Se sentaron a la mesa con rostro adusto, ojos observadores, actitud desconfiada y silenciosos. Sobre ellos recaían muchas miradas, expectantes. Se trataba de ver por primera vez juntos, en público y bajo los lentes de las cámaras, a quienes, por décadas, han afectado de múltiples maneras la vida de miles de personas.

Se trataba de 18 hombres recluidos en el penal de Itagüí y otro más con prisión domiciliaria, de orígenes diversos y en representación de algunas estructuras criminales, que han operado en distintas comunas de la capital antioqueña y su área metropolitana, y con tentáculos en varias zonas del departamento y del país. Para verlos allí sentados se requirió de un proceso de más de nueve meses liderado por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y un grupo de intermediarios, respaldados por la política de Paz Total impulsada desde el gobierno nacional.

“Aceptamos la invitación del gobierno del presidente Gustavo Petro y se la extendemos a la comunidad internacional, para dialogar sobre una ruta en la construcción de la paz urbana”, leyó en una breve intervención Sebastián Murillo Echeverri, uno de los representantes de las estructuras criminales.

En su mensaje, leído con pausa y que interpretaba el sentir de quienes estaban sentados a su lado, reconoció que “el camino trasegado hasta la fecha no ha sido fácil, son muchos los interrogantes que rodean este espacio dialógico”. Y expuso uno de los puntos críticos en este proceso: “No es un hecho desconocido para los participantes de este encuentro y toda la sociedad colombiana que estos diálogos inician sin que exista aún el marco jurídico para resolver las situaciones sociojurídicas de los miembros de estas estructuras”.

La crítica a esa falta de marco jurídico ha sido una de las grandes dudas de este proceso y, en general, de la política de Paz Total. Para respaldarla, el gobierno nacional, a través de los ministerios del Interior y de Justicia, presentó el 15 de marzo de este año ante el Congreso de la República el proyecto de ley de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición, y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, que cobijará el proceso iniciado en Itagüí y otros más que están en espera.

El problema es que apenas el pasado 30 de mayo se radicó la ponencia ante la Comisión Primera del Senado para iniciar la discusión de esta iniciativa. Una de las preguntas es si logrará surtir todos los debates, cuatro en total, hasta su aprobación, sobre todo cuando se ha podido establecer que sectores de oposición se encuentran trabajando en una especie de “plan tortuga” y no alcanzarán a evacuar los proyectos en la legislatura que acaba el próximo 20 de junio.

Ante esa situación, el Alto Comisionado para la Paz ha reiterado en distintos escenarios, entre ellos en la cárcel de Itagüí el pasado viernes, que para ello cuenta con el artículo 22 de la Constitución Política, que dice que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Además, se respalda en la Ley 2272 de noviembre de 2022, que define “la política de paz como una política de Estado”.

En su intervención ante los representantes de los grupos criminales, Rueda insistió en esa idea: ”Podemos esperar a que el Congreso legisle, a que pase el examen de constitucionalidad de los proyectos de ley que sean, pero el clamor del pueblo de Antioquia, el clamor del pueblo de Medellín y sus comunas, que hemos visitado; el clamor de la gente del Valle de Aburrá, es que se pare la violencia, que se paren las violencias armadas, y ese clamor no está supeditado a esperar a que tengamos el marco jurídico. Necesitamos avanzar”.

Y agregó: “Entonces nos dicen: ‘Es que esto está en la locura y el caos’. No. Estamos aplicando el artículo 22 de la Constitución Nacional. Respetamos la autonomía de los poderes, pero tenemos que responder a la voz ciudadana”.

No es la primera vez que se inicia un proceso de esta magnitud sin marco jurídico. Así comenzó hace poco más de nueve años la desmovilización colectiva de las distintas estructuras asociadas a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que suscribieron pactos con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Para cuando se rubricó la Ley 975, el 25 de julio de 2005, se habían desmovilizado cerca de 2.700 integrantes de 12 bloques y frentes paramilitares.

El encuentro del pasado viernes también dejó en evidencia que este proceso aún no tiene una metodología definida que estructure las conversaciones que se sostendrán luego de instalada la mesa ni cuánto durarán; tampoco se conocen la frecuencia de los encuentros entre las comisiones; los procesos de toma de decisiones; los mecanismos de verificación y de seguimiento de los compromisos; las estrategias de resolución de crisis; la articulación con los integrantes de las bandas que están en las calles; y los mecanismos de participación ciudadana.

¿A quiénes representan?

Por sus características y objetivos, el proceso iniciado en la cárcel de Itagüí está rodeado de situaciones particulares, como, por ejemplo, a qué bandas representan las 19 personas que están sentadas a la mesa con el gobierno nacional.

Pese a la insistencia en ese punto de los periodistas que asistieron al evento en Itagüí, ni el comisionado Rueda ni los voceros del gobierno nacional, entre ellos la senadora Isabel Cristina Zuleta y el exsecretario de Gobierno departamental, Jorge Mejía Martínez, respondieron las preguntas de manera clara y fueron evasivos para nombrarlas.

Al respecto, Martínez aseveró que en la mesa “estaban los que son y son los que están. Las grandes estructuras delincuenciales armadas del Valle de Aburrá están presentes en este proceso, todas, todas. No hay ninguna gran estructura que esté por fuera. La última, que ustedes saben cuál fue que manifestó su disposición, allí tenía un vocero”.

La senadora Zuleta, por su parte, dijo que “nosotros lo que les pedimos a ellos es que se presentaran como desearan, más allá de eso no podemos ir. Y le hemos pedido a algunos periodistas que entiendan el proceso interno y el proceso de la mesa. Con esos nombres ustedes pueden hacer la tesis doctoral necesaria para esas respuestas”. Y resaltó que el hecho de que se presentaran con sus nombres propios refleja un largo proceso de construcción de confianza.

Contrario a lo dicho por Martínez, la Senadora admitió que no estaban representadas el cien por ciento de las bandas asentadas en la capital antioqueña y los municipios que hacen parte del área metropolitana por cuanto en este amplio territorio también tenían presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), con las que se espera una mesa aparte.

¿Y quiénes estaban en la mesa y se presentaron con sus nombres propios como lo dijo Zuleta? El grupo se dividió en dos. Los voceros principales son Jorge Vallejo Alarcón, quien fungirá como secretario de la mesa en representación de las estructuras criminales, Albert Henao Acevedo, Camilo Rendón Castro, Carlos Mesa Vallejo, Freyner Ramírez García, Gustavo Pérez o Rodrigo Rodríguez y Mauricio Morales Múnera.

Como voceros suplentes estarán Andrés o Edilberto Oliveros (dos identidades), Carlos Correa López, Elder Zapata Rivera, Iván Suárez Muñoz, Jesús Hernández, John Yepes Hoyos, Juan Fernando Álvarez, Óscar Salazar Gutiérrez, Rodrigo Henao Acevedo y Sebastián Murillo Echeverri.

¿Por qué es importante esa relación entre los voceros que están sentados en la mesa de conversaciones y las estructuras criminales que representan? El proyecto de ley que está a discusión en el Senado contempla la suscripción de actas colectivas de sometimiento, un requisito clave para obtener los beneficios jurídicos, entre ellos penas efectivas de cárcel de 6 a 8 años.

Se espera que, con el avance de las conversaciones y la concreción del marco jurídico, se definan a qué estructuras criminales realmente representarán y precisen cuántos hombres y mujeres bajo su mando estarán dispuestos a acogerse de manera individual a las normas de sometimiento y, por esa vía, reintegrarse a la vida legal.

Las expectativas

“Desde el primer momento este proceso tendrá como criterio central para la toma de decisiones el respeto por las comunidades afectadas por la violencia y la decisión de las garantías de no repetición”, anunciaron las estructuras criminales sentadas en la mesa a través de un comunicado conjunto leído por Andrés Millares, coordinador del área de Justicia de la MAPP-OEA.

Al respecto, Julio César Rengifo, defensor de derechos humanos del corregimiento Altavista, una de las zonas golpeadas por la violencia, se mostró esperanzado en que el marco jurídico se apruebe pronto para aclarar el camino que se empezó a transitar desde el viernes pasado.

Con respecto a su zona, donde dos grupos criminales, ‘Los Pájaros’ y ‘Los Chivos’, han mantenido ciclos de violencia letal implicando a las comunidades, reconoció que, si bien los índices de homicidio se han reducido, hay otros fenómenos como la extorsión, el narcotráfico, la desaparición forzada y el reclutamiento de menores que continúan, por lo que deben discutirse en la mesa de conversaciones, en la que sólo tienen presencia ‘Los Chivos’, la otra aún no se ha definido.

Una mirada más optimista expuso María Gisela Quintero, lideresa social y vocera del gobierno nacional en este proceso: “Este es un paso que todo Medellín, toda Antioquia, debe dar, por supuesto Colombia. Para las víctimas ya fue suficiente este derramamiento de sangre. Hoy me doy cuenta que esta guerra ya nos está cansando. Por eso es necesario conversar”.

En ese sentido se expresó Murillo Echeverri, uno de los voceros de las estructuras criminales: “Los que estamos aquí presentes hemos visto la cara de la guerra y sabemos hasta dónde nos conduce este camino transitado con dolor. Por eso queremos transitar un sendero distinto, el de la paz, el del perdón y la reconciliación”.

Y propuso que ese camino iniciado “debe pasar por la transformación de las comunas del Valle de Aburrá, que tiene que traducirse en oportunidades, para la gente, en equidad, educación, salud y cultura”.

Además, hizo un llamado al sector productivo, uno de los más golpeados por las prácticas extorsivas de las estructuras criminales, “para que reflexione en torno a su lugar como constructores del desarrollo de la ciudad y cómo pueden aportar en la viabilidad de una ruta para que ese desarrollo pueda llegar al barrio, a las montañas del Valle de Aburra, donde los pelaos y sus familias se encargan de resolver el día a día”.

Por el momento sólo hay grandes expectativas y varios interrogantes que gravitan sobre el futuro de por lo menos 14 mil personas, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, que esperan obtener beneficios con su sometimiento a la justicia, si se logra aplicar un marco jurídico que les genere confianza a los representantes de las estructuras criminales y sea un incentivo para dejar sus armas y sus lucrativos negocios ilegales.

De no lograrse, será una oportunidad perdida y quedará demostrado que es insuficiente un artículo de la Constitución Política para enfrentarse a un fenómeno que lleva décadas desangrando la vida y la economía del Valle de Aburrá.

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La escena fue dantesca y atemorizante. Promediando las dos de la tarde del pasado 27 de diciembre, justo cuando la canícula obligaba a pobladores y animales a buscar refugio bajo cualquier sombra, dos hombres que se movilizaban en motocicleta arrojaron una cabeza humana en inmediaciones del puente sobre el río Nechí, que sirve de acceso al municipio de El Bagre. Poco o nada se sabe sobre quién es la víctima de tan atroz crimen. Lo que sí quedó claro entre los habitantes de este pueblo minero del Bajo Cauca antioqueño es que se trató de una abierta declaración de guerra y que se avecinan acciones tal vez peores.

Tan sólo 24 horas antes circuló en las calles de El Bagre un panfleto que anunciaba la llegada del grupo armado conocido como ‘Caparrapos’ y sus intenciones de iniciar una “limpieza social”. Este tipo de pasquines amenazantes suelen ser anónimos, pero en este caso llamó la atención que estuviera firmado por un hombre que se identificó como Claudio Alonso Maturana Hurtado, conocido en la región como ‘Cristian’, hasta hace poco integrante del Frente Francisco Morelo Peñate de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo armado que logró consolidar un dominio armado y territorial en esta población durante casi una década. (Ver panfleto)

‘Cristian’ es un viejo conocido de las autoridades militares y de Policía. En febrero de 2016 fue capturado por el Ejército Nacional junto con otros tres integrantes de las Agc, a quienes se les acusó de ser los responsables de extorsiones a ganaderos y mineros del Bajo Cauca antioqueño. No se sabe cómo logró su libertad. Lo cierto es que hoy se presenta como comandante de los ‘Caparrapos’ y asegura no tener miedo de revelar su identidad pues, dice, “sé por parte de mis amigos de la Fuerza Pública que tengo orden de captura (sic)”.

A sus antiguos compañeros de armas, los integrantes de las Agc o del ‘Clan del Golfo’ -como los llama el gobierno nacional-, los amenaza de muerte, así como a expendedores de droga, prostitutas, consumidores y ladrones, a quienes dice “tener en la mira”.

También se atribuye el ataque con granada perpetrado la noche del 23 de diciembre en una discoteca del barrio El Porvenir, centro poblado de El Bagre, que dejó 24 personas heridas, seis de ellas de consideración, tras señalar que “eso fue por no hacer caso”. El panfleto termina con una dura intimidación de su parte: “Este pueblo ha sido mío por más de cinco años y nadie me lo va quitar, muérase quien se tenga que morir y la guerra apenas empieza”.

Pero esos “vientos de la guerra” comenzaron a soplar con fuerza en El Bagre desde septiembre de 2018, tal como lo reseña el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana de Inminencia 003-19.

De acuerdo con esta agencia estatal, el 21 de septiembre de ese año rodó por las calles de este pueblo un panfleto suscrito por un grupo autodenominado “Héroes del Central Bolívar Bajo Cauca” mediante el cual amenaza de muerte a todo aquel que colabore o facilite información a las Agc, advirtiendo, además, que “es mejor que se abran, no queremos derramar sangre de inocentes”. En realidad, se trató de una disidencia ‘gaitanista’ que se unió a los ‘Caparrapos’, extendiendo a tierras bagreñas la cruenta guerra que sostienen desde hace poco menos de dos años ambas estructuras armadas en los municipios vecinos de Tarazá, Cáceres y Caucasia.

Lo anterior, según el SAT de la Defensoría, aumentó dramáticamente los hechos victimizantes en contra de la población civil en este municipio, tales como homicidios selectivos, desplazamientos forzados, enfrentamientos armados en medio de población campesina, amenazas, atentados terroristas, reclutamientos de menores de edad, entre otros. (Leer más en: La guerra se recicla en el Bajo Cauca antioqueño)

Cifras de la Policía Nacional muestran que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, se registraron 45 homicidios en El Bagre, buena parte de ellos cometidos en el último trimestre del año. Se trata, además, de un aumento superior al 300 por ciento con relación a 2017, cuando se registraron tanto sólo once homicidios.

En medio de este fuego cruzado están quedando, además de las comunidades campesinas, decenas de presidentes de juntas de acción comunal y defensores de derechos humanos con presencia en la región. Tal como lo consigna el SAT en su Alerta Temprana de Inminencia, “al menos dos presidentes de juntas de acción comunal han tenido que salir de sus veredas por temor a que, por su liderazgo, resulten amenazados y desplazados de sus veredas (…) igualmente, organizaciones defensoras de derechos humanos como Aheramigua han denunciado que hombres armados han hostigado a familiares y personas que prestan servicios a los integrantes de este organización, señalándolos como ‘izquierdistas’ que no quieren en el municipio”.

Amenaza que se expande

La expansión de los ‘Caparrapos’ hacia El Bagre muestra que la confrontación que tiene lugar en el Bajo Cauca antioqueño entre esta estructura criminal y las Agc está lejos de ceder en intensidad. Por el contrario, amenaza con instalarse con toda su furia en otros pueblos circundantes como Zaragoza, Nechí, Ituango, Segovia, Remedios e, incluso, en municipios cordobeses como Montelíbano y San José de Uré.

De hecho, organizaciones sociales del sur de Córdoba denunciaron que la noche del pasado 6 de enero, un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados ingresó al centro poblado de San José de Uré y pintaron varias paredes del pueblo con las siglas B.V.P.A, que traduce ‘Bloque Virgilio Peralta Arenas’ -la denominación que se dan a sí mismos los ‘Caparrapos’-, además de la leyenda: “Fuera Guajiro Objetivo”. En este caso, se trata de una amenaza directa contra un comandante ‘gaitanista’ que hace presencia en tierras cordobesas. (Leer más en: Frontera entre Antioquia y Córdoba, una línea borrada por la guerra)

De otro lado, fuentes estatales que pidieron reserva de su identidad, conocedoras de las dinámicas de violencia que vive el departamento de Antioquia, señalan que en los pueblos de Segovia y Remedios, vecinos del Bajo Cauca antioqueño donde la presencia ‘gaitanista’ es fuerte e histórica, comenzaron a aparecer desde finales del año pasado grafitis alusivos a un grupo autodenominado “Nueva Generación-Caparrapos”, mientras que en Dabeiba, occidente antioqueño, se habla con insistencia sobre su llegada y las intenciones de disputarle el dominio hegemónico que han tenido las Agc en esa vasta región.

