En una reciente decisión de la justicia transicional en el caso que investiga el exterminio de la Unión Patriótica, se confirma la responsabilidad de las Convivir en la expansión y consolidación del proyecto paramilitar y la fuerte relación con sectores de la fuerza pública que, directa o indirectamente, forjaron una alianza que propició las más deleznables acciones contra civiles perfilados como subversivos.

El pasado 22 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)ordenó compulsar copias contra 51 exmiembros de la fuerza pública, varios de los cuales comparecen ante ese tribunal, así como contra varios civiles, por sus presuntos vínculos y apoyos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La decisión la tomó el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, magistrado en movilidad de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas (SRVR),  a partir de la investigación que realizó como parte del macrocaso 06, en el cual se revisan los crímenes cometidos contra miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP) para establecer quiénes fueron los responsables de tanta atrocidad. (Leer más en: Fuerza Pública, políticos, empresarios y paramilitares se aliaron contra la UP)

Según el Auto de más de 600 páginas, desentrañar las afectaciones perpetradas contra la UP en el Urabá antioqueño, y de manera conexa, en el departamento de Córdoba, así como en otras regiones del país, hacen parte del esclarecimiento de las alianzas de grupos paramilitares, agentes del Estado y asociaciones Convivir que derivaron en el proceso de victimización de esa organización política.

Por eso, la más reciente decisión tomada por la SRVR, respalda las compulsas de copias con un riguroso contexto sobre el origen y la consolidación del paramilitarismo de la mano de agentes del Estado y las Convivir. Según esta sala, es imposible comprender las dinámicas criminales contra la UP y otros movimientos políticos y sociales en el Urabá antioqueño y el departamento de Córdoba sin tener claras esas alianzas.

“Este binomio inseparable (paramilitares y fuerza pública) contó con el respaldo de otras instancias estatales, como el DAS y la Fiscalía, y más allá, con el respaldo del poder regional, en especial de la gobernación de Antioquia, así como con el apoyo decidido de una parte de empresarios bananeros, ganaderos y comerciantes”, reza el auto.

La estigmatización basada en tendencias políticas jugó un papel determinante para catalogar  a las víctimas, muchas de ellas integrantes o simpatizantes de la UP, como miembros activos de las Farc y, de esta manera, clasificarlas como parte del “enemigo interno” — en consonancia con la Doctrina de la Seguridad Nacional— a las  tendencias políticas de izquierda. Esta doctrina marcial derivó en diversas expresiones de violencia contra sindicalistas, campesinos, líderes sociales y agrupaciones estudiantiles.

Tras la creación de la UP como resultado de los acuerdos suscritos por el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986) y la guerrilla de las Farc, suscritos en 1984, y el considerable éxito político durante los comicios regionales posteriores, “dicha conquista electoral constituyó un detonante adicional del particular ánimo de destrucción del partido y de un número abrumador de sus miembros”, señala la JEP. (Leer más en: El saldo rojo de la Unión Patriótica)

Así, sectores de la fuerza pública, junto a estructuras paramilitares, con el apoyo de las Convivir, asesinaron, desaparecieron, amenazaron, desplazaron, detuvieron o exiliaron a cientos de simpatizantes de la UP. Sobre estos hechos, la SRVR ha concentrado su análisis en lo ocurrido en cuatro regiones, una de ellas Córdoba, Urabá y Atrato entre los años 1994 a 2001.

En su exhaustiva investigación, la magistratura señaló en el Auto que los aportes a la verdad de los militares retirados que comparecen a la JEP “lejos de coadyuvar en la reconstrucción de los hechos constitutivos de crímenes de notable gravedad, dan cuenta de constantes evasiones, imprecisiones, negativas, afirmaciones genéricas y difusas”, lo que muestra la tendencia a seguir el camino de los juicios adversariales, más que continuar en un proceso de diálogo  y aceptar la responsabilidad en los crímenes contra la UP.

Patrones sobre las Convivir

A partir de 13 testimonios de testigos; 10 inspecciones judiciales a diversas entidades estatales; y de la revisión de sentencias y decisiones de Justicia y Paz; de la justicia ordinaria; y de altos tribunales como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia y un ejercicio de georreferenciación, la SRVR estableció nueve postulados o patrones a través de los cuales queda claro lo que significaron las Convivir en la estrategia de apoyo al paramilitarismo y, en consecuencia, a afectar profundamente a la UP.

En el marco de la instrucción del macrocaso que investiga la SRVR, se estableció que, antes de unirse a los grupos paramilitares y de autodefensa, varios desmovilizados y posteriormente postulados a la Ley 975 de 2005 ejercieron roles como directivos, miembros, afiliados, empleados o patrulleros en las Convivir, especialmente en la región del Urabá antioqueño y el departamento de Córdoba. (Leer más en: Convivir en Urabá eran de las Auc: Tribunal Superior de Antioquia)

A finales de los años 80, las autodefensas promovidas por los gobiernos del Frente Nacional se transformaron en un aparato de violencia y guerra sucia, producto de una compleja alianza entre militares, narcotraficantes, políticos y sectores económicos. Según la Comisión de la Verdad, en el apartado No matarás del Informe Final, a pesar de que Cesar Gaviria, como ministro de Gobierno de Virgilio Barco, denunció la impunidad de estas estructuras, “no deja de ser paradójico, por tanto, que haya sido Gaviria quien luego como presidente promoviera la seguridad privada y abriera la compuerta para volver al viejo esquema”. (Leer más en: Así se gestó un engranaje de soporte bélico llamado ‘Convivir’)

A partir de una base de datos con información detallada de 36 asociaciones de Convivir —16 de Urabá y 20 de Córdoba—, la SRVR identificó a 248 de sus integrantes. Esa base, se lee en el Auto, contiene información detallada sobre la creación legal de estas asociaciones y su coordinación con entidades militares y estructuras paramilitares, así como detalles sobre áreas de operación. De esta manera, se pudo establecer que de las 248 personas, 57 de ellas pertenecieron o estuvieron vinculadas con estructuras paramilitares.

Sin embargo, en muchos casos fue imposible identificar con certeza a muchas de las personas que hicieron parte de las Convivir, en parte, por el mal manejo de las gobernaciones en el debido registro de los miembros directivos y operativos de esas asociaciones, “una omisión y negligencia inexplicables y difíciles de sustentar en momentos de tan alta violencia”, advierte la magistratura.

Entre 1995 y 1997, las gobernaciones de Antioquia y Córdoba impulsaron la creación, organización, legalización y operación de las Convivir ignorando los riesgos y las advertencias expuestas por diversos sectores sociales, políticos y humanitarios, tanto nacionales e internacionales. Además, asegura la SRVR, que esos entes territoriales no implementaron controles ni mecanismos de supervisión que evitaran que esas asociaciones fueran cooptadas por organizaciones paramilitares. Y destaca que existen pruebas suficientes que vinculan a servidores públicos de ambas gobernaciones con grupos paramilitares.

Los testimonios y sentencias corroboran la relación entre las Convivir y los paramilitares, señalando que fueron usadas como fachada legal para financiar y expandir el proyecto paramilitar, con respaldo de exjefes como Salvatore Mancuso, comandante del Bloque Norte; Córdoba y Catatumbo de las AUC; Hébert Veloza García, alias ‘HH’, quien tenía el mando de los Bloques Bananero y Calima; y Raúl Hasbún, comandante del Frente Arlex Hurtado, y quien impulsó la creación de Convivir en el Urabá antioqueño.

En diversos estrados judiciales, estos exjefes paramilitares confirmaron que las Convivir sirvieron para operaciones de inteligencia, patrullaje y como mecanismo de financiamiento mediante “cobros legales”, facilitando actividades ilegales bajo una cobertura legal. Asimismo, han explicado cómo las estructuras paramilitares tuvieron un rol protagónico en la creación y coordinación de las asociaciones Convivir, de manera directa o por personas interpuestas.

De acuerdo con el exjefe paramilitar Raúl Hasbún, una vez se conoció la propuesta de las Convivir “se decidió constituir una asociación de esas como estrategia para con el propósito inicial de acceder a armas de uso civil y de uso privativo, así como para cubrir las acciones de la organización paramilitar bajo su mando”, resalta el Auto en uno de sus apartes.

Las asociaciones fueron constituidas con el apoyo de brigadas militares y coordinadas por oficiales de alto rango, según las investigaciones de la SRVR. Así, el acceso a radios, armas y una amplia financiación permitió a los paramilitares establecer un control territorial y social en las zonas en las que operaban.

Según los elementos de prueba recopilados por este tribunal, las Convivir no sólo adoptaron la estrategia de suministrar información a la fuerza pública sobre la presencia de grupos subversivos en zonas rurales y urbanas, sino que también participaron en acciones ofensivas, principalmente en asesinatos, contando con la complicidad de la fuerza pública y el respaldo de grupos paramilitares.

“Ese carácter ofensivo se gestó, además, en medio de una constante estigmatización generada por servidores públicos y empresarios contra sectores políticos alternativos, como la Unión Patriótica y sindicatos agroindustriales y de maestros”, precisa el Auto.

Las Convivir y la masacre de Mapiripán

La consolidación del “laboratorio paramilitar” establecido en el Urabá antioqueño durante buena parte de la década de los 90 se replicó en varias zonas de Antioquia y tuvo el apoyo de la fuerza pública. “Este Despacho considera demostrado que, durante 1996 y 1997 mandos de la I División, Brigada XVII y Brigada XI, así como, específicamente, de los Batallones Vélez y Contraguerrillas 35, desarrollaron una estrategia conjunta con los grupos paramilitares, especialmente con la Casa Castaño”, precisa el Auto. (Leer más en: Las Convivir y la omisión que fortaleció a los paramilitares)

Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) incluso llegaron a incursionar en territorios del sur, como el Guaviare y el Meta, con las masacres de Mapiripán (julio de 1997) y Caño Jabón (mayo de 1998). Sobre la primera acción criminal, según ha establecido la justicia, el 12 de julio de 1997, un comando paramilitar viajó en avión desde pistas aéreas del Urabá antioqueño —que estaba controladas por la Brigada XVII del Ejército—, y llegó a San José del Guaviare, donde, sin dificultad en los retenes militares, las tropas de las ACCU llegaron por tierra al departamento del Meta y realizaron una incursión armada en el casco urbano de Mapiripán entre el 15 al 20 de julio, asesinando a por lo menos 49 personas y desplazando a unas 500 familias.

