos de desaparición se mantuvieron a lo largo del tiempo, otras variaron de acuerdo a la fecha. Para la época comprendida desde 2006 hasta 2015, los casos, que sumaron 9.595, disminuyeron en comparación con los años anteriores. Igualmente, en los grupos más vulnerables se identificaron a los líderes comunitarios, líderes campesinos y sindicalistas. 

Entre 1996 y 2005 los casos fueron superiores: 32.249. Se registraron hechos también contra raizales y el pueblo Rrom (gitano) y los grupos vulnerables que encabezaron la lista fueron militantes de movimientos políticos, quienes ocuparon el primer lugar (incluso desde 1970), seguidos de los sindicalistas y los líderes comunitarios.

Las desapariciones desde 1991 hasta 1995 y desde 1982 hasta 1990 fueron similares en cantidad, pues para cada uno de los lapsos de tiempo se cometieron un poco más de 6.000 casos.

Finalmente, de 1970 a 1981, cuando apenas se empezaron a documentar esta clase de hechos, hubo 485 casos. La cifra baja puede estar relacionada con la marginalidad de la práctica, lo que pudo llevar a pocas denuncias. Para entonces todavía no se tenía información de grupos étnicos, pero los agentes de Estado estaban en segundo lugar como responsables, la posición más alta que llegaron a ocupar dentro de todos los periodos.

Sobre los agentes del Estado, el CNMH dice que tienen una alta participación en las desapariciones forzadas si se les compara con otros actos violentos, además, que de las 2.331 desapariciones atribuidas a este autor, 1.472 fueron cometidas por miembros del Ejército Nacional y 653 por miembros de la Policía Nacional.

En todos los casos cometidos con ocasión del conflicto armado, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, creada por el Acuerdo de Paz firmado con las Farc, es la encargada de hallar a los desaparecidos. Esa entidad anunció recientemente avances en la consolidación del Plan Nacional de Búsqueda.

“Estamos llevando a cabo diez diálogos con organizaciones e instituciones, para reconocer metas a corto, mediano y largo plazo, y también para concretar las

responsabilidades y partícipes que permitan lograr el objetivo común que nos convoca (…) A partir de esta nueva etapa de participación y construcción colectiva se irá afianzando la estrategia integral de la búsqueda, que nos permita priorizar, agilizar y ser más eficientes en la búsqueda de las personas desaparecidas”, dijo la directora general de la Unidad, Luz Marina Monzón.

El camino que queda

Más allá de los responsables y del contexto en el que se desarrollan las desapariciones, estas dejan unas consecuencias en distintos niveles. Incluso las familias de los desaparecidos resultan afectadas porque, en caso de estar muertos, no pueden llevar a cabo los rituales de entierro y despedida, lo que hace que el procesamiento de la pérdida de su ser querido sea muy traumático.

“Nosotros hemos podido determinar con la implementación de un proceso que hemos llamado Ruta Integral de Civilidad de Derechos que, en primer lugar, la desaparición forzada es un delito tan cruel, que yo creería que es el delito de lesa humanidad más doloroso que puede haber porque irrumpe en la cotidianidad de cualquier persona a un nivel de fragmentación tan alto, que toda su vida queda reducida a la búsqueda”, declara Santoyo.

Sobre la búsqueda, plantea que de cualquier manera, debe verse de una forma amplia que involucra no sólo un cuerpo sino los elementos necesarios para resarcir los daños emocionales, políticos, sociales, culturales, entre otros.

Para mitigar y prevenir la desaparición, así como para subsanar las fallas que se han cometido a nivel estatal, expertos señalan que se debe reconocer la responsabilidad que ha tenido el Estado en esos hechos y enviar un mensaje a los gobernantes y a la sociedad resaltando la necesidad oponerse a las desapariciones y encontrar a las víctimas.

Asimismo, se requiere garantizar que las fuerzas armadas sean reformadas y educadas para defender los derechos humanos y fortalecer los mecanismos de justicia para asegurar la independencia e imparcialidad de órganos de control, como la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

“Se ha venido pidiendo una reestructuración de la Fuerza Pública. Estas instituciones siguen actuando bajo la premisa del enemigo interno, aquí no estamos luchando contra otros que vienen a dañar el país sino con los mismos colombianos, las comunidades, el líder social, el defensor de derechos humanos, el estudiante, la persona de a pie”, señala Pestana.