Rumor para nada descabellado si se tiene en cuenta que este municipio es una de las puertas de entrada al Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo, un complejo sistema montañoso que, en el pasado, fue fortín inexpugnable de los frentes 5, 18 y 58 de la extinta guerrilla de las Farc y que, tras su dejación de armas y transformación en partido político, hoy es el botín de guerra por el que están dispuestos a matar o morir tanto ‘Caparrapos’ como las Agc, tal como lo advirtió el SAT de la Defensoría en su Alerta Temprana de Inminencia 023-18, del 23 de febrero de 2018.

En este documento alertó del avance de los ‘Caparrapos’ hacia zonas de antiguo dominio del Frente 18 de las Farc en el Nudo de Paramillo y zonas rurales del municipio de San José de Uré, en Córdoba, que estaba siendo contenido por las estructuras ‘gaitanistas’ conocidas como Frente Rubén Darío Ávila y Frente Francisco Morelo Peñate, situación que incrementó notoriamente los homicidios, las amenazas, los desplazamientos forzados. Al término de 2018, San José de Uré fue el municipio cordobés donde más aumentaron los asesinatos, incluidos los de líderes sociales. (Leer más en: El Paramillo, un nudo difícil de deshacer)

Lo que llama la atención es que, desde aquel momento la Defensoría advirtió la dinámica expansiva de este grupo que hoy emerge como la principal amenaza para todo el Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueños, así como para el sur de Córdoba: “Fuentes militares afirman que entre octubre de 2017 y enero de 2018, la estructura de ‘Los Caparrapos’ tuvo un inexplicable fortalecimiento en armamento, hombres y finanzas, al pasar de una base en Guáimaro (Tarazá) a dominar sectores en Cáceres, Tarazá, y enfrentar de manera casi simultánea a estructuras de las Agc”.

Hoy, diferentes informes del SAT de la Defensoría continúan señalando cómo este grupo continúa con su expansión hacia otros municipios, situación que sólo podría explicarse por un continuo fortalecimiento producto del recaudo de grandes sumas de dinero, pero, ¿qué explica, entonces, esta capacidad de fortalecerse en lo militar y en lo económico de la estructura conocida como ‘Caparrapos’? Y en particular, ¿qué son los ‘Caparrapos’ y quienes están detrás de esta máquina criminal que, junto con las Agc, tiene incendiada toda una importante región del país?

Todos bajo una misma sigla

A Virgilio Peralta Arenas lo conocieron en las filas del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) como ‘Víctor Caparrapo’. Fue uno de los hombres que integró el anillo de confianza de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, el temido comandante paramilitar que fue ‘Dios y Ley’ en todo Tarazá. Su apodo hace honor a su pueblo natal, Caparrapí, población del Bajo Magdalena cundinamarquéz que, junto con la vecina localidad de Yacopí, aportaron decenas de sus hijos a las huestes paramilitares que operaron en el Bajo Cauca antioqueño.

De allí son oriundos ‘Cuco Vanoy’ y uno de sus principales lugartenientes, Germán Bustos Alarcón, conocido como ‘Puma’. Tamibén lo eran los hermanos Vinicio, Armando y Erbert Virguez Mahecha. Al primero lo conocieron en Cáceres como ‘Jota Jota’, principal lugarteneniente de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, quien comandó la estructura conocida como Frente Magdalena Medio, Nordeste y Bajo Cauca del Bloque Central Bolívar de las Auc. (Leer más en: El día que ‘Macaco’ entró a las Auc)

En suelo cundinamarqués también nació José Horacio Bello, conocido como ‘6-7’, capturado por miembros de la Policia Nacional en Medellín en marzo de 2017, señalado de ser uno de los hombres de confianza de ‘Otoniel’, máximo jefe de las Agc.

En su momento, caparrapíes, yacopíes y paisas sirvieron juntos al ejército confederado de las Auc. Gracias a las confesiones entregadas por desmovilizados paramilitares a la Ley de Justicia y Paz, se sabe que tanto ‘Cuco’ Vanoy como ‘Macaco’ lograron conformar una poderosa máquina de guerra financiada por el narcotráfico. No en vano, el Bajo Cauca, junto con el Norte antioqueño, constituyen el centro de producción cocalero más importante de este departamento. Quizá ello explique también porque luego de la desmovilización de los bloques de las Auc que hicieron presencia en esta región y tras la extradición de sus máximos cabecillas a los Estados Unidos para que respondieran por delitos de narcotráfico, cientos de sus lugartenientes decidieran retornar a las andanzas criminales. (Leer más en: ‘Cuco’ Vanoy no se acuerda de nada)

Así, según lo consigna el SAT de la Defensoría en su Alerta Temprana de Inmiencia 027-18, de marzo de 2018, desde el año 2008 comenzaron a sonar con fuerza en toda la región nuevos grupos criminales que, si bien estaban integrados por antiguos paramilitares, se nombraban como ‘Paisas-Caparrapos’, ‘Rastrojos’, ‘Águilas Negras’ y ‘Urabeños’. La intención de cada uno de ello fue hacerse a un botín bastante lucrativo, que combinaba los ingresos producto de la extorsión a la pequeña y mediana minería, los préstamos paga-diario y el narcotráfico.

Así, entre 2008 y 2011, el Bajo Cauca antioqueño ardió por cuenta de las vendettas, reacomodos y alianzas de los herederos del paramilitarismo, guerra que sólo se silenció por cuenta de acuerdos entre los mismos criminales. Tal como lo reseñó el SAT de la Defensoría en la Alerta Temprana de Inminencia 027-18, “a escala regional hubo una negociación entre ‘Águilas Negras (hoy Agc)’ y ‘Los Rastrojos’ en noviembre de 2011, acordando que estos últimos se retiraban de Antioquia y el Sur de Córdoba, quedando las ‘Agc’ con el control de toda la producción de cocaína para la exportación en esta zona del país”.

Desde entonces, para consolidarse como la fuerza hegemónica en la región y mostrarse como un verdadero ejército irregular, los ‘gaitanistas’ crearon el Bloque Pacificadores del Bajo Cauca y Sur de Córdoba, conformado por los frentes ‘Virgilio Peralta Arenas’, con injerencia en Piamonte (Cáceres); ‘José Felipe Reyes’, con sede en La Caucana y Guaimaro (Tarazá); ‘Julio César Vargas’, al que le correspondió el área de Barro Blanco y El 12 (Tarazá); ‘Franciso Morelo Peñate’, que dominó El Bagre; y ‘Rubén Darío Ávila’, para todo el sur de Córdoba.

Aunque cada uno de ellos manejó autonomía e independencia sobre sus fuedos, todos se articularon bajo la sigla Agc para conformar una fuerza armada que se mostraba como la dueña de todo el poder criminal desde Yarumal y Valdivia (Norte de Antioquia); pasando por Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza (Bajo Cauca), hasta llegar a los municipios cordobeses de San José de Ure, Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta.

Pero la combinacion de una serie de sucesos que iniciaron a finales de 2016 y que van desde traiciones, reacomodos y ambiciones personales; pasando por los contundentes golpes que la Fuerza Pública le ha propinado a las filas ‘gaitanitas, la llegada de ingentes capitales provenientes de los carteles mexicanos; hasta llegar a los efectos colaterales del Acuerdo de Paz suscrito por el gobierno de Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las Farc, fracturó violentamente dicha confederación criminal, dando lugar a una confrontación armada aún más férrea que la registrada en la región entre 2008 y 2011.

Una traición

Casi dos meses después de firmado el Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), ocurrió en el corregimiento Piamonte de Cáceres un hecho que terminó siendo la chispa que encendió el polvorín en que se ha convertido el Bajo Cauca antioqueño. El 5 de enero de 2017, miembros de la Policía Nacional confirmaron el asesinato de cuatro personas, entre ellas, Héctor Osorio Gaitán, conocido con el alias de ‘Danilo Chiquito’, reconocido integrante del frente Virgilio Peralta Arenas, quien pocas semanas antes había recuperado su libertad luego de purgar una condena de cuatro años por concierto para delinquir en la penitenciaría de Jamundí (Valle).

En aquel momento, las expectativas de los diferentes frentes de las Agc era expandir sus dominios territoriales hacia las antiguas zonas de dominio de la desmovilizada guerrilla de las Farc, nada más y nada menos que un amplio corredor que inicia en las estribaciones del Nudo de Paramillo y se extienden hacia el Nordeste de Antioquia, en donde, según las mediciones del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), hay 21 mil hectáreas sembradas con hoja de coca, además de minería de oro.

Pero el asesinato de ‘Danilo Chiquito’ fue asumido como un acto de traición que comenzó a fragmentar las intenciones expansivas del denominado Bloque Pacificadores del Bajo Cauca y Sur de Córdoba. La división interna se acentuó por cuenta de los contundentes golpes propinados por la Fuerza Pública a las estructuras ‘gaitanistas’, entre los que se destacan las muertes tras operativos policiales de Ulder Cardona, alias ‘Pablo’; Roberto Vargas, alias ‘Gavilán’; Luis Orlando Padierna, alias ‘Inglaterra’; la captura de José Horacio Bello, alias ‘6-7’; y la entrega a las autoridades judiciales de Luis Vargas Gutiérrez, alias ‘Pipón’, estos dos últimos con fuerte injerencia en el Bajo Cauca y sur cordobés.

Así, con la pérdida de cohesión interna de las Agc y la salida de la extinta guerrilla de las Farc del escenario bélico, han sido los llamados ‘Caparrapos’ quienes hoy se muestran como la fuerza armada más combativa y con una inusual capacidad de expansión. Quienes estarían detrás de esta estructura armada serían ‘Caín’ y ‘Ratón’, dos lugartenientes de ‘Danilo Chiquito’ quienes, junto con Cristian’, serían los ‘mandamás’ de un grupo que podría superar los 450 integrantes.

“¿Y qué explica esa capacidad? Pues por un lado el contexto les es favorable: ‘Otoniel’ pierde capacidad de mando sobre la gente de las Agc en la región, la Policía también ha dado duro y la salida de las Farc deja un vacío de poder que los ‘Caparrapos’ quieren copar”, sostiene Ángela Olaya, investigadora de la organización Insight Crime, que estudia este tipo de fenómenos. “Su fortalecimiento militar también lo explican las alianzas que este grupo viene haciendo con las disidencias de las Farc y con la guerrilla del Eln para combatir un enemigo en común: las Agc”.

Fuentes de la Defensoría y la Fiscalía sostienen que, en municipios como Cáceres y El Bagre, los ‘Caparrapos’ vienen tejiendo alianzas con la guerrilla del Eln para asegurarse corredores de movildiad mientras que “la gente de ‘Cabuyo’, por lo que hemos conocido, está haciendo alianzas con otras estructuras para poder dar su pelea contra los ‘gaitanistas’. Lo que constatamos el año pasado es que elementos disidentes de los frentes 5, 18 y 36, estaban en alianzas con los ‘Caparrapos’ y no por nada quienes estaban liderando estas alianzas también eran mando medios guerrilleros”, tal como afirma Olaya.

A todo lo anterior se le sumaría el factor transnacional: el dinero y las armas que los carteles mexicanos estarían suministrando a grupos armados colombianos para que garanticen la producción de cocaína. “Personalmente no creo que estén financiando algún grupo en particular, pero sí es posible afirmar que hay capitales de carteles mexicanos circulando en Colombia y hay ‘empresarios’ de los carteles haciendo negocios y eso es evidente en el sur del país y en la frontera con Venezuela”, conceptúa la investigadora de Insight Crime.

En su momento, el SAT de la Defensoría, mediante alertas tempranas como la 037-16 y la 027-18, reseñó la presencia de mexicanos en tierras cordobesas y del Bajo Cauca antioqueño, situación que las autoridades civiles y de Policia del departamento ni desmienten ni confirman. Por su parte, en artículo elaborado por el medio periodístico mexicano Proceso, publicado en octubre de 2018, se citan informes de inteligencia de Estados Unidos que reseñan la presencia en Colombia de emisarios de los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y los Zetas.

Según una fuente estatal colombiana conocedora de las dinámicas de violencia del Bajo Cacua y consultada por VerdadAbierta.com, el cartel de Jalisco Nueva Generación sería el responsable del crecimiento de ‘Los Caparrapos’. “Usted me está preguntando porque está creciendo el Virgilio Peralta, pues el Cartel Jalisco Nueva Generación es su respuesta”, asevera el funcionario, quien pidió reserva de su identidad.

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“Se le acabó la guachafita a ‘Guacho”, aseveró el jefe de Estado tras su llegada a Tumaco donde persiste una de las más críticas crisis humanitaria del país debido a la confrontación que libran desde el año pasado estructuras armadas surgidas luego del proceso de dejación de armas de las Farc, pero también donde hay presencia de agentes de carteles de México, enrareciendo el ambiente.

Se trató de la tercera visita oficial realizada por Duque Márquez luego de su posesión presidencial el pasado 7 de agosto (después de San Andrés y el Catatumbo). Y si bien enfatizó que “estaba cumpliendo una promesa hecha durante mi campaña”, la realidad que vive este puerto sobre el Pacífico nariñense amerita la atención urgente del nuevo gobierno.

Uno de sus principales propósitos de esta visita fue analizar la compleja situación de orden público que padecen tanto Tumaco como los nueve municipios más que conforman la subregión de la Costa Pacífica Nariñense en compañía de funcionarios del Alto Gobierno como el ministro de Defensa, Guillermo Botero; el director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto; el comandante de las Fuerzas Militares, general José Alberto Mejía; y el comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, general José Hoyos, entre otros.

Al término del consejo de seguridad, el presidente Duque destacó resultados de operaciones militares como la incautación de artefactos explosivos y material de guerra efectuado por tropas adscritas a la Fuerza de Tarea Hércules. También declaró haber dado instrucciones al alto mando militar “para que se refuercen las acciones disuasivas que nos permitan desarticular estas estructuras armadas”, a su vez que se comprometió a presentar “resultados muy precisos” en los próximos 180 días.

Aunque no entregó mayores detalles sobre cuáles serán esos resultados, en Tumaco todos esperan que las acciones ordenadas por el gobierno nacional ayuden a reducir la ola de asesinatos que hoy ubican a esta localidad como una de las más violentas del país. Las cifras al respecto son dicientes: según la Secretaría de Gobierno de Nariño, entre enero y julio de este año se registraron 148 homicidios mientras que en el mismo periodo del año pasado se contabilizaron 95.

Pero ese no es el único flagelo que azota con fuerza por estos días a Tumaco. Tanto la Personería como la Defensoría del Pueblo estiman que unas 300 personas de los barrios Viento Libre, Nuevo Milenio, La Paz y Panamá han tenido que abandonar sus viviendas en los últimos dos meses debido, entre otros, a las amenazas proferidas por los grupos armados y el miedo generado por los enfrentamientos que tienen lugar casi a diario en estos asentamientos palafíticos y donde son utilizados explosivos artesanales, granadas de fragmentación y armas de largo alcance. (Leer más en: Continúa preocupación por la violencia en Tumaco y La barbarie se ensaña contra Tumaco)

A este complejo escenario se suman otros delitos como la extorsión, la violencia sexual contra las mujeres, la vinculación y utilización de menores de edad por parte de los actores armados y la desaparición forzada, flagelos que se cuentan en voz baja entre los pobladores pero que nadie se atreve a poner en conocimiento de las autoridades. “Lo que nos cuentan las comunidades es que estás cosas vienen ocurriendo, particularmente la desaparición forzada. Pero el miedo y la desconfianza de la gente a denunciar es enorme”, sostiene Anni Castillo, personera de Tumaco. (Leer más en: En búsqueda de ‘casas de pique’ en Tumaco, Fiscalía está cometiendo errores)

Paradójicamente, todo lo anterior ocurre en un contexto de fuerte militarización. El 12 de enero de este año, el gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, puso en marcha la Campaña Policiva-Militar Plan Atlas, en la que participan la Fuerza de Tarea Hércules, que articula 9.800 soldados del Ejército, la Armada y la Fuera Aérea; y el Comando Especial de Policía para el Pacífico Sur, que cuenta con 1.300 uniformados.