De acuerdo con un testigo entrevistado por la SRVR, el grupo paramilitar “llevaba un listado de la población civil a asesinar, y contaron con la ayuda de informantes que señalaban a las personas a ejecutar”. Además, fueron avisados del momento en que debían retirarse porque  el Ejército iba a ingresar a Mapiripán.

El papel que jugaron las Convivir en esta masacre se conoció a partir de versiones de exjefes paramilitares. Inicialmente, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en sentencia del 24 de septiembre de 2015, proferida contra Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, recoge una versión de Hébert Veloza, alias ‘HH’, según la cual el traslado desde el Urabá antioqueño del comando paramilitar que perpetró la masacre habría sido coordinado entre el exparamilitar Raúl Hasbún y Alberto Osorio Mejía, representante legal de la Convivir Punta de Piedra.

“Mientras figuraba legalmente como representante de la Convivir, debidamente autorizada, Osorio Mejía coordinó con Hasbún la logística para que aviones trasladaran a un grupo de ‘paras’ del Urabá antioqueño al departamento del Meta, en el otro extremo del país, para que hicieran la masacre de Mapiripán”, recoge, en la sentencia de Justicia y Paz, el testimonio de ‘HH’. (Leer más en: Las Convivir, motor de la guerra paramilitar)

Sin embargo, en la reciente decisión, la SRVR precisó que la participación de las Convivir en esa masacre fue más allá: con dineros recaudados por esas asociaciones del Urabá antioqueño, agrupadas en la Convivir Papagayo, se financió la preparación militar del comando paramilitar que perpetró la masacre en Mapiripán.

El testimonio reservado de un exjefe paramilitar, que detalló su participación en los hechos, reconoció ante la SRVR que con parte de los recursos que les llegaban a las Convivir “se financió el entrenamiento del grupo de las ACCU que viajó a Mapiripán y cometió la cruenta masacre”. Y precisó: “Nunca para la masacre, pero sí para el entrenamiento de esa gente”.

La preparación tuvo lugar en la base paramilitar que las ACCU instalaron a finales de 1996 en la vereda El Guineo, entre Apartadó y San José de Apartadó. Para 1997, en este espacio, se desarrollaron cursos de entrenamiento a un grupo de 89 hombres, dentro de los que se encontraban Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, y Elkin Orlando Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’. Desde el aeropuerto de Carepa, bajo control de la Brigada XVII del Ejército, se embarcaron las tropas en dos aviones hacia el departamento del Meta y cometieron la masacre de Mapiripán como preámbulo de la constitución del Bloque Centauros.

Entre los paramilitares que viajaron a Mapiripán se encontraba Arnoldo Vergara Trespalacios, quien para la fecha de construcción de la Convivir Costa Azul, el 15 de julio de 1996, figuraba como el revisor fiscal. Antes de esto, fue uno de los fundadores de la organización paramilitar “Los Güelengues”, base del Bloque Elmer Cárdenas de las ACCU. Vergara fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de Mapiripán.

El testigo reservado también aclaró que las dos aeronaves en las que se movilizaron a los hombres de las AUC de Urabá a Guaviare fueron aportadas por Francisco Cifuentes Villa, un narcotraficante cercano a las ACCU.

Compulsa de copias

La decisión del magistrado Salazar Arbeláez ordena poner en conocimiento sus hallazgos y continuar su investigación en tres macrocasos de ese tribunal: el Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado; el Caso 04, sobre violaciones al Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos en la región de Urabá y el Caso 08, por crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y agentes del Estado, algunos en asociación con estructuras de las AUC.

Los comparecientes obligatorios referidos en la decisión son 51, y pertenecían a la Primera División del Ejército; a las Brigadas XVII y XI; al Batallón de Contraguerrilla No. 35; al Batallón Junín; al Batallón de Fuerzas Especiales, al Batallón de Infantería No. 35, Jaime Diaz; al Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos; y al Batallón de Infantería No. 33, Batalla de Junín.

También se ordenó compulsar copias del Auto a la Fiscalía General de la Nación contra dos personas terceras no comparecientes ante la JEP: Herman Arias Gaviria, exsuperintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y Eduardo Duque Becerra, excontratista de la Gobernación de Antioquia .

La magistratura pidió a la Fiscalía investigar a Arias Gaviria porque durante su gestión entre 1995 y 1996 se promovieron y constituyeron las asociaciones Convivir , que fortalecieron los grupos paramilitares, “sin que hubiese un efectivo control sobre los integrantes de aquellas ni sus operaciones, lo que permitió que fueran cooptadas por grupos paramilitares, especialmente por las ACCU en la región del Urabá antioqueño y en el departamento de Córdoba”, destaca el Auto.

En el caso de Duque Becerra, la magistratura presume que mientras fungió como asesor en seguridad de la Gobernación de Antioquia, del 23 de septiembre a 31 de diciembre de 1996 y 13 de enero a julio de 1997, tuvo alianzas con los mandos de las ACCU, tanto en Medellín como en Córdoba, con el fin de gestionar asuntos de armas y contactos ante la IV Brigada del Ejército, y apoyar sus actividades criminales.

Este caso empieza con dos contratos en los que la Gobernación de Antioquia vinculó a Duque Becerra  para coordinar los trámites relacionados con la constitución de las Convivir, según se lee en los documentos obtenidos por la JEP. Sin embargo, Duque Becerra, escuchado en audiencia por la SRVR, negó que haya tenido que ver con la constitución de las cooperativas, y sostuvo que no era invitado a las reuniones relacionadas con ese tema y aclaró que quienes tenían que ver con este asunto era el secretario de Gobierno Departamental de la época, Pedro Juan Moreno Villa,  y dos de sus subalternos.

Pero su nombre no era desconocido en las filas paramilitares. En indagaciones realizadas por la SRVR se encontraron las declaraciones del exjefe paramilitar Hébert Veloza García y  Rodrigo Alberto Zapata Sierra sobre una persona a la que se le conocía con el sobrenombre de ‘Pavarotti’. El despacho estableció que la persona conocida con ese apodo era  el excontratista Duque Becerra, quien admitió que así lo llamaban, pero negó que se hubiera reunido en algún momento con paramilitares e insistió que su apodo tenía un origen lejos de la ilegalidad.

Su nombre tampoco era desconocido para las autoridades judiciales. Años atrás, la Fiscalía 20 Delegada ante Justicia y Paz ya había compulsado copias para que Duque Becerra fuera investigado, abriendo en su contra un expediente por el delito de concierto para delinquir. Dentro de la investigación en la justicia ordinaria, el exparamilitar Zapata Sierra declaró que el excontratista de la Gobernación de Antioquia era amigo personal de Vicente y Carlos Castaño, ante quienes, según él, “presumía sobre sus contactos en la Cuarta Brigada de Medellín y de coordinar con Pedro Juan Moreno Villa las Convivir de Antioquia”.

La justicia continúa aportando a la verdad de los hechos sobre las alianzas paramilitares. El camino para encontrar los responsables y su papel en la guerra aún es largo y requiere de las acciones de todos los tribunales del país. El capítulo de las Convivir es uno de ellos.

The post Convivir financiaron tropas de la masacre de Mapiripán, según compulsa de copias en macrocaso sobre la UP appeared first on VerdadAbierta.com.

La tarea que le encomendaron a Luis Alberto Agudelo Jiménez, conductor de oficio, era clara: cambiar cheques girados a su nombre y entregarles el dinero a intermediarios del Frente Arlex Hurtado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que operaba en la zona urbana del Eje Bananero en el Urabá antiqueño.

Esas operaciones, de acuerdo con su propia confesión ante autoridades judiciales, las realizó entre los años 1995 y 2000. Los cheques se los entregaba Juan Manuel Alvarado, gerente de seguridad de C.I. Banadex S.A., comercializadora del banano asentada en esta región agroindustrial de Antioquia y filial en Colombia de la multinacional Chiquita Brands. En un par de ocasiones, según el sentenciado, fue llamado por Víctor Hugo Buitrago, quien reemplazó a Alvarado en el cargo en el año 2000.

“Quiero informar a la Fiscalía que debo decir que yo cambiaba los cheques, porque estaba recibiendo por ello una bonificación especial y sabía que estaba cometiendo un delito”, reconoció Agudelo Jiménez durante una ampliación de indagatoria realizada el 18 de febrero de 2019.

Por esas transacciones ilícitas fue vinculado el 30 de octubre de 2015 a la investigación penal por cuanto, según la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, “apareció señalado como partícipe en una de las estrategias utilizadas por los directivos de la comercializadora de banano C.I. BANADEX, orientada a proveer de manera regular recursos económicos” a estructuras paramilitares del Urabá antioqueño.

Si bien en un principio reconoció que se prestó para que se giraran “múltiples cheques a su nombre sin que existiera fundamento para ello”, y que el dinero cobrado era entregado a Alvarado, no admitió que esos recursos terminaran en las arcas del Frente Arlex Hurtado.

Tres años después, y con el avance de las investigaciones, Agudelo Jiménez presentó solicitud de sentencia anticipada por el cargo de concierto para delinquir y el pasado 28 de febrero fue sancionado penalmente en primera instancia a 72 meses de prisión, sanción que se le redujo a 36 meses por aceptar el cargo formulado por la Fiscalía. (Descargar sentencia)

Parte de un engranaje

De acuerdo con los hechos analizados por el Juzgado, desde 1996 “varias personas vinculadas a diferentes títulos con la industria bananera asentada en municipios de la región del Urabá, se concertaron con el propósito de ejecutar acciones tendientes a promover y financiar el Frente Arlex Hurtado […] Acciones que se extendieron hasta la fecha en que se verificó la desmovilización del grupo ilegal anotado, esto es, el 25 de noviembre de 2004”.