Por su parte, Escobar hace un llamado a “fortalecer los mecanismos de justicia garantizando la independencia y la imparcialidad, es decir, un adecuado sistema de contrapesos que desafortunadamente en este país es inexistente. La garantía de monitoreo por parte de organismos de protección de derechos humanos también es clave. Y, en todo caso, fortalecer mecanismos de control interno por parte de la fuerza pública y también mecanismos de protección a los derechos humanos sin que esto se entienda como la idea de reforzar los mecanismos como la justicia penal militar”.

De no ser así, la impunidad seguirá funcionando como protagonista y como base para que las desapariciones continúen sucediendo. “Todos los crímenes se nutren de la impunidad. El hecho de que no se investigue ni se juzgue ni se sancione a los responsables hace que el crimen sea el crimen perfecto y lo utilicen indiscriminadamente todos los actores porque no hay sanciones”, reflexiona Arboleda.

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Los habitantes de los municipios que integran la región del Catatumbo aún no conocen el silencio de los fusiles. Pese a que hace más de tres años dejó sus armas la otrora guerrilla de las Farc, que tuvo un amplio poder en esta zona, la presencia de otros grupos ilegales impide que se consolide por lo menos la tranquilidad.

Desde la media noche de este jueves, el Ejército Popular de Liberación (Epl) decretó un “paro armado indefinido”. Esta estructura criminal, que hizo de algunas zonas rurales del Catatumbo su fortín de actividades ilegales desde mediados de la década del noventa, tras marginarse de los acuerdos de paz firmados en 1991, comunicó la decisión el martes de la semana pasada a través de un panfleto distribuido en varias zonas del Catatumbo, y siete días después lo declaró indefinido.

Alega el Epl que tomó esa decisión debido a la imposibilidad de lograr “una salida por la vía del diálogo” a la guerra que desde hace más de dos años sostiene con la guerrilla del Eln. Aseguró en su panfleto que ese grupo alzado en armas tendría alianzas con mandos de las Fuerzas Militares para atacar algunas de sus posiciones y señaló que esos supuestos acuerdos se han fortalecido al parecer con el apoyo del senador Alberto Castilla, del Polo Democrático; además, expresó su rechazo a la instalación de nuevas bases militares en la región.

En reacción a ese cuestionamiento, el senador Castilla expidió esta mañana un comunicado en el que afirmó que tal alusión expone su “integridad, la de mi familia y de las organizaciones con las que, hace años, hago trabajo comunitario; generando un riesgo inminente en este complejo contexto de guerra”.

El congresista resaltó en su mensaje que su “labor como Senador de la República y líder campesino, es completamente pública. Durante todos estos años he dedicado mis esfuerzos a la búsqueda de la paz, visibilizando la grave situación humanitaria en la que se encuentran las comunidades del Catatumbo por el histórico abandono estatal y respaldando los procesos organizativos campesinos y comunales”.

Además, rechazó las acciones que promueven la estigmatización en su contra, “pues constribuyen a continuar alimentando la confrontación armada y social contra las comunidades campesinas e indígenas de la región”.

Castilla también le hizo una solicitud a la Defensoría del Pueblo para que haga presencia en el Catatumbo con el fin de “atender de manera urgente esta situación, velando por la verificación permanente de los hechos que vulneran la paz y la tranquilidad en el Catatumbo, y brinde todas las garantías para las comunidades campesinas e indígenas que están en medio de la confrontación entre los distintos grupos armados”.

Los choque armados entre el Epl y el Eln habrían comenzado a mediados de 2018, cada uno buscando posicionarse en aquellas zonas abandonadas por las antiguas Farc, cuya posición estratégica se ve fortalecida por su cercanía a la República Bolivariana de Venezuela. (Leer más en: La nueva guerra que se desató en el Catatumbo)

Al enrarecido clima de alteración del orden público se sumó la decisión del Eln de realizar un paro armado de alcance nacional por 72 horas, que comienza a las 6 de la mañana de este viernes y se prolongará hasta la misma hora del próximo lunes. Si bien a través de un panfleto y de un video dio a conocer su medida, no expuso ningún argumento que la justificara.