Según el general John Aroca, director del Comando Especial de Policía para el Pacífico Sur, “Tumaco es la población del país más densamente cubierta por miembros de la fuerza pública”; es decir, el mayor número de policías y militares presentes por cantidad de habitantes. Con todo y ello, la pregunta que los tumaqueños se formulan es: ¿y entonces, porque han subido tanto los homicidios a pesar de la presencia de tanto Policía y tanto militar?

“Si miramos las cifras fríamente, pues sí hay un incremento enorme. Pero hay que entender el contexto”, responde el general Aroca: “el año pasado estábamos en el proceso de paz, estábamos contando la gente, (los guerrilleros) que estaban ingresando a las zonas veredales, estábamos viendo quiénes eran y demás. Ahora, hay unos que están rehaciendo sus vidas, pero quedaron otros bandidos que quieren retomar el poder y quieren demostrar quién tiene el poder, quién es el que manda, a punta de bala”.

Factor México

Si bien todos los reflectores de las autoridades civiles, militares y de Policía están enfocados en la captura de Walter Patricio Arizala, más conocido como ‘Guacho’, máximo cabecilla del grupo autodenominado Frente Oliver Sinisterra (FOS), conformado por un número estimado de 600 hombres entre disidentes de la Columna Móvil Daniel Aldana y jóvenes reclutados en zonas urbanas y rurales marginales de Tumaco, diversas fuentes consideran que él no es ni el único ni el más peligroso de los actores armados que hoy tienen sumido en el caos, el miedo y la desesperanza a Tumaco.

“Aquí todo mundo habla de ‘Guacho’ como si fuera el único actor, pero nosotros hemos identificado por lo menos seis grupos que se mueven por nuestro territorio, por eso es tan difícil esta situación, porque no sabemos quién es quién”, declara una fuente de la región quien pidió reserva de su nombre. Su versión coincide con lo manifestado por la personera Municipal, Anni Castillo, quien señala que “por lo menos en la parte urbana es difícil hacer un mapeo de los grupos que están delinquiendo, porque hoy pueden ser 10, mañana 11, pasado mañana pueden ser nueve. Es una dinámica muy compleja”.

Diversos testimonios recogidos por VerdadAbierta.com en el puerto tienden a mencionar por lo menos otros tres actores armados que estarían detrás de la conquista armada y violenta de Tumaco. Por un lado está Víctor David Segura, alias ‘David’, actual jefe de las llamadas Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), grupo que terminó acogiendo a las integrantes de las redes de apoyo y de milicias urbanas de la Columna Móvil Daniel Aldana que no fueron reconocidos por las Farc en su momento, así como los integrantes del grupo conocido como ‘La gente del orden’.

Según los análisis del Sistema de Alertas Temprana (SAT) de la Defensoría del Pueblo, consignados en la Alerta Temprana de Inminencia 044-18 de mayo de este año, las GUP han venido experimentando un proceso de fortalecimiento que los ha posicionado como el principal actor armado en el casco urbano del municipio y hacia el norte del río Mira, en los municipios de Roberto Payán, Olaya Herrera y Ricaurte. Desde allí ha buscado expandir sus dominios al corregimiento Llorente y el sector La Guayacana, donde ha protagonizado fuertes combates con la gente de ‘Guacho’.

“En territorio de los resguardos Inda Zabaleta e Inda Guacaray, más hacia el sector norte de la vía al mar, ha tenido influencia la disidencia de las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP). Debido a la disputa entre el FOS y las GUP, los indígenas del resguardo Inda Zabaleta se abstienen de ir a sectores como Caunapí, Llorente y La Guayacana por temor a ser señalados por venir de una zona donde tienen influencia las GUP y ser objeto de retaliaciones por parte de integrantes del FOS”, detalla la Alerta Temprana:

El documento agrega que “caso similar ocurre con indígenas que son de la Guayacana y quieren movilizarse hacia Inda Zabaleta. En Inda Guacaray y resguardo Peña La Alegría, las GUP han ejercido presiones sobre los cabildos, incluso, sus integrantes no han podido ingresar a todos los sectores, además el grupo ilegal ha realizado empadronamientos para cobrar vacunas o ‘cuotas de seguridad’ y a los mismos gobernadores les han exigido dineros”.

Tanto Llorente como la Guayacana son territorios habitados en su mayoría por indígenas del pueblo Awá y, en menor medida, por comunidades negras y campesinas. Allí, en tierras de nativos, de negros y mestizos suena con fuerza el alias de ‘Contador’, de quien se dice es el verdadero ‘patrón’. Aunque recientemente el fiscal Néstor Humberto Martínez declaró que alias ‘Contador’ es quien financia las actividades de narcotráfico en Tumaco, realmente es poco lo que se sabe de él.

Su nombre es un enigma así como sus intenciones en la guerra que se libra en el Pacífico Sur. Las fuentes consultadas por este portal en Tumaco advierten que se trata de un poderoso narcotraficante que estaría financiando grupos en el área urbana y buscando alianzas con otras organizaciones en la zona rural, donde se concentran las más de 23 mil hectáreas de hoja de coca para uso ilícito sembradas en este municipio. (Leer más en: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)

Las versiones indican que alias ‘Contador’ tiene bajo su mando un grupo de por lo menos 150 hombres fuertemente armados, que se mueven principalmente en el corregimiento de Llorente. “Por eso es el miedo de nosotros, porque uno sabe quién se está moviendo por acá. Si es la gente de ‘Guacho’, si son los de ‘David’, si son los de ‘Contador’. Cuando estaban las Farc pues uno sabía que eran ellos y quién era el que mandaba, pero ¿ahora?”, se pregunta uno poblador, quien pidió reserva de su identidad por seguridad.

A todo lo anterior se suma la presencia en tierras tumaqueñas de emisarios de carteles mexicanos, principalmente de Sinaloa, cuya función es coordinar personalmente la producción, almacenaje y exportación de cocaína desde la Costa Pacífica colombiana a las costas mexicanas y centroamericanas. Información suministrada por organismos judiciales indican que, en lo que va corrido del año, han sido capturados en Tumaco cuatro mexicanos, dos guatemaltecos y por lo menos 80 ecuatorianos, sindicados de narcotráfico.

“Ese es el ‘combo’ de trabajo: un mexicano, un guatemalteco y un ecuatoriano. Eso ya lo hemos identificado. Por eso decimos que lo que pasa acá no es un simple problema de disidencias de las Farc que se están peleando rutas de narcotráfico. Aquí tenemos un verdadero problema de crimen transnacional”, señala otro de los consultados. (Leer más en: Disidencias de las Farc: problema en crecimiento)

Seguridad para líderes

La compleja situación de orden público que vive Tumaco actualmente elevó los niveles de riesgo para los líderes sociales, principalmente los gobernadores del pueblo indígena Awá, los representantes de los consejos comunitarios afros y los presidentes de las juntas de acción comunal.

Tal como consignó el SAT de la Defensoría en su Alerta Temprana de Inminencia 048-18, la guerra que libran estructuras armadas en los barrios más vulnerables del municipio ha elevado las presiones y las amenazas a los presidentes de las juntas de acción comunal y “algunos han iniciado el trámite de medidas de protección ante las autoridades competentes”.

En la zona rural la situación es aún más preocupante. La implementación de programas como el Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), acordado en los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc, elevó los niveles de riesgo de los presidentes de consejos comunitarios, así como de los gobernadores indígenas y presidentes de juntas de acción comunal por parte de estructuras como el FOS y la GUP, que se oponen abiertamente a la sustitución. Varios líderes han recibido fuertes amenazas de muerte por incentivar entre sus comunidades este programa.

Quienes han padecido con mayor rigor las presiones de grupos armados que se oponen a la sustitución son los integrantes del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Según reseñó el SAT de la Defensoría, “la participación del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito del Gobierno nacional como el PNIS, mantiene la tensión por la posible reacción que tengan los grupos armados ilegales. La sustitución avanza en los sectores 1, 2 y 5 del Consejo, pero con el aumento de la conflictividad en el territorio, a la fecha de emisión de la presente Alerta Temprana no ha sido posible la verificación por parte de las Oficina Contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas (UNODC) de los avances en la sustitución, debido a las precarias condiciones de seguridad para los funcionarios”.

De acuerdo con la Alerta Temprana de Inminencia 048-18, “debido a la situación de riesgo buena parte de sus consejeros (Alto Mira y Frontera) se encuentran fuera del territorio, e incluso, fuera del municipio de Tumaco. Actualmente la junta de gobierno cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El riesgo se mantiene e incluso puede agravarse por la reconfiguración de los grupos armados ilegales en su territorio, por lo que en el corto plazo no se vislumbra mejoría. También, aunque algunos de los consejeros cuentan con medidas y esquemas de protección individuales, no se ha avanzado lo suficiente por parte de la Unidad Nacional de Protección en la adopción de medidas colectivas de protección”.

La situación para el pueblo indígena Awá también es preocupante. Según voceros de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) consultados por VerdadAbierta.com, a la fecha unos 39 líderes de esta etnia se encuentran amenazados de muerte.

Por su parte, mediante comunicado público emitido en junio pasado, el resguardo Piguambí Palangala denunció amenazas, seguimientos e intimidaciones contra miembros de esta comunidad indígena. Entre ellos se consigna el caso de Juan Enrique Cortés Guanga, escolta de un líder indígena, quien el pasado 31 de mayo fue perseguido por dos hombres motorizados mientras se movilizaba por la vía que desde la comunidad Alto Piguambí (Vaquerio) conduce hasta el casco urbano del corregimiento de Llorente.

“El 9 de junio de 2018, a la altura del Km. 79 de la vía que de Tumaco conduce a Pasto, el compañero Rodrigo Salazar fue abordado por cinco hombres armados, en momentos que visitaba a su señora madre, quienes llegaron en una camioneta KIA y exigieron les entregara la camioneta de esquema asignada por la UNP, a las buenas o a las malas, que, si no, los mataban, a él y al escolta. Se negaron a entregarlo por ser carro de esquema; después regresaron otros dos hombres en una moto y lo intimidaron señalando que estaba informado y que lo van a matar. Se identificaron como gente de alias “Guacho”, según se lee en el comunicado.

“Aquí todos los líderes son estigmatizados y violentados por todos los actores armados, por todos. Si pasa uno, entonces dicen que uno está colaborando con este o aquel otro. Y si entra el Ejército dice que los líderes son colaboradores de este, de aquel otro. Así está la cosa para los líderes aquí en Tumaco”, cuenta Juan David Angulo, principal vocero de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas).

Como se puede observar, las problemáticas que deberá enfrentar el nuevo gobierno en este rincón del Pacífico Sur nariñense no son nada fáciles. Los anuncios hechos por el presidente Duque Márquez al final del consejo de seguridad no ofrecieron mayores pistas a los pobladores sobre el rumbo a seguir. Para los tumaqueños es claro que así capturen a ‘Guacho’ en las próximas semanas, la violencia no desaparecerá.

“Aquí hay una gran deuda social del Estado colombiano con Tumaco. Los jóvenes, ante la falta de oportunidades, se están yendo por su propia iniciativa, para los grupos armados. Entonces, así caiga ‘Guacho’, así capturen a ‘David’, llegará otro a suplir ese vacío y así sucesivamente y la violencia seguirá. Aquí se necesitan otro tipo de soluciones”, asevera Anni Castillo, personera de Tumaco.

* Este reportaje se hizo con aportes de la iniciativa La Liga contra el Silencio, de la que VerdadAbierta.com hace parte.

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Desde que estalló la guerra en el Catatumbo entre la guerrilla del Eln; el denominado Frente Libardo Mora Toro del Epl, también llamados por el gobierno nacional como ‘Los Pelusos’; y la Fuerza Pública, en Convención, municipio ubicado en el llamado Alto Catatumbo, no se consigue una sola cerveza para calmar la sed o para departir en sus cálidas noches. Las razones del desabastecimiento son simples: para financiar sus tropas, la guerrilla del Eln impuso hace ya un par de años un tributo a los distribuidores de la bebida de 10 mil pesos por caja “y son ellos los que autorizan quién puede vender y quien no”, tal como lo relató un residente de esta localidad, quien solicitó la reserva de su nombre.

Para debilitar a su enemigo, la disidencia del Epl comenzó a golpear las finanzas de los ‘elenos’ y los primeros en ser amenazados fueron, precisamente, los distribuidores de la cerveza. “Sólo puede vender una que otra discoteca, pero en el resto del pueblo no hay. El Epl dio la orden que quien venda cerveza es objetivo militar. Aquí, la cerveza hay que traerla desde Ocaña, y no la están dejando traer. La amenaza incluso es que si alguien se atreve a entrarla de contrabando en algún carro particular, pues queman el carro y matan al conductor. Y ya pasó hace poco con un señor del pueblo. Por eso, no hay cerveza”, señaló la fuente.

La falta de cebada no es la única de las preocupaciones de los convencionistas. Fue en zona rural de este municipio donde el pasado 27 de mayo, tras el cierre de los comicios electorales donde se eligieron los dos aspirantes presidenciales que pasaron a segunda vuelta, un piquete de hombres vestidos de camuflados y armados con fusiles detuvo a la comisión de la Registraduría que transportaba los votos. Ocurrió en la vía que comunica a las veredas La Honduras y La Libertad con el casco urbano. Luego de presentarse como integrantes del Frente 33 de las Farc, los uniformados procedieron a quemar los tarjetones marcados a favor del candidato Iván Duque, del partido Centro Democrático.

Se trató de un acto de sabotaje que aumenta las complejidades de un conflicto en una región que no resiste más tensiones. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Regional Ocaña, se estima que por lo menos 60 excombatientes del Frente 33 de las Farc habrían regresado a las armas y sus primeras acciones armadas las perpetraron precisamente el 27 de mayo, fecha que durante décadas fue considerada como el día fundacional de la extinta guerrilla de las Farc.

Según los reportes de esta Agencia de Ministerio Público, además de la quema de votos en Convención, se registraron alteraciones del orden público en El Tarra y Teorama, atribuibles a esta disidencia. En el primer pueblo pintaron varias fachadas y varios vehículos, entre ellos uno de uso oficial de la Alcaldía local mientras que en el segundo hostigaron una unidad del Ejército Nacional y también pintaron vehículos y viviendas.

“Es una situación muy compleja, porque no sabemos entonces esta disidencia por quién va tomar partido: si por los ‘elenos’ o por el Epl, si va mediar entre ambos grupos o si va terminar reviviendo un movimiento guerrillero con los otros dos grupos. La preocupación es enorme”, señaló un líder social de Convención, quien pidió reserva de su identidad por razones de seguridad.

El drama de los refugiados

La confrontación armada que tiene lugar actualmente en el Catatumbo, que ajusta ya su cuarto mes, está generando una larga lista de afectaciones sociales y humanitarias sin precedentes en la región. Muchas de ellas quedaron consignadas en reciente informe divulgado por la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, mecanismo humanitario que surgió precisamente para hacerle frente a esta crisis y que logró articular los esfuerzos de 34 organizaciones con presencia en la región.

Allí se detalló cómo la guerra ha obligado a miles de personas a pasar sus días y sus noches a la intemperie, en improvisados cambuches y bajo la más completa precariedad. Ante la inminencia de un combate, los campesinos salen despavoridos de sus casas, dejando atrás animales que alimentar y cosechas por recoger. Se llevan sólo consigo algo de comer y algo que vestir y nada más.

Los cascos urbanos de los municipios suelen ser el primer refugio, pero la magnitud de los éxodos ha llegado a ser tal, que han desbordado la capacidad de respuesta de unas administraciones municipales empobrecidas, tal como ha sucedido en Hacarí, La Playa de Belén o El Tarra, donde las ayudas humanitarias han sido más que insuficientes.