En ese engranaje participó Agudelo Jiménez, quien, según se lee en la sentencia, “en virtud de acuerdo de voluntades sirvió de intermediario para que una empresa comercializadora de Banano (C.I. BANADEX) entregara sumas dinerarias a la organización delictiva anotada, conducta que desplegó desde el año 1996 hasta el año 1999 en los municipios de Medellín y Apartadó, Antioquia”.

A partir de diversos testimonios, la Fiscalía estableció que el condenado acudió en diversas ocasiones en esos años a los bancos para “cobrar cheques girados a su nombre sin que hubiese causa legal para ello y posteriormente entregó los dineros retirados a miembros de la referida organización delictiva como estrategia para su financiación”.

De acuerdo con reportes de contabilidad, el ente acusador pudo establecer que entre recibos a nombre de Agudelo Jiménez y los cheques girados y cambiados en sedes bancarias alcanzaron la suma de 199 millones de pesos.

La revisión de las cuentas realizada por la Fiscalía en los archivos contables de C.I. Banadex arrojó que, efectivamente, los pagos fueron liquidados por Alvarado y autorizados por Charles Keiser en unas ocasiones y por José Luis Valverde en otras, altos directos de la comercializadora. Los conceptos de los pagos fueron diversos, desde detalles codificados como “Control STM”, hasta aportes a la “Convivir Punta de Piedra” y “Suministro de Balastro”.

Esa estrategia fue revelada en 1999 en Estados Unidos por John Paul Olivo, quien fungió como director financiero de la filial de Chiquita Brands en Colombia desde 1996 hasta 2001, durante el proceso que las autoridades de ese país llevaron contra esta multinacional por sus aportes a grupos armados ilegales.

Detalles de la declaración de Olivo fueron publicados por este portal en diciembre de 2018. En su declaración ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), señaló al Jefe de Seguridad de la empresa, de quien dijo que “negociaba con los grupos, pedía los pagos, y entregaba los fondos, casi siempre a través de un tercero. No había recibos como tampoco manera alguna de saber a quién se le entregaba el dinero”. (Leer más en: Así actuaron los 13 de Chiquita acusados de crímenes de lesa humanidad en Colombia)

Lo que ha quedado claro es que Agudelo Jiménez estaba inmerso en una actividad ilegal de grandes proporciones y de la cual era una de sus piezas. De acuerdo con estimativos contables que fueron realizados por exdirectivos de la comercializadora de banano, C.I. Banadex S.A. habría pagado 1,7 millones de dólares a las ACCU entre 1997 y 2004.

El despacho judicial en su sentencia reiteró que el conductor sentenciado “voluntariamente y sin justificación alguna estuvo concertado para transferir de forma recurrente dineros desde la empresa C.I. BANADEX (entiéndase financiar) con destino a un grupo de Autodefensa, y que era consiente de estar inmerso en una conducta delictiva”.

Esos pagos fueron acordados en Medellín durante una reunión que sostuvieron Carlos Castaño, el líder de las Accu; Charles Keiser, gerente general de C.I. Banadex S.A.; y Reinaldo Escobar de la Hoz, abogado de la empresa, así como Irving Bernal Giraldo, miembro de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) y uno de los fundadores de la cooperativa de seguridad privada Papagayo.

En un artículo publicado por este portal se detalló ese encuentro, realizado en la lujosa casa conocida como Montecasino y narrado por Bernal en una indagatoria celebrada 30 de junio de 2015 ante la Fiscalía: “Ustedes le están dando plata a la guerrilla y yo no voy a permitir eso”, les dijo Castaño. Bernal, que acababa de salir de un secuestro, negó la acusación y le contó al jefe paramilitar sobre la idea de Augura de financiar cooperativas de seguridad privada, conocidas como Convivir.

“Entonces él conmigo se rebajó, se calmó un poco y entonces miró al señor Keiser y le dijo ‘pero usted sí le está dando plata a la guerrilla’, a lo que Keiser como que asintió”. Bernal cuenta que Castaño y Keiser hablaron en privado y, según él, al final de la conversación el jefe paramilitar dijo “ya quedó clara la cosa”. (Leer más en: Chiquita Brands pagó más de 800.000 dólares a las guerrillas)

La investigación adelantada por las autoridades estadounidenses fue tan contundente que Chiquita Brands no tuvo otro camino que declararse culpable en marzo de 2007 de financiar grupos considerados terroristas y pagar una multa de 25 millones de dólares en ese país.

¿En busca de impunidad?

Luego de conocerse esa admisión de culpabilidad, un ciudadano presentó en Colombia una denuncia contra la multinacional, razón por la que la Fiscalía abrió formalmente investigación el 30 de abril de 2007. Ese proceso, que este año cumplirá ante los estrados judiciales 16 años después, involucra a 10 personas que, en el periodo 1997-2004, ocuparon cargos directivos de C.I. Banadex y C.I. Banacol y se les acusa de tener conocimiento de los aportes que se le hicieron a las ACCU en el Urabá antioqueño.

El proceso penal involucra a Víctor Manuel Henríquez, Javier Ochoa Velásquez, Jorge Alberto Cadavid Marín, Reinaldo Escobar De La Hoz, John Paul Olivo, Charles Keiser, Álvaro Acevedo, José Luis Valverde, Víctor Julio Buitrago y Fuad Alberto Giacoman.

Tras desestimar las pruebas recaudadas y la declaratoria de culpabilidad en Estados Unidos, la Fiscalía precluyó la investigación a favor de los directivos de la comercializadora de banano el 6 de marzo de 2012, justo el mismo día que la entonces titular del ente investigador, Viviane Morales, dejaba el cargo. Esa decisión fue apelada por los representantes de víctimas y el 7 de diciembre de ese mismo año, el entonces vicefiscal General de la Nación, Jorge Perdomo, revocó la preclusión y ordenó la continuación de la investigación y la práctica de pruebas.

Una de las decisiones adoptadas por el ente acusador para evitar que el proceso contra los directivos de las comercializadoras de banano prescribiera la acción penal, fue la de confirmar “la declaratoria del delito de concierto para delinquir agravado como un delito de lesa humanidad”, lo que convierte el delito en este caso en imprescriptible. Esta connotación fue incluida en la resolución de acusación presentada por el vicefiscal General de la Nación encargado, Jaime Camacho Flórez, el 19 de septiembre de 2019.

A esa actuación se sumó la petición del ente acusador de cambiar la radicación del proceso de tal manera que su fase de juzgamiento continuara en estrados judiciales fuera de Antioquia. La solicitud fue presentada por la Fiscalía 68 de la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos, el 25 de junio de 2020.

La funcionaria argumentó razones de seguridad para solicitar ese cambio y expuso tres casos: las amenazas reiteradas contra el principal testigo del caso, el exparamilitar Raúl Hasbún; y el asesinato de su abogado, Edquir José López Londoño, ocurrida el 5 de mayo de 2011 en el municipio de Bello; así como el homicidio de otro de los testigos, Alberto Osorio Mejía, sucedido el 12 de septiembre de 2014 en zona rural de Montería, Córdoba.

Estos hechos dieron pie para que la delegada del ente acusador planteara que los riesgos corridos por los testigos se irradiaran sobre otros testigos, así como funcionarios judiciales, abogados defensores y representantes de las víctimas: “Pues evidente resulta que el propósito final de las amenazas y actos violentos no es otro que impedir que los principios de verdad, justicia y reparación se obtengan en el curso normal de la actuación”.

Esa petición fue desestimada y el proceso siguió su curso bajo la competencia del Juzgado Quinto Especializado de Antioquia que para continuar con los trámites le dio traslado de la resolución de acusación a los abogados defensores y a los representantes de las víctimas.

Los abogados de los diez directivos presentaron cinco solicitudes de nulidad de la resolución de acusación, entre ellas la relacionada con el delito imputado –concierto para delinquir– tras considerar que se les estaba aplicando aquel que era más perjudicial para sus representados por las sanciones penales que implica.

Asimismo, cuestionaron la calificación del concierto para delinquir como delito de lesa humanidad por cuanto se “acudió a consideraciones que permiten calificar una conducta como crimen de guerra; cuando se tratan de estructuras diferentes, rodeadas de diversas características y elementos integradores; por lo que se observa una evidente confusión del despacho fiscal”. Y, además, cuestionaron que bajo esa catalogación el delito es imprescriptible y, en esa medida, sus defendidos no gozan de un término razonable para la investigación.

Los abogados también expusieron como causales de nulidad la indebida valoración probatoria, el vencimiento del término de la instrucción y la afectación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, y la vulneración al debido proceso por la doble incriminación en la resolución de sustanciación y en la resolución acusatoria.

Las nulidades solicitadas fueron negadas en primera instancia el 27 de mayo de 2021 por el Juzgado Quinto Especializado de Antioquia. Con relación al delito de concierto para delinquir imputado, desestimó la nulidad tras argumentar que esa “calificación jurídica es provisional y por lo tanto, la misma puede ser variada, hasta por el juez de conocimiento al momento de proferir la sentencia correspondiente”.

Sobre la solicitud de nulidad del delito de concierto para delinquir como crimen de lesa humanidad, el Juzgado respaldó lo dicho por la Fiscalía y aseveró que “no se configura una violación al debido proceso” tras respaldar su argumento en diversos pronunciamientos de las altas cortes y basado en ellos aseveró que si se garantizará “el cumplimiento con los términos de investigación y de juzgamiento”.

