La Unidad de Restitución acaba de interponer la primera demanda de restitución de tierras en el Eje Cafetero. Se trata de predios en dos municipios del oriente de Caldas que fueron abandonados después de que las Farc dejaron minadas las fincas de los campesinos.
En Samaná, Caldas, 14 mil personas se desplazaron entre 2000 y 2009 por la violencia generada por guerrilleros, paramilitares y fuerzas militares. Foto cortesía Unidad de RestituciónAl drama generado por la crisis del café de los años ochenta en el oriente del departamento de Caldas, que llevó a la quiebra a muchos campesinos, se le sumó la disputa de guerrilleros y paramilitares por apoderarse de fincas arruinadas para sembrar hoja de coca con fines ilícitos.
En medio de esa confrontación, decenas de labriegos se desplazaron y dejaron abandonadas sus parcelas, que no solo terminaron explotadas ilegalmente, sino que se convirtieron en campos minados como estrategia de guerra desarrollada por la guerrilla de las Farc.
Si bien los labriegos intentan recuperar sus predios y aunque la Unidad de Restitución no ha encontrado en Samaná y Pensilvania casos de ventas forzadas, transferencias de títulos, falsas escrituras o complicidades de notarios, registradores o funcionarios del Incora o Incoder, se enfrentan a un enemigo letal de la restitución: las minas antipersonal.
“El oriente de Caldas fue seriamente afectado por las minas antipersonal. Allí hizo presencia el Frente 47 de las Farc. Comenzamos a trabajar en las veredas donde el Batallón de Desminado del Ejército ha garantizado que se puede retornar”, explicó Sergio Rodríguez, director de la Unidad de Tierras para el Valle del Cauca y el Eje Cafetero.
Bajo esas circunstancias, esta dependencia presentó hace pocos días ante el Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de Cali las primeras demandas de restitución por abandono en esa región del oriente de Caldas. Se trata de 18 casos que suman unas 600 hectáreas y que corresponden a terruños en los municipios de Samaná y Pensilvania.
“Los casos que hemos presentado en demanda son abandonos de tierras. La mayoría de las personas están desplazadas en otras regiones del país, perdieron todo lo que tenían en sus fincas y están endeudados”, señaló Rodríguez.
Los reportes de las autoridades indican que desde hace dos años no hay presencia de grupos armados ilegales en la región, lo que ha favorecido la documentación de los casos de abandono, sobre todo en las zonas donde ya se ha logrado un desminado. “Estamos planteando un plan de retorno para las familias”, sostuvo el funcionario.
La tarea no será fácil. Este “enemigo silencioso”, como se les llama a las minas antipersonal, ha dejado en este departamento 166 víctimas, entre heridas y fallecidas, según las cifras del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. De ellas, 91 eran campesinos justamente de Samaná y 13 más de Pensilvania.
Al respecto, el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República advirtió en un informe que en 2002 las Farc comenzaron a utilizar las minas antipersonal como un “método para neutralizar los avances de la fuerza pública en la zona”. Para entonces, guerrilleros y paramilitares se disputaban el control de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito.
Los datos de desplazamiento del Registro Único de Víctimas (RUV), de la Unidad de Víctimas, ponen en evidencia el drama en estos dos pueblos. Entre 2000 y 2009, que fue el período más fuerte de expulsión de personas en la región, 40 mil campesinos salieron desplazados de Samaná mientras otros 12 mil lo fueron en Pensilvania. En el caso de Samaná varias veredas quedaron desiertas según un diagnóstico realizado por la Alcaldía.
En Caldas, a la fecha las víctimas han presentado 849 solicitudes de restitución de parcelas que tuvieron que abandonar o que les fueron despojadas con violencia. Estas solicitudes suman unas 24 mil hectáreas, según datos de la Unidad de Tierras. Samaná y Pensilvania concentran por lo menos 200 de estas solicitudes que pueden sumar unas mil hectáreas de fincas abandonadas.
Hasta el momento, la Unidad de Tierras se ha concentrado en 26 veredas de estos dos municipios, pero adelanta labores de documentación de otros casos en los municipios de Aguadas y Salamina, en el norte de Caldas, así como en Quinchía y Santuario, en el norte y centro del vecino departamento de Risaralda.
Del grano de café a la pasta de coca
Los campesinos de Pensilvania, como lo de otros municipios del nororiente de Caldas, abandonaron sus fincas por la violencia desatada por el Frente 47 de las Farc y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Al cesar la guerra, no pudieron retornar porque la guerrilla dejó minas en sus predios. Foto cortesía Unidad de Restitución.La tragedia de Samaná y Pensilvania comenzó en 1989 con la ruptura del Pacto Internacional del Café, una serie de acuerdos entre los países productores del grano en el mundo que garantizaba estabilidad a los caficultores colombianos. Para remediar la situación, los campesinos caldenses desarrollaron parcelas de entre dos y veinte hectáreas, donde también cultivaban maíz, yuca, fríjol y plátano con el fin no solo de subsistir, sino de pagar las deudas cafeteras, pero nada de ello les alcanzó. La crisis del café los arruinó (Lea: Todos mataron a Samaná).
La Unidad de Restitución documentó que en los años noventa en el nororiente de Caldas ya confluían guerrilleros y autodefensas, venidos del oriente antioqueño. De un lado estaban los Frentes 9 y 47 de las Farc, y del otro las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), lideradas por Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’. Sin embargo, los testimonios de quienes vivieron en estos pueblos aseguran que la guerrilla era la que mayor presencia tenía en la zona para ese entonces.
