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Ni una mención directa en el Acuerdo de Paz le sirvió a la comunidad del consejo comunitario de La Alsacia, asentada en las montañas del municipio de Buenos Aires, para que su territorio fuera descontaminado de artefactos explosivos y minas antipersonal. El suyo es uno de los pocos nombres propios que aparecen mencionados en el documento que le puso fin a un conflicto armado que duró más de medio siglo y lleva tres años de implementación.

“El Programa de Desminado y Limpieza de las áreas del territorio nacional se desarrollará en concertación con los pueblos étnicos y sus organizaciones representativas. Se atenderán de manera prioritaria los casos de (…) los Consejos Comunitarios Alto Mira y Frontera y río Chagüí, y el municipio de Buenos Aires, vereda La Alsacia, en el departamento del Cauca”, reza una de las salvaguardas que le dan vida al Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.

La historia del consejo comunitario de La Alsacia está marcada por la resistencia del pueblo afrodescendiente. Su territorio empezó a ser poblado en 1993 por familias que se declararon afectadas por la construcción y puesta en marcha de la Central Hidroeléctrica de La Salvaija. Con las obras finalizadas en 1986, se inició un éxodo de cientos de personas que vivían de las riquezas naturales que el río Cauca dejaba a su paso por el municipio de Suárez.

“Toda esa gente hacía sus labores agrícolas en las riberas del río y cuando se llenó el embalse, muchos se desplazaron porque sus terrenos fueron inundados por la hidroeléctrica. Emigraron hacia la parte alta buscando tierra. Se consiguió la finca por medio de Ley 135, a través del Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural). Se adjudicó y se parceló a las familias, fueron 60 las que iniciaron ese proceso”, cuenta con nostalgia Genaro*.

Con el paso del tiempo más familias fueron llegando a la vereda que le da nombre al consejo comunitario, localizada en las estribaciones de Los Farallones y que hace parte de la cordillera Occidental. Por esa ubicación geográfica y por ser parte del Naya, la región limítrofe entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, esa comunidad ha vivido de cerca los horrores del conflicto armado.

Sus pobladores recuerdan con tristeza, y aún con temor, tres momentos del conflicto armado. El primero ocurrió en la Semana Santa de 2001, cuando paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) incursionaron en varias veredas de los tres municipios que conforman el Naya y cometieron una de las más cruentas masacres de la historia reciente del país, al asesinar y desaparecer a decenas de personas que fueron señaladas por un informante del Eln de tener supuestos nexos con grupos guerrilleros. (Leer más en: Los orígenes de la masacre del Naya)

“Nosotros hemos tenido dos grandes desplazamientos forzados. El primero fue en el 86; después en 2001 tuvimos un desplazamiento por la incursión paramilitar, en donde todas las comunidades de la parte alta del Naya nos vimos obligadas a desplazar el territorio, dejando todo lo que teníamos allá”, lamenta nuevamente Genaro.

Tras la desmovilización de la mayoría de grupos que conformaron las Auc, entre ellos el Bloque Calima, proceso que finalizó en agosto de 2006, los habitantes de La Alsacia vivieron con relativa tranquilidad y en 2009 conformaron oficialmente su consejo comunitario, “para salvaguardar y velar por el cuidado de la tierra y blindar el territorio”.

Sin embargo, un par de años después y también en 2013, vivieron fuertes enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las Farc. La situación fue tan crítica que en una ocasión la comunidad estuvo confinada durante tres meses. Además, en ese periodo, se agravó la situación por la instalación de minas antipersonal y la presencia de material de guerra sin explotar.

Por esa razón, cuando empezaron los diálogos entre los delegados del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y de la antigua guerrilla de las Farc, en La Habana, Cuba, para ponerle fin a más de medio siglo de confrontación armada, los voceros de la comunidad de La Alsacia buscaron que su situación fuera conocida y atendida en la implementación de un eventual pacto de paz.

Esa tarea no fue fácil. Las peticiones de organizaciones afros e indígenas de crear una comisión étnica en la Mesa de Negociaciones, similar a la que se instaló para tratar temas de género, con el fin de que sus visiones y derechos fueran respetados, no fue atendida y sólo se permitió su participación días antes de la concreción del denominado Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. (Leer más en: Acuerdo con las Farc tiene Capítulo Étnico)

“A raíz de eso, con PCN (Proceso de Comunidades Negras), Aconc (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca) y las diferentes organizaciones que habían venido ayudando a sostener el proceso organizativo, se logra hacer incidencia en La Habana para que La Alsacia fuera tenida en cuenta para el desminado humanitario, netamente lo nombra el Capítulo Étnico. Pero son cosas que hasta el momento no se han dado: sabemos que el proceso de paz no ha estado funcionando a la perfección y en nuestra comunidad no se ha hecho como tal”, explica Genaro.

El proceso de desminado ha sido igual de accidentado que la negociación en La Habana. Inicialmente fue asignado a un operador que por falta de garantías no lo desarrolló y después fue encomendado a la organización The Halo Trust. En ambos casos, la nueva ola de violencia que azota a los pobladores de zonas rurales del norte de Cauca, en la que múltiples actores armados se disputan el dominio que ostentaron las Farc, tiene en vilo esa labor humanitaria. (Leer más en: Reacomodo de grupos armados ilegales impacta con fuerza a Cauca)

“La gente se motivó y estuvimos contentos, se empezó el proceso de capacitación. Pedimos que hubiera gente nuestra que conociera el territorio. Se inicia con una serie de reuniones, se hace el Estudio No Técnico donde se identifican los sitios críticos para nosotros. Cuando llega la fase para retirar los artefactos, nos comunican que no pueden seguir por falta de garantías en el territorio y porque su personal había recibido una serie de amenazas”, cuenta un habitante de la región que pidió mantener en reserva su identidad.

Y prosigue: “Hasta la fecha no hemos podido retomar esa actividad porque está un poco densa la cosa y la comunidad lo está pidiendo porque lo necesitamos. Los lugares afectados son fincas, zonas de esparcimiento donde la comunidad se recrea, como ríos y bosques, sitios donde culturalmente la comunidad va a obtener materiales para su sustento o tiene plantas medicinales. El proceso no ha avanzado y viendo que, si es un acuerdo que explícitamente, como se menciona a La Alsacia y a otras comunidades, ya se debería haber cumplido con ese punto”.

Este portal intentó comunicarse con The Halo Trust para conocer detalles de las labores realizadas en La Alsacia y si hay programada una posible fecha de reanudación, pero no fue posible lograr una entrevista y tampoco recibió respuesta del cuestionario que se formuló al respecto. De manera similar se intentó contactar al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos Arévalo, pero su equipo de prensa indicó que se remitiera un cuestionario por escrito, razón por la cual no se pudo tener contacto directo con el funcionario.

La respuesta de esta dependencia corrobora que el caso de La Alsacia le fue asignado The Halo Trust. Para ello, se socializó el proceso de desminado humanitario con la comunidad y sus autoridades ancestrales, “que brindaron su autorización y dieron el aval para iniciar el proceso”. Y explica que “actualmente las operaciones están suspendidas debido a las conflictividades del territorio, que afectan o pueden afectar la seguridad de esta comunidad”.

Asimismo, precisa que “la normativa internacional y la asumida por el gobierno colombiano, debido al componente humanitario del Desminado, propenden por la seguridad de la población y por brindar a la comunidad garantías de no repetición. En ese sentido, en algunos municipios, debido a sus dinámicas territoriales y a la falta de condiciones de seguridad para el desminado humanitario, se ven suspendidas estas operaciones”.

No obstante, aclara que tanto esa entidad, como The Halo Trust, están realizando talleres de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal con la comunidad, con sus líderes y con las autoridades para gestionar el riesgo frente a estos artefactos explosivos.

Resguardos en pausa

“Los equipos técnicos estaban adelantando una labor muy bonita de quitar bastantes artefactos explosivos que quedaron después de la guerra. Tristemente tenemos una situación bastante crítica con el programa de desminado humanitario que adelantan varias agencias en el norte de Cauca; en específico, en los municipios de Suárez, Miranda y Corinto”, lamenta Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).

Y la situación no es para menos, pues los hechos de violencia en los últimos meses, como la masacre de la gobernadora indígena del resguardo de Tacueyó y varios guardias indígenas en zona rural del municipio de Toribío; la masacre de un personal que adelantaba labores de topografía en el municipio de Corinto; los constantes asesinatos de comuneros y miembros de la Guardia Indígena; sumados al robo una camioneta de Humanity & Inclusion (HI), organización humanitaria que atiende a víctimas de minas antipersonal y adelanta labores de desminado en tres municipios, llevaron a la suspensión de operaciones en terreno. (Leer más: Masacre de Tacueyó: el alto costo de ejercer la autoridad propia)

“Lo que se anheló: tener resguardos despejados y libres de sospecha minas, donde las comunidades puedan realizar sus labores agrícolas y su arraigo con el territorio, está en peligro por el regreso de las violencias”, indica Capaz con dolor, porque la no repetición de la violencia que se debía dar en la región tras la dejación de armas de las Farc, no se cumplió.

Y resume así lo que ha pasado con el compromiso del desminado humanitario: “La cuestión es que este ejercicio tuvo buen arranque por el contexto de paz, donde existían unas circunstancias de tranquilidad tremenda producto del impulso del Acuerdo de Paz, pero hoy está siendo seriamente afectado. Ahora tenemos suspensión en varias zonas, ojalá no tengamos que cancelar las acciones de desminado humanitario civil”.

Esas suspensiones obedecen a las dinámicas de reconfiguración territorial entre diferentes grupos armados ilegales que se disputan el control de las zonas y negocios ilegales que durante décadas controlaron las Farc hasta su desaparición como grupo alzado en armas. No en vano, la Defensoría del Pueblo ha emitido nueve informes de Alerta Temprana desde 2018 para los municipios del norte de Cauca dando cuenta de la presencia de grupos disidentes de la extinta organización guerrillera, acciones de grupos sucesores del paramilitarismo, la expansión del Eln desde el sur del departamento y el arribo de nuevos grupos criminales, entre ellos el Epl.

Ese caldo de cultivo, producto de la demora del Estado para copar de manera integral los territorios que la otrora más guerrilla del continente dominó, es el que tiene en vilo el proceso de desminado humanitario y puede echar al traste los resultados alcanzados en los dos últimos años. Por ejemplo, hasta noviembre, antes de suspender labores de desminado, HI había logrado despejar 11.155 metros cuadrados en Corinto, 5.882 más en Caloto y destruir 151 artefactos explosivos en ambos.

Esa organización, compuesta por una federación de asociaciones nacionales en Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Luxemburgo, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, que opera en Colombia con el apoyo de la Embajada de Suiza y Cosude, inició contactos con las comunidades indígenas en septiembre de 2016.

Érica Agredo, asesora de Seguridad y Protección de HI, cuenta que debido al trabajo de enlace comunitario que habían hecho con el pueblo Nasa, los resguardos de Huellas, Tóez y López Adentro, ubicados en Caloto; y el de Corinto, que lleva el mismo nombre de ese municipio, solicitaron que dicha organización estuviera a cargo del desminado de sus veredas.

“Ellos no querían que lo hiciera la brigada de desminado del Ejército por el tema del conflicto. Fue toda una labor de consensos, de acuerdos, de construcción colectiva de la propuesta y así es como inicia el proceso”, explica. De ese modo fue como el programa Descontamina Colombia, a cargo del gobierno nacional, le asignó esos dos municipios y también Cajibío, en donde trabajan con comunidades campesinas.

Durante el primer semestre de 2017, las actividades se enfocaron en labores de enlace con las comunidades, de entrenamiento de los equipos y contrataciones de personal, entre las que se incluyeron habitantes de la región. “Hay que reconocer que no es fácil porque el desminado trae una connotación que se percibe como una acción que puede estar vinculada con la erradicación de cultivos o con la gran minería. Nos tocó explicar que nuestra misión es puramente humanitaria y que lo único que queremos es reducir los riesgos de los artefactos explosivos de las comunidades. Esa es nuestra misión”, explica Arturo Bureo, coordinador de desminado de HI.

Es así como en agosto de ese año iniciaron las labores de campo, las cuales tienen tres fases. La primera es la de Estudio No Técnico (ENT), que consiste en la revisión de bases de datos sobre accidentes e incidentes con material de guerra y operaciones militares; además de entrevistas para que los pobladores reporten la posible ubicación de artefactos explosivos.

En caso de ser identificados sitios contaminados con munición sin explotar o minas antipersonal, se determina un polígono y son aislados. Tras esa fase, entran en acción los equipos de despeje, con detectores de metales y herramientas de jardinería. Finalmente, se procede a la etapa más delicada, que es la de neutralización o destrucción de los artefactos explosivos.

Aderito Ismael, jefe de Operaciones de Desminado de HI, explica que, dependiendo de la clase de artefacto a neutralizar, se utilizan diferentes métodos y herramientas, como el disparo de un chorro de agua a alta velocidad o una quema controlada.

Como balance parcial, Bureo reporta que han “avanzado en las tres labores en ambos municipios. En la fase de Estudio No Técnico en Caloto estamos como en un 80 por ciento y quedaban alrededor de 18 mil metros cuadrados identificados por despejar. En Corinto hemos avanzado en un 45 por ciento de ENT, ahí quedaría más trabajo por hacer y se han identificado áreas por despejar”. Y destaca que esos municipios se han caracterizado porque la mayoría de los hallazgos son de “artefactos aislados”, como morteros improvisados.