En los pueblos del Catatumbo brillan por su ausencia los coliseos, las placas polideportivas, los colegios o instalaciones similares que permitan resguardar a una población que huye en masa de bombardeos y combates. Tampoco abundan provisiones de colchonetas, frazadas, mercados o cualquier otro tipo de ayuda humanitaria de emergencia. De ahí que los labriegos busquen parajes a cielo abierto dónde albergarse sin más protección que algunos plásticos y muchas oraciones, donde ruegan que mejoren las condiciones de seguridad para volver otra vez a sus fincas.

El mayor pico de este fenómeno se registró durante los quince días que duró el paro armado decretado por la disidencia del Epl. En esos días, tanto la Defensoría del Pueblo como la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo constataron la presencia de 34 espacios humanitarios de protección, como se les denomina desde entonces, en los que se albergaron poco más de seis mil personas, contando adultos mayores e infantes, en las más precarias condiciones.

Integrantes de la Comisión recorrieron varios de estos refugios durante el 13 y 19 de mayo pasado. Sus impresiones quedaron consignadas en el informe sobre la situación humanitaria y de derechos humanos de la región del Catatumbo. Allí se consignó que “frente a la situación sanitaria y de salud se evidencian brotes, infecciones y enfermedades virales afectando especialmente a menores de edad que han presentado varicela, vómito, dolor de estómago, diarrea con sangre y otros”.

En su recorrido, la Comisión señaló que en estos espacios se registra un alto hacinamiento, que se suma a la falta de “condiciones sanitarias aptas y dignas y con difícil acceso al agua potable; los sitios para el descanso son precarios agudizado por el invierno que afecta a quienes duermen en el piso, no cuentan con suficientes baterías sanitarias, equipamiento ni lugares óptimos para la preparación de los alimentos”.

Penurias, muchas

Las penurias han sido tantas que muchos labriegos decidieron, por su propia cuenta y riesgo, regresar a sus parcelas, lo que ha hecho que el número de estos refugios disminuya. Pero ello no significa que la situación se haya superado. En toda la región perviven los refugios humanitarios de Tibú (2); San Calixto (2); La Playa de Belén (2), El Tarra (1) y Hacarí (1), en los que se encuentran poco más de 1.500 personas de la más variada condición (adultos mayores, mujeres gestantes, menores de edad). La paradoja de la guerra en el Catatumbo ha hecho que varias comunidades campesinas deambulen como ‘Siervo sin tierra’ entre refugio y refugio y entre estos y sus veredas.

Tal es el caso de los pobladores del corregimiento Mesitas, de Hacarí. Según denunció la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, hace como tres meses, la confrontación entre los ‘elenos’ y la disidencia del Epl obligó al éxodo forzado de por lo menos 25 familias de las veredas La Esperanza y La Estación de este corregimiento, quienes se albergaron en un refugio humanitario. Semanas después los labriegos decidieron retornar a sus parcelas en medio de la más completa incertidumbre.

El pasado 3 de junio, el Ejército Nacional desarrolló un intenso operativo militar contra una facción de ‘Los Pelusos’, que incluyó bombardeos y ametrallamientos aéreos. Estas acciones, de acuerdo con la Comisión, dejaron dos civiles heridos y provocaron nuevamente el desplazamiento forzado de los campesinos. El reporte de la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) da cuenta de 500 familias desplazadas de las veredas La Esperanza, Castrillón, Limoncito y La Estación.

Pero la suerte de quienes deciden quedarse en sus tierras y resistir la furia de los combates tampoco es la mejor. De acuerdo con la Comisión, miembros de Juntas de Acción Comunal, líderes campesinos e integrantes de movimientos sociales han sido víctimas de intimidaciones y amenazas de muerte tanto por la guerrilla del Eln como por la disidencia del Epl. La victimización también ha corrido por parte de la Fuerza Pública, que además de estigmatizar a los líderes “los pone en riesgo al realizarles citaciones para mantener diálogos privados con ellos”, según advierte el informe.

Como estrategia de guerra, los grupos armados ilegales han contaminado el territorio con minas antipersona (MAP), munición sin explotar (Muse) y artefactos explosivos improvisados (AEI), dejándolos incluso cerca de caminos interveredales, escuelas y centros poblados. La Fuerza Pública también ha contribuido con esta contaminación. El pasado 7 de mayo, los pobladores de la vereda Rio Santos, de Teorama, informaron a organismos humanitarios la muerte de un menor de edad cuando manipulaba munición sin explotar dejada por el Ejército Nacional.

Pero las afectaciones que está generando esta nueva guerra que se libra en Catatumbo no son sólo humanitarias. El comercio de los municipios que integran esta región viene trabajando a pérdida pues los desplazamientos forzados -y los confinamientos en otros casos- constituyen un duro golpe a la débil economía local. Las autoridades locales reportan pérdidas de cultivos (cebolla, maíz, fríjol) y el desabastecimiento de algunos productos de la canasta básica en localidades como Convención, Hacarí, La Playa de Belén y Teorama continúa. El sector de los transportadores también está viviendo su propio calvario. Las empresas ya no despachan la misma cantidad de viajes que antaño pues la gente teme encontrarse en el camino un retén de la guerrilla del Eln, de la disidencia del Epl o del Ejército.

Abandono histórico

Si algo ha dejado al descubierto esta confrontación armada ha sido la deuda histórica del Estado colombiano con la región del Catatumbo. En sus pueblos, veredas y provincias claman por una presencia institucional que vaya más allá de la bota militar. En informe realizado en 2014 por el Programa de Naciones unidas para el desarrollo (PNUD) se consigna que los municipios que integran el Catatumbo tienen los peores indicadores sociales de todo Norte de Santander, situándose por encima del promedio nacional, tanto en pobreza, mortalidad infantil, embarazo adolescente, cobertura de servicios públicos y saneamiento básico. (Leer más en: El Catatumbo: de espaldas al Estado y de cara a la guerra)

Según este informe, más del 70 por ciento de los habitantes del Catatumbo tienen necesidades básicas insatisfechas, el desempleo, principalmente en la zona rural, sobrepasa el 60 por ciento y los poco más de dos mil kilómetros de infraestructura vial se encuentra en pésimas condiciones, lo que acentúa su marginalidad tanto con Cúcuta, capital del departamento, así como con el resto del país.

La región cuenta con pocas Unidades Básicas de Atención (UBA) y los hospitales de tercer y cuarto nivel de complejidad brillan por su ausencia. La situación de orden público ha hecho que muchos médicos y profesores hayan rechazado sus nombramientos para trabajar en la región, por lo que actualmente se registra déficit de profesores y médicos.

A esta eterna crisis social se le suma ahora los problemas propios de un pueblo que comparte frontera con Venezuela. Por las trochas que conectan ambos pueblos se mueven diariamente miles de venezolanos intentando ingresar a Colombia. Pero también transitan miles de ‘bachaqueros’, nombre con el que se designa a quienes se dedican a mover toda clase de productos de contrabando a lado y lado de la frontera. Por esa porosa frontera ingresan diariamente cientos de pimpinas cargadas con gasolina venezolana para comercializar en Colombia. A esto se le suma toda clase de mercancías ilegales como armas y drogas. (Leer más en: Puerto Santander, en la ruta de ‘las bachaqueras)

De ahí que la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo consignara en su informe que “el actual contexto en el Catatumbo no se limita al enfrentamiento entre insurgencias; sino que este es el resultado de una serie de conflictos en materia económica, política, social y cultural”. Por ello, sus pobladores no solo claman porque se silencien los fusiles y cese la confrontación, sino también porque el Estado llegue con su mano generosa.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de

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Una de las regiones que ha experimentado con mayor rigor el conflicto político, social y armado que vive el país es el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela y marcado por la explotación petrolera. Históricamente han operado las guerrillas de las Farc y el Eln, mientras las comunidades organizadas han desarrollado constantes movilizaciones ciudadanas para demandar del Estado la garantía de sus derechos fundamentales.

De ahí que buena parte de sus habitantes depositaran grandes esperanzas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto firmado entre la primera de esas organizaciones insurgentes y el gobierno nacional en noviembre de 2016 en Bogotá, que no sólo prometió el fin de la confrontación armada, sino también garantías de seguridad para los líderes sociales y políticos, apertura democrática y mejores condiciones de vida para los pobladores rurales.

No obstante, además de la ya conocida lentitud con la que el gobierno nacional implementa lo acordado, Arauca enfrenta un deterioro de la seguridad por cuenta de la persistente debilidad institucional y la aparición de nuevas estructuras delincuenciales. Es así como durante los últimos meses las organizaciones sociales del departamento han reportado un incremento de los asesinatos selectivos, asociados, en buena parte, a la desaparición del control social que efectuaban las Farc y al surgimiento de una nueva estructura militar o disidencia que se hace llamar ‘Décimo Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-Ep)’.

La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca (Mocipar) y las Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz estiman, por separado, que durante los cinco primeros meses de este año fueron asesinadas 47 personas en el departamento. La cifra contrasta con el acumulado de 88 asesinatos que reportó el Instituto Nacional de Medicina Legal para los 12 meses de 2017, cuando la mayor afectación ocurrió en el municipio de Saravena.

Tan sólo entre el 18 de marzo y el 21 de abril, la Fundación Joel Sierra documentó el asesinato de ocho personas en zonas rurales y urbanas de los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Arauquita. Para el mismo periodo, además, se denunció la desaparición de cuatro personas: el 8 de marzo, en el municipio de Cravo Norte, de un adulto mayor; el 20 de marzo, en Tame, de dos jóvenes de Arauca capital que se encontraban de visita en ese municipio; y el 9 de abril, en Fortul, de una menor de edad estudiante del colegio Alejandro Humboldt.

Líderes de la región aseguran que, además de esos crímenes, el departamento vive un incremento acelerado de atracos a mano armada, robos en locales comerciales, raponazos y hurtos de motocicletas. Al respecto, un defensor de derechos humanos explica que, “anteriormente, estas situaciones no se veían en estos pueblos con la magnitud que se están viendo en los últimos meses. Buena parte de los homicidios, por ejemplo, tienen que ver con asuntos relacionados con el expendio de drogas y los llamados ‘ajustes de cuentas’, que antes eran controlados por las Farc, así como los temas de robos”.

Aún con los múltiples organismos creados por el Acuerdo Final para proteger la vida de dirigentes sociales, la violencia política también continúa viva en Arauca. En la Alerta Temprana 026, del 28 de febrero pasado, la Defensoría del Pueblo dejó constancia del riesgo que enfrentan diez grupos poblacionales y organizaciones sociales del departamento: El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH); la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca); la Asociación Campesina de Arauca (ACA); la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca (Mocipar); la Mesa de Unidad Cívica, Agraria y Popular del Oriente Colombiano (Mucapoc); el movimiento social y político Marcha Patriótica; la Juventud Comunista (JUCO); la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO); los líderes de Juntas de Acción Comunal; y los líderes de comunidades indígenas.

Pese a la advertencia de la Defensoría, los crímenes contra dirigentes sociales han continuado en lo corrido del año. El último hecho de esas características ocurrió el pasado 22 de mayo, en el casco urbano del municipio de Fortul, cuando desconocidos a bordo de una camioneta dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba la secretaria ejecutiva del CPDH, María Ruth Sanabria. Aunque salió ilesa del ataque gracias a la reacción de sus escoltas, tuvo que abandonar de inmediato la región por temor a ser víctima de un nuevo atentado.

Pocos días antes, el 7 de mayo, otro crimen de carácter político había ocurrido en la zona. En la vía que comunica las veredas Galaxias y Filipinas, de Arauquita, desconocidos asesinaron al excombatiente de las Farc Juan Vicente Carvajal Isidro, conocido durante la guerra como ‘Misael’. Carvajal fue baleado cuando regresaba a su casa desde la parcela que empezó a trabajar en junio de 2017, en cumplimiento de su compromiso de reincorporarse a la vida legal y tras haber permanecido 34 años en las filas insurgentes.

El asesinato ocurrió dentro de uno de los tres anillos de seguridad con los que el Ejército custodia a los excombatientes de los frentes 10, 28, 38 y 45 que realizan su proceso de reincorporación económica en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Filipinas, por lo que generó una profunda desconfianza hacia la Fuerza Pública. (Lea más: Farc en Arauca: entre amenazas de disidencias y compromiso con la reintegración)

Además de ese crimen, los exguerrilleros de las Farc en el departamento, hoy militantes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, han sido víctimas de otros hechos violentos. Entre ellos, dos intentos de homicidio, perpetrados el 21 de enero y el 28 de febrero, ambos atribuidos a la disidencia por la dirección del ETCR, así como las amenazas proferidas por esa misma estructura contra los antiguos comandantes del frente Décimo y la columna móvil Alfonso Castellanos.

Otro hecho que tiene en vilo a los líderes sociales de la región es el asesinato de María del Carmen Moreno, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Rico, de Arauquita. Moreno fue secuestrada en su finca el pasado 27 de abril por ciudadanos colombianos y venezolanos, que exigieron mil millones de pesos por su liberación. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 2 de mayo por una comisión de búsqueda integrada por “la comunidad, familiares, amigos, autoridades y cuerpo de bomberos”, según informó la Alcaldía de Arauquita.

Dayana Flórez, coordinadora de las Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz, cuenta que “María del Carmen era una mujer destacada y trabajadora, que duró muchos años siendo dirigente popular”.

El mismo 2 de mayo, también en zona rural de Arauquita, fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos venezolanos, aparentemente muertos a manos de la disidencia y señalados de haber asesinado a la dirigente comunal. Junto a los cuerpos se encontró un cartel que rezaba: “Estos son los responsables del secuestro y acesinato (sic) de la señora María Tavera (sic). Acemos (sic) justicia. Farc-Ep”. Junto a la imagen circuló un video en el que una de las víctimas, encadenada, aseguraba: “Soy uno de los participantes del secuestro de la señora María Tavera (sic) y de su asesinato. Después de esto teníamos pensando secuestrar una niña y llevarla rumbo a Venezuela”.

El crimen generó repudio en el departamento y aumentó la preocupación por los efectos que pueda tener sobre la seguridad la llegada masiva de venezolanos al país, especialmente en los municipios fronterizos de Arauca, Arauquita y Saravena. Justamente, con el fin de evitar brotes de xenofobia, la Personería de Arauquita emitió un comunicado tras el asesinato de Moreno, en el que rechazó el homicidio e hizo “un llamado respetuoso a toda la población del municipio de Arauquita a mantener la calma y evitar cualquier tipo de represalias o maltrato en contra de los ciudadanos venezolanos”.

Además de los asesinatos, amenazas y atentados contra líderes sociales y políticos, durante los últimos meses también se han presentado secuestros de directivos de empresas en el departamento. El 13 de enero, integrantes de la guerrilla del Eln secuestraron en Saravena a Rafael Andrés Riaño, administrador de Ismocol S.A., una empresa contratista de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, filial de la estatal petrolera Ecopetrol, encargada del mantenimiento y reparación de un tramo del oleoducto Caño Limón – Coveñas. Y el 30 de marzo fue plagiado el gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (Emserpa), José Leonardo Ataya Rodríguez, hijo del exgobernador de Arauca Luis Eduardo Ataya.

El comandante del Frente de Guerra Oriental e integrante del Comando Central de la guerrilla del Eln Gustavo Aníbal Giraldo, conocido como ‘Pablito’, admitió la responsabilidad en ambos hechos durante una entrevista concedida en abril pasado al canal CNC Arauca, en la que señaló que ambas “retenciones” tenían fines económicos.

La sumatoria de hechos tiene en alerta a los habitantes de la región, para quienes la paz aparece como una promesa lejana.

Conflicto armado, a la orden del día

Una de las expresiones de la continuidad del conflicto armado en Arauca es la fuerte militarización que vive el territorio, en el que es frecuente encontrar retenes y trincheras del Ejército en carreteras y vías terciarias. Como en pocas terminales aéreas del país, en el aeropuerto de la capital del departamento la policía revisa los antecedentes judiciales de todos los pasajeros como condición para permitir su ingreso a las aeronaves.

Sonia López, presidenta de la Fundación Joel Sierra, explica que “durante los últimos meses ha arreciado la militarización de la vida de la población. Es constante y permanente que las Fuerzas Militares se acantonen dentro de las casas, las vaqueras y en cercanía de los colegios, queriendo permanecer dentro de las instituciones educativas con el pretexto de hacer cualquier actividad”.