Con relación a la indebida valoración probatoria y a la vulneración al debido proceso por la doble incriminación en la resolución de sustanciación y en la resolución acusatoria, el despacho judicial indicó que se abordarán al momento de proferir sentencia.  Y sobre la afectación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, reconoció que fue subsanado tras presentarse la resolución de acusación. (Descargar Auto Primera Instancia)

El rechazo de las solicitudes de nulidad fue apelado y la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia confirmó lo decidido, recurriendo a los mismos argumentos expuestos en la primera instancia. (Descartar Auto Segunda Instancia)

De otro lado, lo que también se volvió motivo de disputas judiciales ha sido la petición de pruebas por parte de los abogados defensores, con las cuales pretenden demostrar que los directivos bananeros no incurrieron en ningún delito asociado a la financiación de grupos paramilitares. Impugnaciones, tutelas, nuevas decisiones, más apelaciones, se han convertido en la estratagema para dilatar un proceso que ajusta 16 años en los estrados judiciales.

Este caso refleja una paradójica situación judicial que, en diversos artículos divulgados por este portal, ha quedado evidenciada: A pesar de una multa de 25 millones de dólares impuesta a Chiquita Brands por esos pagos tras declararse culpable e incontables años de litigio civil en las cortes estadounidenses, impulsado por víctimas del paramilitarismo que se benefició con esos pagos, ni un sólo empleado de la multinacional ha sido procesado y considerado responsable, ni en Estados Unidos o Colombia, por los crímenes perpetrados en el Urabá antioqueño.

Y como en todo proceso donde se juegan intereses corporativos multinacionales, la cadena se rompe por su eslabón más débil, en esta ocasión representado por un taxista que en aras de ganarse la confianza de un cliente prestó su nombre y su firma para mediar en la financiación de grupos paramilitares.

The post Sanción penal a taxista ratifica que multinacional bananera financió a las Accu en Urabá appeared first on VerdadAbierta.com.

Corrupción, nepotismo, mal uso de recursos, baja moral, falta de aprendizaje de los errores del pasado, liderazgo deficiente, carencia de planificación estratégica e indiscutidas alianzas con grupos paramilitares son algunas de las características que el cuerpo diplomático estadounidense destacado en Colombia le atribuyó al Ejército Nacional a finales de la década de los noventa.

Buena parte de los comentarios plasmados en documentos que, en su momento, fueron clasificados como “secretos” o “confidenciales”, se conocieron luego de que The National Security Archive (NSA) publicara el pasado lunes un artículo en que aludió a las sospechas que tenían en la capital norteamericana sobre los supuestos nexos del expresidente y exsenador Álvaro Uribe con organizaciones paramilitares y del narcotráfico en las décadas de los ochenta y noventa.

El paquete de reportes que contiene información del país de por lo menos 25 años fue desclasificado por el gobierno estadounidense en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) presentada por la organización norteamericana NSA.

Pero más allá de la coyuntura para el país, en momentos en que se discute si Uribe tuvo vínculos con grupos paramilitares y se valió de ellos para potenciar su carrera política, en buena parte de los documentos en los que la NSA basa su artículo quedó plasmada una crítica radiografía del Ejército colombiano, justo en una época en la que avanzaba el paramilitarismo sin mayor contención hacia zonas donde operaban las guerrillas de las Farc y el Eln, y en las que había enclaves de producción de cocaína.

Desde 1985, el NSA ha recolectado y analizado documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos a partir de la Ley por la Libertad de la Información. Para el año 2014 la organización tenía en su poder más ocho mil archivos sobre Colombia en los que figura desde información sobre el Cartel de Medellín o la toma del Palacio de Justicia, hasta los nexos documentados de la empresa Chiquitas Brands con organizaciones paramilitares o las chuzadas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Michael Evans, uno de los analistas de la NSA que más ha trabajado en la desclasificación de documentos referidos al país, le dijo a este portal hace un par de años, durante una entrevista, que “es más fácil acceder a información sobre Colombia en Estados Unidos que en Colombia”.

Críticas fuertes

Las percepciones sobre el Ejército quedaron registradas en uno de los reportes que altos funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Colombia enviaban constantemente a sus superiores en Washington para informar sobre lo que venía ocurriendo en el país. El más crítico está fechado el 3 de marzo de 1998. (Descargar documento)

Era el último año presidencial de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) y un hombre que para la época ya era un oficial retirado del Ejército mantuvo una conversación con funcionarios de la embajada estadounidense destacados en Bogotá, en la cual acusaba al Ejército de ser una institución con serios problemas de control, corrupción y alianzas con organizaciones paramilitares.

La fuente de la embajada describió los problemas que tuvo el Ejército entre 1986 y 1996. En su relato a los funcionarios diplomáticos, resaltó que a partir de la toma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, las Fuerzas Militares sufrieron un cambio significativo, pero las razones no son claras porque el documento está intervenido para proteger apartados de información, entre estos la identidad del oficial retirado; sin embargo, fue enfático en señalar que el Ejército tenía un serio problema para aprender de los errores del pasado y carecía de estrategia y liderazgo.

El reporte consignó que los soldados, citando a la fuente entrevistada, “no quieren combatir, sienten que no es su guerra, sino la guerra de los políticos y los generales”. Además, la fuente de la embajada culpó de la baja moral de las tropas a la división entre la clase política gobernante y los militares, y entre los altos oficiales.

En el campo de batalla, esas debilidades estaban siendo develadas a través de varias derrotas propinadas por la extinta guerrilla de las Farc, entre ellas la emboscada al grupo de Caballería en Puerres, el 15 de abril de 1996; la toma de la base militar Las Delicias, el 30 de agosto de 1996; y el ataque al cerro Patascoy, el 21 de diciembre de 1997.

Esas acciones subversivas, que costaron vidas y en las que resultaron secuestradas decenas de integrantes de la Fuerza Pública, significó para el Ejército humillación y deshonra, que repercutió en el espíritu militar.

El crecimiento de las tropas insurgentes era una situación notable que repercutió en el impacto de sus acciones. La embajada anotó en el documento que para 1998 estimaba alrededor de “125 mil soldados del ejército colombiano y probablemente no más de 18 mil guerrilleros en total”, lo que significaba una relación de siete militares por cada guerrillero.

En su relato, el oficial retirado expresó ante los funcionarios norteamericanos su preocupación porque el Ejército estaba prestando servicios de seguridad privada a empresas públicas y privadas, entre ellas algunas empresas petroleras estatales y extranjeras, llegando a afirmar que “alrededor del treinta por ciento (de las tropas) han sido ‘privatizadas’” e indicando que las brigadas móviles estaban posicionadas “para proteger los intereses económicos de la élite”.

También explicó que las líneas entre Policía y Ejército se encontraban difusas para la época, pues con frecuencia la Policía asumía labores que le correspondían al Ejército y el Ejército desempeñaba tareas civiles como lo era la protección de la propiedad privada. Esto desembocaba en un tufo de rivalidad entre ambas fuerzas.

Según el reporte diplomático, el Ejército colombiano estaba “paralizado por la corrupción, la ineficiencia y la falta de voluntad política” y expuso como ejemplo las tramas que hicieron muchos ciudadanos con recursos suficientes para evitar, con la complicidad de los oficiales encargados de las oficinas de reclutamiento, que sus hijos prestaran el servicio militar obligatorio.

“Aquellos que no escapan por soborno, falsas exenciones médicas o estudiando en el extranjero, encuentran facilidades en la Guardia Presidencial o en la Unidad de Paz del Ejército colombiano en el Sinaí”, declaró el exoficial retirado y agregó lo que para él era una gran contradicción: “El hijo de un campesino que intenta evitar el servicio militar es enviado a la cárcel”.

La fuente entrevistada por la embajada agregó que el Ejército estaba compuesto por varias facciones: “El Ejército de los casados, el de los solteros, el de los hijos de los generales, el de los hijos de los sargentos, el de los amigos de los políticos y el de los suegros de los generales. Y así sucesivamente”.

El oficial retirado expuso, como ejemplo, el ascenso de oficiales que no han prestado servicio en combate y son escogidos selectivamente por encima de los méritos de otros. Ellos tenían poca credibilidad a la hora de dirigir tropas a la batalla. Ese “nepotismo” dentro de las políticas de la institución lo mencionaba como una constante y uno de los más grandes problemas internos.

Y agregó el reporte que varios altos oficiales “vivían en el lujo, mientras las tropas mal pagas apenas se las arreglan” y para el año de la entrevista afirmó que muchos de los mejores oficiales se estaban retirando “desilusionados con un Ejército abandonado para hacer el trabajo sucio de una élite política poco comprometida”.

Paramilitares y derroche

Esa tendencia a la “privatización” de la que habló el oficial retirado en la embajada no sólo se reflejaba en la prestación de servicios de seguridad y vigilancia a empresas del sector petrolero; también se expresaba en la articulación con grupos paramilitares en las décadas del ochenta y noventa, cuando comenzaron a surgir con el fin de enfrentar a las guerrillas de las extintas Farc y del Eln.

Buena parte de la desmotivación de las tropas narrada por la fuente de los diplomáticos se dio en momentos que el proyecto paramilitar liderado por los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil estaba tomando fuerza.

Para el oficial retirado, los paramilitares, como la guerrilla, se estaban lucrando del negocio de las drogas, razón por la cual consideraba insostenible la cooperación de miembros de las Fuerzas Militares con el paramilitarismo, aunque reconoció que era una situación que se estaba dando de manera cada vez más frecuente.

El oficial en retiro les mencionó a los funcionarios de la embajada que el entonces general Iván Ramírez Quintero, para aquellas épocas Inspector General del Ejército, y el general Rito Alejo Del Río, comandante de la Brigada 17 del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia, eran “los dos oficiales del Ejército más corruptos de Colombia”.