A pesar de la suspensión, esa organización humanitaria sigue atendiendo a víctimas y realizando talleres de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal. El 13 y el 15 de noviembre se reunieron por separado con las autoridades indígenas de los dos municipios para analizar si podían reanudar labores de desminado, pero el panorama no ha cambiado y no existen las condiciones de seguridad para realizarlas. Las partes acordaron mantener la suspensión y hacer una nueva evaluación el próximo mes de enero.

“Nos hemos ajustado a la cosmovisión de las comunidades, a los procesos de armonización cuando llegamos a algunas zonas y respetamos totalmente la forma en que armonizan el territorio. Lo hemos ido entendiendo y comprendiendo, por eso seguimos comprometidos con las comunidades y con las necesidades que tienen. Cuando se den las condiciones, entramos de nuevo con el desminado”, enfatiza Agredo.

HI tenía proyectado finalizar sus labores en Caloto a finales del próximo año y en Corinto estarían concluyendo en 2021, pero esa previsión ya no será posible. En consecuencia, las comunidades étnicas del norte de Cauca tendrán que vivir más tiempo con sus territorios ancestrales contaminados y expuestas a los peligros del material de guerra que no explotó, un riesgo que revela el fracaso del Estado de cumplir con el pacto de no repetición, que incluía brindar condiciones de seguridad en las regiones golpeadas por la confrontación armada.

* Nombre modificado por razones de seguridad.

Investigación realizada con el apoyo de:

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“Los disidentes de las Farc llegaron echando a la gente. Que se tenían que ir de las veredas fue la orden. Y claro, atemorizados, todos abandonaron sus hogares. Pero cuando iban camino al albergue humanitario que se instaló en (corregimiento) Juan José, a la altura de la vereda Riosucio (Puerto Libertador) salieron los del ‘Clan del Golfo’ a decirles que no, que se tenían que devolver, que no iban a permitir el desplazamiento forzado. Entonces, tenemos unos campesinos confinados que no pueden devolverse para sus tierras porque los caminos están minados, pero que tampoco pueden llegar al albergue humanitario porque los matan”.

La denuncia la hizo Andrés Chica, director de la Fundación Cordobexia y defensor de derechos humanos del sur de Córdoba, donde se vive una delicada situación humanitaria, agravada desde el pasado jueves.

Ese día, hombres armados que se identificaron como integrantes de la disidencia del Frente 18 de las Farc, ingresaron a la vereda Santa Rosa, del corregimiento Juan José, municipio de Puerto Libertador, y ordenaron a sus pobladores abandonar sus viviendas. La orden se extendió a las veredas Riosucio, Soledad, Jagua y Puerto Mutatá, también de Puerto Libertador; así como a las veredas Santa Bárbara, del cañón del San Jorge, y Flechas, del cañón San Pablo del Río Sucio, que pertenecen a Puerto Libertador, pero son atendidas por el vecino municipio de Ituango, en Antioquia.

“En este momento están totalmente desocupadas La Esmeralda, Santa Rosa y Flechas. Las demás están confinadas porque el otro grupo armado no las deja bajar al albergue humanitario”, detalló Chica.

Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en el centro poblado del corregimiento Juan José, donde se instaló un improvisado albergue humanitario, se contabilizaron, hasta el pasado lunes, 368 personas (168 familias) y se estima que por lo menos unas 300 familias (950 personas aproximadamente) se encuentran confinadas por cuenta de la orden impartida por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’.

La situación se agravó el pasado viernes cuando un grupo armado, al parecer de las Agc, citó a dos hombres al corregimiento Viera Abajo, donde son “donde son amos y señores”, le dijo a este portal un conocedor de la región, quien por razones de seguridad solicitó la reserva de su nombre.

“No se sabe aún por qué los citaron. Uno de ellos llegó acompañado de su esposa y el otro, de un hermano. En una parte del camino fueron abordados por hombres armados y les dijeron a los dos citados que debían continuar con ellos y sin sus parientes”, relató la fuente consultada.

A los dos días fue hallado el cadáver de uno de los labriegos retenidos. Se trata de Jhon Jeimer González Vásquez, quien fue encontrado con signos de tortura en zona rural del corregimiento de Viera Abajo. Horas más tarde, apareció el cuerpo sin vida de Julio César Taborda Caro, un indígena del pueblo Zenú.

“Las autoridades no han parado de decir que (los asesinados) tenían antecedentes penales, pero resulta que esos antecedentes les fueron impuestos en 2014, cuando cerca de 120 campesinos fueron perseguidos en el marco de la resistencia por los cultivos de hoja de coca”, se quejó Chica.

Emergencia advertida

Lo que sucede en Puerto Libertador, y en varios municipios más del sur de Córdoba, bien podría denominarse “crónica de una tragedia anunciada”. Los riesgos para la población civil habían sido advertidos por la Defensoría del Pueblo meses atrás.

El 25 de noviembre de 2018, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de esta agencia del Ministerio Público, mediante Alerta Temprana 083-18, llamó la atención de autoridades civiles, militares y de Policía sobre el riesgo de violaciones a derechos humanos en que se encontraban las comunidades campesinas tanto de este pueblo como de sus vecinos Montelíbano y Tierralta.

En su Alerta, la Defensoría advirtió la posible ocurrencia de combates entre las Agc, grupo que pretende copar los territorios dejados por los frentes 5, 18 y 58 de la extinta guerrilla de las Farc, y una estructura armada conformada por antiguos combatientes de la antigua organización insurgente que se presenta ante los labriegos del sur de Córdoba como ‘Nuevo Frente 18 – Camarada Román Ruiz – Cacique Coyará’, que proviene del municipio antioqueño de Ituango.

“El inicio del nuevo ciclo de hostilidades por el control territorial entre las Agc y las estructuras armadas del autodenominado ‘Nuevo frente 18 – Román Ruíz – Cacique Coyará FARC-EP’, comprende la disputa de los corredores de movilidad entre las cuencas de los ríos Esmeralda y Tigre en Tierralta y San Jorge en Puerto Libertador. Para los excombatientes de las Farc, la recuperación de sus antiguos territorios de movilidad tiene un especial interés en el actual proceso de reconfiguración y fortalecimiento”, consignó el SAT en su informe.

Ese contexto de guerra creciente, señaló la agencia humanitaria, eleva el riesgo para líderes campesinos y comunitarios, y para los labriegos que vienen impulsando en sus comunidades el Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), los defensores de derechos humanos que propenden por la implementación del Acuerdo de Paz y los gobernadores de las comunidades indígenas presentes en el territorio.

Todo porque, tal como lo documentó el SAT de la Defensoría, las dinámicas de estos nuevos grupos armados ilegales apuntan más a generar terror en las comunidades consideradas afectas, cercanas o colaboradoras del “enemigo” mediante actos de violencia desproporcionada. Lo anterior para propiciar su expulsión del territorio, destruir supuestas lealtades, evitar posibles denuncias ante las autoridades y así, poder imponer un nuevo orden violento.

De acuerdo con el SAT, “la nueva confrontación violenta entre estos grupos armados ilegales ha propiciado el incremento y reaparición de acciones, mecanismos y dispositivos de guerra como el reclutamiento forzado, la ubicación de contingentes con armas largas, uso de uniformes camuflados o vestimenta oscura (en ocasiones con el rostro cubierto), en sitios donde confluyen corredores de movilidad; la instalación de minas antipersonal en caminos, trochas y zonas donde se capta señal de celular; atentados en contra de la población civil; presiones contra miembros de la misión médica para que presten servicios médicos a heridos en combate por fuera de los espacios institucionales; amenazas y atentados contra líderes sociales y comunitarios, entre otros”.

A esa advertencia de la Defensoría se suma la Alerta Temprana de Inminencia 023-18, de febrero de 2018, emitida para llamar la atención de los riesgos para la población civil en el municipio de San José de Uré, que hace parte de toda esta dinámica de violencia que azota el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.

Y en septiembre del año pasado, en un detallado reportaje realizado por este portal se denunció la situación de extrema violencia que estaban padeciendo las comunidades campesinas de esa convulsionada línea fronteriza entre los dos departamentos por cuenta de los intereses de organizaciones criminales sobre las rentas ilícitas del narcotráfico y la minería. (Leer más en: Frontera entre Antioquia y Córdoba, una línea borrada por la guerra)

¿Presencia insuficiente?

Para enfrentar esa compleja situación de orden público que aqueja al sur de Córdoba, así como la vecina región del Bajo Cauca antioqueño, el Ministerio de Defensa desplegó desde comienzos de 4 de enero de este año la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del Ejército, que dispone de poco más de cuatro mil efectivos bajo el mando del Brigadier General Alberto Rodríguez.

Desde su entrada en operaciones, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles ha logrado afectar la minería ilegal destruyendo varias retroexcavadoras; también ha incautado fusiles y de armas cortas; y, además, capturado a presuntos integrantes de grupos armados ilegales.

No obstante, su labor ha sido cuestionada por organizaciones campesinas con presencia en el territorio, como la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor). En comunicado público divulgado recientemente, lamentó que, pese a las advertencias públicas sobre el recrudecimiento de la violencia, la reestructuración de los poderes armados y el surgimiento de nuevos grupos criminales en el sur de Córdoba, ni las autoridades civiles ni las autoridades militares hayan podido evitar hechos como el que se registran en Puerto Libertador.

“Pese a la presencia de la ‘Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles’, creada para el Bajo Cauca y Sur de Córdoba como la ‘respuesta optima y en capacidad de restablecer el orden y libertades’ con más de cuatro mil uniformados, que por tierra, aire y agua ‘estabilizan y normalizan esta parte del país’, que entró en operaciones desde el 10 de enero del presente año, hechos como este se presenten, pese a la acción urgente emitida el 21 de marzo. Aún hay ausencia de Estado, aún hay insuficiencia militar e inexistencia de respuestas contundentes para conjurar estos hechos oprobiosos”, denunció Ascsucor.

La aseveración es corroborada por un líder de la región, conocedor de las dinámicas sociales y de violencia del sur de Córdoba, quien pidió reserva de su identidad: “La verdad es que para esos lados donde está jodida hoy la cosa, hay bien poquita Fuerza Pública. Tu subes y claro, ves Ejército y Policía en el centro poblado de Juan José, pero de ahí para arriba, nada”.

Lo preocupante es que ese vacío de Estado y la aparente ineficacia de la Fuerza Pública, ha creado una “autoridad de facto” en la región del sur de Córdoba que es ejercida por las Agc: “En el corregimiento Viera Abajo se reúnen con todo el mundo. Allá tienen que ir a pagar las ‘vacunas’ (extorsiones), a arreglar asuntos de linderos con los vecinos. Ellos formaron un Estado paralelo donde cobran multas por todo y someten a la gente a trabajos forzados”.

De otro lado, organismos internacionales como OCHA están advirtiendo que el corregimiento de Juan José, a donde se albergan las familias desplazadas por acción de los grupos armados ilegales, “tiene limitaciones de acceso a agua, debido a que la población se abastece con agua de pozos artesanales, los cuales se encuentran secos por el impacto de la sequía propia de la temporada y como efecto del Fenómeno del Niño”.

Esta agencia de Naciones Unidas reportó hace dos días que “las autoridades locales y la iglesia están suministrando agua potable en bolsa a las familias afectadas; no obstante, de no ser resuelto el suministro de agua, se pueden presentar problemas por el saneamiento básico y agravar los problemas de salud. La administración municipal ha solicitado apoyo al Ejército con un carrotanque que abastezca de agua, pero este se encuentra fuera de la zona”.

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Que campesinos, afros e indígenas se enfrenten con terratenientes para dirimir asuntos de acceso y propiedad de la tierra es frecuente en diversas regiones del país, pero que labriegos afectados por la guerra choquen entre sí y que entidades estatales tengan posturas distintas al respecto, revela la complejidad de resolver uno de los temas estructurales que atizó el conflicto armado colombiano durante más de 50 años. (Leer más en: Un error del gobierno los enfrentó, ahora afros e indígenas se reconciliaron)

Uno de los casos que ilustra ese último fenómeno se presenta en el municipio de Armero Guayabal, lo que ha generado un tenso clima entre campesinos víctimas del conflicto armado. Allí hay un debate jurídico alrededor de la finca Potosí, que le perteneció al narcotraficante Leonidas Vargas y tras un proceso de extinción de dominio pasó a manos del Estado para que fuera entregado a labriegos sin tierra.

La discusión, que viene desde el 2006, se intensificó desde mediados del año pasado, luego de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) decidiera adjudicarles el predio a 22 familias de diversas regiones del país, respaldas por la Asociación Distrital de Supervivientes de Minas Antipersonal y Munición sin Explotar (Adisman).

En un evento realizado el 24 de mayo de 2017, la ANT les entregó el predio en calidad de provisionalidad mientras se adelantaba el proceso administrativo de titulación a cada una de ellas. En esa ocasión, Miguel Samper, director general de la ANT declaró: “La tierra en este país nos permite generar condiciones de reconciliación y reconstrucción de proyectos de vida. Eso es paz territorial”.