En igual sentido se refiere Daniel Vanegas, vicepresidente en Saravena de la Asociación Juvenil Estudiantil Regional (Asojer), quien insiste en que “desde el año pasado la Fuerza Pública ha venido haciendo jornadas cívico militares en los colegios de la parte urbana de Saravena, pese a que aquí todavía existe el conflicto, por lo que ese ingreso es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario”.

Los dirigentes sociales aseveran que la situación arreció desde octubre de 2017, cuando el gobierno nacional y el Eln sostuvieron un cese bilateral nacional del fuego y de hostilidades que se prolongó hasta el 9 enero de 2018. José Murillo, vocero en Arauca del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, asegura que “durante el cese hubo mucha militarización, no solamente en los centros poblados, sino en las veredas, donde se incrementó la presencia de la Fuerza Pública y los sobrevuelos con helicópteros”.

Justamente, a finales de diciembre pasado el Ejército creó los Batallones de Operaciones Terrestres números 27, 29 y 30, en reemplazo de las brigadas móviles 5, 31 y 34, con el fin de que operaran en zonas rurales de Saravena, Fortul y Tame. Asimismo, el 18 de octubre, a tan solo dos semanas de iniciado el cese, el Ejército puso en funcionamiento dos pelotones de caballería adscritos al Batallón de Artillería número 18 de la Décima Octava Brigada, “cumpliendo con los compromisos adquiridos con el gremio de ganaderos”, según informó la institución en un comunicado.

La situación no ha impedido, sin embargo, que el conflicto continúe en la región. Aunque las conversaciones que el gobierno nacional adelanta con el Eln en La Habana, Cuba, consiguieron que esa organización desescalara informalmente la confrontación desde el inicio del quinto ciclo de conversaciones, las comunidades están seriamente preocupadas por la existencia de la disidencia de las Farc.

Esa estructura, que retomó el nombre del desaparecido Frente 10, se ha hecho sentir con patrullajes, citaciones a civiles, instalación de pasacalles, cobro de “impuestos” o extorsiones y difusión de comunicados, en los que justifica su existencia por cuenta de los incumplimientos en la implementación del Acuerdo y la persistencia de la violencia contra el movimiento social.

La incertidumbre está relacionada con que, a la fecha, se desconocen las maneras como la disidencia robustecerá sus finanzas y se relacionará con la población civil, así como con el Eln. En términos de control social, un curtido exguerrillero de las Farc, hoy en proceso de reincorporación, explica: “Cuando nosotros abandonamos los territorios, que ya dejamos de estarle arreglando el problema al campesino de un lío por un marrano, por un lindero, por el matrimonio, no aparecieron las instituciones ni se construyó confianza con la Fuerza Pública. Ahí aparecieron tanto la disidencia como el Eln a decirle a la gente: ‘Les toca que trabajen con nosotros’, lo que ha puesto al campesino en una situación muy complicada”.

La misma fuente indica que ambas organizaciones ya han tenido discrepancias en cuanto al control de las rentas en la región: “Ellos se están irrespetando las partes económicas: el territorio, el contrabando, el ganado y el queso, por lo que tenemos una incertidumbre muy grande en este momento, en el sentido de que la disidencia está haciendo unas cosas tan complicadas que pueden llevar al Eln a declararla objetivo militar.” Los rumores sobre discordancias entre ambas organizaciones, sobre todo entre sus milicias, son ampliamente difundidos en la región y conocidos por los dirigentes de organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Mocipar y la Alianza por la Paz y el Desarrollo.

Ólder Cáceres, coordinador de la Alianza, opina que “nos preocupa que se reinicie un conflicto entre los actores irregulares. La gente teme que, en ese marco, vuelvan a presentarse situaciones dramáticas de ‘impuestación’ excesiva, prolongación de la guerra y conflicto con las comunidades fronterizas aledañas al río Arauca, sobre todo porque empezar a fortalecer un movimiento armado cuesta mucho y no sabemos ellos a qué van a acudir”.

Uno de los principales temores es que la nueva organización se involucre en el negocio del narcotráfico, que las comunidades y sus organizaciones empezaron a expulsar del departamento desde la primera década del 2000, cuando optaron por sustituir por cuenta propia los cultivos de uso ilícito. Murillo explica que “luego de llegar a la conclusión de que la coca estaba generando problemas ambientales, económicos, sociológicos y culturales en la región, los campesinos tomaron la decisión de erradicarla, fortaleciendo la producción agrícola con cultivos propios como el plátano, el maíz, la yuca y el cacao, que históricamente ha sido el fuerte del departamento de Arauca”. (Lea más: Cooperativas campesinas, modelo de desarrollo alternativo en Arauca)

El trabajo de las organizaciones sociales en ese frente le permitió al gobierno nacional declarar rápidamente a Arauca como territorio libre de cultivos de uso ilícito, en desarrollo del Acuerdo Final de paz. A finales de marzo pasado, la Alta Consejería para el Posconflicto anunció que en virtud del punto cuatro del Acuerdo se habían erradicado las últimas 406 hectáreas de hoja de coca que quedaban en el departamento, propiedad de 470 familias de las veredas El Oasis, Filipinas, La Arenosa y Bocas del Ele, de Arauquita, donde hoy opera la disidencia.

Por eso, Cáceres opina que “es muy preocupante que después de haberse logrado la sustitución voluntaria hoy se corra el riesgo de que se dé nuevamente una proliferación de estos cultivos, lo cual generaría una situación de conflicto que expondría especialmente los liderazgos comunitarios”. Y agrega que “ya con el petróleo hemos tenido suficiente conflicto, como para tener otro imán que atraiga la violencia política”.

Además de la disidencia, a los líderes sociales les inquieta la reciente llegada a la región de exintegrantes del Bloque Vencedores de Arauca de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en particular a la capital del departamento, porque durante el entierro del excombatiente de las Farc Juan Vicente Carvajal desconocidos escribieron las siglas AUC en las paredes de varios módulos del ETCR, y porque comerciantes han empezado a recibir llamadas extorsivas a nombre de estructuras que se denominan a sí mismas como “paramilitares”. El temor empezó a agudizarse en octubre de 2017, cuando la policía capturó en la capital del departamento a 13 personas recién llegadas de Medellín, que portaban ocho pistolas y munición de distinto calibre.

En ese contexto, los líderes sociales manifiestan sentirse con “los nervios de punta”. El reclamo general es que, además de garantizar la seguridad, el Estado atienda la deuda histórica que tiene con los araucanos, no sólo en materia de garantía de derechos, sino también en la puesta en marcha de los planes alternativos de desarrollo diseñados por las comunidades, que los dirigentes consideran condiciones necesarias para alcanzar la paz en el departamento.

Este reportaje fue realizado con el apoyo de

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Foto: Juan Diego Restrepo E.

El rector de la Institución Educativa Pedro Octavio Amado, del barrio Belén Buenavista, en el occidente de Medellín, que alberga poco más de 1.200 estudiantes, no volverá a su despacho. En los primeros días de agosto, el grupo armado conocido como ‘Los Pájaros’, que delinque en el sector y que actualmente sostiene una dura confrontación armada con la banda ‘Los Chivos’ del vecino corregimiento Altavista, lanzó duras amenazas de muerte en su contra, lo que obligó a la Secretaría de Educación de Medellín a ordenar su traslado.

Desafortunadamente no es el único caso. Hace pocos días, la rectora del colegio Ramón Giraldo Ceballos, situado en la parte baja del corregimiento Altavista,también fue amenazada de muerte por los grupos armados que imperan en la zona. La compleja situación de orden público que se vive en este sector de la capital antioqueña ha impactado profundamente en toda la comunidad educativa.

“Hay muchos jóvenes que no puede ir a estudiar por las fronteras que han impuesto los grupos armados. Ahora tenemos el caso de los dos rectores. La situación sigue muy difícil”, señaló Julio Rengifo, líder comunitario de este corregimiento e integrante de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 16. (Leer más en: Corregimiento Altavista, montaña con múltiples conflictos)

Los estimativos de los activistas de la Comuna 16 señalan que por lo menos unos 200 jóvenes de Altavista no han regresado a las aulas de clase debido a las restricciones a la movilidad impuestas por cada uno de los bandos armados en disputa. La situación fue verificada por el propio Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en recorrido realizado el pasado 16 agosto por las principales calles de este corregimiento.

“Se tiene conocimiento de núcleos familiares que están confinados. Y el confinamiento es una violación a los derechos humanos. Consiste en que en zonas rurales no dejan salir a las personas a cultivar y no los dejar salir a trabajar. Aquí es lo mismo, no dejan a los niños que salgan a estudiar y a los padres a trabajar, lo que genera una violación a los derechos humanos supremamente grave”, declaró Negret al concluir una visita a las comunidades.

Pero los riesgos para la actividad docente no se limitan solo a lo que sucede en el occidente de Medellín. El pasado 9 de julio, dos sujetos que se identificaron como miembros de las ‘Águilas Negras’ abordaron en pleno vía pública a un educador vinculado al Centro Formativo de Antioquia (Cefa), cuya sede se encuentra en pleno centro de la ciudad. Lo tildaron de ‘guerrillero’ y lo conminaron a abandonar la ciudad.

A ello se suma el asesinato de Manuel Jaime Arango Maya, rector de la institución educativa Rafael Uribe Uribe, hecho perpetrado el 27 de julio pasado en el barrio Campo Valdés, nororiente de Medellín. Si bien las autoridades de Policía han señalado que su muerte fue producto de un robo, organizaciones defensoras de derechos humanos argumentan que el directivo venía denunciando presencia de plazas de vicio al interior del centro educativo, lo que podría explicar su muerte.

La situación de los docentes en Antioquia se conoce justo cuando la organización no gubernamental Somos Defensores difundió su informe semestral de asesinatos de líderes sociales, lo que evidencia un enrarecimiento del clima de acción pública de aquellos que trabajan y se destacan en sus comunidades. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales se agravan con implementación de acuerdo de paz)

En la mira

Foto: archivo Semana.Históricamente, el gremio docente ha sido uno de los más victimizados en Antioquia. Estudios realizados por la Escuela Nacional Sindical (ENS), organización no gubernamental que realiza seguimiento a la violencia antisindical en Colombia, señalan que entre 1985 y 2017 fueron amenazados 1.391 educadores en el departamento mientras que unos 350 fueron asesinados, convirtiéndose en la agremiación sindical más perseguida del país.

A ello se le suma que los maestros también han sido víctimas de desapariciones forzadas (32 casos); desplazamientos forzados (782 casos); secuestros (19 casos) y detenciones arbitrarias (14 casos). Aunque, tal como lo advierte la ENS, existe un subregistro en los datos correspondientes a los cinco últimos años, ya que se sabe de casos de docentes que no pertenecen a la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) y por ello, no exponen sus casos ante el sindicato, ni ante autoridad alguna.

Con relación a la situación del último año, según estadísticas de la Secretaría de Educación de Medellín, entre el 6 de diciembre de 2016 y el 17 de julio del presente año, han sido amenazados unos 34 profesores, un número importante de ellos en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, la Comuna 1 (Popular), el corregimiento San Cristóbal y la Comuna 13 (San Javier).

Por su parte, Adida cuenta en sus registros con 35 profesores víctimas de intimidaciones. A diferencia de lo consignado por la administración municipal, el principal sindicato que agrupa a los docentes en el departamento destaca las comunas 16 (Belén); 3 (Manrique); 5 (Castilla); y 8 (Villa Hermosa), como las más peligrosas para el ejercicio docente.

Pese a lo anterior, para los miembros de esta agremiación el registro es preocupante si se tiene en cuenta que en todo 2016, la cifra de profesores amenazados llegó a 52; es decir, en seis meses ya se alcanzó el 65 por ciento del total de intimidaciones registradas el año pasado.

“Es preocupante lo que está ocurriendo con los ‘profes’, no sólo en Medellín sino en todo el departamento. Nosotros somos gestores de paz. Y cuando se amenaza un docente, el afectado no es él solo: es toda la comunidad educativa: padres de familia, comunidad, educandos”, señaló Parmenio Córdoba, integrante del Comité de Derechos Humanos de Adida.

De acuerdo con Córdoba, para el caso de la capital antioqueña, un número importante de hechos obedecen a la situación de orden público que viven sectores como Altavista, Belén, Manrique y (recientemente) Robledo mientras que otro tanto responden a problemas de convivencia e intolerancia al interior de los colegios.

Si se revisa la situación de los profesores en Antioquia, el panorama no es muy alentador. Mientras Adida registra un total de 58 docentes amenazados en lo que va del año en el departamento, la Secretaría de Educación departamental consigna un total de 52 hechos. En lo que no difiere una y otra estadística es en las razones esgrimidas por los educadores: amenazas proferidas por grupos armados.

“En el caso de Antioquia, la mayor parte de los casos documentados obedecen a problemas de orden público. En aquellas regiones donde anteriormente estaban las Farc ahora se presenta el hecho de unos grupos que quieren copar ese territorio. Y eso ha traído problemas serios a los profes”, agregó Córdoba, quien señaló además que “en otros municipios es el problema de las redes de microtráfico”.

En Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, dos docentes fueron amenazados mediante panfletos. Ambos fueron acusados de ser “guerrilleros” y les exigieron abandonar el pueblo. En Amaga, suroeste del departamento, otro educador fue amenazado al denunciar la presencia de redes de microtráfico en cercanías a la institución educativa en la que laboraba.

El municipio de Segovia es uno de los más peligrosos para la actividad docente en Antioquia: en lo que va corrido del año han sido intimidados siete profesores. Desde hace varias semanas se vive una tensa situación por cuenta del paro que llevan a cabo los mineros de la región, quienes han chocado violentamente en varias ocasiones con los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional. También se han registrado intimidaciones en pueblos vecinos como Cisneros, Remedios y Amalfi. Esta región del Nordeste registra, en total, 14 educadores amenazados.

“Hay otra situación preocupante y es que en algunos municipios del Norte y Bajo Cauca a los ‘profes’ los han llamado, les han enviado panfletos o les dejan mensajes en el celular exigiéndoles el pago de una vacuna para poder trabajar. Incluso, a los directivos de algunos colegios, los grupos armados les han pedido la lista de los profesores y la relación de cuánto ganan para poder extorsionarlos”, declaró el integrante del Comité de Derechos Humanos de Adida.

Microtráfico impacta

Foto: archivo Semana.Otra de las regiones donde el trabajo de los docentes se ha visto en alto riesgo es el Norte del departamento. Y allí, la localidad de Ituango es la que concentra todas las preocupaciones. Según los registros del Comité de Derechos Humanos de Adida, unos tres profesores han sido amenazados a lo largo del año, “aunque la cifra podría ser de cuatro. Nos enteramos por los medios de una ‘profe’ que recibió una amenaza, pero ella no se ha comunicado ni con nosotros ni con la Secretaría de Educación (del departamento). Por eso no la incluimos en este registro”, agregó Córdoba.

Se trata del caso de una educadora de la institución educativa Pedro Nel Gómez, en pleno casco urbano de Ituango, quien recibió un panfleto amenazante finalizando el mes de julio, justo después de denunciar la existencia de una red de microtráfico tanto en las afueras como dentro del colegio. “En estos momentos la Unidad Nacional de Protección analiza su caso. Ella sigue en el municipio, porque además es una reconocida líder y defensora de derechos humanos. Ella dice que del municipio no se va”, aseveraron voceros de la Asociación Campesina de Ituango.

El avance y fortalecimiento de las redes de microtráfico en este pueblo, anterior fortín de la guerrilla de las Farc, está generando serias afectaciones a los jóvenes escolarizados. “Estamos constatando y verificando muy bien todo. Pero lo que sabemos es que están en inminente riesgo de desplazamiento forzado unos 70 estudiantes: 64 del Pedro Nel Ospina y los otros seis del Colegio PIO X, que queda en un barrio que es una zona semiurbana del pueblo. Al parecer se tienen que ir del pueblo por problemas de microtráfico”, manifestaron líderes campesinos.