Tras conocer la decisión del Eln, el presidente de la República, Iván Duque, aseveró: “Que no pretendan los terroristas salir a intimidar al país hablando de paros armados. Colombia no para ante las amenazas de ningún grupo armado; hoy más que nunca estamos fuertes como nación y fuertes como democracia”.

Las posiciones de uno y otro alejan las posibilidades de que vuelvan a sentarse a una mesa de conversaciones para buscarle una salida negociada a esa confrontación armada. Los diálogos, que se instalaron en su fase pública en febrero de 2017 en Quito, Ecuador, fueron suspendidos un año después tras el ataque dinamitero a la sede de la Escuela de Policía General Santander, que dejó una veintena de cadetes muertos. (Leer más en: Se reanuda formalmente la guerra contra el Eln)

Catatumberos, preocupados

En medio del fuego del Epl, del Eln y de las Fuerzas Armadas, que han incrementado su pie de fuerza en los últimos meses en la región, están los pobladores de los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Ocaña, Teorama, San Calixto y Tibú, que conforman la región del Catatumbo.

En entrevista con VerdadAbierta.com, Juan Carlos Quintero, directivo de la Asociación de campesinos del Catatumbo (Ascamcat), quien coordina el eje de derechos humanos, paz e implementación, se refirió a la situación de inseguridad que afrontan los habitantes de esta zona de Norte de Santander con los paros armados y los enfrentamientos entre los grupos armados.

VerdadAbierta.com (VA) ¿Cuál es el conflicto que hoy están viviendo en el Catatumbo por los grupos armados?

Juan Carlos Quintero (JCQ): Lo primero que hay que decir es que el conflicto armado en el Catatumbo no se ha cerrado por completo. En el 2016 el actor predominante eran las Farc, al salir se demostró que la confrontación se mantiene y quedaron otros actores históricos de la región que es en este caso el Eln y el Epl. El 14 de marzo de este año vamos a cumplir dos años del inicio de esa confrontación armada.

Según las Naciones Unidas es una confrontación que ha dejado afectación a unas 40 mil personas y el asesinato selectivo de unas 250 personas. Esa confrontación más que todo está relacionada con temas de economías ilegales, la ubicación del Catatumbo sobre la zona de frontera y sobre la acusación de ambos grupos de señalar alianzas con militares y paramilitares, como ellos lo han manifestado en los comunicados públicos.

Ese enfrentamiento se agudizó nuevamente en diciembre sobre los municipios de Ábrego, La Playa y Hacarí y se consolidó en una situación de crisis humanitaria hace nueve días en un sector conocido como La Unión Campesina, específicamente en la vereda La Arenosa, en el municipio de Ábrego, donde los enfrentamientos entre el Epl y el Eln ocasionaron el desplazamiento interveredal de 300 personas más o menos, un total de 45 familias, hacia la vereda El Espejo, en el municipio de Bucarasica.

El Epl decretó hace nueve días un paro armado en el que han estado confinadas cientos de familias de Hacarí, La Playa y parte de San Calixto y eso ha generado un desabastecimiento de las poblaciones, la suspensión de la misión médica, la suspensión de las actividades escolares. Y el día de ayer conocimos un comunicado público en el que anunciaba que ese paro armado era indefinido. A eso se le suma el anuncio que conoció el país del paro armado del Eln a partir del próximo viernes hasta el domingo y el hecho de que se junten esos dos paros armados en el Catatumbo, estaríamos ante la eventualidad de que van a estar confinadas unas 300 mil personas entre indígenas y campesinas que habitamos la zona del Catatumbo.

VA: ¿Qué está pasando entre el Epl y el Eln?

JCQ: Ellos públicamente se han hecho acusaciones mutuas de alianzas de los paramilitares y con el narcotráfico. Nosotros creemos que eso está pegado a la disputa de rentas ilícitas ahí en la zona y a la forma de que exista la hegemonía del más fuerte a esta renta ilícita y frente a una zona que es muy estratégica en la frontera con Venezuela.

VA: ¿Cómo se está viendo afectada la población por este conflicto?

JCQ: La población lleva dos años de mucha zozobra porque este conflicto tiene una particularidad y es que es entre muchachos y muchachas que habitan la zona del Catatumbo y eso ha afectado y debilitado gravemente los movimientos sociales, ha desintegrado familias, hay desplazamientos forzados entre las veredas y a ciudades como Bucaramanga, Ocaña, Cúcuta y Barranquilla.