No obstante, otro sentimiento embargaba a los integrantes de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Armero Guayabal, afiliada a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), quienes aún no aceptan que los hayan rechazado, cuestionan a la ANT y también a los recién llegados. “Son personas que nunca han tenido que ver con el municipio”, afirmó Édgar Angarita, líder del proceso de reclamación y vocero de los campesinos tolimenses. A su juicio, la agencia estatal se equivocó al adjudicarle el predio a esas 22 familias y no a sus representados, quienes reclaman la finca desde hace 14 años, en calidad de víctimas de desplazamiento forzado.

La Procuraduría General de la Nación también intervino en el debate. Su posición quedó consignada en un concepto emitido a finales de 2017. Tras valorar los trámites realizados por los labriegos tolimenses y las respuestas de las distintas autoridades de tierras, le solicitó a la ANT que valorara “el hecho de que los solicitantes representados por el Sr. Angarita iniciaron un procedimiento administrativo que nunca fue tramitado por la entidad desde 2006”.

No obstante, en la ANT tienen claro que lo realizado hasta el momento, que condujo a la adjudicación del predio a las familias respaldadas por Adisman, se hizo aplicando la normatividad existente y no hay ningún otro interés que el de atender con eficiencia a unas personas golpeadas por la guerra. Además, reiteraron el ofrecimiento que le hicieron a los labriegos de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Armero de comprarles tierra donde ellos digan.

El proceso está lejos de haber concluido. De un lado, los campesinos afectados agotarán todas las vías judiciales; y de otro, la Procuraduría también acudirá a las vías administrativas para tratar de revertir la decisión y ejercerá los recursos procedentes para solicitar a la ANT que se revise los procedimientos de acuerdo con las alertas que estaban consignadas en el informe de finales de 2017.

Génesis de la disputa

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en decisión tomada el 25 de mayo de 1999, extinguió el derecho de dominio del predio Potosí, una de las fincas de recreo que poseía el narcotraficante Leonidas Vargas en el municipio de Armero. Se trata de un predio de 149 hectáreas de la vereda El Hato en Armero Guayabal.

Tras surtir varios procesos, finalmente pasó a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes el 11 de agosto de 2004 y 13 meses después, el 29 de septiembre de 2005, le fue entregado al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) para incluirlo en la lista de potenciales predios para adelantar procesos de reforma agraria.

De manera paralela a estos procesos administrativos, en Armero Guayabal un grupo de 133 familias inició la explotación de los predios Laguna del Hato y Hacienda El Rhin, que también pertenecieron al narcotraficante. Ambos predios fueron asignados de manera provisional a los campesinos. No obstante, 33 de esas familias de desligaron del proyecto y bajo la figura de la Cooperativa de Trabajo Asociado Agro-Industrial Paz Verde presentaron el 28 de marzo de 2006 una solicitud ante el entonces gerente regional del Incoder, Roberto Jaramillo, para que les adjudicaran la finca Potosí.

El argumento de la petición fue simple: tener una porción mayor de tierra por familia. En Laguna del Hato se concentraban 93 familias, cada una de las cuales dispondría de 2,1 hectáreas; si se aceptaba la propuesta, el número de familias se reducía a 60 y, por tanto, el área de explotación subía a 6 hectáreas. Y para las 33 familias solicitantes de Potosí, se incrementaría a 4.5 hectáreas. (Ver solicitud)

Mientras esperaban respuesta del Incoder, apareció en la vereda El Hato un grupo armado ilegal autodenominado Autodefensas Nueva Generación Futuro Verde, que entre el 1 y el 20 de mayo de 2006 atacó a los campesinos de la Laguna del Hato, asesinó a tres personas y obligaron desplazarse a las familias. Los campesinos muertos fueron Javier Carvajal, Horacio Guzmán Padilla y Fabio Calderón Arellanos.

Relatos registrados ante la Defensoría del Pueblo detallaron lo ocurrido: “Llegaron a la hacienda La Daniela a matar a Horacio y a Javier, les dijeron las siguientes palabras: ‘venimos a matarlos porque ustedes se le están robando los pescados de la laguna a los de la Laguna del Hato quienes nos llamaron por eso… espero no volver a ver a usted y a ninguno de los de su grupo aquí en el predio porque los matamos”. El tercer campesino, Fabio, fue atropellado en una de las carreteras de la vereda por un vehículo del cual se desconocen sus características y sus ocupantes.

“No nos dejaron volver al predio para trabajarlo, a mejorarlo ni a explotarlo”, continúa el relato. “Después de haber sido amenazados, y a partir del momento en que asesinaron a los muchachos, nos tocó atomizarnos, unos se fueron a vivir a otro municipio y los que no teníamos con qué trastear, nos tocó mandar a nuestros hijos, esposas y hermanas para otras partes”.

Todos los campesinos afectados con estos hechos, como miembros que eran de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) fueron incluidos en el Registro Único de Víctimas el 22 de agosto de 2014, pero también ostentan esa calidad de manera individual.

Dos años después de esa incursión, el 25 de julio de 2008, se registró sobre la finca Potosí una demanda de pertenencia presentada por supuestos dueños, quienes reclamaron la posesión del predio, lo que obligó al Consejo Nacional de Estupefacientes a asumir el derecho de dominio sobre el predio, lo que en últimas implicó sacarlo del inventario de bienes y, en consecuencia, no podría ser ofrecido para programas de reforma agraria hasta tanto se superaran los procesos judiciales.

A ese proceso de demanda se le sumarían otros más, esta vez por parte de quienes tenían en depósito el predio bajo arriendo, lo que complicó su situación jurídica y entorpecía la posibilidad de devolvérselo al Incoder. Sólo hasta el 7 de diciembre de 2016, y tras superar todos esos escollos, la finca Potosí regresó al Estado, esta vez a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que reemplazó al Incoder.

Solicitud fallida

Mientras todo el entramado de demandas se resolvía, las 33 familias campesinas que, desde 2006, presentaron la solicitud de entrega de Potosí, no sólo vivían el drama del desplazamiento, sino la imposibilidad de acceder al predio por cuanto las entidades estatales insistían que mientras no concluyeran los procesos judiciales, nada se podía hacer.

“Nosotros hemos venido reclamando el predio desde hace 14 años y desarrollando todos los procedimientos de ley para tener el derecho al predio”, precisó Angarita, vocero de las familias que reclaman Potosí, y asegura que las actuaciones del Incoder, primero, y luego de la ANT, son “irregulares”.

De acuerdo con las declaraciones entregadas a este portal, las que acompañó de varios documentos, este representante de los campesinos insiste en que lo ocurrido entre 2006 y 2017 evidencia la ineficiencia de las entidades estatales para atender a las víctimas que, como ellos, se quedaron sin tierra. “Este proceso nos costó el asesinato de tres compañeros y el desplazamiento de las familias. Nadie se imagina el drama que hemos tenido que vivir”, reiteró.

Pero no sólo Angarita se ha quejado de la manera cómo fueron descartados como beneficiarios de la adjudicación del predio Potosí. La Alcaldía de Armero Guayabal, a través de su mandatario local, expuso también su inconformidad. En una relatoría fechada el 28 de febrero de 2018, tras una visita al predio por parte de varias entidades estatales, se consignaron los cuestionamientos del alcalde Carlos Alfonso Escobar al proceso de entrega a campesinos venidos de otros departamentos y no a los que están afiliados a la ANUC Tolima.

“Por la adjudicación a estas familias (las respaldadas por Adisman) es posible la generación de conflictos sociales en el municipio, primero porque el predio no cuenta con las condiciones necesarias para ser adjudicado, y segundo porque se dio prioridad a familias victimas que no son del municipio desconociendo los intereses de la ANUC sobre el mismo”, y reiteró que “la Agencia (ANT) le está trayendo un problema al municipio con esta adjudicación que puede desencadenar en temas de orden público”.

En el documento también se registró la inquietud del alcalde Escobar con respecto de los nuevos vecinos: “Refiere además tener duda sobre la condición de víctimas de las personas a las que se le adjudicó el predio Potosí, al no tener la seguridad si efectivamente son personas víctimas de minas antipersona, pues alude que algunos de ellos no cuentan con ningún tipo de discapacidad evidente”.

Se suma la Procuraduría

Desde finales de 2017, la Procuraduría General de la Nación también cuestionó los procedimientos de la ANT a través de los cuales le adjudicaron el predio a las 22 familias respaldadas por Adisman. Amparándose en diversas normas jurídicas, se mostró preocupada porque las peticiones presentadas en 2006 no fueron atendidas con la debida diligencia.

“Estas solicitudes de adjudicación nunca fueron contestadas de fondo y adecuadamente por el Incoder, sino que contestó de manera general y abstracta”, conceptúa el Ministerio Público y agrega que, de igual manera, “observa que con estas omisiones y actuaciones pudo darse por parte del Incoder un abierto desconocimiento de los estándares mínimos constitucionales sobre las obligaciones estatales frente al derecho de petición, y una falla en el deber de iniciar la actuación administrativa respectiva”.

La Procuraduría también llamó la atención sobre la pérdida del expediente del predio Potosí en el tránsito que se hizo de toda la documentación del Incoder, una vez fue liquidado el 7 de diciembre de 2015, a la nueva entidad que la reemplazó, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lo que constituye una “grave irregularidad” y criticó la valoración de “predio nuevo” que se le dio a Potosí una vez volvió al Estado el 7 de diciembre de 2016.

Ante el proceso de entrega que inició la ANT, el Ministerio Público le solicitó que “antes de iniciar y adelantar el proceso de adjudicación del predio Potosí, debería haber conformado oficiosamente un solo expediente, acumular todas las peticiones pendientes de respuesta de fondo, incluso las tramitadas ante otras entidades y que le fueran trasladas, para evitar decisiones contradictorias”.

Finalmente, insistió en la “necesidad de valorar el hecho de que los solicitantes representados por el Sr. Angarita iniciaron un procedimiento administrativo que nunca fue tramitado por la entidad desde 2006”. Pero nada de eso fue tenido en cuenta por la ANT, razón por la cual presentará un recurso de reposición ante esta agencia para que se revise nuevamente todo el proceso.

¿Qué dice la ANT?

Javier Flórez, Director de Acceso a Tierras de la ANT, defendió el papel que ha desempeñado esta agencia estatal en el proceso de adjudicación de Potosí. En entrevista con este portal, aclaró algunos puntos cuestionados y dejó en claro que todo se ha hecho siguiendo las normas jurídicas existentes y sin ningún tipo de sesgo.

Lo primero que defendió fue la valoración de “predio nuevo” y se amparó en la creación de la entidad, en diciembre de 2015, para alegar que, en ese momento, el predio no hacía parte del inventario del Fondo Nacional Agrario, a donde llegan los predios extintos por parte de la justicia colombiana y que son administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El funcionario indicó que, desde el 19 de agosto de 2008, el Consejo Nacional de Estupefacientes determina que ante los líos jurídicos que afrontaba el predio en ese momento, era necesario sacarlo del Incoder y evitar que se les entregara a los campesinos sin haber sido saneado totalmente.

“Entonces, desde el 2008, ese predio deja de ser parte de la institucionalidad agraria. Es decir, sale del mercado de tierras porque no tiene posibilidad ni material ni jurídica ni técnica para ser tenido en cuenta en procesos de adjudicación a campesinos sin tierra”, detalló Flórez.

¿Y cuándo regresa a la institucionalidad agraria? De acuerdo con el funcionario, Potosí vuelve al Estado el 13 de diciembre de 2016, cuando la SAE se lo entrega a la ANT tras finiquitar todos los procesos judiciales que tenía hasta esa fecha. El registro del bien inmueble ante las autoridades competentes se hizo el 10 de enero de 2017 y la entrega material se logró en abril de ese año, cuando, a través de un proceso de desalojo, se sacó a quienes lo venían explotando y entregarlo a la ANT para su administración.

Con base en esa cadena de decisiones, Flórez determina que Potosí es un “predio nuevo” para la ANT: “Claro, porque hasta esa fecha (7 de diciembre de 2016) ese predio vuelve a hacer parte nuestra y, por lo tanto, podemos disponer de él para poder avanzar en procesos de adjudicación, antes de eso nada se podía hacer”.

El segundo tema que rebatió fue el de la pérdida de parte del expediente que cuestionó la Procuraduría. Basándose nuevamente en el proceso surtido desde el 19 de agosto de 2008 hasta el 7 de diciembre de 2016, consideró que “el expediente antiguo, de cuando el predio fue parte del Incoder, del año 2005 al 2008, es irrelevante porque a pesar de que exista, no es motivo ni jurídico ni técnico para tomar decisiones. El expediente se construye a partir de su reingreso al Fondo Nacional Agrario en diciembre de 2016”.

¿Cómo aparece en este panorama Adisman, la organización de víctimas a la que se le adjudicó el predio? La entrega se dio luego de un proceso que comenzó el 31 de octubre de 2016, cuando la ANT recibió una comunicación de los representantes de los asociados que venía respaldada con una carta de la Presidencia de la República y de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma), para que se adelantara con ellos un proceso de adjudicación de tierras.