No es la primera vez que los educadores deben cumplir con sus funciones bajo amenazas de actores armados. Según consignó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en Informe de Riesgo 037-17 de agosto de 2017, entre 2014 y junio de 2016, la guerrilla de las Farc empleó la amenaza y el desplazamiento forzado como estrategia de control territorial para frenar el avance de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

Esta práctica, según constató el SAT, “afectó a los docentes que llegaban a Ituango con el fin de ocupar las plazas a las que habían accedido al ganar el concurso del Ministerio de Educación y que provenían de otros municipios de Antioquia o de departamentos como Chocó y Córdoba. Esta situación en su momento afectó a los niños y niñas habitantes de las veredas El Quindío, Bajo Inglés, Tinajas, la Lomita, Mandarino, Monte Alto, San Isidro, la Honda, Reventón, las Arañas, Santa Ana, la Paloma y de los corregimientos Santa Rita y La Granja”.

“Eso ya no está pasando. Pero sí estamos muy preocupados con lo que está pasando en el casco urbano con el microtráfico”, advirtieron los voceros de la Asociación de Campesinos de Ituango, quienes esperan que los gobiernos nacional y regional tomen cartas en el asunto.

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La Mesa de Derechos Humanos también denunció el asesinato con arma de fuego de David Machado Saldarriaga, ocurrido el pasado 25 de junio en el casco urbano del municipio. En el hecho también resultaron heridos una mujer y un joven. Foto: Ricardo Cruz.Preocupación. Eso es lo que se respira en barrios, veredas y corregimientos por cuenta de varios hechos violentos ocurridos en los últimos meses, que van desde asesinatos selectivos, amenazas a líderes sociales hasta desplazamientos forzados, así como por la proliferación de negocios ilegales como plazas de vicio en el casco urbano del municipio.

A ello se suma el avance, cada vez más notorio, de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que buscan copar territorios que fueron de dominio histórico del Frente 18 de las Farc, cuyos miembros se encuentran actualmente concentrados en la Zona Veredal Transitoria de Normalización ‘Camarada Román Ruiz’, ubicada en la vereda Santa Lucía de este municipio.

Dicha situación ha elevado los niveles de zozobra entre una población que anhelaba disfrutar las bondades del llamado posconflicto. Y es que buena parte de los ituanguinos esperaba que la guerra que libraron allí durante décadas el Estado, la guerrilla de las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) fuera un mal recuerdo que nadie quiere repetir. Pero la violencia, ahora bajo el ropaje de crimen organizado, nuevamente vuelve a recorrer trochas y caminos de esta población.

El hecho violento más reciente ocurrió el pasado 12 de julio, cuando en inmediaciones de la vereda Cenizas fue asesinado en extrañas circunstancias Juan Fernando Amaya, acreditado como miembro de las Farc y quien gozaba de su indulto otorgado bajo el amparo de la Ley 1820 de 2016. Al respecto, las versiones son confusas y contradictorias. Sin embargo, su muerte constituye un campanazo de alerta tanto para las autoridades departamentales como para el resto de miembros de las Farc asentados en Ituango sobre lo que serán sus garantías de seguridad.

Pero este no es el único hecho que tiene “con los nervios a flor de piel” a los ituanguinos. El pasado 5 de julio, una familia compuesta por seis integrantes, entre ellos cuatro mujeres, fueron obligadas a abandonar su finca, ubicada en jurisdicción del corregimiento La Granja, por hombres que se identificaron como integrantes de los ‘gaitanistas’.

La Mesa de Derechos Humanos de Ituango también denunció el asesinato con arma blanca del labriego Francisco Javier Bedoya. El hecho ocurrió el 31 de mayo en la vereda El Tigre del corregimiento Santa Rita. En la semana del 17 de mayo, en ese mismo corregimiento, fue asesinado un hombre conocido con el alias de ‘Serpa’, señalado por la comunidad como integrante de los ‘gaitanistas’.

Ya en febrero de este año, la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Gobierno Departamental reconocieron que un grupo aproximadamente de 26 personas arribó a Medellín proveniente de Ituango solicitando refugio y protección. Dijeron en su momento que tuvieron que abandonar sus parcelas por cuenta de las intimidaciones de las Agc.

Voceros de la Asociación de Campesinos de Ituango (Ascit) consultados por VerdadAbierta.com señalaron que, desde finales de 2016, cuando las Farc se trasladaron a los puntos transitorios acordados con el gobierno nacional antes de ingresar a las zonas veredales, comenzó a verse en las veredas movimientos extraños que despertaron sospechas e inquietudes.

Varias de esas sospechas comenzarían a confirmarse en enero del presente año. “Llegó un grupo de hombres armados que se movilizaban en camionetas a las veredas El Cedral, El Recreo, Camelias Bajas, Chontaduro, La América, Torrente, Pascuitá, Los Chorros, y el casco urbano de (corregimiento) La Granja. Convocaron a la gente a reuniones para decirles que no se preocuparan, que ellos iban a mandar de ahora en adelante, que no querían hacerle daño a la comunidad, pero que iban a ser ellos los que iban a manejar todo el negocio de la coca y que eso sí, a quien pillaran ‘piratiando’ (vendiendo pasta de coca a otro comprador que no fuera del grupo en mención) ya sabía lo que le pasaba”, comentaron fuentes de la Asociación, quienes solicitaron la reserva del nombre.

Los ‘gaitanistas’, ¿detrás del fortín de Ituango?

De acuerdo con los voceros de esa organización campesina, la presencia ‘gaitanista’ es más notoria en aquellas zonas del municipio donde hay presencia de hoja de coca: “La coca está para los lados de La Granja, de Santa Rita. Para allá es donde más han visto a esa gente. Aunque ya se siente su presencia, yo díria, que en el 90 por ciento del pueblo”, agregó el vocero de Ascit, quien no ocultó su preocupación por un fenómeno que crece como espuma en Ituango: el microtráfico. “Esto se está llenando de plazas de vicio. Se incrementó el consumo de drogas entre jóvenes y se siente un ambiente pesado en el pueblo, porque esa gente es la que controla ese negocio”.

Desconfían de Vicealcaldías

Una de las preocupaciones de las organizaciones sociales de Ituango guarda relación con el incremento del microtráfico. Según denuncian, se ha incrementado el consumo de alucinógenos en el municipio, lo que está derivando en deterioro del orden público. Foto: Ricardo Cruz.En comunicado público, la Asamblea Cívica La Paz es Ituanguina, movimiento que respalda y promueve la pedagogía sobre los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc, expresó en comunicado público que, si bien “no puede desconocerse que mientras han disminuido efectivamente los homicidios asociados al conflicto armado, a la vez están aumentando las muertes violentas relacionadas con otro tipo de violencias, como el ‘ajuste de cuentas’ y la disputa por economías criminales”.

En su pronunciamiento también llamaron la atención por la poca respuesta de las autoridades locales, tanto civiles y de Policía, a los recientes hechos que han alterado el orden público. Allí también expresan su preocupación por el incremento de estos sucesos justo después del anuncio de la Gobernación de Antioquia de instalar en Ituango una Vicealcaldía de Seguridad y Convivencia.

Dicha inquietud también es compartida por la Asociación de Campesinos de Ituango y así quedó plasmada en comunicado dado a conocer este lunes 17 de julio: “Resulta de por si extraño, que sea en el corregimiento de La Granja donde estén sucediendo estos hechos denunciados y coincidencialmente sea una de las sedes propuestas por el señor Gobernador de Antioquia para sus vicealcaldías de paz (…) estos hechos no pueden servirle al mandatario departamental para justificar la imposición de lo que ha autodenominado ‘vice-alcaldías de paz”.

Las vicealcaldías de seguridad y convivencia constituyen la mayor apuesta de la Gobernación de Antioquia para el postconflicto. En líneas generales, se trata de un proyecto de gobernanza mediante el cual se busca consolidar la presencia y la oferta institucional en aquellos territorios donde grupos armados ilegales, entre ellos las guerrillas de las Farc y Eln, han ejercido durante décadas dominio y control.

Por ello, esta iniciativa se echará a rodar en los municipios de Anorí, Dabeiba, Ituango, Briceño, Remedios y Vigía del Fuerte. En cinco de ellas funcionan actualmente zonas veredales de tránsito y normalización mientras que en la restante (Briceño) se viene ejecutando la iniciativa piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el marco del proceso de paz.

Antioquia tendrá vicealcaldías de paz

El punto que ha generado polémica entre organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos del departamento es que esta figura será coordinada por coroneles en retiro, “con amplios conocimientos de seguridad y con profundos valores civilistas”, tal como le explicó el propio gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, a VerdadAbierta.com en junio pasado.

A ellos se le sumarán los llamados “Cuerpos de paz”, conformados por equipos de seis a ocho profesionales que van desde médicos, ingenieros, arquitectos pasando por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, quienes, además, estarán acompañados por un grupo de jóvenes estudiantes de diferentes universidades.

Se agudiza debate por propuesta de vicealcaldías militares en Antioquia

En diálogo con VerdadAbierta.com, Adriana Arboleda, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, organización defensora de derechos humanos con sede en Medellín, señaló que esta figura es confusa y regresiva por cuanto privilegia la visión militarista de la seguridad en tiempos de posconflicto, que demandan salidas más democráticas y participativas, y que le apunten a desmilitarizar la vida social y política del país.

¿Por qué Ituango?

En las veredas de Ituango, principalmente aquellas pertenecientes a los corregimientos La Granja y Santa Rita, hay preocupación por el avance de los ‘gaitanistas’. Las comunidades denuncian poca acción de las autoridades. Foto: Ricardo Cruz.Para el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, una de las razones para instalar en estos municipios su propuesta de vicealcaldías de seguridad y convivencia reside en la importancia geoestratégica de estos territorios para el crimen organizado: “estos municipios son corredores de narcotráfico. Están conectados entre sí. Hay que cortar esos corredores y coparlos con presencia institucional”, tal como declaró recientemente ante medios de comunicación.

En ello tiene razón. Ituango, por ejemplo, se encuentra ubicado en las estribaciones de la cordillera Occidental y constituye la puerta de entrada al Nudo de Paramillo, nombre que recibe el accidente geográfico del cual nacen las serranías de Abibe, Ayapel y San Jerónimo. Es decir, es un pueblo que conecta fácilmente con el Urabá antioqueño al surcar la serranía de Abibe; también con la región del Bajo Cauca, por el oriente; y con el norte con el departamento de Córdoba.

De ahí el interés de diferentes actores armados por controlar la zona urbana y rural de Ituango. A ello se suma la presencia de cultivos de hoja de coca en la localidad. Estimativos oficiales plantean la existencia de más de 700 hectáreas de cultivos ilícitos, principalmente en el corregimiento La Granja y en tierras ituanguinas traslapadas con el Parque Nacional Natural Paramillo.

Durante décadas, el control sobre los sembradíos, así como la compra de pasta de coca, estuvo a cargo de las Farc. Pero, con la desaparición de esta guerrilla, la pregunta que se hacen cocaleros e ituanguinos es, ¿qué va pasar con estos cultivos? ¿Se adelantarán procesos de sustitución voluntaria de cultivos o serán copados por nuevos grupos armados ilegales?

Solo el tiempo podrá responder estos interrogantes. Pero, lo que denuncian los pobladores de este pueblo incrustado en las montañas del norte de Antioquia da entender que los ilegales ya se adelantaron y, nuevamente, le están ganando el pulso al Estado.

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Aunque analistas, defensores de derechos humanos y académicos coinciden en afirmar que se necesitan buscar salidas al tema de las bandas criminales en las ciudades, también sostienen que un proceso de esta naturaleza debería darse en otras circunstancias. Foto: archivo Semana.Fue en el recinto de la Asamblea de Antioquia donde comenzó a gestarse la idea de un proyecto de sometimiento a la justicia para miembros de estructuras criminales, documento que hoy tiene enredado al exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas. Así responde Jorge Gaviria, hasta hace poco director del programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín y uno de los asesores más cercanos al exfuncionario, actualmente recluido en la cárcel de Yarumito, cuando se le indaga por la génesis de esta controversial propuesta.

El evento al que hace alusión Gaviria tuvo lugar el 19 de agosto de 2016. Ese día, un conjunto de organizaciones sociales y medios alternativos, entre las que se destacan Organización Casa Mía, Fundación Pensamiento Social, Movimiento No Matarás, Corpades, Fenalpaz, Corporación Nelson Mandela, Sinergia y Análisis Urbano, convocaron al foro La Paz Urbana Sí es Posible: una construcción colectiva hacia la reconstrucción del país que se realizó en las instalaciones de la Duma.

El foro alentó el debate sobre alternativas jurídicas y políticas para enfrentar el flagelo del crimen organizado, justo en momentos en que el proceso de paz con las Farc se consolidaba. Allí hicieron presencia expertos en el tema como Carlos Medina, viceministro de Política Criminal; Luis Eduardo Celis, investigador y defensor de derechos humanos; Luis Guillermo Pardo, exasesor de Paz de Medellín; Luis Fernando Quijano, defensor de derechos humanos; y por supuesto, el entonces secretario de Seguridad de la ciudad, Gustavo Villegas.

“Allí se habló a profundidad del tema y se llegó a la conclusión de que era necesario una propuesta de sometimiento para bandas criminales”, relata Gaviria. “Comenzamos a indagar quién estaba trabajando el tema y vimos que nadie lo estaba haciendo. Entonces decidimos aprovechar toda la experiencia que teníamos desde Paz y Reconciliación. Mucho más cuando en el texto final del Acuerdo de Paz del 24 de noviembre quedó plasmado en el punto 3.4.13 lo relacionado con impulsar procesos de sometimiento y acogimiento debandas criminales”.

Reencuentro de viejos conocidos

Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad de Medellín, el pasado 6 de julio durante la audiencia de imputación de cargos tras su detención. Foto: archivo Semana.Jorge Gaviria ofició como director de la Oficina de Paz y Reconciliación entre 2005 y 2009. Se trata de una dependencia creada durante la administración del entonces alcalde Sergio Fajardo (2004-2007) para que desde allí se diseñara una política municipal para la reincorporación de los desmovilizados de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Aunque su gestión fue bien valorada tanto por las alcaldías de Fajardo como de su sucesor Alonso Salazar (2008-2011), entre las organizaciones defensoras de derechos humanos de la ciudad su nombre es recordado como un funcionario que hizo oídos sordos a decenas de denuncias sobre desmovilizados involucrados en actividades criminales, como constreñimiento a líderes sociales, homicidios y amenazas.

Buena parte de esas denuncias recaían sobre Julio Perdomo, Fabio Acevedo, Edwin Tapias, John William López y Giovani Marín, desmovilizados de las Auc y, a su vez, directivos de la extinta Corporación Democracia, organización creada en diciembre de 2003 con el fin de impulsar proyectos sociales para los exparamilitares asentados en Medellín.

En 2009, la Fiscalía 14 Especializada, en el marco del proceso judicial adelantado contra Leonardo Muñoz, alias ‘Douglas’, tildó a esa Corporación como “brazo político de la Oficina de Envigado”, lo que supuso su desaparición.

La justicia y el tiempo terminaron dándole la razón al movimiento social de la capital antioqueña: Perdomo, Acevedo, Tapias y López terminaron purgando condenas en prisión por delitos como concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y homicidio. Hoy, según la Fiscalía 64 contra el Crimen Organizado, personajes como Tapias y Perdomo mantenían una estrecha relación con Villegas con quien al parecer “arreglaban” resultados en materia de seguridad como entregas de delincuentes y suspensión del cobro de extorsiones en algunos barrios, entre otros. A cambio, el exfuncionario les ofrecía alternativas de sometimiento a la justicia.

La llegada de Villegas a la Secretaría de Seguridad también significó el regresó de Gaviria a la vida pública. En mayo de 2016 llegó a ocupar el cargo de director de Paz y Reconciliación. Y desde allí, junto con otros cuatro abogados de esta dependencia, comenzó a rescatar el “capital social acumulado de la ciudad” en materia de acercamientos con jóvenes desmovilizados del paramilitarismo e integrantes de estructuras criminales para ponerlo en función de una propuesta que sirviera para darle un tratamiento, diferente al policivo, al problema de las bandas de crimen organizado.

“Empezamos a ver las experiencias del pasado, los errores, los aprendizajes. Y vimos que necesitábamos ayuda con el tema”, cuenta Gaviria. Entre ellos a un experto en justicia transicional. “Él vino a Medellín, nos dijo por dónde debíamos irnos y en esas estábamos, construyendo una propuesta para presentarle a la ciudad y al país cuando sucedió lo de Gustavo (Villegas)”, comenta Gaviria, quien renunció a su cargo como director de Paz y Reconciliación el pasado 12 de julio.