VA: ¿Cómo ha actuado el gobierno nacional frente a la situación del Catatumbo?

JCQ: El tratamiento que ha dado el Estado colombiano, ha sido de militarización. El presidente Duque inauguró la Fudra 3 en octubre de 2018, que es la Fuerza de Despliegue Rápido número 3 con más de 3 mil hombres, sumando cerca de diez mil efectivos de la Fuerza Pública en la región, esto también ha acrecentado la situación de violaciones a los derechos humanos y violación al derecho internacional humanitario que involucran unidades del Ejército.

Precisamente ayer, en la vereda Piedras de Moler, del corregimiento de San Pablo, municipio de Teorama hubo un enfrentamiento de más de doce horas entre presuntos guerrilleros del ELN y miembros del Ejército. En este momento está el ELN, el EPL y unos diez mil miembros de la Fuerza Pública, hay dos disidencias de las Farc, la ‘Segunda Marquetalia’ y la gente de ‘Gentil Duarte’, y en la frontera, según la Fundación Pares, al día de hoy hay unas 38 estructuras armados en todo el departamento.

VA: ¿Se han instalado nuevas bases militares en el territorio?

JCQ: Aquí hay varias unidades militares. Está la Fuerza de Tarea Vulcano, la Fudra 3, tienen un despliegue territorial importante, incluso sobre esta nueva crisis llegan de 400 hombres más pero eso es un refrito que no va a dar ningún tipo de resultado, porque los problemas del Catatumbo son problemas sociales y estructurales que causan precisamente esos fenómenos y eso conflictos, entonces claro, hay un alto grado de omisión, sabiendo que la fuerza pública está con presencia en todas esas veredas y prácticamente están de espectadores en los enfrentamientos y los hechos de confinamiento que están sucediendo en varios municipios de la región.

VA: ¿Cómo están actuando las Fuerzas Militares en el territorio?

JCQ: Nosotros estamos planteando que esto es una responsabilidad del Estado, primero porque hay una simulación de cumplimiento del Acuerdo de Paz, es decir, el gobierno Duque no ha querido cumplir con el acuerdo que tiene las herramientas sociales de paz y de seguridad y el hecho de no cumplirlas ha generado este tipo de situaciones aquí en el Catatumbo.

Lo segundo es la ruptura que generó Duque a la mesa de conversaciones de La Habana, en este caso con el Eln, en el que se llevaban avances significativos. Hoy tenemos la situación militar que ha demostrado el Eln en esta parte del nororiente colombiano. La tercera y muy cuestionable, es que como es posible que diez mil servidores públicos han actuado en algunos casos por acción como fue el caso del exguerrillero Dimar Torres, asesinado por la Fuerza Pública. Y lo otro que estamos planteando es por omisión. El Estado tiene una responsabilidad muy grande como garante de derechos humanos o los convenios internacionales que ha firmado en la situación que nosotros estamos viviendo en el territorio.

VA: ¿En qué lugares se está realizando el paro? ¿Cómo ha transcurrido el día y esto cómo afecta a las comunidades?

JCQ: El paro es en toda la región. Hoy por ejemplo no hay paso entre Ocaña y Cúcuta que son las principales ciudades del departamento porque hay unos carros atravesados y los pueblos prácticamente son pueblos fantasmas.

Hoy ha habido unas acciones del Epl bastante rechazables, ha habido quemas de vehículos y de motos de campesinos, sobre todo en la vía que comunica entre Ocaña y Teorama y entre Ocaña y Convención y pues hay un pánico generalizado de parte de la comunidad.

VA: ¿Cómo analizar el asesinato de líderes que se está dando en el Catatumbo?

JCQ: Nosotros somos el tercer departamento con más asesinatos de líderes sociales. Este año, lamentablemente sumamos tres, uno era el señor César Tulio Sandoval, compañero de nuestra organización, asesinado el 10 de enero en la vereda La Silla de Tibú. Siguió un señor muy reconocido, Fernando Quintero, que hacía trabajo comunal, hace dos semanas fue asesinado a una cuadra del puesto de policía del municipio de Convención; y el sábado fue asesinado el señor Efrén Ospina, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Totumito y coordinador del Programa de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito en esa zona. Nosotros seguimos insistiendo que el asesinato de líderes sociales es sistemático, no existen plenas garantías para el ejercicio del trabajo social y prácticamente se nos volvió una profesión muy peligrosa para ejercer.