De acuerdo con Flórez, una vez Potosí ingresó a la ANT se inició un proceso de selección de los posibles beneficiarios del predio, siguiendo las normas consignadas en el Acuerdo 349 de 2014 emitido por el consejo directivo del extinto Incoder, que aún sigue vigente. El procedimiento es simple; se hace una convocatoria pública para que aquellas personas que no tienen tierra se presenten y tras valorar los casos se seleccionan a las más vulnerables. Ese proceso arrancó el 30 de junio de 2017.

Pero el Acuerdo 349 trae unas excepciones que permiten a través de un acto administrativo motivado “suspender el procedimiento establecido en este capítulo para proceder a hacer selección directa, previa calificación de los beneficiarios en el cumplimiento de los requisitos establecido en el presente acuerdo” cuando, por ejemplo, “los aspirantes sean a víctimas de la violencia de listados que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas envíen”.

Y justo eso fue lo que se aplicó a Adisman. El 24 de agosto de 2017, la ANT suspendió la convocatoria pública y se priorizó ese caso dado que la Unidad de Víctimas había respaldado su solicitud presentando los listados de las familias víctimas. “Nosotros podíamos iniciar un proceso de selección ya no objetiva, sino amparada en la causal para suspenderla y empezar un proceso de adjudicación directo a estas víctimas. Y eso fue lo que hicimos”, explicó Fórez.

La solicitud de adjudicación del predio Potosí fue enviada por la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Armero Guayabal llegó a la ANT el 28 de agosto de 2017, “por esa razón fue descartada”, agregó el funcionario y precisó que el proceso de adjudicación directa, beneficiando a Adisman cumplió con todas las etapas y en la decisión participaron diversas agencias estatales de carácter nacional y regional.

La entrega del predio a Adisman entró en su recta final a comienzos de marzo de este año, cuando fueron expedidas las resoluciones de adjudicación. Las 22 familias beneficiadas ya firmaron, así como la Procuraduría General de la Nación; lo que sigue es la inscripción de esos documentos en el folio de matrícula inmobiliaria de cada uno de los predios y ya quedan como propietarios. A cada grupo familiar se le titularán cerca de 5 hectáreas.

“Durante el proceso de adjudicación no se presentaron oposiciones”, detalló Flórez y aclaró que una vez quede en firme la resolución, cualquier persona puede interponer acciones judiciales si así quieren. “Dios quiera que no lo hagan”, aludiendo a la asociación campesina tolimense, “y resolvamos esto de la mejor manera posible”, expresó el funcionario.

En el caso de que este asunto llegue a los estrados judiciales y un juez de la República determine que el proceso que se siguió con Adisman no fue ni legítimo ni legal, el predio retornará nuevamente a la ANT, que deberá abrir otro proceso de selección, lo que tampoco garantiza que le sea adjudicado directamente a la asociación de campesinos solicitantes de Armero Guayabal.

A juicio de Flórez, este proceso de entrega no le cerró la puerta a los representados por Édgar Angarita: “Yo he hablado con él varias veces, he enviado a mis asesores a hablar con la comunidad, tratando de solucionarlo. Les he ofrecido predios, les he dicho que yo tengo toda la intención de darles acceso a tierras, a través de las que se encuentran en el Fondo Nacional Agrario o por compra directa. Tengo los recursos”. Pero los campesinos tolimenses se resisten a esa alternativa.

Víctimas, cara a cara

“Si nosotros aceptamos predios en otro lado, estaríamos validando la corrupción, aprobando el irrespeto, desaprobando la gestión campesina y aprobando que nos revictimicen”, expresó, molesto, Angarita, y de paso se preguntó: “Si la ANT tiene plata, ¿por qué entonces no les compró tierras a las víctimas de las minas en otro lado y nos dejaron a nosotros aquí?”.

Este líder de la Anuc Tolima insistió en señalar a los nuevos adjudicatarios como “extraños al municipio, que nunca han tenido que ver con Armero Guayabal”, razón de peso, según él, para modificar los procedimientos y beneficiar a la asociación campesina tolimense. “Es que nos quieren desplazar de nuestro territorio, eso es revictimizarnos”, reiteró y anunció que las 26 familias afectadas por la decisión de la ANT acudirán a la justicia para tratar de revertir la adjudicación a los asociados a Adisman.

Reinel Barbosa, representante legal de la Asociación Distrital de Supervivientes de Minas Antipersonal y Munición sin Explotar (Adisman), reconoció que no todos los adjudicatarios de Potosí hacen parte de su asociación: “Somos seis los afectados por minas, el resto son víctimas de desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes, quienes proceden de departamentos como Meta, Cauca, Tolima, Bolívar y Santander”. Las 16 familias restantes provienen de otras organizaciones de campesinos que se aliaron con esta asociación para acceder a tierras productivas, entre ellas la Fundación Semillas de Esperanza.

Barbosa es adjudicatario y presenta una discapacidad permanente. Tras un accidente ocurrido en zona rural de Uribe, Meta, el 22 de marzo de 2008, cuando entró a un campo minado y como consecuencia de la explosión perdió su pierna izquierda. Su nombre salió a relucir durante las negociaciones del gobierno nacional con las Farc en La Habana porque asistió, en calidad de víctima, a uno de los encuentros con los jefes guerrilleros en la isla del Caribe.

Este líder de víctimas sabe que los campesinos de la asociación de Armero Guayabal están molestos y en tono conciliador aseguró que “es comprensible por el proceso que ha llevado”, pero aclaró que el camino que emprendió Adisman para acceder a tierras fue distinto al de los labriegos tolimenses, pues acudieron, como dice la norma, a la Unidad de Víctimas para que los respaldara.

“Creo que aquí no debe haber ninguna disputa”, dijo Barbosa. “La idea no es que entre victimas nos hagamos daños, hay muchas tierras en Colombia. El mensaje es seguir trabajando de la mano en procesos que les faciliten el acceso a tierras a ellos”.

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La sentencia proferida por el Juez Primero Especializado de Restitución de Pereira restituye las primeras 100 hectáreas a 17 familias que tuvieron que abandonar sus tierras en la vereda El Congal, en Samaná, Caldas, entre los años 2000 y 2005. Foto suministrada Unidad de Restitución Territorial Valle-Eje Cafetero.El Juez Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Pereira, Fander Lein Muñoz Cruz, fue contundente: la guerrilla de las Farc y los desmovilizados de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) deben contribuir al desminado del departamento de Caldas, empezando por la vereda El Congal, de Samaná, donde tuvieron una intensa confrontación armada y afectaron a la población civil. (Descargue la sentencia)

En la sentencia, proferida el 19 de diciembre del año pasado, el Juez exige “vincular y ordenar al desmovilizado Grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ‘Farc’, en cabeza del su máximo líder Rodrigo Londoño Echeverry (conocido como ‘Timochenko’), para que nombre una comisión de desminado humanitario, no solo para la vereda el Congal, sino también para el departamento de Caldas, con el fin de empezar a contribuir con la paz que firmaron y se encuentra refrendada por el Congreso de la República y demuestre con este acto su real voluntad paz”.

Minas antipersonal, ‘enemigas’ de la restitución en el oriente de Caldas

En el numeral siguiente también exige “vincular y ordenar al desmovilizado líder Ramón Isaza Arango del Grupo de las Auto Defensas Campesinas del Magdalena Medio ‘Acmm’, para que colabore con el desminado humanitario no solo en la vereda el Congal, sino para el departamento de Caldas, informando los lugares donde sembraron dichos dispositivos, lo anterior con el fin de empezar a contribuir con la paz que firmó cuando se desmovilizó y demuestre con este acto su real voluntad de paz”.

Ambas exigencias hacen parte de los llamados que quedaron consignados en el fallo de restitución en el que también conmina a diversas instituciones del Estado a atender las 17 familias beneficiadas con la decisión de restituirle sus predios y que fueron desterradas entre 2000 y 2005 de sus fincas de la vereda El Congal.

Tal como lo documentó la Unidad de Restitución de Tierras, estas familias fueron forzadas a abandonar sus parcelas por la confrontación entre la guerrilla y los paramilitares. Las pocas que resistieron luego salieron expulsadas por los constantes combates entre los paramilitares y el Ejército.

La crudeza de la guerra ocasionó que en el año 2000 fueron desterradas de Samaná 131 personas; un año después esta cifra ascendió a 2.031 personas; y en 2002 se triplicó a 7.589 víctimas. Tal incremento, según un informe del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario citado en la sentencia, se le atribuye a “dos desplazamientos masivos registrados en febrero y abril del mismo año, debido a incursiones de las Farc en el corregimiento de San Diego, lugar donde tenían presencia las autodefensas”.

Todos mataron a Samaná

Las casas ardieron

Para retornar, los campesinos requieren que haya desminado humanitario, pues guerrilla y paramilitares minaron los campos durante la guerra que desataron por el territorio. La sentencia ordena a los antiguos jefes de las Farc y las Autodefensas aportar en esa labor. Foto suministrada Unidad de Restitución Territorial Valle-Eje Cafetero.Samaná está en la región del Alto Magdalena, nororiente del departamento de Caldas. Los campesinos de esta zona trabajaban la tierra en paz, con cultivos principalmente de café, caña de azúcar, pancoger y frutales, hasta que a finales de los años noventa las Farc llegaron al municipio, escogiendo la zona para promover cultivos de hoja de coca para uso ilícito y usar el corredor Aguadas, Pácora y Salamina para la comercialización de la pasta base.

La violencia fue desatada bajo las órdenes de Elda Neyis Mosquera García, alias ‘Karina’, quien fue jefe de los Frentes 9 y 47 de las Farc entre 2000 y 2003. Según le confesó a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, el Estado Mayor de las Farc la envió a esa región cuando el anterior jefe guerrillero fue capturado por las autoridades. Durante esos años, la jefe guerrillera fue responsable de las constantes extorsiones a cafeteros, ganaderos, agricultores y comerciantes, así como de secuestros y reclutamiento de niños y niñas.

La Fiscalía documentó que alias ‘Karina’ ordenó desaparecer a decenas de menores de edad que fueron reclutados en los caminos veredales y en sus propias casas. Estos crímenesfueron recurrentes en Samaná y Pensilvania, Caldas, así como en Nariño, Argelia y Sonsón, en Antioquia. El organismo investigador estudió 74 casos de reclutamiento de niños, varios de ellos de apenas 12 años, quienes fueron asesinados en su intento por desertar.

‘Karina’, a responder por 143 crímenes en Caldas y Antioquia

La temida ‘Karina’ impuso el miedo en El Congal, exigiéndoles a los campesinos “colaborar” o de lo contrario tenían que abandonar sus tierras. Pero a comienzo del nuevo siglo, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, bajo el mando del ‘Viejo’ Isaza, ya tenían varios frentes en la región y entraron a disputarle los territorios a las Farc. La Fiscalía documentó que allí llegaron las unidades paramilitares identificadas como Frente Omar Isaza, Frente John Isaza y Frente Héroes del Prodigio.

La máquina de guerra de Ramón Isaza

Durante el juicio de restitución de tierras, varios campesinos narraron que abandonaron sus fincas entre 2000 y 2005 cuando los bandos se enfrentaron y recurrieron a la instalación de minas antipersonal. La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal registra 94 víctimas por la explosión de estos artefactos desde 2002 hasta 2009, dejando 80 heridos y 14 muertos en Samaná.

Pero el hecho más trágico para la comunidad de El Congal ocurrió el 2 de enero de 2001. De acuerdo con el relato consignado en la sentencia, el grupo paramilitar del ‘Viejo’ Isaza ingresó “al centro poblado del Congal y quemaron todo lo que existía, al cual asistieron desde la lejanía de la selva los habitantes, y, sin poder salir de la zona porque debían pedir permiso a las Farc, episodio este que en un arranque de valentía los hizo desplazarse en masa y abandonar lo poco que les quedaba”.

Si bien las cifras las cifras de desplazamiento se reducen en 2003 y 2004, en 2005 se incrementa a los niveles registrados en 2002 debido a dos desplazamientos masivos ocurridos por dos razones fundamentales, según el Observatorio citado: “El primero se debió al inicio de las fumigaciones de cultivos ilícitos en Pensilvania y Samaná, lo que produjo el desplazamiento de más de 4.000 personas, quienes presentaron ante el Gobierno un pliego de condiciones con el ánimo de promover la erradicación manual. En noviembre, el desplazamiento fue producto de combates entre la guerrilla de las FARC y las Autodefensas del Magdalena Medio, por el dominio territorial de la zona, lo que obligó a que más de 2.200 personas salieran de 13 veredas que hacen parte del corregimiento de Encimadas”.

Luego entró el Ejército y la violencia no mermó. A los pobladores se les restringió el tránsito entre El Congal y el corregimiento de San Diego. A quienes habitaban en la parte alta los tildaban de “guerrilleros”. Lo mismo ocurrió con quienes vivían en la parte baja: se les prohibieron el tránsito hacia Florencia, señalándolos de “auxiliar a los paramilitares”.

El futuro

Tras los desplazamientos ocurridos entre 2000 y 2005, la mayoría de las familias de El Congal buscaron refugio en el vecino corregimiento de Florencia, en Samaná, Caldas. Todas las semanas viajan a sus fincas a intentar hacer productivos los suelos. Foto suministrada Unidad de Restitución Territorial Valle-Eje Cafetero.El retorno y progreso de los campesinos de El Congal está ahora en manos de diversas instituciones estatales. El fallo le exige a la Nación, a la Gobernación de Caldas y a la Alcaldía de Samaná destinar los esfuerzos y recursos suficientes para mejorar el centro poblado, la escuela, el centro de salud y las vías de acceso; además de construir un monumento en honor a las víctimas.