Sostuvo que Del Río le dijo al personal de la guarnición militar bajo su mando que cooperaran con los paramilitares siempre y cuando Del Río estuviera físicamente ausente del área. En el 2012, el alto oficial, llamado ‘el pacificador de Urabá’ por el exsenador Uribe, fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato del campesino Marino López Mena el cual fue perpetrado por paramilitares en complicidad con el Ejército en febrero de 1997. (Leer más en: Rito Alejo del Río y el asesinato de Marino López)

También acusó a Del Río de participar en el desvío de un avión cargado con armas y municiones a paramilitares en la región de Magdalena Medio en 1985, cuando estaba destacado en la región y ostentaba el grado de Teniente Coronel. El hecho habría salido a la luz pública, según la embajada, porque el avión se estrelló; sin embargo, tras hacer una revisión de prensa, este portal no encontró registros de la ocurrencia de dicho accidente aéreo.

El oficial retirado se refirió, además, a la Inteligencia Militar colombiana y según la fuente entrevistada por los funcionarios norteamericanos, era usada con frecuencia para reunir “secretos sucios en lugar de procesar información para el combate”. Lo que lograba obtenerse con esas pesquisas ilegales era empleado después por el “Gobierno para espiar a los enemigos políticos o resolver venganzas personales”.

Sostuvo que el dinero destinado a los trabajos de inteligencia “se guarda en un cajón para comprar collares para las esposas de los generales, whisky para fiestas y otros gastos no autorizados”. Para el exoficial, más allá de un presupuesto para las Fuerzas Militares, el problema era el manejo y fiscalización de esos fondos. También, de manera superficial, aseguró que miembros del Ejército estaban involucrados con actores del narcotráfico y sus actividades económicas.

Los miembros de la embajada le preguntaron quién era “el padrino” de la “mafia” detrás de la Inteligencia Militar. El reporte detalla que, después de una pausa, el oficial en retiro respondió que el general Iván Ramírez Quintero “por más de veinte años”. Y agregó que se “rodeaba de personas que lo encubrían” y que se había “enriquecido con los fondos públicos” a partir de su poder. Y aseveró que otros militares se estaban enriqueciendo con el tráfico de armas, vehículos, uniformes y arsenal bélico.

El general Manuel José Bonnet, quien para la fecha de la entrevista era el comandante general de las Fuerzas Militares, se había puesto en contacto con el oficial en retiro, y tal y como lo sostuvo en la conversación con los miembros de la embajada, si le pedía una entrevista para dialogar sobre lo que andaba mal en el Ejército, “planeaba hablar francamente y dar más detalles sobre la corrupción y la ineficiencia de lo que estaba dispuesto a hacer con el personal de la embajada. Y era consciente de lo que hacía pues dijo: ‘Espero críticas, pero el público tiene derecho a saber si su dinero se está gastando en helicópteros o en Mercedes’”, haciendo alusión a la prestigiosa marca de vehículos alemana.

Al final de este reporte, los funcionarios de la embajada que escucharon la versión del exoficial del Ejército escribieron una nota en la que expresaron que tal vez exageró algunos puntos del declive de las Fuerzas Armadas, pero agregaron: “No tenemos motivos para dudar de su credibilidad. Su diagnóstico nos pareció exacto”.

Tanto Del Río como Ramírez se acogieron a la Juridiscción Especial para la Paz (JEP), instancia creada tras el Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. Ambos oficiales en retiro son procesados por acciones cometidas en razón de sus labores en el Ejército y que son consideradas violatorias de los derechos humanos.

En otros documentos desclasificados por la NSA se hacen varias referencias a los generales en retiro Del Río y Ramírez extraídas de varios medios de prensa colombianos y estadounidenses que a través de diversas fuentes de ambos países los señalan de favorecer a grupos paramilitares con la entrega de armas y pertrechos supuestamente para combatir a la insurgencia.

Uno de esos reportes, fechado el 13 de agosto de 1998, registra un presunto vínculo del primero de ellos con el suministro de 150 ametralladoras para grupos paramilitares del Magdalena Medio, vínculos que fueron denunciados por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y la organización Justicia y Paz. (Descargar documento)

En ese mismo documento se registró la molestia del general Ramírez por un reportaje del diario Washington Post, publicado dos días atrás, en el que se le señaló de violaciones de derechos humanos y de favorecer a grupos paramilitares. Si bien replicó el artículo periodístico, cuestionando al Departamento de Estado como generador de la información en su contra, las consecuencias fueron adversas para este oficial en retiro experto en inteligencia militar.

“El Departamento (de Estado) encontró que la evidencia de su complicidad en repetidas y graves violaciones a los derechos humanos era suficiente para revocar su visa”, se lee en el documento. Para esa fecha, Ramírez estaba con un pie afuera del Ejército, aspecto que celebraron en la embajada por cuanto su salida “contribuirá a la profesionalización” de las tropas.

Al final del reporte, los funcionarios de la embajada consignaron que los animaba “la aparente diligencia” de la Fiscalía “en la investigación de los vínculos entre altos oficiales del Ejército y los paramilitares”. A juicio de quienes prepararon este documento, “esas investigaciones servirán como un indicador para aquellos oficiales del Ejército que continúan ayudando ilegalmente o trabajando con grupos paramilitares”.

Dos años atrás, en otro reporte de la embajada a sus superiores en Washington hicieron referencia a los presuntos nexos del Ejército con grupos paramilitares. En uno de los documentos, fechado el 28 de septiembre de 1996, se precisó que “no se conoce ninguna conexión oficial entre el Ejército colombiano y las diversas organizaciones que operan en todo el país”. (Descargar documento)

Sin embargo, agregaron los funcionarios que prepararon el informe, que “a nivel local, comandantes del Ejército entran en discretos matrimonios de conveniencia” con el fin de obtener información sobre grupos guerrilleros en sus zonas de operación y aseveraron que “los comandantes locales (del Ejército) encuentra imprudente no mantener diálogos con estos grupos”.

Al final del reporte, se precisó que lo dicho allí era “una evaluación honesta e informada de una cuestión amorfa, igualmente perturbadora y difícil de aclarar”. Se sugirió que la doctrina militar podría mantener a las tropas a distancia de los paramilitares, “pero la realidad es abrumadora y todo el mundo, incluyendo los altos mandos, lo saben”.

Y resumieron en una frase lapidaria la actitud de las Fuerzas Militares en relación con negar sus presuntos nexos con grupos paramilitares: “La negación que se pretende alcanzar con esta farsa no vale ni una moneda de cinco centavos, y no debería dársele crédito”.

El tema volvió a ser incluido en un reporte de inteligencia fechado el 2 de diciembre de 1997 que se tituló “Colombia: Actualización de los vínculos entre las fuerzas militares y paramilitares”. En este documento se afirma que “las fuerzas de seguridad -posiblemente incluyendo unidades que reciben o pueden recibir ayuda de EE.UU.- no hicieron nada para detener dos masacres de civiles perpetradas por paramilitares y pueden haber facilitado la llegada y escape de los involucrados en los ataques”. (Descargar documento)

El reporte hace referencia a varias masacres, como la de Mapiripán, departamento del Meta, perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) entre el 15 y el 20 de julio de 1997 y que habría dejado por lo menos 30 personas asesinadas. (Leer más en: Mapiripán, telón de fondo de la condena contra el exgeneral Uscátegui)

La segunda masacre referida fue la cometida por las Auc en Miraflores, Guaviare, el 17 de octubre de ese mismo año, y en la que perdieron la vida 12 campesinos. En esa ocasión, como en la de Mapiripán, los paramilitares llegaron por vía aérea, por lo que las tropas acantonadas en esos lugares estarían enteradas de la incursión armada contra la población civil.

Una de las preocupaciones expresadas en este reporte fue el de la expansión paramilitar. Seis meses antes de la remisión del documento se habían creado las Auc como una confederación de grupos de autodefensa en todo el país y lideradas militarmente por Carlos Castaño.

“[…] los informes parecen augurar esfuerzos de los paramilitares por establecer relaciones con los comandantes locales (del Ejército) en nuevas zonas en las que los grupos tratan de ampliar sus operaciones, como en los departamentos de Meta y Caquetá”, se lee en el reporte y agrega que esa expansión incluía bastiones de las Farc y el Eln, como en efecto ocurrió, sin mayor contención de la Fuerza Pública.

El análisis expuso una visión pesimista sobre los controles que impondrían las Fuerzas Armadas para contener el paramilitarismo. “Las perspectivas de una acción concertada por parte del alto mando militar para reprimir a los paramilitares -o a los oficiales que cooperan con ellos- parecen escasas” y precisó que la prioridad de varios oficiales de alto rango sólo era “lograr resultados contra las guerrillas, en lugar de eliminar los vínculos con los paramilitares”.

Si bien destacaron que “el escrutinio de los observadores estadounidenses y otros observadores internacionales continuará jugando un papel clave para alentar al alto mando militar a concentrarse en los derechos humanos y tomar medidas contra los violadores”, reconocieron que “algunos vínculos -en particular los que implican hacer la vista gorda a las actividades paramilitares- son de larga data y no se revertirán fácilmente”.

“Esta situación complicará los esfuerzos de EE.UU. para proporcionar ayuda a las unidades militares que participan en los esfuerzos críticos contra los narcóticos en el sur de Colombia”, concluyeron los analistas que prepararon este reporte de inteligencia.

Inquietos por las Convivir

Varios de los documentos desclasificados por la NSA exponen el surgimiento de las cooperativas de seguridad y vigilancia, conocidas como Convivir como un hecho que aportó al fortalecimiento de las estructuras paramilitares en diversas regiones del país.

La creación de estos servicios especiales de vigilancia y seguridad privada se respaldó en el Decreto Ley 365 de 1994, impulsado por el entonces presidente de la República, Cesar Gaviria (1990-1994) y su ministro de Defensa, Rafael Pardo, con el fin de apoyar a la Fuerza Pública en zonas de fuerte alteración del orden público.