VA: ¿Qué mecanismos de autoprotección están implementando los líderes?

JCQ: Hay cosas que ha tocado declinar en hacerlas, se nos convierte en una especie de medidas, hay otros mecanismos comunitarios que estamos tratando de aplicar como las guardias campesinas. La otra semana vamos a aplicar unos mecanismos que hemos llamado extraordinarios, que son comisiones de verificación a las violaciones de derechos humanos, precisamente vamos a estar con varias organizaciones campesinas, de derechos humanos y comunidad internacional del 20 al 23 de febrero en el Corregimiento Santa Inés, del  municipio El Carmen y en la vereda La Arenosa en Ábrego, acompañando a las comunidades en el qué hacer y el tercero es que a muchas personas nos ha tocado salir de nuestros municipios de origen para proteger nuestras vidas.

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Montaje: Verdadabierta.com

El comercio, las fincas bananeras, las carreteras y las calles de los pueblos están deshabitadas porque todas las personas tienen miedo de salir de sus casas luego de que con llamadas, visitas y panfletos Los Urabeños decretaran un “paro armado”. En Magdalena, Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre y Bolívar se manifestó el poder que pocos le concedían a esta banda criminal.

El paro inició a las 12:00 a.m. y se extenderá por 48 horas más. En la información que contenían los panfletos, las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc)  dejaban claro que toda la población debía estar de luto por la muerte de Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Giovanni’ quien fue abatido en una operación realizada por la Policía Nacional, el pasado 1 de enero en Acandí, Chocó y que fue enterrado en Pueblo Nuevo, Necoclí.

Además resaltaron que el paro había sido convocado porque, según ellos, en el momento de la muerte de alias ‘Giovanni’ no se le habrían respetado sus derechos y al parecer habría sido fusilado delante de su familia.

Varias fuentes consultadas por VerdadAbierta.com afirmaron que este paro “revela la capacidad operativa de los ‘Gaitanistas’ y de sometimiento de la población civil, ya no necesitan hacer grandes matanzas para asustar y parar por completo una población”.

Como pueblos fantasmas se ven los municipios de Valencia y Tierralta en el Alto Sinú; Montelíbano, San José de Uré y Ayapel en el Alto San Jorge; San Pelayo en el Medio Sinú, todos en el departamento de Córdoba. Apartadó, Carepa, Turbo, Necoclí, Chigorodó y Arboletes en el Urabá antioqueño.

En Chocó los pueblos de Istmina, Condoto, Las Ánimas y San Juan recibieron amenazas. También se vieron afectados los municipios de Guaranda y Majagual en la Mojana sucreña, Achí y San Jacinto del Cauca en la Mojana bolivarense. Santa Marta, en el Magdalena, también está amenazado.

La reducción en el transporte y en las actividades comerciales también ha sido visible en diferentes poblaciones del occidente de Antioquia que como Cañasgordas, Frontino y Dabeida conducen al Urabá y en la vía para el Bajo Cauca, Puerto Valdivia y Caucasia, donde a partir de las 2:00 p.m. se ordenó cerrar todo el comercio según fuentes del municipio.

En la horas de la tarde llegó la orden del paro a la Comuna 13 de Medellín y no se descarta que esas mismas presiones se vayan a ejercer en otros corregimientos donde al parecer los ‘Gaitanistas’ hacen presencia. En el barrio La Sierra, San Javier y la Comuna 8 se presentaron alteraciones en el comercio y el transporte luego de que los habitantes fueran informados de que Los Urabeños ordenaban el cese total de las actividades.

Entre Palmitas y San Cristobal, en las horas de la noche, una buseta fue quemada luego de que hombres armados detuvieran el vehículo y obligaran a bajar a los 20 pasajeros que utilizaban este medio de transporte. Lo mismo sucedió en Aguas Frías donde dos taxis fueron quemados en los sectores de La Isla y Guarentos.

Según el general José David Guzmán, comandante del Departamento de Policía en Antioquia, “el poder intimidatorio de Los Urabeños es altísimo, el antecedente que hay de ellos atemoriza”.