El Banco Agrario, por su parte, debe garantizar que los habitantes de El Congal tengan prioridad en el acceso a subsidios para vivienda; lo mismo debe hacer el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en relación con el acceso a capacitación y formación técnica. La sentencia reitera la importancia de que las instituciones trabajen de forma conjunta a favor de esta comunidad.

“Para nosotros fue una felicidad la sentencia. Volver al pueblo, si Dios quiere, eso da mucha ilusión”, dice Wilson Betancur, uno de los líderes de la vereda y beneficiado con la restitución de tierras. A su juicio, la prioridad la construcción de las viviendas para el retorno de las familias.

Con la decisión del Juez, la comunidad campesina de El Congal es reconocida como víctima del conflicto armado y el Estado debe garantizarles los títulos de propiedad, así como múltiples medidas para que puedan permanecer en el territorio cafetero. Las Fuerzas Militares está vez tendrán que garantizarles su seguridad, revirtiendo los años en que generaron parte de los desplazamientos por cuenta de los combates.

De momento, los campesinos de El Congal viven en corregimiento Florencia, donde aguardan la construcción de las viviendas y la llegada de proyectos productivos que les permitan retoñar de nuevo sus cultivos y sus vidas.

Betancur cuenta que desde hace varios meses los campesinos van desde Florencia a El Congal a revisar sus matas de café y que la producción va tan bien que este año recogerán la primera cosecha. “Necesitamos todo el apoyo para sacar adelante al pueblo, que el Estado no nos abandone. Mire que ya llevamos nuestros productos al mercado campesino de Florencia”, dice con ilusión Wilson.

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Pese a los resultados del Plebiscito, los habitantes de Briceño, donde se llevan a cabo varios planes pilotos vitales para el periodo de postconflicto, mantienen la tranquilidad frente al proceso de paz. Foto: Ricardo Cruz.Fue en la vereda El Orejón, de Briceño, norte de Antioquia, donde un día de mayo de 2015 se puso en marcha una de las primeras “medidas de construcción de confianza de carácter humanitario” que, a la postre, terminaron dándole la solidez necesaria al cese al fuego bilateral y definitivo, firmado el pasado 29 de agosto en La Habana, Cuba. En otras palabras, fue allí donde por primera vez efectivos del Batallón de Desminado (Bides) y miembros del Frente 36 de las Farc se articularon para realizar una tarea humanitaria más que urgente: descontaminar el territorio de las temidas minas antipersona y munición sin explotar.

Hasta ese momento, guerrilleros y soldados solían combatir sin tregua ni cuartel en esas escarpadas montañas a las que siempre las cubre una densa neblina. En medio de ese fuego cruzado siempre quedaban los campesinos.

Durante años, en El Orejón, como en todo Briceño, así como en los vecinos municipios de Ituango, Campamento, Anorí, Toledo y San Andrés de Cuerquia, los labriegos padecieron las restricciones a la movilidad impuestas por la guerrilla, los señalamientos y las retenciones arbitrarias cometidas por el Ejército, el peligro constante de una bala perdida, un enfrentamiento repentino o un accidente con un artefacto explosivo.

Por ello, cuando los pobladores de esta pequeña vereda de no más de 25 familias comenzaron a ser testigos de cómo militares y guerrilleros trabajaban “manga por hombro” por una necesidad sentida de la comunidad, en medio de un profundo respeto y sin perder el honor militar que caracteriza a los guerreros, el escepticismo frente al proceso de paz empezó a ceder. Las partes se mantuvieron fieles a sus compromisos. Los efectos del desminado humanitario comenzaron a sentirse en los pasos seguros que los labriegos daban por la zona. La expectativa de paz se regó por todo Briceño, que luego del último lustro bastante convulsionado, comenzó a vivir meses de tranquilidad.

No en vano, unas 1.367 personas votaron Sí en el pasado Plebiscito del 2 de octubre, esto es un 69.35 por ciento del total de electores, frente a 604 personas que marcaron el No (un 30.64 por ciento). Más que el conocimiento de los Acuerdos, lo que motivó el voto de los briceñitas fue el clima de tranquilidad que se respira en el pueblo desde que se afianzaron los diálogos en La Habana, Cuba. “Desde que comenzó el proceso de paz el pueblo sí ha estado más tranquilo. Aquí sí se siente la paz”, cuenta Álvaro Moreno, habitante de Briceño.

Tranquilidad estable, ¿y duradera?

En próximas semanas culminará la Fase II del desminado humanitario llevado a cabo en la vereda Orejón. Se trató de la primera experiencia de descontaminación de minas antipersona que contó con la participación de las Farc. La comunidad espera que la experiencia continúe en todo el municipio. Foto: Ricardo Cruz.Pero la opción que se impuso en el país fue el No, situación que despierta inquietudes y algunos viejos temores. Por un lado está la suerte del desminado humanitario, una de las acciones humanitarias que requiere acciones más urgentes en esta localidad. Y con toda razón. En 2013, la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersona (Daicma) reportó a los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Campamento, Tarazá, Valdivia y Anorí como los de mayor presencia de minas antipersona y munición sin explotar en Antioquia.

Según informó en su cuenta de Twitter ‘Yira Castro’, líder de las Farc en el plan piloto de desminado humanitario que se lleva a cabo en El Orejón, ya culminó el proceso de descontaminación en los sitios conocidos como Alto del Capitán, Chiri I y Chiri II, correspondientes a la Fase I; y en próximas semanas culminará la Fase II que incluye unos 1.989 m2 de los sectores Chiri III, Chiri IV, Chiri V y Guinea II. Aún no hay información precisa sobre el número de artefactos explosivos desactivados.

Si bien en un comunicado conjunto fechado el pasado 7 de octubre, tanto las Farc como el gobierno nacional anunciaron que continuarán las medidas de construcción de confianza, entre ellas el desminado humanitario, aún no es claro si seguirán estas labores en otras veredas de Briceño. Tampoco lo es si el gobierno nacional continuará con los proyectos de desarrollo social que se comprometió a llevar a cabo una vez terminara el desminado.

VerdadAbieta.com intentó dialogar con el equipo responsable de esta labor ubicado en la vereda El Orejón, pero los miembros, tanto de las Farc como del gobierno nacional, manifestaron no pronunciarse hasta tanto no se destrabe el “Acuerdo final para la terminación conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Por ahora, no se advierte ningún signo de alarma que haga temer que el cese al fuego bilateral y definitivo vaya a romperse. Cada vez es más cotidiana la imagen de soldados del Ejército recorriendo antiguos fortines del Frente 36 de las Farc sin que ello desencadene un enfrentamiento. Cada vez es más común la escena de guerrilleros vestidos de civil y sin armas topándose con los militares por las veredas de Briceño sin que ello implique riesgo alguno de balacera.

“Aquí estábamos acostumbrados a que un guerrillero o un soldado se encontraban y ahí mismo se ‘daban candela’. Hace rato no es así. Hasta se saludan a veces. Hay un ambiente de mucha tranquilidad”, refiere Gabriel Sánchez, integrante de la Asociación de Campesinos de Briceño (Ascabri), quien, para ratificar su apreciación, añade: “y eso que en el pueblo también hay presencia de grupos paramilitares, que también están muy calmados”.

Incertidumbre cocalera

Sin duda uno de los grandes retos que tendrá el proceso de paz si este llega a salvarse es adelantar planes de sustitución de cultivos ilícitos realmente sostenibles. Briceño constituye el piloto para transformar la concepción de la política de lucha antidrogas. Foto: Ricardo Cruz.Sin embargo, esto no es lo que más preocupa a los briceñitas. El 10 de junio de 2015, en el corregimiento Pueblo Nuevo de esta localidad, el delegado plenipotenciario de la guerrilla de las Farc, Félix Antonio Muñoz, conocido como ‘Pastor Alape’; y Rafael Pardo, en representación del gobierno nacional, presentaron un plan piloto para sustituir los cultivos de hoja de coca que inundan las montañas de Briceño, por proyectos sostenibles construidos por las mismas comunidades. Este plan sui generis se llevaría a cabo en once de las 32 veredas e implicaba, además, la realización de una serie de obras de infraestructura y proyectos de inversión social que los campesinos llevan décadas esperando.

Se trata de un asunto que toca el bolsillo de todos los pobladores. En este municipio, una muy larga cadena de personas, que va desde el dueño del cultivo, pasando por el raspachín, el arriero, las estaciones de gasolina, las ferreterías, los transportadores y el comercio en general dependen, directa o indirectamente, de la hoja de coca. Proponer cualquier acción tendiente a erradicar este cultivo ilícito también obliga a pensar en un plan que evite la debacle de la precaria economía local.

De ahí que el triunfo del No en las urnas el pasado 2 de octubre, sumado a la reciente propuesta del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de reanudar las aspersiones aéreas con glifosato como una de las estrategias para combatir el narcotráfico, tenga a los campesinos con los pelos de punta. Muchos temen que nuevamente lleguen a sus tierras las acciones represivas de las autoridades de Policía, que considera a los cocaleros como el primer eslabón de una larga cadena en la producción y tráfico de estupefacientes que también debe ser combatido con todo el peso de la ley.

“Cuando somos campesinos que no tuvimos otra opción más que la coca”, dice Edilberto*, habitante del corregimiento Pueblo Nuevo, quien desde hace más diez años depende económicamente del cultivo de esta hoja. “Para nosotros es como un producto más de la tierra. Sembramos y vivimos de eso, porque aquí no hay más de que vivir. Y la plata que nosganamos nos da para comer y vestir y no más. Los que ganan plata son los narcos, ellos sí”.

Un plan B

Por ahora, los equipos integrados por miembros de las Farc, funcionarios del gobierno y organizaciones  internacionales permanece en Briceño, a la espera de que se solucione jurídicamente el galimatías en que se encuentra el proceso de paz. Foto: Ricardo Cruz.Por ahora, los campesinos cocaleros, los delegados del gobierno nacional y los miembros de las Farc continúan con el cronograma del plan piloto como si el proceso de paz no estuviera en la encrucijada política y jurídica en que se encuentra. “Pues aquí ganó el Sí con amplia ventaja. Eso le da mucha legitimidad a lo que se viene haciendo con las comunidades”, señala Gabriel Sánchez, de Ascabri.

De acuerdo con el cronograma, ya culminó la primera fase correspondiente a la creación de las llamadas “mesas temáticas”, que estarán integradas por delegados de las veredas priorizadas y contarán con acompañamiento tanto del gobierno nacional como de las Farc. Se trata de espacios de discusión abierta donde se recepcionarán y concertarán las propuestas que construyan las comunidades. En total, fueron seis mesas y responden a las categorías de Desarrollo Social; Tierra, Agua y Medioambiente; Infraestructura; Seguridad; Desarrollo productivo y Sensibilización.

Lo que sigue es la construcción de lo que se ha denominado “Línea de base y diagnóstico rural participativo”. Esto es, indagar en las veredas priorizadas el número de habitantes que dependen económicamente de la hoja de coca, sus condiciones socioeconómicas y el tipo de relación de los campesinos con la tierra. “Y luego de conocer ese estudio se pasa a la construcción de las propuestas por parte de las mismas comunidades. Aquí se estudia qué tan viables son, si se pueden realizar aquí en el municipio o si resulta mejor otra cosa”, señala Adiel Muñoz, campesino e integrante de Ascabri.

Para que dicha tarea sea exitosa, la Asociación impulsa la creación de los llamados comités cocaleros, instancia que busca aglutinar y organizar a quienes se dedican a la siembra de hoja de coca. Hasta el momento, siete de las once veredas priorizadas ya cuentan con su comité, pero la idea es que estos se extiendan, incluso, a aquellas veredas que no fueron incluidas en el plan piloto.

Iniciativas similares se vienen consolidando en municipios con presencia de cultivos ilícitos como Tarazá y Anorí. La idea es que todos terminen articulados en un gran movimiento. Se trata, en esencia, del “Plan B” de los campesinos cocaleros por si el Acuerdo de paz con las Farc se va al traste.

“Si el proceso –de paz– no continúa, los comités tendrán un gran trabajo. Siempre se ha criminalizado al campesino que siembra hoja de coca, cuando éste lo hace como alternativa de subsistencia. Por eso, los comités deben convertirse en garantes de las comunidades y acompañarlas”, agrega Muñoz. Sus palabras son reforzadas por Sánchez quien señala que si eso llega a pasar y comienzan las fumigaciones y las erradicaciones, “tocará hacer lo que mejor sabemos hacer: salir a marchar, movilizar al campesino, realizar un paro general”.

Mientras tanto, los campesinos de las veredas priorizadas prefieren esperar a que se resuelva el galimatías jurídico del Acuerdo para darleluz verde a los proyectos de asistencia social que desarrollarán la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), designadas como acompañantes de este proceso.

“Simplemente la comunidad no confían en estas instituciones. Ya en el pasado entregaron semillas, proyectos ganaderos y otros para sustituir cultivos, pero estos no sirvieron y terminaron perjudicando al campesino. Por eso, los cocaleros dicen que le apuestan al plan piloto, pero si las Farc están presentes, acompañando, tal como está planteado”, reitera Muñoz.