En uno de los reportes, fechado el 16 de abril de 1997 y calificado como “secreto”, se hace un balance de diversas situaciones de interés estadounidense en Rusia, Ucrania, Grecia, Irán, Sudán, Burundi, Zaire y Colombia. (Descargar documento)

Sobre el país suramericano se referenció “el desarrollo de las Convivir”. Al respecto, el documento hizo serios cuestionamientos contra quien tenía a cargo autorizar su creación, Herman Arias Gaviria, para aquellos años Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, sin que se dejara en claro cuál fue la fuente de ese reporte.

“Según se informa, altos funcionarios utilizaron el programa de inteligencia rural (Convivir) para ayudar a los traficantes de drogas y, posiblemente, a los paramilitares ilegales”, se lee en el documento desclasificado.

A renglón seguido, se cuestionó a Arias Gaviria porque, a juicio del reporte diplomático, “usó su posición como administrador de Convivir para emitir licencias de Convivir y de seguridad privada, así como permisos restringidos de armas pesadas a individuos con vínculos conocidos de tráfico de drogas”. El funcionario llegó a ese cargo en febrero de 1995, nombrado por el entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998).

Llama la atención de este documento que, sin citar fuente alguna, se afirme que el padre del entonces Superintendente, José Manuel Arias Carrizosa, exministro de Comunicaciones en el gobierno del presidente Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) y de Justicia en la presidencia de Virgilio Barco (1986-1990), además de presidente de la Asociación de Bananeros de Urabá entre 1989 y 1993, “estuvo involucrado en la formación de grupos paramilitares”; y de su hermano, de quien no se dice el nombre, se diga que “es propietario de una empresa de seguridad con probables vínculos con la droga”.

Para la embajada estadounidense, las posibles irregularidades que giraban alrededor de las Convivir podrían afectar su credibilidad y “confirmar los temores de las Ong de que los paramilitares ilegales coopten las Convivir”. Y detalló que Arias Gaviria fue retirado de la Superintendencia, sin precisar fecha, como una estrategia del gobierno de aquella época para evitar escándalos y “prometiendo una regulación estricta de las Convivir”.

No obstante, reportaron a Washington que “Bogotá no cumplió con una promesa de tomar medidas contra los paramilitares y por lo tanto la resolución de limpiar las Convivir”.

Dos décadas después, en los tribunales de Justicia y Paz, mecanismo de justicia transicional a través del cual se juzgó a exparamilitares desmovilizados bajo los acuerdos con el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), firmados en Santa Fe de Ralito, Córdoba, a mediados de 2003, se concluyó que, tal como lo temían en la embajada, las Convivir se articularon a los paramilitares. (Leer más en: Las Convivir, motor de la guerra paramilitar)

Toda esta documentación cobra vigencia en la actualidad por cuanto nutren, de alguna manera, los contextos que requieren construir la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para entender cuál fue el papel de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano, que información circuló por embajada de ese país en Colombia y qué medidas se pudieron haber tomado, y no se tomaron, para frenar el desangre que enlutó a miles de personas en el país y que hoy reclaman una verdad integral.

The post Negación de nexos de Fuerza Pública con paramilitares: “farsa que no vale ni una moneda de cinco centavos” appeared first on VerdadAbierta.com.

Bajo la fachada de las cooperativas de vigilancia y seguridad, conocidas como Convivir, “los grupos paramilitares consolidaron y expandieron sus redes criminales y sus nexos con sectores económicos, políticos y estatales”.

Así lo consideró el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá al dictar sentencia contra Ever Veloza García, alias ‘HH’, jefe de los bloques Bananero y Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Este alto tribunal condenó al ex jefe paramilitar a siete años de prisión y a pagar una multa de 17.950 salarios mínimos por 85 hechos que cometió en el Urabá Antioqueño cuando estuvo al mando del Frente Turbo, una facción de las entonces Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), antes de que se convirtieran en las Auc, en junio de 1997.

Los magistrados dedicaron un capítulo a las Convivir y su relación con la expansión de grupos paramilitares en todo el país; además, se refirieron al genocidio político del movimiento de la Unión Patriótica y el exterminio del movimiento sindical en el Urabá antioqueño.

El Tribunal ordenó a la Fiscalía investigar a los civiles, empresarios, comerciantes, ganaderos, bananeros, miembros de los organismos de seguridad estatales yfuncionarios que tuvieron vínculos con las Convivir o fueron los encargados de vigilarlas.

Esas cooperativas fueron creadas por el Decreto 356 de febrero 11 de 1994, durante la presidencia de Cesar Gaviria y siendo ministro de Defensa Rafael Pardo, actual ministro de Trabajo, para “la prestación por particulares de servicios de vigilancia y seguridad privada”. Sin embargo, fue en el gobierno de Ernesto Samper cuando éstas se expandieron por todo el país. La Sala resaltó que el Estado fue un actor principal en el desarrollo de las Convivir.

“Desafiando el pasado desafortunado de la década de 1980, y desconociendo sus propias decisiones y la de la Corte Suprema de Justicia de 1989, (el Estado) decidió darle vía y amparo legal a la formación de estructuras armadas que usaban informantes con el permiso del uso de armas de uso privativo de las fuerzas armadas con el objetivo de establecer el orden público turbado en algunas zonas del país, expidiendo el decreto 356 de 1994”, se lee en la sentencia.

Durante la vigencia de la norma se crearon por lo menos 529 cooperativas rurales de seguridad en 24 departamentos del país para las que trabajaron por lo menos 15.300 personas. En el Urabá antioqueño los sitios de operación de las Convivir coinciden con las poblaciones en las que delinquieron los paramilitares.

En el proceso contra ‘H.H’, la magistratura indicó que de las 414 Convivir creadas hasta diciembre 31 de 1997, “muchas fueron organizadas y representadas legalmente por comandantes de grupos paramilitares” y citando al ex jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, citó varios casos, entre ellas las Convivir Horizonte y Guaimara, que dirigió Salvatore Mancuso; Abibe, a la cual perteneció Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’; Nuevo Amanecer, de la cual fueron integrantes Rodrigo Pelufo, alias ‘Cadena’, y Francisco Javier Piedrahíta; Arrayanes, en la que estuvo registrado Juan Francisco Prada, alias ‘Juancho Prada’; y Deyavan, de la que fue miembro Rodrigo Pérez Alzate y cuya resolución de constitución fue firmada por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez.

La sentencia asegura que las Convivir fueron creadas “por particulares especialmente entre 1995 y 1998 con el auspicio o con el visto de bueno de gobiernos departamentales, Fuerza Pública, organismos de inteligencias y las correspondientes autorizaciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Se convirtieron en pieza clave para la expansión de los grupos paramilitares”.

El Tribunal puso en duda el papel que jugó el Estado durante la década del noventa al no realizar dispositivos de control y vigilancia. Según el Tribunal, esta falta de regulación permitió que durante tres años las Convivir fortalecieron las autodefensas de los hermanos Castaño Gil en aspectos como dotación y logística, financiación, operatividad en terreno articuladas con la Fuerza Pública, acceso a dependencias estatales de carácter local, regional y nacional, así como suplantación del Estado en algunas regiones del país.

Desde la Gobernación de Antioquia, en cabeza del ex presidente Álvaro Uribe, se expidieron varias resoluciones que le daban la personería jurídica a las Convivir, “aprobando directores, representantes legales, tesoreros y revisores fiscales”. El Tribunal reveló en la sentencia los registros para la constitución de estas organizaciones, los nombres de los directivos (algunos de ellos paramilitares) y los nombres de los funcionarios que las aprobaron.

En el caso de la convivir La Palma, los magistrados señalaron que en esta figuran Luis Carlos Mercado Gutiérrez (director); Rubén Darío Coronado Rodríguez (revisor fiscal); y Otoniel Segundo Hoyos (secretario), quien perteneció a los primeros grupos de autodefensa de los Castaño y luego integró el Bloque Elmer Cárdenas de las Auc..

Los magistrados citaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reportó a finales de los noventa que Luis Carlos Mercado -director de la Convivir- fue asesinado durante la masacre de la Horqueta, en Tocaima, Cundinamarca. La Palma aparece con la aprobación de Hernán Arias Gaviria, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada el 15 de julio de 1996, y operó en San Juan de Urabá.

Otra Convivir que fue registrada con un miembro de los paramilitares entre sus directivos fue la denominada Abibe en San Pedro de Urabá. En el registro aparece Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, quien fuera hombre de confianza de Vicente Castaño Gil.

Las investigaciones penales solicitadas, según el alto tribunal, “no están afectadas por fenómenos como la prescripción, por cuanto están ligadas a la comisión de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos por estructuras criminales, los cuales tienen el carácter de imprescriptibles”.

Sentencia contra Veloza

La sentencia contra el ex jefe paramilitar del Bloque Bananero, Ever Veloza García, alias ‘HH’, lo condena por diferentes crímenes de lesa humanidad cometidos contra miembros de la Unión Patriótica y sindicalistas, entre ellos 150 homicidios perpetrados en la región de Urabá.

Los postulados a la Ley de Justicia y Paz reciben una condena de máximo ocho años de pena alternativa. En el caso de ‘HH’, esta sentencia es parcial y no incluye los delitos que cometió en el Valle de Cauca cuando estuvo al mando del Bloque Calima, por lo que con su próxima condena tendrá en cuenta esos hechos.

El ex jefe paramilitar fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, reclutamiento de menores, homicidio, secuestro, hurto, tortura, actos de terrorismo y barbarie, desaparición y utilización de uniformes e insignias de la fuerza pública.

Los magistrados clasificaron en tres los tipos de victimización contra la población de Urabá: violencia selectiva a partir de la estigmatización contra sindicatos y miembros de la Unión Patriótica a quienes acusaron de ser supuestos colaboradores de los grupos de la subversión; violencia aleatoria e indiscriminada contra la población civil; y actos de violencia masiva, refiriéndose especialmente a las masacres conocidas como El Golazo y El Aracatazo.