Es aún más grave el hecho de que en estos municipios la presencia de la Policía y el Ejército no es garantía de seguridad. “El éxito del paro se debe al trabajo que hicieron estas estructuras en el pasado, generan tanto pánico que las personas prefieren quedarse encerradas en la casa”, narró una de las personas entrevistadas.

Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y de Desarrollo Social (Corpades), explicó que “el significado de esta situación es mostrar el poder militar de Los Urabeños y la injerencia que tienen sobre la población que debido al miedo o a otros factores reconoce su capacidad intimidatoria. Lo que sirve para cuestionar la premisa institucional de que Los Urabeños no tienen poder, son pocos y están opacados”.

El caso del Urabá antioqueño es muy preocupante. El 99,9 por ciento del comercio está cerrado y de acuerdo a las personas entrevistadas por este portal las fincas bananeras, los transportadores y los comerciantes decidieron parar toda su actividades.

Para Gerardo Vega, presidente de la Fundación Forjando Futuros y representante de los reclamantes de tierras de Urabá, “esta situación es un coletazo de la nueva legislación sobre víctimas y restitución de tierras”.

Para él es la llamada mano negra la que estaría auspiciando el paro con el fin de impedir la restitución de tierras “si dicen representar al pueblo -los ‘Gaitanistas’-, entonces que se pronuncien a favor de la ley de víctimas y de restitución de tierras y respeten también a los reclamantes”.

Vega expresó además que esa organización armada “está buscando legitimidad política cuando todos sabemos que son narcotraficantes, lo que esperamos es que el Estado los someta pues están ejerciendo poder sobre las rutas de tráfico que coinciden con las predios que reclaman los campesinos despojados, particularmente en Urabá”.

El 50 por ciento del transporte está reducido, las empresas de transporte público Gómez Hernández, Transportes Urabá, y Cootrasuroccidente, las cuales tenían previsto despachar buses desde y hacia Medellín, suspendieron el servicio por temor a que sus vehículos sean incinerados y sus conductores y pasajeros puedan resultar heridos.

Sergio Valencia, Coordinador general de despechos de Cootransuroccidente le dijo a VerdadAbierta.com que “en el día no hemos tenido ningún viaje a Urabá por el temor de la gente, los carros están y la Policía nos ofreció el servicio de acompañamiento en caravanas, pero las personas no quieren viajar. Vamos a perder bastante dinero”.

Todo el comercio, incluso los vendedores de minutos a celulares, pararon de trabajar. Luis Enrique Mosquera, personero de Apartadó afirmó que “los bancos funcionaron por la mañana, pero cerraron por la tarde. Las bananeras no están trabajando porque son los primeros sobre los que recaen las amenazas”. La intranquilidad ha ido aumentando a medida que pasa el día.

Algo similar ocurre en el Bagre, municipio del Bajo Cauca. Al medido día dieron la orden de cerrar todo el comercio. “Nos llamaron y nos dijeron que teníamos que cerrar y que no podíamos salir ni por la carretera ni por el río Nechí”, según narró un comerciante del municipio.

Santa Marta fue otro de los lugares en los que el paro armado cambió la cotidianidad. El coronel Wilson Barón Calderón, comandante de la Policía del Magdalena, explicó que el panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia fue llevado al mercado público por dos hombres en moto que amenazaron a los comerciantes y los obligaron a no trabajar. De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Gobierno Municipal, se están tomando medidas para evitar acciones contra la población civil.

En Córdoba las procesadoras de leche Colanta, Proleche y Codegán no pudieron comprar leche hoy. Los habitantes de los municipios de Puerto Escondido, Moñitos, Los Córdobas y Canalete, no se atreven a salir de sus casas luego de que los panfletos amenazantes inundaran los cascos urbanos y áreas rurales de estas localidades.

En la zona rural la amenaza para los ganaderos y comerciantes consistía en que todos los productos que subieran o bajaran por el río Sinú o por las carreteras que están a la orilla del afluente los quemarían.

Algunos campesinos afirmaron que los integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia fueron hasta las tiendas y las casas para advertirles que no podrían trabajar ni salir.

Este grupo nació en 2006 en el Urabá antioqueño y fue comandado Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, tras la desmovilización de su hermano el exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’ comandante del Bloque Élmer Cárdenas.