Lo que sí esperan los campesinos de Briceño es que los proyectos de infraestructura que iban de la mano del plan piloto no se suspendan a pesar de la suerte que corra el Acuerdo para el fin del conflicto. El más sentido de ellos: mejorar la vía que comunica Briceño con el corregimiento Pueblo Nuevo, que incluye la construcción de un puente a la altura del punto conocido como La Quebrada.

Sería lo mínimo que podría espera una comunidad azotada históricamente por el conflicto armado y el abandono estatal: que si la paz se escurre como agua entre las manos, por lo menos se hagan las obras que llevan décadas esperando a que algún gobierno realice.

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Para Chris Ince, director de Halo Trust en Colombia, el desminado civil humanitario debe ser considerado una opción digna de empleo. Foto: Halo Trust.Halo Trust es la organización con más experiencia en el mundo en desminado humanitario. Esta organización británica fue fundada en 1988 como respuesta a la problemática de las minas antipersonal dejadas por los rusos en Afganistán y por la necesidad de despejar ese territorio de estos artefactos y de otro tipo de municiones que quedaron allí.

En la actualidad, opera en África, Asia, América Latina, Europa y el Medio Oriente. En total, trabajan en 19 países con procesos de desminado humanitario y desarme, desmovilización y reinserción. La organización cuenta con 7.000 desminadores en todo el mundo.

Halo Trust llegó a Colombia en 2009 por invitación del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. En 2013, después de un proceso de acreditación, la organización inició operaciones de desminado humanitario civil en los departamentos de Antioquia, Meta y Tolima.

Con la firma del acuerdo sobre el fin del conflicto el pasado 23 de junio, las Farc ratificaron su compromiso de suministrar información para llevar a cabo el proceso de limpieza y descontaminación de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar en aquellas regiones donde tuvieron una presencia hegemónica y recurrieron a este tipo de estrategias de guerra.

Colombia ocupar el segundo lugar en el mundo por el número de víctimas de estos artefactos explosivos, después de Afganistán, y ha ocupado ese puesto por más de 5 años.

En conversación con Chris Ince, Director de Halo Trust, director en Colombia de la organización inglesa, quedó claro que desminado humanitario es un aspecto clave para la implementación de los acuerdos y la garantía de los mismos, así como para la efectividad de otros procesos como la restitución de tierras, el retorno de desplazados y la sustitución de cultivos ilícitos.

VerdadAbierta (VA): ¿En qué consiste el desminado humanitario civil?

Chris Ince (CI): la razón de ser del desminado humanitario consiste en sacar las minas antipersonal del terreno o identificar en dónde están para facilitar y generar procesos de desarrollo socioeconómico en las zonas afectadas por las presencia de estos artefactos. Con el desminado humanitario también se busca facilitar asuntos como la restitución de tierras, el retorno de desplazados, proyectos encaminados a la sustitución de cultivos ilícitos y otros proyectos previstos por el gobierno o por donantes internacionales que ofrezcan opciones de vida dignas.

VA: ¿Cuáles son los impactos de estos procesos?

CI: El desminado humanitario tiene de impactos distintos. Este proceso es distinto a lo que es el desminado humanitario hecho por un sector que no es civil. De hecho, hay otros actores que también hacen el desminado humanitario; por ejemplo, acá en Colombia lo hace el Bides (Batallón de desminado humanitario). De cierta manera, aunque ellos sacan las minas y facilitan otras cosas, no hay un enfoque socioeconómico. Por el contrario, nuestra política de contratar civiles de las zonas impactadas por minas se orienta a generar ingresos en regiones en donde hay un alto desempleo y pobreza. El desminado humanitario civil tiene otras ventajas adicionales que solamente sacar las minas del terreno.

VA: ¿Actualmente cuántos civiles están empleando en Colombia?

CI: En el momento estamos empleando a 250 personas. Iniciamos nuestras operaciones en Antioquia y la mayoría de los desminadores son de las comunidades afectadas por las minas en este departamento. También estamos en Meta y Tolima. Un 80% son víctimas del conflicto armado, 30% de ellas son mujeres.

Halo Trust emplea alrededor del mundo a siete mil desminadores civiles. Foto: Halo Trust.VA: ¿Cómo participan las comunidades en los procesos de desminado humanitario?

CI: El estudio no técnico es un proceso en el que utilizamos equipos propiamente de las comunidades en las cuales operamos. Vamos casa por casa, vereda por vereda, haciendo entrevistas, recopilando información, para identificar dónde está la amenaza, dónde están los campos minados, las áreas peligrosas en las cuales hay que intervenir. Esta etapa libera mucho terreno, porque aquí en Colombia hay mucho miedo porque se cree que la gran mayoría del terreno tiene una contaminación por minas antipersonal. La realidad es otra, realmente son unas áreas peligrosas muy puntuales y pequeñas que sí causan mucho daño.

VA: En esta etapa de estudios no técnicos en el que la comunidad participa de una forma activa, ¿han encontrado casos en el país donde la comunidad no haya querido participar dando información por la presencia de actores armados?

CI: Nuestra gran ventaja es contratar a gente de las comunidades afectadas. En términos de estudios no técnico la ventaja que tenemos es que en los municipios se conocen y hay una gran confianza. La gente de la comunidad ya confía en el que viene porque es un conocido y les responde las preguntas. Si otros llegan, por ejemplo, militares con uniforme, quizás no se genera confianza con la comunidad.

VA: ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas en esos países en los que ustedes han trabajado?

CI: En donde operamos se aprenden distintas lecciones y de cierta manera Colombia no es único, pero sí tiene una serie de características que lo hace distinto a muchos de los otros países en donde estamos. Los campos minados en esos lugares tienen minas de fabricación industrial de grado militar, son todos muy similares, tienen un contenido relativamente alto de metal, un explosivo de grado comercial estándar muy fácil de encontrar, son fáciles de localizar con los detectores metálicos. En Colombia, por el contrario, las minas que existen son artefactos explosivos improvisados de construcción artesanal.

VA: ¿Cómo priorizan losmunicipios en los que van a intervenir?

CI: Hasta ahora por temas de seguridad solo se ha podido intervenir en zonas del país donde no ha habido conflicto en los últimos 3 a 5 años; en ese sentido, la más afectada es el suroriente de Antioquia. Como organización neutral civil internacional y buscando maximizar el impacto de nuestras intervenciones y el efecto que logramos con los fondos de los donantes que nos apoyan en este tema, hemos estado haciendo la mayoría de nuestra intervención ahí. Mirando hacia el futuro y un periodo de postconflicto, la Daicma (Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal) ha hecho un estudio en el país, y ha calificado a 199 municipios como de más alto impacto con necesidades de desminar y de éstos se han priorizado 44.

Para involucrarnos más en el proceso de posconflicto hemos ido buscando la posibilidad de intervenir en 11 de esos 44 municipios. Esperamos poder iniciar operaciones en Cauca y posiblemente en Putumayo, puesto que son zonas en donde el impacto de los procesos de desminado humanitario sería mayor.

VA: En el acuerdo sobre limpieza y descontaminación del territorio, las Farc se comprometieron a dar información para ubicar y desmantelar las minas antipersonal que habían instalado. ¿Realmente esta guerrilla sí cuenta con un mapa que ubique los lugares en donde ha instalado esos artefactos?

CI: Por medio de la Agencia Colombiana para la reintegración (ACR) hemos vinculado a varios desmovilizados que han hecho todo el proceso de su desvinculación y reinserción en la sociedad civil. Estas personas han sido contratadas por Halo Trust y están trabajando en las regiones en donde hacemos presencia y algunos son de las comunidades afectadas por lasminas. La mayoría de ellos no estuvo involucrada en el proceso de instalar minas mientras hacían parte de la organización armada ilegal. Mirando hacia el futuro, se podría pensar en vincular a personas que fueron explosivistas dentro de la organización en la etapa de estudios no técnicos.

El 30 por ciento de los desminadores que Halo Trust emplea en Colombia son mujeres. Foto: Halo Trust.VA: Las Farc no han sido el único actor armado que han empleado estos artefactos explosivos, el Eln fue quien trajo esa práctica; también hay conocimiento de que las Bacrim están usando estos artefactos sobre todo para protección de cultivos ilícitos. Teniendo en cuenta ese complejo panorama de artefactos explosivos en Colombia, ¿cuáles son los retos y desafíos que se enfrentan en ese tema particular de desminado?

CI: En el corto plazo habrá dos tipos de geografía dentro de Colombia, los espacios que son netamente humanitarios, donde las minas no tienen importancia táctica ni para un lado o para el otro, ni para la guerrilla o para la fuerza pública o para ningún otro actor en el terreno. En esos espacios sí se puede hacer el desminado humanitario porque este proceso sólo se puede llevar a cabo cuando se tiene la certeza de que ningún actor va a instalar nuevas minas. De los 199 municipios priorizados para el desminado humanitario en 44 de éstos sólo hay presencia de las FARC. En un periodo inmediato de posconflicto esos departamentos serían seguros y se podría hacer el desminado con tranquilidad y con la confianza de que se entregarían territorios libresde sospecha de minas. Desafortunadamente, habrá otra parte del país en donde todavía las minas siguen teniendo relevancia para algún actor en el terreno, esos no son espacios humanitarios.

VA: En términos de reparación, ¿ustedes considerarían que el desminado humanitario puede ser una forma de reparar a las comunidades afectadas por esta problemática y a las mismas víctimas de estos artefactos?

CI: Hemos identificado, por los excombatientes que hemos vinculado a través de la ACR, que de cierta manera hay un proceso de conciliación que llega a través de eso. También hemos encontrado que la gente de las comunidades afectadas que se vincula como los excombatientes son de las mismas comunidades y ellos empiezan a entender el uno y el otro los distintos puntos de vista y los distintos elementos que han formado sus vidas. Vemos todo esto como un modelo posible para la reconciliación y la llegada de unos nuevos entendimientos entre las propias comunidades.

VA: ¿Para cuándo podemos estar hablando en términos reales de un territorio colombiano libre de sospecha de minas, si es real esta fecha del 2021?

CI: Hay una gran voluntad para que sea real. De hecho, el gobierno está buscando ampliar de una manera significativa y está hablando de crear dos brigadas de hasta 10 mil desminadores humanitarios por parte de las fuerzas militares, que es una capacidad considerable. Con el anuncio de la iniciativa del desminado humanitario para Colombia, hay mucho interés de donantes internacionales en apoyar al país. De cierta manera estamos en un momento idóneo con el gobierno tratando de generar más capacidad.

Aun así, no se sabrá si es factible hasta que se hagan los estudios no técnicos porque hay mucha incertidumbre sobre cuánto y cómo es de grande el tema de las minas en Colombia. Hay mucha voluntad de desminar, sobre todo los campos minados de alto impacto, y de hacer estudios no técnicos para liberar terrenos para otras cosas como restitución de tierras, retorno de desplazados, proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, proyectos de desarrollo que ya están pensados por el gobierno central, los departamentos y las alcaldías.

VA: Después de la guerra, es muy probable que se sigan presentando víctimas de minas antipersonal por la misma característica de estos artefactos que en algunos casos pueden durar décadas. ¿Cómo disminuir esas posibilidades?

CI: El desminado humanitario tiene tres pilares. Ahora se está enfocando mucho en el despeje, pero también hay dos pilares muy importantes que no hay que olvidar: la asistencia a víctimas para asegurar que éstas tengan acceso a las rutas de atención y la educación de riesgo en minas que busca informar a las comunidades, campesinos y niños, sobre los riesgos que existen por la presencia de estos artefactos en el territorio. Hay que asegurar esos otros dos pilares.

VA: En términos de lecciones aprendidas, ¿cuáles pueden ser esas grandes lecciones que Colombia podría mostrarle a otros países en términos de iniciativas de desminado?     

CI: Una de las grandes fortalezas de todo el proceso de desminado es la posibilidad de involucrar a las comunidades en las cuales se encuentran las minas. Gran parte del éxito que hemos tenido como organización es a través de los enlaces comunitarios que hacemos y a través de la contratación de personas que viven en las poblaciones afectadas por las minas, muchas de las cuales son víctimas directas o indirectas.

La gran lección aprendida es que el desminado humanitario facilita la regeneración de comunidades de manera socioeconómica y eso realmente es la gran belleza de lo que nosotros podemos facilitar, generar y apoyar. Todo el tema de enlace comunitario y del involucramiento de las comunidades para hacerlas más fuertes, para asegurar que llega una oferta de parte del Estado, para dar esperanza en zonas donde no había esperanza en tiempos pasados, esa es la gran lección aprendida.

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Berto de Jesús Mora Cárdenas tiene 83 años. Llegó a Anorí en la década del cincuenta buscando una tierra para sobrevivir. Aró y sembró con sus manos una finca en la vereda Madreseca, con la que sacó adelante a diez hijos. Hoy tiene 48 nietos y 16 bisnietos, y anhela que vivan en un municipio en paz y no en uno violento como el que le tocó a él y su familia.

Miguel Cárdenas, un anoriceño de casi 70 años, es más escéptico. Para él, la paz va a “dar brega”, pues en el territorio ha habido una sucesión de actores armados ilegales y los campos siguen minados con artefactos explosivos. Cárdenas ha sido testigo de conocidos y vecinos que terminaron heridos o al borde de la muerte por no escuchar las advertencias de otros labriegos para evitar algunos caminos. “La misma gente avisaba: no se meta por tal parte pa’ que no vaya a tener ningún trastorno [accidente con mina antipersonal]”, recuerda.