La sala hizo énfasis, como ya lo había hecho en una ocasión anterior, en declarar el exterminio de la Unión Patriótica como un genocidio político. Agregó que “el Estado tenía una obligación de protección y salvaguarda que no cumplió y tampoco ha cumplido con las obligaciones de investigar y hacer justicia en los crímenes cometidos contra esta organización”. (Ver: Exterminio de la UP fue un genocidio político)

Sobre la reparación colectiva a estas víctimas, el Tribunal extendió la responsabilidad a la Unidad para Atención a Víctimas. A partir de la reforma a la ley de Justicia y Paz que se hizo en diciembre de 2012, todo lo referente a la reparación fue asumido por la Unidad.

Lo mismo ocurrió con las víctimas individuales, pues la reforma a la Ley propuso que la indemnización no fuera tasada según el daño emergente, lucro cesante y daño moral (como se hacía en el sistema anterior), sino que se unificaron los montos. Este cambio se realizó porque los dineros del Fondo de Reparación de las Víctimas no eran suficientes para pagarle a todos los afectados.

La Unidad de Víctimas creó unos topes máximos para cada tipo de daño que son menores a los que se entregaron a víctimas de sentencias anteriores, como por ejemplo el caso de las víctimas de Mampuján. Por esa razón los apoderados de las víctimas apelaron la decisión. (Ver: Las víctimas de ‘HH’ sienten que les embolataron la reparación)

Los representantes de las víctimas también presentaron una nulidad por lo que consideraban una violación al debido proceso. Este fue otro cambio de la reforma a Ley, pues inicialmente una vez se impartía el control de legalidad se daba inicio al incidente de reparación por parte de los magistrados de la Sala de Justicia y Paz. En ella se escuchaban las afectaciones sufridas por las víctimas y sus expectativas y así determinar la manera y el monto cómo el postulado debía reparar a las víctimas.

Los magistrados se pronunciaron además sobre el mal manejo que recibieron los bienes de ‘HH’ mientras fueron administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y cómo esto causó que perdieran su valor original. Por ellos, la sentencia ordenó que se investigue a los directivos de esta entidad por el presunto delito de detrimento patrimonial. Esta empresa, ahora en liquidación y que fue contratada por la antigua Acción Social, se encargó de administrar y comercializar 152 bienes entregados por los paramilitares entre 2009 y 2011 (Ver: Los bienes entregados por ‘HH’ no alcanzan para reparar)

Por otro lado, el Tribunal negó la solicitud que hizo el defensor del ex paramilitar, donde pedía que la pena alternativa de siete años fuera descontada de los años de cárcel que Veloza ha estado recluido en una cárcel de Estados Unidos, donde fue extraditado en marzo de 2009.

¿Quién es alias ‘HH’?

Ever Veloza explicó que cuando las Farc le quitaron el camión en el que transportaba alimentos y con el que sostenía a su familia en el Urabá antioqueño, buscó a los hermanos Castaño para que le dieran ‘trabajo’. “Quería vengarse”, dijo.

Los hermanos Carlos y Vicente Castaño ya eran reconocidos en la región porque habían conformado las Accu. En 1991 simularon un desarme como parte de un supuesto acuerdo con el gobierno nacional, pero a los pocos años se supo que se rearmaron y reclutaron a ex guerrilleros y ex militares para hacerle frente a la guerrilla.

Una vez aceptado en las filas paramilitares Veloza fue enviado a una finca en Córdoba donde recibió entrenamiento por parte de ex capitán del Ejército Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doble Cero’. De allí fue llevado en un camión hacia el norte del Urabá antioqueño donde la llamada ‘Casa Castaño’ controlaba las rutas de narcotráfico del Golfo de Urabá.

Era finales de 1994 y Veloza hacía parte del ‘Grupo de los 20 hombres’, una célula paramilitar que en seis años hizo metástasis por Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó. En sus inicios, Veloza, apodado por sus cómplices como el ‘Mono Veloza’ o ‘Carepollo’ y luego conocido en el Valle como alias ‘H.H.’, comenzó como sicario bajo las órdenes de ‘Doble Cero’.

A su llegada al norte del Urabá antioqueño, el ‘Grupo de los 20 hombres’ fue divido en dos: uno, que delinquió en las zonas rurales, y otro llamado ‘Los Escorpiones’ que se instaló en los cascos urbanos. De este último hicieron parte siete paramilitares: el ‘Mono Veloza’, Enrique Mestre, alias ‘Wilson’; José Ruperto García, alias ‘El Gato’; Wílmer Aguado, alias ‘Carroloco’; Forferinzo Flórez, alias ‘Montador’; Uber Coca, alias ‘Uber’; y Jesús Albeiro Guisao, alias ‘El Tigre’.

Este grupo fue conocido en la región porque entraban a las casas de sus víctimas, las sacaban de sitios públicos y de las fincas donde trabajaban y en muchos casos abandonaron sus cuerpos en un sitio conocido como La Caleta. “Era un callejón ubicado a 3 kilómetros del casco urbano de Turbo. Allí todos los días dejábamos cuerpos”, dijo el ex jefe paramilitar, quien fue extraditado en 2009.

Antes de ser enviado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, alias ‘HH’ contó en versiones libres que ‘Los Escorpiones’ tuvieron como informantes a los Comandos Populares, un grupo de desmovilizados de la guerrilla del Epl que siendo perseguido por las Farc decidió delinquir con los paramilitares.

“Asesinamos gente por información de los comandos alias ‘Camacho’, Carlos Vásquez, alias ‘Cepillo’, ‘San Pedro’ y ‘El Tigre’. Este último conocía todas las bananeras. También nos apoyábamos en los capataces de las fincas que tenían mucha información”, confesó el ex jefe paramilitar en la audiencia.

Así, ‘Los Escorpiones’ realizaron asesinatos selectivos en barrios que, según ellos, eran señalados de albergar a presuntos colaboradores la guerrilla.

Según la documentación que hizo la Unidad de Justicia y Paz, los barrios Julia Orozco, Gaitán, Bueno Aires y Obrero, de Turbo, fueron blanco de los paramilitares. Lo mismo sucedió en los corregimientos El Tres y Nueva Colonia.

“El 24 de marzo de 1995 un grupo armado entró a la vereda La Esperanza, en el corregimiento El 3, de Turbo, y sin mediar palabra disparó contra un joven de 27 años. En versión libre, Veloza dijo que lo asesinaron por informaciones de que colaboraba con guerrilla”, leyó la Fiscalía. La historia se repitió tal cual en otros casi 30 crímenes que la Fiscalía legalizó ante los magistrados.

Por su sangre fría para disparar contra quienes consideraba sus enemigos, en poco tiempo el ‘Mono Veloza’ se convirtió en jefe paramilitar del Bloque Bananero y una década después del Bloque Calima. Asesinó a personas señaladas de colaborar con la guerrilla, persiguió a sindicalistas y participó en el exterminio de la Unión Patriótica, UP. También hizo los primeros contactos con la Brigada 17 para delinquir en complicidad con esta unidad del Ejército, hecho por el cual está en juicio el general (r) Rito Alejo del Río.

Veloza García se desmovilizó con el Bloque Bananero el 25 de noviembre de 2004, bajo los acuerdos de las Auc con el gobierno nacional y no se volvió a saber nada de él hasta el 3 de abril de 2007 cuando fue capturado por las autoridades en una finca del suroeste antioqueño, en cumplimiento de unaorden de captura para que respondiera por varios delitos cometidos durante su pertenencia a las Auc. Las autoridades también lo señalaron de estar detrás de la conformación de grupos armados ilegales después de su desmovilización.

Luego de su captura, la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia, mediante Nota Verbal No. 1925 del 9 de julio de 2007, solicitó su detención provisional con fines de extradición para que compareciera en juicio por delitos asociados al tráfico de drogas hacia ese país, a donde fue enviado el 9 de marzo de 2009.

The post Las Convivir, motor de la guerra paramilitar appeared first on VerdadAbierta.com.

¿Cómo fue que ocurrió este horror en los Montes de María? Medio centenar de masacres, casi cuatro mil asesinatos políticos, doscientos mil desplazados, campos desolados, tugurios en las ciudades. ¿Por qué tanta impunidad, si eso no era selva, y había fuerza pública y fiscales,   jueces y gobierno, iglesias y organizaciones civiles?  ¿Cómo podían matar a su gusto y luego salir por las carreteras sin que nadie los detuviera, estando a un par de horas de Cartagena, la capital del turismo colombiano? ¿Por qué nadie protegió a esos campesinos corajudos que llevaban más de dos décadas luchando por su tierra? ¿Cómo no fueron escuchados estos pobladores de cultura ancestral ricos de palabras y de música de gaitas y de tambores? ¿Cómo fue que quienes se proclamaron sus “salvadores” los arruinaron y solo les dejaron una tristeza honda en sus corazones?

El paramilitarismo nació en 1997 en una reunión en la finca Las Canarias de la zona rural de Sincelejo que pertenecía al exgobernador Miguel Nule Amín. Esto dice la versión oficial, si es que se le puede llamar así al inicio formal de una guerra clandestina. Se hizo para sellar una alianza contraguerrillera entre un centenar de finqueros y políticos con algunos jefes paramilitares que vinieron del vecino departamento de Córdoba. Eso atestiguaron ante la justicia varios asistentes.

Sin embargo, cuando se mira más de cerca desde dos décadas atrás, el conflicto en los Montes de María ya venía subiendo de tono una guerra sorda y sucia, mucho antes de que los jefes de las autodefensas de la vecina Córdoba, Salvatore Mancuso y los hermanos Vicente y Carlos Castaño, hubieran siquiera pisado estas tierras.

“La primera finca con ‘paras’ fue en corregimiento de Carboneros, municipio de Chinú (Córdoba) por allá al comienzo de los ochenta”, recuerda Jesús Pérez, líder del movimiento agrario de Palmitos de 75 años y conocedor reputado de la historia local. Y luego explica que en la vereda  Bajo de la Alegría en San Pedro y en La Mojana, al sur de Sucre, aparecieron también hombres armados.