A los caficultores les vino la ‘roya’ de la violencia. Un Informe de riesgo de la Defensoría de la época advirtió que en el nororiente caldense las Farc consolidaron una red de trochas que les facilitó la movilidad hacia el resto de Caldas, el norte de Tolima, el Magdalena Medio y el Suroeste antioqueño. Su estrategia, según el documento, fue utilizar “un corredor montañoso que conecta a los corregimientos de Florencia y Encimadas, en Samaná, con San Félix, en Salamina, por las cuchillas de Miraflores, Alta Mira, Morocongo y el Alto de Garrapatas”.
Bajo las órdenes de Elda Neyis Mosquera, alias ‘Karina’, y Hernán García, alias ‘Nodier’, el Frente 47 de las Farc comenzó a atacar los puestos de policía de la región, así como a extorsionar, secuestrar y robar a los campesinos. Les pedían vacas y, bajo amenazas, les decían a los pobladores que debían “colaborar”.
“En el año 98 me di cuenta que la guerrilla rondaba, pues ya me habían robado varias veces… ya habían matado a varios propietarios que colindaban conmigo y un amigo me avisó que me estaban buscando. Por eso me fui”, contó en su campesino desplazado de Samaná a la Unidad de Restitución.
En el año 2000, según informes de las autoridades, este grupo subversivo se consolidó en la zona tratando de convertir las fincas cafeteras en extensos cultivos de hoja de coca para la producción de cocaína. El ‘músculo financiero’ de las Farc, que hasta ese momento habían sido las extorsiones y los secuestros, aumentó con la producción del alcaloide. Las tierras de los campesinos comenzaron a ser apetecidas por la guerrilla para su propósito y ya no solo les quitaban las vacas; los obligaban a cultivar hoja de coca.
“El café no daba nada… estábamos aguantando hambre y mis hijos terminaron sembrando coca por orden de la guerrilla. Ellos mismos comenzaron a amenazarnos de que si la cortábamos nos pelaban y cumplieron… a uno de mis hijos me lo mataron”, dijo en su declaración un campesino de Pensilvania a la Unidad de Tierras.
En los corregimientos de Arboleda y San Diego, en Pensilvania, alias ‘Karina’ los forzaba a asistir a reuniones para coordinar las “normas”, “las vacunas” y el apoyo en logística y alimentación para los guerrilleros, así como el cuidado de los cultivos ilícitos.
En medio de las pocas plantaciones de café y plátano que aún sobrevivían en el nororiente caldense, la mata de hoja de coca se propagó rápidamente por Pensilvania, Samaná, Norcasia y Manzanares. En 2001, el conflicto se recrudeció cuando los paramilitares llegaron a disputarle el territorio a la guerrilla. “Terminamos involucrados en disputas ya que ellos decían que colaboráramos con los unos o con los otros”, aseguró otro campesino de Samaná en su declaración como víctima.
Todos se dan bala
Poco a poco, las autodefensas campesinas de Ramón Isaza se fueron consolidando en buena parte de Caldas. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio iban en crecimiento y se crearon cinco frentes, entre ellos el Frente Omar Isaza, a cargo de Walter Ochoa Guisao, alias ‘El Gurre’, y Luis Fernando Herrera, alias ‘Memo Chiquito’. Esta facción armada se instaló en el oriente del departamento y entró en guerra con las Farc. (Lea: La máquina de guerra de Ramón Isaza)
“Me desplacé por la razón de que a la finca llegó una gente diciéndome que tenía que desocupar, que me abriera de allá porque ellos iban a sembrar coca. Y así fue porque después de que me vine destruyeron todo lo que yo tenía y sembraron toda la finca en coca. Nunca averigüé qué grupo fue el que me dijo que tenía que salir, pero esos hombre siempre llegaban armados… nosotros no nos dábamos cuenta si eran ‘paracos’ o guerrilla”, dijo un parcelero de Pensilvania en su testimonio ante la Unidad de Restitución.
En 2002, los pobladores quedaron en la mitad de una guerra por el control de los cultivos de hoja de coca. El Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia documentó seis desplazamientos masivos que expulsaron a 2 mil 500 personas del corregimiento San Diego, de Samaná, todos provocados por la guerrilla. Ese mismo año, 2 mil campesinos más de otras zonas de Samaná se desplazaron después de que las Farc y los paramilitares en enfrentaran en la cuenca del río Tenerife.
En el registro histórico de desplazamiento que tiene la Unidad de Víctimas, el año 2002 fue el más crítico. En Samaná salieron expulsados 13 mil campesinos; en Pensilvania lo fueron 4 mil. Ese mismo año las fuerzas militares entraron con la Fuerza Tarea Conjunta Orión para recuperar la zona. Lo hicieron por tierra, pero también por aire con fumigaciones a los cultivos ilícitos. Los combates pasaron de 17 en 2003 a 26 en el 2006. Aunque el nivel de los desplazamientos no fue el de 2002, durante los siguientes años los campesinos siguieron desplazándose. (Ver tablas).
En abril de 2005 otras 4 mil personas salieron de Pensilvania y Samaná por las fumigaciones. Los campesinos le suplicaron al gobierno que dejara de contaminar las tierras y que impulsara la erradicación manual. En noviembre otras 2 mil personas de 13 veredas del corregimiento de Encimadas, en Samaná, se desplazaron por combates entre la guerrilla y los paramilitares.
Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio se desmovilizaron el 7 de febrero de 2006 y con ellas el frente que mantenía la disputa con las Farc en el oriente del Cauca. Aunque elconflicto mermó, el Frente 47 de las Farc quiso recuperar el territorio, pero sus propósitos se vieron truncados por la acción de las Fuerzas Militares y la entrega de alias ‘Karina’ a las autoridades en mayo de 2008. Para el año siguiente, el nororiente de Caldas no era más que potreros abandonados con un enemigo silencioso bajo tierra, las minas antipersonal, que dificultan la restitución.