Los testimonios de estos dos campesinos revelan las heridas de un municipio incrustado en la región del nordeste antioqueño, donde el conflicto armado desplazó en los últimos treinta años a 14 mil personas y dejó 164 víctimas de minas antipersonal, de las cuales 31 fallecieron por la gravedad de sus heridas.

Anorí es el cuarto municipio más afectado por accidentes de minas en el departamento, después de Ituango, Tarazá y San Carlos. Allí esperan que los acuerdos sobre desminado que han logrado el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc en La Habana, y de los cuales adelantan una experiencia piloto en la vereda El Orejón, de Briceño, sea un primer paso para llegar a zonas afectadas como este municipio, que todavía no han sido priorizados en el desminado.

Camino de armas

Anorí ha convulsionado por la guerra desatada en las últimas tres décadas por distintos actores armados ilegales. El primero en llegar a la región fue el Eln, pero sufrió un duro golpe tras la ejecución de la Operación Anorí, adelantada por tropas de la V Brigada del Ejército entre el 7 de agosto y el 18 de octubre de 1973. Decenas de guerrilleros murieron junto a dos de sus máximos comandantes: Manuel y Antonio Vásquez Castaño, fundadores de ese grupo alzado en armas.

Si bien se creyó que el Eln había sido desarticulado, diez años después se reacomodó y volvió a la zona del Nordeste antioqueño. Para finales de los ochenta, ya había llegado también el Frente 36 de las Farc, en el plan de expansión de esa organización subversiva. Unos y otros impusieron férreos controles a la población.

Para contrarrestar a los grupos guerrilleros apareció a finales de los noventa el Frente Héroes de Anorí, una célula paramilitar del Bloque Mineros de las Auc que avanzó desde el Bajo Cauca. Lo que comenzó después fue una guerra frontal por el dominio territorial que generó graves crisis humanitarias. En 1998 fueron asesinados el alcalde Héctor Emilio Piedrahita Correa y la personera Adriana María Casas, crímenes por los que fue condenada la Nación. (Leer más en: Así fue el dominio del Bloque Mineros en el Bajo Cauca)

Pero ¿qué tenía Anorí que atrajo la guerra? Para finales de los noventa, buena parte de sus montañas estaban plagadas de hoja de coca para uso ilícito; entre sus entrañas había mucho oro por extraer; y en sus alrededores se desarrollaron grandes proyectos hidroeléctricos.

Así quedó consignado en un informe de riesgo de 2007 emitido por la Defensoría del Pueblo: “La ubicación y ventaja geoestratégica del municipio Anorí, su alto potencial minero para la extracción aurífera y la existencia de importantes recursos hídricos (Porce II y Porce III), ha sustentado históricamente la presencia de la guerrilla del ELN (Compañías: Capitán Mauricio, María Eugenia Vega y Héroes y Mártires de Anorí) y posteriormente, de las FARC, empleando el territorio para el aprovisionamiento logístico, las acciones armadas, el fortalecimiento organizativo, como fuente de captación de recursos financieros y, en el último periodo, como zona de repliegue estratégico”.

En aquella ocasión, la Defensoría indicó que los desplazamientos se incrementaron en el municipio no sólo por los constantes enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, sino porque en 2001 comenzaron las aspersiones con glifosato por el aumento en las hectáreas de coca. Los campesinos, desesperados por la guerra y porque sus cultivos y afluentes fueron contaminados, salieron expulsados. El drama está registrando en cifras en el Registro Único de Víctimas (RUV), que indica que de 501 personas desplazadas en el año 2000, el municipio pasó el siguiente año 2.344 víctimas de desplazamiento. (Vea las cifras de desplazamiento)

La violencia generalizada afectó con severidad a mujeres y niños: las primeras, desde muy jóvenes, tuvieron que asumir las riendas de la familia tras el asesinato de sus padres y esposos; mientras los segundos fueron vulnerables “al reclutamiento, traumatismo psicológico, deserción escolar, orfandad y deseo de entregar al conflicto”, registró el informe de la Defensoría.

Pese a la desmovilización paramilitar de 2.790 integrantes del Bloque Mineros, en enero de 2006, la guerra continuó, generando nuevos desplazamientos. El año 2011, por ejemplo, registró el mayor número de personas desplazadas: 6.181. Para esa época, había una fuerte confrontación entre el Frente 36 de las Farc y las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, que surgieron del reciclaje de exparamilitares que no dejaron sus armas.

El oro y la coca

En 2008, el municipio priorizó las veredas Los Trozos, Concha Abajo, Concha Arriba, Liberia, La Meseta; Concha Intermedia, Chagualito, Chagualo Abajo, Chagualo Arriba, Tabacal; Brisas, La Cristina, Madreseca, Parque, Cruces y Bolívar por ser las más afectadas por el conflicto. Foto: archivo Semana.La minería ilegal ha sido fuente de financiación de los grupos armados ilegales y Anorí ha sido escenario de la fiebre que desata entre quienes buscan las vetas para fines bélicos. El oro, que motivó en 1808 a Juan de la Rosa de Leonin de Estrada a fundar este poblado, se convirtió en su propia ‘maldición’.

El dilema actual, más allá de los beneficios que le deja a guerrilleros y grupos criminales, es el de explotar el preciado metal o producir alimentos. A Berto de Jesús Mora le preocupa esa situación. Él cree que, si mucho vivirá otros 20 años hasta completar el siglo, pero siente incertidumbre sobre cómo prosperará el campo en el municipio: “si uno invita a una persona a trabajar no va, porque un día de jornal son 30 mil pesos; y en la mina, si sacan oro, se ganan 90 mil. Lo que está faltando es gente para sembrar comida”.

Pero si algo también está afectando la producción de comida es la siembra de hoja de coca para uso ilícito. Anorí hace parte del ranking de los municipios donde sigue habiendo más hectáreas de coca cultivadas en Antioquia. El más reciente estudio Monitoreo de Cultivos de Coca 2014, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, advierte que la Región Central, en la que se encuentra este departamento, presentó un incremento si se comparan las hectáreas cultivadas en 2014 respecto a 2013, pasando de 991 a 2.293 hectáreas.

“Los cultivos en Antioquia están fuertemente concentrados en Anorí, Cáceres, Tarazá y Valdivia en las estribaciones de la cordillera central en el valle del río Cauca. El tamaño de los lotes se incrementó un 38% lo cual puede explicar parte del crecimiento en el departamento”, advierte el estudio, explicando que, si bien la expansión no es marcada, sí es necesario destacar que zonas donde se consideraba que la coca había sido abandonada, volvieron a estar afectadas en 2014”, advierte el informe.

Se siembran minas

El periodo 2004-2009 fue el que registró más accidentes por minas en el municipio, según los datos de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Foto: archivo Semana.Como estrategia para controlar los territorios, la guerrilla de las Farc incrementó la siembra de minas que a juicio de Miguel Cárdenas siguen escondidas en varios caminos veredales pese al esfuerzo de las autoridades por encontrarlas y destruirlas.

Para el Ministerio Público, el problema de los ‘sembradíos’ de las minas antipersonal se acentuó entre 2004 y 2009 cuando ese grupo insurgente comenzó a ‘blindar’ los cultivos ilícitos. Minaba los caminos por donde transitaban los militares, afectando en realidad a los campesinos de las 52 veredas y un corregimiento que componen el municipio. Los mismos datos de la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal coinciden con el estudio de la Defensoría, indicando que de las 164 víctimas por minas antipersonal, 31 resultaron heridas o fallecieron en este período. (Ver datos de minas)

El drama ahora lo viven las víctimas. Romero Restrepo Castaño es anoriceño y siente decepción por aquella idea que alguna vez le convenció de “ser un héroe de la Patria”. Se enlistó en el Ejército y en 2013 fue enviado a la vereda Manzanillo, del municipio vecino de Campamento, para garantizar la reparación de una torre de energía.

La guerrilla no es sólo recurrente en volar esas torres sino en dejar instaladas minas antipersonal alrededor de ese tipo de infraestructura. Restrepo, quien se preparó como enfermero de combate y realizó un curso en explosivos y demoliciones, se cercioraba de que la zona estuviera libre de artefactos peligrosos, pero uno de ellos detonó. “Afortunadamente estoy con vida”, dice.

Tras la explosión, estuvo 15 días en estado de coma, sedado por 25 días más y hospitalizado unos tres meses. Las marcas en su cuerpo son imborrables: perdió la pierna derecha y el brazo izquierdo, los especialistas tuvieron que hacer sus mejores esfuerzos para reconstruirle parte del rostro, la pierna izquierda, el pecho, la nariz, un ojo y el brazo derecho. En nueve años como soldado profesional no imaginó que tuviera que volver a la casa materna, “pues mi mamá es la única que me ha ayudado a salir deesto. Los héroes existen de palabra porque dónde quedamos quienes entregamos toda una vida completa y juventud, hasta partes de nuestro cuerpo”, agrega.

Y es que esa es la gran paradoja en Anorí. El trabajo con víctimas de minas es aún incipiente. Restrepo explica que ha sido más desde su fortaleza interior, practicando deportes como el voleibol y el rugby, para dar testimonio a otros que como él están tratando de superar el trauma sicológico.

Graciela Vahos, representante de víctimas en Anorí, explica que solo hace dos años con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) impulsó en el municipio una campaña de prevención. “Fuimos a muchas veredas, barrios y colegios capacitando a los niños porque sabemos que, aunque han disminuido los accidentes con minas, aún están expuestos al peligro”, dice.

Por su parte el personero Andrés Ciro Moreno insiste en que el desminado es una prioridad en el municipio donde, según él, hay zonas vetadas por la presencia de estos artefactos explosivos.

En el listado publicado en mayo de 2016 por el gobierno nacional sobre los 80 municipios priorizados para el desminado humanitario, Anorí no está entre los 22 por ahora seleccionados de Antioquia. “El llamado es al gobierno nacional, al departamental, a las ong y todas las instituciones que están presentes en el municipio para que vean la realidad y la necesidad de hacer un desminado de manera que la población no siga siendo afectada”, indica el funcionario.

Buscan salidas

En el municipio ha habido una rotación de las fuentes de financiación de los actores armados ilegales. Primero fueron los cultivos ilícitos; ahora cobra con más fuerza la minería ilegal. Los niños siguen siendo vulnerables al reclutamiento para el funcionamiento de estas rentas. Foto: archivo Semana.Si hay algo que genere paz es la estabilidad económica. Esa es la convicción de Félix Antonio Rojas, exfuncionario de la administración municipal que desde hace una década comenzó a forjar lo que se conoce como la Asociación Municipal de Cacaocultores de Anorí (Asomucan), que produce chocolate de mesa y chocolatinas rellenas de caramelo para su comercialización nacional e internacional. “Esto es puro cacao, no tiene preservantes ni colorantes, es cien por ciento natural”, explica, emocionado.

La Asociación reúne a excultivadores de hoja de coca que encontraron en el cacao una oportunidad para quitarse de encima el estigma y sostener económicamente a sus familias. Antes de 2003 esto era impensable cuando la idea surgió en la Alcaldía.

“Cultivar en ese entonces una hectárea de cacao costaba 7 millones de pesos”, cuenta Rojas. En 2006 con recursos del Plan Colombia, que financiaba proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos, 20 familias campesinas decidieron probar con esta semilla que al tostarla y molerla produce un alimento exquisito para la mesa colombiana.

Rojas recuerda que convencer a los campesinos no fue fácil, pero que las comparaciones los hicieron rápidamente entrar en razón. Un cultivo de hoja de coca tarda en producir un año, pero su vida útil no es de más de cinco años; un cultivo de cacao tarda en producir entre tres y casi cuatro años, pero su vida útil supera los cuarenta años. Para el representante legal de la Asociación, que ya suma 85 socios activos, el cacao triplica las ganancias y las familias están seguras, se quitan de encima el riesgo de ser amenazas por actores armados y ser estigmatizadas.

Con la iniciativa ya marchando, Asomucan se guio por la experiencia de San Vicente de Chucurí, el municipio cacaotero de Colombia, y en 2006 solicitó capacitación del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Cansados de tener que pagar maquila para la producción fuera del municipio, gestionaron los recursos para instalar una planta propia de producción. “Esta es una experiencia muy bonita, es un proyecto de vida. Esto sirve para cambiar el chip de la estigmatización, de que es un municipio violento y con minas, que es zona roja. Desde el municipio podemos hacer industria, formar y capacitar gente para el trabajo”, afirma.

Después de una década de experiencia, Rojas considera que los resultados son positivos. De unas escasas hectáreas cultivadas con cacao a comienzos del proyecto, ya suman 240 generando trabajo y estabilidad para un centenar de personas. Con una planta de producción en marcha y con el apoyo de Naciones Unidas esperan pronto darles noticias a los anoriceños de que su cacao llegará al Perú. Ya dejaron muestras del grano en Francia, Bélgica, Canadá y Estados Unidos, pero les exigen una exportación mínima de 25 toneladas. “Por ahora no podemos cumplirles con esa cantidad, pero si nos unimos con los productores de Amalfi y Guadalupe [municipios cercanos] creo que lo logramos”, dice con entusiasmo.