Durante estos cinco años este grupo criminal se han ido expandiendo hacia el norte en busca de las rutas del narcotráfico y para llenar los vacíos que dejaron los paramilitares que delinquieron en esa zona del país. En principio se llamaban Héroes de Castaño para luego denominarse Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Tras la captura de alias ‘Don Mario’ en abril del 2009, los hermanos Úsuga David tuvieron el mando del grupo que para ese entonces se llamaba la Banda de Don Mario. El año pasado hicieron una alianza con alias ‘Mi Sangre’ y adoptaron el nombre con el que se les conoce hoy: Los Urabeños.

Medidas de seguridad
Ante estas amenazas, se realizaron diversos Consejos de seguridad para determinar las acciones convenientes. En la mayoría de lugares se determinó restringir, durante 72 horas, el parrillero en las motos y la circulación de estos vehículos, entre las 8.00 p.m. y 6:00 a.m., así como la ley seca, en Apartadó, Chigorodó, Carepa y Necoclí. Adicionalmente se prohibió el porte de armas con salvoconducto. En algunas zonas estas medidas se extenderán hasta el próximo martes.

Tanto la Policía como el Ejército propusieron realizar caravanas para acompañar a la comunidad, los comerciantes y transportadores de la región. Según el comandante de la Policía Antioquia, Coronel José Acevedo, lo que se busca es darle confianza a los habitantes y viajeros de la zona.

La Armada Nacional reforzó la vigilancia en el Golfo de Urabá y movilizó motonaves hasta la frontera con Panamá.

Hasta el momento han sido capturadas 20 personas señaladas de pertenecer a esa banda criminal y les han sido incautadas armas, panfletos y granadas.

Un vendedor de joyas y un vendedor ambulante en Montelíbano, Córdoba, al parecer fueron ejecutadas tras negarse a cumplir las restricciones impuestas por este grupo criminal.

El Alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar, convocó a la ciudadanía para que se movilice y marche en contra de este tipo de acciones. Del mismo modo, Gerardo Vega insistió en que “se necesita más apoyo ciudadano. Así como se marcha contra las Farc se debe marchar contra todas estas bandas criminales”.

El reto de la autoridades es poder devolverle la confianza a la población de estos departamentos que siguen temiendo por sus vidas ante las estructuras armadas ilegales.

Según las autoridades tras la muerte de alias ‘Giovanni’, el mando lo habría asumido Dairo Antonio Úsuga David, su hermano, en compañía de Henry de Jesús López, alias ‘Mi Sangre’, quien había pertenecido a las Autodefensas Unidas de Colombia y que, actualmente, se disputa los espacios y las rutas del narcotráfico con Eric Vargas, alias ‘Sebastián’.

El actual gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, rechazó las acciones criminales y afirmó que “este paro lo único que muestra es el inconformismo de los grupos armados ilegales que buscan de alguna manera rechazar los golpes propinados por la Fuerza Pública”.

No es la primera vez que esta banda criminal muestra todo el poder que tiene.

La primera muestra de poder ilegal se dio en abril del 2005 cuando algunos paramilitares y desmovilizados files a Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, ordenaron el paro de todas las actividades comerciales como respuesta a su captura en Córdoba. Esa vez más del 90 por ciento el transporte en Medellín se paralizó.

La segunda se llevó a cabo en el año 2008, a principio de octubre en Urabá, Bajo Cauca y Occidente antioqueño, anunciando un paro armado para detener el avance de grupos guerrilleros en la región.

En esa ocasión la región del Urabá se detuvo por completo. Los trabajadores de las fincas bananeras no fueron a laborar, el transporte público no funcionó, los estudiantes no asistieron a clases y algunos comerciantes cerraron sus negocios por temor a amenazas o represalias de la nueva agrupación.

Luego se extendió hasta Nariño, donde en correos electrónicos y bajo las puertas de las casas de las personas y entidades que trabajan por los derechos humanos en ese departamento del sur del país, empezaron a aparecer unos panfletos que anunciaban la llegada del nuevo grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Son evidentes las muestras de poder de estos grupos que han sido conformados por exparamilitares, exguerrilleros y narcotraficantes.

A pesar de que su actividad económica se centra en el tráfico de droga, su poder es tan grande que cuando lo consideran necesario pueden detener y someter a quienes se encuentran en su zona de influencia tan sólo diciendo “de aquí no se mueve nadie”.

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