El proyecto

En 2015, el entonces fiscal Eduardo Montealegre presentó al Congreso de la República un proyecto de Ley para introducir reformas al Código Penal que permitieran adelantar negociaciones de sometimiento colectivo con bandas criminales. Foto: archivo Semana.Contrario a lo señalado por diversos sectores de opinión, Gaviria asevera que “no se trató de una iniciativa que la adelantamos a escondidas. Siempre mantuvimos informada a la Fiscalía. Es más, para nosotros era importante que el proyecto tuviera el visto bueno de la Fiscalía porque la única entidad en este país que puede negociar penas”.

Gaviria asevera que, para este proyecto, no tuvieron en cuenta las negociaciones que venían adelantando desde 2015 varios cabecillas de la Oficina de Envigado con la Unidad de Vida de la Fiscalía de Medellín, proceso que se truncó en febrero de 2016 con el traslado de la fiscal coordinadora de la Unida de Vida, Alexandra Vélez. “De ese proceso nos enteramos mucho tiempo después”, responde el exdirector de Paz y Reconciliación.

VerdadAbierta.com quiso dialogar con la vicefiscal María Paulina Riveros, para conocer su versión frente a este tema, pero no fue posible obtener respuesta debido a nutrida agenda.

“El alcalde (Federico Gutiérrez) aún no estaba enterado del proyecto. Esperábamos tenerlo mejor elaborado y pulir los detalles para realizar ese foro público en el que toda la sociedad iba poder aportar”, asevera Gaviria quien siente que “la Fiscalía se equivoca, pues no estábamos haciendo nada ilegal”.

El borrador del proyecto, conocido horas después de la captura del exsecretario de Seguridad y divulgado por este portal, se apoya en la iniciativa de reforma al Código Penal, presentado al Congreso en abril de 2015 por el entonces fiscal Eduardo Montealegre. También cita una larga lista de leyes proferidas al calor de diversos procesos de paz como la Ley 418 de 1997, la Ley 975 de 2005, la Ley 782 de 2002 y el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Allí se plantea promover “el sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones criminales, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de una paz estable y duradera en los territorios” garantizando “los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Este va dirigido a estructuras criminales, definidas como “asociación de un número plural de personas que cuentan con una estructura definida y unidad de mando, cuyo propósito es la consecución del lucro de sus miembros mediante la realización permanente de conductas punibles, lo que genera una afectación grave a la seguridad y convivencia social, y que detentan el control, total o parcial, de las rentas ilícitas dentro de un territorio determinado”.

En líneas generales, el documento consigna una etapa de sometimiento y acogimiento que se desarrollaría en tres fases: el acercamiento colectivo, entendido como las gestiones adelantadas por el Estado con voceros de las organizaciones criminales para diseñar los procedimientos de un sometimiento colectivo; la judicialización individual “con el fin de determinar su responsabilidad penal individual, conforme a la pena alternativa que le corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley”; y por último, el otorgamiento de beneficios.

Los beneficios, según el borrador del proyecto, van desde penas alternativas de prisión (hasta 12 años de prisión), suspensión de ejecución de penas y el diseño de una ruta de resocialización “donde podrán acceder a la oferta educativa, de formación para el trabajo, oportunidades laborales e intervención psicosocial que ofrezcan las administraciones de cada ente territorial”, tal cual lo estipula el proyecto.

Allí también se consignan una serie de disposiciones tendientes a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; la realización de actos simbólicos como acciones de reparación, la entrega y destrucción de armamento, bienes y todo aquello que contribuya a la desarticulación definitiva de la estructura criminal.

Historia repetida

Desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las Auc, ocurrida el 25 de noviembre de 2003. Una de las principales críticas que formulan sectores de opinión de Medellín al borrador de proyecto de sometimiento es que apunta a un re-proceso con antguos excombatientes de las Auc. Foto: archivo Semana.No es la primera vez en la historia de Medellín que desde la administración municipal se buscan salidas al problema de las bandas delincuenciales. Este camino fue recorrido por las alcaldías de Luis Alfredo Ramos (1992-1994); Sergio Naranjo (1995-1997); y Juan Gómez Martínez (1998-2000).

Los principales resultados de tales esfuerzos fueron la desmovilización de diferentes grupos de milicias que operaron en la ciudad y el inicio de varios programas sociales tendientes a prevenir la vinculación de menores de edad en estructuras criminales.

Luis Guillermo Pardo, quien fue Asesor de Paz durante la administración de Juan Gómez Martínez, recuerda que durante su gestión se logró la instalación de las Mesas de Paz y Convivencia en las cárceles Bellavista e Itagüí. El objetivo era que “desde allí se construyera un proceso de paz urbano. También diseñamos un instrumento que llamamos ‘pactos de no agresión y convivencia’ que evitó que muchos combos se enfrentaran”.

De acuerdo con Pardo, “todos estos esfuerzos buscaban allanar el camino para un proceso de reinserción social de estos jóvenes. En este contexto, siempre se promovió buscar salidas jurídicas de beneficios específicos para los miembros de combos y pandillas en Medellín y, bueno, para todo el país. Ese camino dejó de recorrerse desde la alcaldía de Luis Pérez. Y esta Alcaldía no tiene una propuesta concreta al respecto”.

Lo que cuestiona hoy el exasesor de paz es “por qué el tema se volvió vedado, se convirtió en algo oculto, cuando es claro que es un imperativo ético buscarle salida al conflicto urbano”.

Su cuestionamiento coincide con las críticas que desde las organizaciones defensoras de derechos humanos le han hecho al borrador del proyecto de sometimiento y acogimiento a la justicia que hoy es piedra de escándalo en Medellín. Para Juan Esteban Jaramillo, integrante del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), el documento no es claro frente a quiénes serían sus beneficiarios ni tampoco los beneficios que se otorgarían.

“Al hablar de este nuevo proyecto es inevitable no remontarse a lo que fue la negociación con el (bloque) Cacique Nutibara. ¿Van a negociar con quién? ¿Se va negociar con los mismos que ya se había negociado? ¿Con Julio Perdomo, que estuvo en la desmovilización del Cacique Nutibara? ¿Entonces, Perdomo ya no es paramilitar sino un criminal? Ese es un primer asunto: ¿cuál es la naturaleza de estas estructuras con quienes se quiere negociar?”, se pregunta el investigador.

A juicio de Jaramillo, resulta inexplicable que la Secretaría de Seguridad, encargada de combatir las bandas criminales de la ciudad, fuera la misma encargada de liderar la elaboración del proyecto de sometimiento y acogimiento a la justicia de los miembros de una estructura que, en reiteradas ocasiones, el propio Villegas negó. Observación que Jorge Gaviria solo atinó a responder: “porque éramos los que sabíamos del tema”.

Para el investigador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, lo sucedido con Gustavo Villegas confirma que el orden político y social de Medellín se ha construido a base de pactos entre la clase política que administra la ciudad y los grupos de delincuencia organizada que dominan a su antojo barrios enteros. Una relación de ganancia doble donde los políticos utilizan a las bandas para controlar altos índices de actividades ilegales, pero donde la criminalidad también gana en materia de rentas e impunidad.

“Lo de Villegas es un escándalo más que se suma a otros episodios que demuestran los nexos de la criminalidad con la institucionalidad. Basta recordar el caso del exfiscal Guillermo Valencia Cossio o el general (Marco Antonio) Pedreros”, señala Jaramillo, quien añade que “el problema de Villegas no es que estuviera adelantando un proceso de sometimiento de bandas criminales, sino que detrás de eso había muchas cosas oscuras y delicadas como pactar con la ‘Oficina de Envigado’ para controlar la criminalidad y a cambio les entregaba información privilegiada”.

¿Proyecto pertinente?

Quienes lideran esta iniciativa afirman que, pese a la detención del exsecretario de Seguridad de Medellín, continuarán adelante con el proyecto, pues sienten que el país requiere una salida, diferente a la policiva, para el tema de bandas criminales. Foto: archivo Semana.“En una ciudad como Medellín, donde la percepción de desprotección es bastante elevada, es muy fácil responder que sí a la idea de negociar con delincuentes. Y claro, ese tipo de proyectos son mecanismos de contención rápida”, manifiesta William Fredy Pérez, abogado y docente adscrito al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, quien asegura que “si esas iniciativas desactivan factores claves como la connivencia entre legales e ilegales, la complicidad, entre otros, es bastante prometedor. Pero si solo se logra enviar a la cárcel a 50 ladrones y 20 fleteros, no sirve”.

Pérez sostiene que la posibilidad de entablar cualquier acercamiento con bandas de crimen organizado en la ciudad envía un mensaje contradictorio a la sociedad por parte de la administración municipal, que ha difundido un mensaje de cero tolerancia y mano dura en su combate a estas estructuras: “plantear un proyecto de sometimiento tal como se ha presentado es un reconocimiento de que esa es la manera como se solucionan los problemas, o un reconocimiento de que no hay otra manera de resolver ese problema”.

Para el docente, pese a que el Código Penal contempla mecanismos para permitir el sometimiento de miembros de bandas criminales como lo es el principio de oportunidad, el borrador del proyecto contempla un paquete de medidas “que dista de este mecanismo al ser más flexible, al no tener como punto de partida la delación sino que se habla de sometimiento colectivo”, aspecto que el propio Jorge Gaviria recalcó al señalar: “el principio de oportunidad a veces es muy complicado: lo negocia el fiscal y lo avala el juez y muchas veces el juez no avala ese acuerdo suscrito con el fiscal”.

Por su parte, Max Yuri Gil, consultor y analista de derechos humanos, sostiene que este proyecto de sometimiento en particular muestra falencias serias en relación con un tema crucial para la sociedad, la verdad: “en este proyecto se reduce a un tema de verdad procesal. Y si se va impulsar un proceso de sometimiento, la verdad debería estar en el centro, pero una verdad que nos ayude a entender cuáles han sido las relaciones entre legalidad e ilegalidad que explican en buena parte la pervivencia del fenómeno criminal durante tantos años en una ciudad como Medellín”.

Según este consultor y analista, “se supone que en un proceso de sometimiento hay un intercambio de favorabilidad penal a cambio de contribuciones eficaces y eso no aparece en este proyecto e incluso, mantiene algo que ha sido muy criticado en el pasado: el tema de la judicialización individual. Eso no ayuda para nada al desmantelamiento de la actividad criminal. Eso solo resuelve la situación penal de una persona”.

Aunque Gil cataloga como viable y pertinente buscar salidas negociadas al tema del crimen organizado en Medellín, el caso de Gustavo Villegas esconde tramas muy oscuras que no solo empañan cualquier esfuerzo que la secretaría de Seguridad haya adelantado en esta materia, sino que, además, levantan serias suspicacias sobre las verdaderas intenciones de este proyecto.

“El que se le acuse de entregarle información a miembros de grupos armados para evadir la acción de la justicia, concertar resultadas operacionales y aprovechar eso de materia política, pues se ha dicho que este proceso lo catapultara a la Alcaldía de Medellín, son cosas muy complicadas que deberán esclarecerse”.

Pese a toda esta controversia, quienes lideran la elaboración del proyecto de sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de bandas criminales, continuará adelante, “hoy más que nunca, con toda la fuerza y dedicación del caso”, como sostiene Jorge Gaviria, quien renunció a su cargo, precisamente, para dedicarle todo su tiempo a este esfuerzo.

“La gente puede estar de acuerdo o no con nosotros. Puede compartir nuestras ideas o no. Pero estamos convencidos de que esta es una buena oportunidad para darle salida a un tema crucial en esta ciudad: el de cientos de muchachos metidos en bandas criminales. Y en ello seguiremos trabajando con todo el empeño y todo el amor”, anuncia el exfuncionario.

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Para la ONG, la detención del exsecrtario de Seguridad, Gustavo Villegas, genera serias incertidumbres y desconfianzas sobre las verdaderas intenciones de la institucionalidad para combatir estructuras criminales. Foto: Ricardo Cruz.Mientras las autoridades civiles y de Policía de Medellín se concentran en el combate y persecución de ínfimos actos delincuenciales, en no pocas ocasiones con una alta dosis de espectacularidad mediática, graves violaciones a los derechos humanos como el desplazamiento forzado, el secuestro, la desaparición forzada, la extorsión y los homicidios no solo muestran tendencias al alza, sino que “permanecen en la más ignominioso desatención e impunidad”.

Así lo destaca un reciente informe sobre la situación de seguridad de esta ciudad, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización no gubernamental que desde hace poco más de 25 años trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos.

Según el IPC, uno de los principales flagelos que azota a la ciudadanía es la extorsión, delito que cuenta con la particularidad de su alto subregistro, lo que evidenciaría cómo “se han naturalizado y enraizado ciertas prácticas de protección violenta en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, demostrando la enorme capacidad de control territorial que las estructuras armadas han logrado, e inclusive, el grado de legitimación que van alcanzando entre la población sometida a su dominación”.

Los datos consignados en el informe, suministrados a su vez por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), señalan que los cobros extorsivos les cuestan a los comerciantes en Medellín entre 60 mil y 100 millones de pesos al año. En ese orden de ideas, el centro de la capital antioqueña es quizás la zona más neurálgica para los comerciantes, tanto formales e informales, pues estos últimos tampoco se escapan al pago de ‘vacunas’, como suelen llamar en Medellín las microextorsiones que cobran las estructuras criminales para permitir el uso del espacio público.

De acuerdo con el IPC, se trata de un problema generalizado en buena parte de los barrios de la ciudad, tal como lo revelaron denuncias periodísticas difundidas en marzo de este año, las cuales dieron cuenta de una banda delincuencial con fuerte presencia en el barrio Belén Rincón, occidente de Medellín, que obtenía rentas ilícitas anuales cercanas a los 1.600 millones de pesos solo por cobro de microextorsiones a las familias y a comerciantes residentes allí.

Otro punto que llama la atención del informe es el comportamiento del homicidio. Cifras de la Alcaldía de Medellín señalan que en 2016 se cometieron 533 homicidios en esta ciudad, 38 casos más que los cometidos en 2015. Sin embargo, al analizar dicha tendencia por comunas se observan aumentos considerables de un año a otro, paradójicamente en aquellas donde la administración municipal desplegó sendos operativos policiales con gran difusión mediática.

La extorsión y el hurto son los flagelos que más se han incrementando en Medellín en los dos últimos años sin que se avizore una estrategia para atacar a fondo estos delitos. Foto: Ricardo Cruz.Así, comunas como La Candelaria (Comuna 10, centro de Medellín); Castilla (Comuna 5); Robledo (Comuna 7); y San Javier (Comuna 13), mostraron incrementos en los homicidios pese a los operativos policiales. Dichos incrementos, según los análisis del IPC, son el resultado de la persistencia de confrontaciones armadas entre estructuras criminales por el control de territorios claves para actividades ilegales.

“Lo más probable es que, como ha sucedido en épocas anteriores, los casos de homicidio disminuyan en la medida que se consolide un actor en el territorio, más allá de los infructuosos esfuerzos de la institucionalidad local, y los organismos de seguridad y justicia, en los que se ha radicado la expectativa de revertir estas situaciones”, consigna el IPC en su informe.

Otro de los flagelos analizados por esta organización no gubernamental fue el hurto. El informe registra “un incremento del 24 por ciento de denuncias sobre estos casos, es decir, 3.753 más que en el año 2015, siendo los más llamativos los aumentos en el hurto a personas (45 por ciento) y a entidades financieras (89 por ciento)”. Dichas cifras concuerdan con las consignadas en el informe Medellín Cómo Vamos, que fue presentado el pasado 26 de junio.

En este documento se advierte un aumento, desde el año 2015, del número de denuncias ciudadanas relacionadas con hurtos en vía pública (49 por ciento), robo de motos (15 por ciento) y hurtos a entidades financieras (88,9 por ciento). Nuevamente, el centro de la ciudad, donde se han desarrollado acciones puntuales de intervención por parte de la administración municipal, figura como la zona donde se cometieron mayores hurtos: poco más del 28 por ciento.