Hacia la paz

En lo que va de 2016, habitantes como Berto de Jesús Mora y Miguel Cárdenas dan fe que el pueblo está más tranquilo pese al atentado ocurrido la noche del 9 de julio de 2015, cuando un artefacto detonó en la puerta de la Casa de Justicia, donde funcionan sedes de la Fiscalía, la Defensoría, la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación, la Comisaría y la Personería. Las autoridades indicaron desconocer los autores del hecho; los pobladores quedaron perplejos.

No obstante, son propositivos. William Velásquez, secretario de Gobierno, asegura que le ofrecieron al gobierno nacional ser una zona de concentración. Estas zonas están propuestas en el punto de Implementación, verificación y refrendación, de los acuerdos de La Habana, y corresponderá a varios lugares en el territorio nacional donde se concentrarán representantes del Gobierno, las Farc y la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) para verificar la tregua y la dejación de armas.

Este es un punto que sigue en negociación como parte de los acuerdos finales para una firma de la paz. Aunque muchos municipios quizás no contemplarían la idea de ofrecerse como zonas de concentración, el Secretario de Gobierno asegura que Anorí quiere hacer realidad su lema de “un territorio en paz”.

Para los anoriceños el desminado es urgente como también lo son las oportunidades económicas, y la atención integral a las víctimas. Del municipio fueron desplazadas 14 mil personas en los últimos treinta años, tiempo en el que también llegaron otras casi 7 mil también expulsadas de otras regiones del país. Sus testimonios y propuestas buscan cortar de raíz los estigmas que han llevado a cuestas por culpa del conflicto armado, así como hacer realidad la última estrofa de su himno:

Sale el sol, suena la campana
Resuénale canto del jilguero
Se oye el llanto del niño en la mañana
Se escucha el grito del arriero
y cuando termina la faena
que todos acogimos con ardor
suena el tiple, que acaba con las penas
y se danza esperando el esplendor.

*Periodista de Puerto Berrío

Este artículo hace parte del proyecto GIZ con VerdadAbierta.com

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El Eln fue el primer grupo guerrillero en “instalar” de minas antipersonal en el país. En la década de los 90 se convirtió en una práctica extendida a otros grupos insurgentes. Foto: archivo Semana.La historia de la guerrilla del Eln no solo está ligada al espíritu evangélico del sacerdote Camilo Torres; también al uso de artefactos explosivos como estrategia de guerra contra las Fuerzas Militares, lo que llevó a sus bloques y frentes a “instalar” minas antipersonal en buena parte de las zonas donde ejercen dominio armado.

Un repaso al pasado de este grupo alzado en armas desde hace 52 años muestra que fueron los primeros en usar artefactos explosivos contra la Fuerza Pública. Se emplearon inicialmente en áreas rurales del municipio de San Vicente de Chucurí, Santander. (Leer más en: San Vicente de Chucurí y las minas del Eln)

Las primeras referencias de accidentes que dejaron las primeras víctimas se registraron en la década del setenta en la región que hoy comprende los municipios de El Carmen y San Vicente de Chucurí, donde se dio una fuerte confrontación entre el Eln y el Ejército Nacional.

En las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, que quedaron consignadas en el documento de macroimputación que le atribuye la responsabilidad de 15.896 crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se incluyeron 520 casos de siembra de minas antipersonal presentados entre 1991 y 2014.

El uso recurrente de estos artefactos explosivos no ha cesado. “Partes de guerra” de los distintos frentes de esta organización guerrillera dan cuenta de nuevos hechos.  El Frente de Guerra Oriental reportó denotación de una mina contra patrulla del Ejército el 26 de febrero de este año en la vereda Charo Centro, del municipio de Saravena, Arauca. Los reportes se repiten para el año 2015, sobre todo para este departamento.

Esa realidad contrasta con declaraciones de miembros del Comando Central del Eln, quienes en febrero del año pasado afirmaron que estaban dispuestos a desminar aquellas áreas de su influencia. La promesa le fue hecha al Llamamiento de Ginebra, una organización no gubernamental fundada en 2000 con el objetivo de “promover el respeto de las normas internacionales humanitarias por parte de los actores armados no estatales” y de impulsar la prohibición del uso de las minas antipersonal.

“Al llamamiento de Ginebra manifestamos nuestra disposición de contribuir al desminado en las zonas donde hemos sembrado minas”, precisó este jefe insurgente, quien de paso admitió varios errores al utilizar estos artefactos explosivos, “pero en ningún momento ha sido con propósito de afectar a la población protegida. En algunos casos no se levantaron mapas de los sitios minados y no se recogieron las minas”.

Alias ‘Ramiro Vargas’, explicó que las minas antipersonal las usan los distintos frentes del Eln “para la seguridad del área de nuestros campamentos y para contener el avance de fuerzas enemigas”.

Ante el eventual inicio de negociaciones entre el gobierno nacional y este grupo guerrillero, VerdadAbierta.com presenta el escenario de minas antipersonal en aquellos territorios de presencia histórica del Eln, con el propósito de resolver algunas preguntas que expliquen a fondo el problema que genera su uso para las comunidades campesinas y cuáles serán los desafíos para su erradicación en el caso de lograrse un acuerdo con esa organización subversiva. (Leer más en: ¿Cómo llega la guerrilla del Eln a la Mesa de Diálogos?)

De acuerdo con datos de diversos centros de investigación, el Eln tiene presencia en regiones del país que se destacan por ser áreas de frontera, explotación de hidrocarburos, enclaves de cultivos de hoja de coca para uso ilícito y actividades mineras ilegales. En todas ellas hay minas antipersonal desde hace varias décadas.

En algunas de esas áreas comparte dominio con otros grupos armados ilegales, tales como las Farc, una disidencia del Epl y estructuras criminales ligadas a actividades de narcotráfico. Por ello no es una tarea fácil tratar de identificar la responsabilidad de un fenómeno como el del uso de artefactos explosivos para atribuírselo a un solo grupo alzado en armas o a aquellos que hacen parte del crimen organizado.

No obstante, Verdadabierta.com se dio a la tarea de ubicar cuatro regiones históricas donde el Eln ha tenido presencia armada y por momentos ha sido hegemónico su control social y territorial, para determinar la magnitud no solo del daño actual sino de lo que podrá significar para un futuro las tareas de desminado.

Áreas minadas

Norte de Santander es el quinto departamento en registrar un mayor número de víctimas por minas antipersonal en el país. El Carmen y Teorama son los municipios más afectados por la presencia de estos artefactos explosivos. El año 2006 registró un aumento considerable en el número de víctimas a nivel nacional. En el caso de Norte de Santander, esta tendencia se presentó en el año 2005, cuando se dio un cambio en la estrategia guerrillera para defenderse y proteger sus cultivos de hoja de coca, como respuesta a las operaciones militares.

La complejidad en determinar a qué actor armado corresponden las áreas minadas radica en la coexistencia de las Farc, el Eln y el Epl en este territorio. El uso actual de estos artefactos puede estar asociado con el control de corredores de movilidad y defensa del territorio.

En amplias zonas de Arauca, Boyacá y Casanare hace presencia el Frente de Guerra Oriental, la estructura más activa y numerosa del Eln. El empleo de minas antipersonal en esta región se asocia con una estrategia de control territorial y no tanto con tácticas de repliegue o de tipo defensivo. Particularmente en Arauca, uno de los departamentos más afectados por la presencia de estos artefactos explosivos, el uso de minas antipersonal por parte del Eln está vinculado con el control de los corredores estratégicos empleados para el narcotráfico. Sin embargo, como respuesta a la ofensiva militar que tuvo su pico más alto entre 2002 y 2005, el Frente de Guerra Oriental incrementó el uso de minas antipersonal para evitar una confrontación directa con la Fuerza Pública.

En el informe el “ABC del Eln, evolución del Frente de Guerra Oriental”, publicado por la Fundación Ideas para la Paz (Fip) en abril de 2015, se establece que el uso de minas antipersonal por parte de este frente comienza a ser una práctica consolidada a partir del año 2000, hecho que coincide con un incremento en la capacidad de combate de esta estructura guerrillera. Por otro lado, Eduardo Álvarez, Coordinador del área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fip, señaló que no sería extraño que gran parte del territorio que está minado en partes de la frontera con Arauca sea muy cerca al río Arauca y a sus afluentes para impedir el paso de ciertas poblaciones.

En la actualidad, Tame es el segundo municipio que reporta mayor número de víctimas en el país. Los accidentes más recientes con estos artefactos se registraron el pasado 15 de marzo del presente año cuando tres militares y dos civiles activaron una mina antipersonal en la vereda Mata Oscura del municipio de Arauquita, Arauca.

La estructura guerrillera del Eln en Nariño es pequeña, pero activa en términos de ataque a la infraestructura y contra miembros de la Fuerza Pública. La lógica del minado puede obedecer a la protección de corredores estratégicos de salida hacia el Pacífico con el fin de proteger a su vez los controles de insumos para su producción y de tráfico de armas.

El accidente más reciente, que dejó un muerto y un herido, que se presentó en este departamento ocurrió en el resguardo de El Sande, en la vereda Chagui en elmunicipio de Santacruz Guachavez el pasado 2 de mayo.

Este departamento ocupa el cuarto lugar en número de víctimas antipersonal. Uno de los municipios más afectados por la presencia de estos artefactos es Samaniego. En 2009 habitantes de la vereda de El Decio estuvieron confinados por cuatro meses debido al uso indiscriminado de minas antipersonal por parte de los actores armados ilegales.

Hace más de diez años, en el corregimiento de Micoahumado, municipio de Morales, se llevó a cabo un ejercicio de desminado unilateral por parte del Eln. Este ha sido un territorio en disputa por diferentes actores armados debido a su riqueza en recursos naturales, como el oro y el petróleo, y a su ubicación estratégica.

En diciembre de 2002 se presentó el mayor escalamiento del conflicto cuando la población quedó en medio de un fuego cruzado entre los paramilitares del Bloque Central Bolívar (Bcb) y el Frente José Luís Solano Sepúlveda del Eln. Mientras los primeros se asentaron en las escuelas, en la cancha de futbol y en otros lugares públicos, así como en las casas de los mismos pobladores, los segundos emplearon minas antipersonal en diferentes puntos. La comunidad quedó confinada debido al uso de minas, a los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla, y al bloqueo de la entrada al corregimiento por parte de este último grupo armado ilegal.

La presión de la comunidad organizada en una Asamblea Popular Constituyente hizo que el Eln desminara la carretera San Pedro de la Plaza, El Reflejo, La Caoba y la Guásima, “mediante la remoción manual de minas, designando de entre sus combatientes a un grupo de expertos que ubicara los campos minados y elaborara un mapa”.

No obstante, la situación en esta zona es compleja. Por el recrudecimiento de la confrontación entre el Eln y tropas del Ejército hay problemas en Montecristo, Micoahumado y Morales, donde se está recurriendo al empleo de minas antipersonal.

¿Para qué minan?

Las minas antipersonal instaladas por el Eln han servido a los propósitos de brindar seguridad a sus campamentos y contener el avance de la Fuerza Pública u otro contrincante. Sin embargo, estos artefactos explosivos también han sido empleados por este grupo armado para la protección de cultivos ilícitos, como señaló para VerdadAbierta.com el Mayor Manuel Cardona, Director de Guerra de Minas del Centro Nacional Contra Artefactos Explosivos y Minas (Cenam) del Ejército.

Este grupo guerrillero emplea minas de tipo artesanal. En un informe especial de la Fundación Seguridad y Democracia, se señala que todos sus combatientes saben armar e instalar estos artefactos, entre ellos los conocidos como “quiebrapata” y “sombrero chino”, activados ya sea por la víctima o a control remoto.

Yeison Villamil, Gerente de Operaciones de Halo Trust, la primera y única organización que en el momento realiza procesos de desminado humanitario en el país, aclaró que en algunos casos es difícil establecer las diferencias entre las minas empeladas por las Farc o el Eln.

No obstante, en áreas cercanas al Carmen del Viboral y otras zonas del suroriente antioqueño, en donde ha existido control territorial por parte del Eln, las minas que se han encontrado son más sofisticadas, más durables y de mejor calidad. Estas minas antipersonal empleadas por esta organización alzada en armas son principalmente de alambre de tropiezo y son iniciadas de manera eléctrica, aclaró Villamil.

Una de las consecuencias de la instalación masiva de minas es la confinación de las comunidades, que no pueden salir a los centros poblados o a sus lugares de trabajo. En diversas regiones del país, las unidades guerrilleras informan a los pobladores sobre la ubicación de esos artefactos. Lo perverso es que si por alguna razón un civil activa uno de ellos es obligado a pagarla. Exigencias de este tipo se han dado en Nariño y Antioquia.

Si bien los diálogos entre el gobierno nacional y este grupo subversivo están en un momento de crisis por cuanto el Comando Central no acepta condicionar la apertura de la mesa de negociaciones al cese de la práctica del secuestro, diversos sectores sociales y políticos esperan que ese obstáculo sea superado y rápidamente se concrete un acuerdo sobre desminado, lo que aliviará la situación de seguridad de cientos de comunidades en sus zonas de influencia.

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