El informe también consigna que si bien el Sistema para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la Alcaldía de Medellín, encargada del monitoreo y análisis de los fenómenos violentos y criminales de la ciudad, consignó 24 denuncias de secuestros cometidos en 2016, no aclaró si las víctimas de este crimen recobraron su libertad, en qué contextos se presentaron esos casos y si existe subregistro de denuncias.

Los investigadores del IPC concluyen que tras una revisión inicial “a la información y las cifras oficiales producidas, incluso por la propia institucionalidad local, nos permite afirmar sin ambages que, ante los significativos incrementos en los indicadores de inseguridad y violencia armada en la ciudad, la ruta de acción trazada por la administración municipal para el año 2016 ha naufragado”.

Para Juan Esteban Jaramillo, integrante del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, “la política de seguridad de Medellín es una política mediática, marcada por aquello que la criminología crítica ha denominado populismo punitivo y criminalizar la pobreza; es decir, se gobierna controlando el miedo. Este es un alcalde que solo se ha concentrado en el show mediático para perseguir ínfimos actores delincuenciales, que además no se ha dedicado a combatir el macrocrimen sino los eslabones más débiles de la cadena criminal”.

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Valiéndose de su posición privilegiada como Secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, Gustavo Villegas habría incurrido en prácticas ilegales tendientes a mantener estrechas relaciones con los jefes de un sector de la llamada ‘Oficina de Envigado’ para obtener resultados en materia de seguridad y, de paso, ofrecer alternativas de sometimiento ante de la justicia.

Así lo expuso Andrés Cabrera, Fiscal 64 Especializado contra el Crimen Organizado, durante la audiencia pública realizada ayer ante un juez de conocimiento en la capital antioqueña en la que le fueron imputados a Villegas los delitos de concierto para delinquir agravado y omisión de denuncia particular. Junto al exfuncionario también está siendo procesado Mariano Humberto Zea Ospina, su intermediario con algunos de los líderes criminales de la ciudad.

Los testimonios entregados a investigadores judiciales por jefes de bandas actualmente recluidos en diversos centros penitenciarios del país, así como un número importante de interceptaciones telefónicas, le permitieron al Fiscal 64 plantear que dicha conducta constituyó un “acuerdo siniestro” cuyo fin no era otro que el de controlar los índices de criminalidad.

Para respaldar su acusación, el fiscal Cabrera expuso ante el juez por lo menos doce episodios que revelan cómo Villegas estaría actuando de manera irregular de la mano con jefes de un sector de la ‘Oficina de Envigado’ para lograr el sometimiento de delincuentes a las autoridades policiales, con el fin de ser presentados como “acciones exitosas de la política de seguridad de la ciudad”. A cambio, se comprometía en avanzar en un acuerdo que les permitiera a estas estructuras entregarse a la justicia y recibir incentivos y beneficios jurídicos.

Tal como lo señaló el Fiscal 64, “se trata sin duda de una labor loable que, desafortunadamente, el señor Villegas tergiversó y terminó convirtiéndola en una estrategia criminal para mantener tratos cordiales con estructuras criminales para beneficio personal”.

Las pesquisas adelantadas por los investigadores judiciales señalan que el exfuncionario mantenía contacto permanente con Julio Perdomo, desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien recuperó su libertad en 2014 tras purgar una pena de 50 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir.

El desmovilizado fue capturado nuevamente en marzo de este año tras ser señalado por la Policía como el “nuevo vocero político” de la ‘Oficina de Envigado’ y de controlar con puño de hierro las bandas delincuenciales de las comunas 1-2-3-4-8 y 9, en las zonas centro y noroccidental de la ciudad.

Los “acuerdos” y las comunicaciones entre Villegas y Perdomo se realizaban a través de Mariano Humberto Zea Ospina, contratista de la Secretaría de Seguridad como personal de apoyo para la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia (ver contrato). En noviembre de 1998, Zea Ospina fue detenido en Medellín por autoridades judiciales que lo acusaron de pertenecer a la guerrilla del Eln y de participar en el secuestro de la ciudadana alemana Brigitte Schone, ocurrido el 15 de agosto de 1996 en zona rural del Oriente antioqueño. Este caso fue muy sonado porque en su liberación, que se dio a mediados de noviembre de ese mismo año, participaron como intermediarios el espía alemán Werner Mauss y su esposa Isabel.

Villegas, a través de Zea Ospina, enviaba recados y propuestas a Perdomo; acordaba con éste la entrega de criminales buscados por las autoridades; y hasta le advertía sobre la realización de operativos policiales en contra de las estructuras delincuenciales bajo su mando. Perdomo, a su vez, informaba a otros cabecillas de la ‘Oficina de Envigado’ como Edison Rodolfo Rojas, alias ‘Pichi’; Julián Andrey Gómez, alias ‘Barney’; y Leonardo Muñoz, alias ‘Douglas’, sobre los avances, acuerdos y negociaciones adelantadas con el exfuncionario.

¿Y a qué acuerdos llegaron Villegas y Perdomo? Al respecto, el Fiscal 64 expuso varios eventos que, a su juicio, demuestran la conducta dolosa del exsecretario, entre ellos el ocurrido el 26 de julio de 2016, cuando una camioneta propiedad de la Alcaldía de Medellín fue hurtada en la zona noroccidental de la ciudad. El entonces secretario de Seguridad buscó la ayuda de Perdomo quien, a su vez, ordenó a las estructuras criminales de esa parte de la capital antioqueña devolver el vehículo, como en efecto ocurrió.

Otro caso similar se presentó el 18 de octubre de ese mismo año, cuando integrantes de la banda ‘La Silla’, que delinque en la Comuna 1, retuvieron un carro transportador de productos lácteos pertenecientes a la empresa Surtialimentos S.A.S, compañía de propiedad de Villegas y su familia. A los ocupantes del vehículo les exigían el pago de una ‘vacuna’ de 150 mil pesos.

Una vez conoció la situación, Villegas envió razones a Perdomo a través de Zea Ospina para que el automotor y sus ocupantes no solo fueran dejados en libertad sino que no se les siguiera cobrando extorsiones. Perdomo contactó a Edwin Tapias, desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara de las Auc, actualmente recluido en centro penitenciario, quien a su vez ordenó a los integrantes de ‘La Silla’ no continuar con el cobro de ‘vacunas’.

Algo similar ocurrió en octubre de ese mismo año: Villegas Restrepo buscó a Perdomo a través de su emisario (Zea Ospina) para que pusiera orden a los cobros extorsivos que los habitantes de la Comuna 8 comenzaron a denunciar insistentemente.

Pero los favores eran de doble vía. En agosto de 2016, Zea Ospina, por órdenes de Villegas, alertó a Perdomo sobre los operativos que adelantaría la Policía Nacional para capturar a alias ‘El Diablo’; alias ‘Pecoso’; y alias ‘Gordoarepas’, peligrosos cabecillas criminales de la ciudad. ‘Gordoarepas’ fue hallado muerto el 22 de septiembre a las afueras de Medellín y, según las hipótesis que se han tejido hasta el momento, fue ajusticiado por sus propios hombres.

Otro episodio expuesto por la Fiscalía fue la entrega de tres jóvenes, sindicados de atracar a los pasajeros de un vehículo enel norte de la ciudad, acción que quedó registrada en video y se hizo viral en redes sociales a tal punto, que el propio alcalde Federico Gutiérrez encabezó los operativos policiales para dar con el paradero de los fleteros.

En esa ocasión, Villegas, a través de Zea Ospina, le pidió a Perdomo que ayudara a localizar a los responsables del hurto, razón por la cual habló con alias ‘Pichi’, quien desde la cárcel de Valledupar adelantó gestiones con sus hombres en las calles de Medellín para que se entregaran los fleteros, hecho que, paradójicamente, fue presentado como un resultado de la presión de las autoridades. En esa ocasión, el alcalde Federico Gutiérrez declaró que “no paramos y no dormimos hasta que dimos con los responsables, y de eso se trata. Cuando nos juntamos sí se puede. Todos los casos son importantes”.

No obstante, el fiscal que lidera el caso contra Villegas expuso otra versión de los hechos. La prueba reveló una conversación al respecto: “Ayúdeme con eso, ayúdeme con los fleteros para que se entreguen para que eso se baje que eso ayuda mucho para lo que viene”, fueron las palabras que Villegas le envió a Perdomo en aquella ocasión con su intermediario.

Otro de los aspectos cuestionados por el fiscal Cabrera fue el de los accesos privilegiados que tenía Villegas y que le servían no solo para transar con jefes criminales, sino para conocer incluso de su propia orden de captura.

De acuerdo con el fiscal del caso, en febrero de este año se reunió con Perdomo en los alrededores de la Clínica Las Américas, en el occidente de la ciudad, con el fin de ponerlo al tanto de un posible operativo en su contra, que adelantaría la Policía Nacional. En ese encuentro, Villegas habría presionado de nuevo para que se continuara con el proceso de sometimiento y prometió que si llegaba a ser Alcalde de Medellín “las cosas mejorarían”.

Pese al aviso, el operativo contra Perdomo se realizó y fue capturado el 15 de marzo de este año por hombres de la Dijin de la Policía, hecho que celebró hasta el propio alcalde Gutiérrez a través de sus redes sociales.

El 24 de febrero de este año se autorizó la interceptación de cuatro líneas de celulares, al parecer algunas de ellas usadas por Villegas, y en un informe rendido el 29 de junio pasado se estableció que ya tenía indicios de que el exfuncionario iba a ser detenido. En la conversación expuesta hablan él y su asesora Yolanda Serna, quien le promete que hará gestiones para saber qué ocurre.

Esas actitudes, más otras que revelaron las interceptaciones, llevaron al fiscal del caso a concluir que la “facilidad” que tenía Villegas para acceder a “información privilegiada” ocasionaba obstrucciones a la justicia.

Los pecados de Gustavo Villegas

Cabe destacar que Yolanda Serna hizo parte del equipo de trabajo de Guillermo Valencia Cossio, quien fue juzgado y condenado por sus nexos con los llamados ‘Urabeños’, a quien les venía haciendo favores, proceso en el cual también estuvo vinculado Villegas.

Proyecto de sometimiento

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: archivo Semana.

Según material probatorio presentadopor el Ente Investigador, algunos jefes de la ‘Oficina de Envigado’ confiaban en las gestiones y la posición de Villegas para que este sacara adelante un proceso de negociación favorable para las bandas criminales de la ciudad y se sometieran a la justicia.

En desarrollo de ese proceso, se establecieron acercamientos con Alexandra Vélez, para quien en 2015 era la coordinadora de la Unidad de Vida de la Fiscalía de Medellín. Con ella se comenzó a trabajar la idea y en agosto de ese año se vincularon tres jefes de un sector de la ‘Oficina de Envigado’, se trata de Julián Andrey González Vásquez, alias ‘Barny’; Edinson Rodolfo Rojas, alias ‘Pichi’; y Juan Camilo Rendón Castro, alias ‘Peluco’.

Lo curioso es que, pese a que en las normas procesales se avala este tipo de acuerdos, el entonces Coordinador de Fiscalías de Medellín, Germán Giraldo Jiménez, se opuso a ellos, trasladó a la fiscal Vélez en enero del año pasado sin mayores justificaciones y desató contra ella una dura persecución. En rechazo a esa decisión, los integrantes de la ‘Oficina de Envigado’ suspendieron su colaboración con la justicia.

En la audiencia contra Villegas surgió el tema y se expusieron Interceptaciones telefónicas realizadas por la Fiscalía que captaron conversaciones entre Perdomo y alias ‘Pichi’, quienes lamentaron el traslado de la fiscal Vélez, revistiendo el proceso como un asunto ilegal.

Lo particular de este proceso de acercamiento y de los intentos de acuerdo de sometimiento es que era conocido tanto por el Alcalde de Medellín, quien lo respaldó, y el entonces vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo. Ambos recibieron una carta, fechada el 23 de febrero de 2016, en la que ‘Barney’, ‘Pichi’ y ‘Peluco’ expresan su inconformidad: “Nos sentimos afectados señor Vicefiscal con la decisión de la Fiscalía General de la Nación, cuando ha dispuesto trasladar a esta funcionaria a otro sitio, lo que entorpece las conversaciones, pues confiamos en ella por su seriedad, respeto y capacidad jurídica”. (Ver carta)

VerdadAbierta.com estableció que de manera paralela a este proceso se creó un grupo de estudio en la Secretaría de Seguridad con el objetivo de elaborar un proyecto de ley que respaldara el sometimiento a la justicia de sectores criminales de la ciudad y del país, y se tramitara en el Congreso de la República. Del tema estuvo enterada la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático.

Fuentes consultadas por este portal, que solicitaron la reserva del nombre dada la sensibilidad del tema en este momento, corroboraron que, efectivamente, el grupo de estudio produjo el borrador del proyecto de ley, el cual fue discutido, incluso, con abogados expertos en justicia transicional, quienes hicieron algunas recomendaciones y lo vieron viable jurídicamente.

De hecho, el fiscal general Néstor Humberto Martínez estaba enterado del proyecto. “Se le mencionó, por parte de Gustavo, la decisión de promover el sometimiento de los delincuentes”, reconoció una persona que participa de este grupo de estudio. Incluso, la respuesta del titular del Ente Acusador fue: “Pensamos en el tema si la Alcaldía de Medellín tiene un modelo de tratamiento a estas personas”.

Y frente a lo propuesto por el fiscal Martínez, se contempló en el proyecto de ley aplicar la experiencia que se logró con el proceso de reinserción de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que fue calificado por algunos sectores como exitoso.

Esa iniciativa, liderada por Villegas y su grupo de trabajo, se fundamenta en el Acuerdo Final firmado por el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc en noviembre del año pasado, particularmente en el punto 3.4.13., quehace referencia al “Sometimiento o acogimiento a la justicia” de organizaciones criminales que podrían poner en riesgo la vida de los reincorporados de ese grupo insurgente. (Ver Acuerdo Final, página 97)

“Lo que hicimos fue atrevernos a hacer un borrador pensado para el país con la asesoría de la mayor cantidad de gente que supiera del tema, fue un proceso abierto, no fue un asunto cerrado, no fue clandestino, todo el que lo pidiera y quisiera hacerle alguna revisión, lo conoció”, precisó la fuente consultada. (Ver borrador de proyecto de ley)

Uno de los expertos que conoció el borrador del proyecto de ley le dijo a VerdadAbierta.com que viajó a la capital antiqueña para participar en los análisis tras ser contactado por sus conocimientos en justicia transicional: “A mí me explicaron que la Alcaldía de Medellín estaba tratando de promover un proceso de sometimiento para bandas criminales que delinquen en Medellín y me preguntaron qué se podría pensar”.

Los análisis permitieron elaborar efectivamente un borrador de proyecto de ley que iba a ser expuesto en un foro con la participación de la Fiscalía para estudiar el tema más a profundidad, darle más contenido, pero las circunstancias hoy, a juicio de los consultados, no permiten seguir adelante con la idea.

“En ninguna parte de la Constitución dice que promover el sometimiento sea un delito”, conceptuó uno de los entrevistados, en defensa de Villegas y del proceso que lideró.

Además, varios abogados cercanos al proceso temen que el caso que se le sigue al exfuncionario envíe un mensaje negativo a quienes, desde la sociedad civil, buscan que cientos de jóvenes dejen sus armas y sus prácticas ilegales, para encontrar un proyecto de vida en la legalidad. “Ya no sabemos ni qué hacer, no queremos terminar judicializados por nuestras gestiones”, dijo un jurista consultado.

Por el momento, ni Villegas ni Zea aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, lo que implica que se irán a juicio. La audiencia de este jueves fue suspendida por la evacuación de las instalaciones a raíz de una amenaza de bomba por un paquete sospechoso que fue dejado en los alrededores; finalmente se estableció que se trató de una falsa alarma. Previamente, el Ente Investigador solicitó que se dicte detención intramuros para Villegas.

Al día siguiente, el Juez Segundo Especializado con Control de Garantías dictó medida de aseguramiento contra Villegas y Zea, recluyéndolos en diferentes centros penitenciarios de Antioquia. El togado argumentó que Villegas no denunció la extorsión que sufrió Surtialimentos sino que buscó acercamientos con “la criminalidad”; además, se le sindica de entrega de información privilegiada sobre carteles, operativos de captura y otras actividades de la Fiscalía.

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