Los organizaron hacendados y políticos, que eran los mismos, pues desde tiempos de la colonia, un puñado de familias eran las dueñas de esas tierras.  Por siglos, los García, los Guerra, los De la Ossa, los Badel, los Martelo, entre otros, habían mandado en casi todo en estos montes verdes de ceibas milenarias.

Al despuntar los setenta, sin embargo,  la reforma agraria del entonces presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) anunció que iba a titularles tierras a arrendatarios que por años habían labrado las fincas de sus patrones. Los hacendados reaccionaron asustados y sacaron a miles de campesinos arrendatarios de sus fincas.

Viéndose atacados, los otrora fieles siervos se organizaron con apoyo oficial en la Asociación de Usuarios Campesinos, más conocida por su sigla Anuc. Y, al son del acordeón y con el canto de  “la tierra es pa’l que la trabaja”, volvieron a las fincas donde habían vivido por generaciones y las ocuparon exigiendo pacíficamente que se las titularan. Invadieron más de 400 haciendas, según los cálculos que en 1976 hizo el investigador Alejandro Reyes.

“En esa larga lucha de ocupaciones de tierras no hubo diez muertos”, dice Alejo Suárez, otro dirigente histórico de la Anuc cercano a los 80 años, que vive una suerte de exilio en la fría Bogotá.

Así, entre los años de la década de los setenta y hasta entrados la de los ochenta, los campesinos consiguieron que el Incora les titulara 546 fincas en parcelaciones colectivas y empresas comunitarias, que sumaban unas 120 mil hectáreas, de acuerdo con las cuentas que lleva  Jesús Pérez.

Alarmados por el cambio súbito de un orden que por siglos había permanecido inmóvil, algunos dueños de fincas comenzaron armar a sus peones para golpear a todo aquel que amenazara su feudal modo de vida. Esa fue una semilla de venganza, que quince años después cobró miles de vidas.

Los ‘paras’ originarios

Así, hacia fines de la década de los ochenta, brotaron simultáneamente como hongos, unos pequeños grupúsculos de matones armados en distintos puntos de la quebrada geografía montemariana y en las regiones aledañas de Sucre, en el Golfo, las Sabanas y la Mojana.

En la zona urbana de El Carmen de Bolívar estaba La Mano Negra. En Sincelejo, había una banda llamada La Cascona, que incluso figuraba en la lista de paramilitares que reveló en octubre de 1987el entonces ministro de Gobierno César Gaviria ante el Congreso.  En esa misma lista, aparecía la banda ‘Muerte a Secuestradores y Comunistas’ en el departamento de Bolívar. Y estaban Los RR en San Juan Nepomuceno, Los Benítez en San Pedro y los Encapuchados de Colosó.

En San Juan de Betulia  estaban Los Macarenos. Un día, hartos de las persecuciones, unos 300 campesinos se juntaron y se los entregaron a la policía. No duraron presos por mucho tiempo.

“La lógica inicial era que la Policía y la Armada permitió que varios cuatreros comunes siguieran delinquiendo con la condición de que les colaboraran en los asesinatos contra dirigentes sociales”, dijo a VerdadAbierta un dirigente de la región. Era la mentalidad de la guerra fría que confundía guerrilla con dirigencia social, y cualquier intento de cambio se interpretaba como subversión.

Y un comerciante acomodado de El Carmen describió a VerdadAbierta.com el caso de su pueblo: “En el Carmen hacia el 87 u 88 se formó un paramilitarismo local. Gente que había estado presa, la fuerza pública los utilizaba, les decían donde había guerrillas y aparecían los muertos. En la calle 25 a cualquier hora del día había dos o tres muertos, le decían ‘la calle del crimen’”.

En Macayepo (zona rural de El Carmen de Bolívar) había una banda de ladrones y asaltantes de buses, conocida como Los Rodríguez.  “El pueblo se armó con 28 escopetas para sacarlos, pero el comandante de la Armada insistía en los consejos de seguridad que Los Rodríguez eran gente decente”, cuenta un líder político de la región. Tiempo después, Los Rodríguez  se metieron al pueblo y asesinaron al hombre que había liderado su expulsión de Macayepo.

Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, quién después se convirtió en el más sanguinario jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, hizo parte de la banda de Los Rodríguez, luego de que la guerrilla le matara a un familiar cercano. En esto coinciden las diferentes versiones recogidas en la región. ‘Cadena’, quien hoy se presume muerto, se fue luego de Macayepo y una familia Sierra que tenía una fama lo contrató de carnicero en Sincelejo.  A la vez, “por su conocimiento en el área, siguió siendo guía de operaciones militares de la Infantería de Marina”, según dijo en entrevista desde la cárcel a VerdadAbierta.com, el exjefe del bloque paramilitar en los Montes de María,  Eduard Cobo Téllez, alias ‘Diego Vecino’.

De ahí fue contratado como escolta de Javier Piedrahita, quien había comprado una hacienda llamada Simba, en la vía que de Sincelejo conduce a San Antonio de Palmito. Según las denuncias que hizo el entonces senador Gustavo Petro, Piedrahita, cuyo nombre también sale a relucir en investigaciones sobre el paramilitarismo originario de Antioquia, era un caballista cercano a los narcotraficantes Ochoa Vásquez.

Víctimas y desmovilizados del paramilitarismo han dicho a la justicia que él tenía un grupo armado por Coveñas, el municipio costero vecino a San Antonio de Palmito y que fue él quien actuó de enlace entre las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) de los Castaño y los finqueros de Sucre para traer el paramilitarismo a los Montes de María. Fue este caballista quién le presentó a  Carlos Castaño a  ‘Diego Vecino’ en Urabá en 1996, según dijo éste en la citada entrevista.

Dijo ‘Vecino’ que ‘Cadena’ se fue a trabajar con Piedrahita desde 1994, a su Convivir. En realidad, según consta en los registros de la Superintendencia de Seguridad, este caballista antioqueño no registró oficialmente su Convivir sino hasta marzo de 1996, con el sugestivo nombre de “Nuevo Amanecer”. Pero quizás ‘Cadena’ ya  venía siendo parte del grupito armado que venía operando desde antes de ponerle la fachada legal de Convivir. ‘Vecino’ cuenta que a Cadena lo mandaron a hacer “el curso de comandante de frente, en las escuelas de formación de comandantes que tenía Carlos Castaño en Urabá”. Apenas estuvo listo, el ex carnicero de Macayepo se volvió desde 1997, el señor del  terror de los Montes de María.

La Convivir de Piedrahita no fue la única relacionada con violaciones a los derechos humanos. En marzo 11 de 1996, el gobierno nacional le autorizó a Álvaro Botero Maya, de una familia con haciendas en Magangué recibir armas de dotación militar.  Creó la Convivir  ‘Esperanza Futura’ en sociedad con Héctor Julio Alfonso Pastrana, el marido de Enilce López, conocida como ‘La Gata’,  que también tenía grandes intereses en la región.

Desde antes de la creación de esta Convivir, ya había denuncias de la población civil de abusos por partes de hombres que aparentemente trabajaban para los Botero Maya. Es de notar que Botero y su socio, que tenían sus propiedades muy lejos de Palmito y Coveñas, donde Piedrahita tenía las suyas,   crearon la Convivir en la misma fecha exacta  del Nuevo Amanecer. Este detalle hace pensar que la estrategia de arropar de legalidad a los grupos paramilitares que ya venían dejando víctimas fue tal vez, orquestada más arriba.

Piedrahita fue capturado en mayo de 1999 por orden de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, investigado por homicidio y conformación de grupos de justicia privada.

A fines de los ochenta surgió otro grupo paramilitar llamado Los Meza, que se movía de Chalán a Ovejas y hasta San Pedro en el centro de Sucre. La gente los asociaba con los políticos de la región, en particular con Álvaro García Romero, y se les atribuyeron varios desaparecidos. Varios miembros de Los Meza, hermanos y primos, fueron capturados años después como autores del asesinato del dirigente de la Anuc Rodrigo Montes.

Desde 1989 hasta 1994, grupos similares de ‘paras’, usados como brazo clandestino de para perseguir a incómodos líderes sociales, mataron por lo menos a doce  dirigentes agrarios de la región, según los registros de la época. Otros muchos sobrevivieron porque se exiliaron en otras regiones o en el exterior. También mataron políticos cívicos y de izquierda (en especial de la UP) y maestros sindicalizados.

Fortunas sospechosas

No se puede contar el origen del paramilitarismo en los Montes de María sin tener en cuenta, que desde los años ochenta llegaron a  la región a comprar grandes fincas varios personajes con  fortunas misteriosas, la mayoría vinculados al narcotráfico o con negocios asociados a éste. Vinieron con hombres armados, pues estaban acostumbrados a lidiar con un negocio que se regula a bala.

Según lo documentó Reyes, los municipios de Sucre donde se registraron las mayores compras de tierra por narcotraficantes en esos años fueron los del litoral, como Tolú, Toluviejo y San Onofre, que les abrió un buen corredor de salida de la droga por el Golfo de Morrosquillo. También compraron tierras en San Benito Abad, al sur del departamento.

En la región del Golfo se recuerda a ‘Los Carranceros’. Llegaron por los noventa, después de que el empresario esmeraldero, Víctor Carranza, comprara tierrasen el Caribe. Es difícil saber si esta banda era de Carranza,  pues éste empresario que fue juzgado por la conformación de grupos paramilitares y fue hallado inocente.  Además en una entrevista  a la prensa Carranza, negó que “Los Carranceros” que también se hicieron famosos en los Llanos, tengan que ver con él.

No obstante, varios testimonios de habitantes de Libertad y de Rincón del Mar, pueblos del municipio de San Onofre, dijeron que se daba por entendido de que Carranza estaba detrás del grupo que usaba su apellido y que Los Carranceros  cuidaban los corredores de salida de la cocaína del Golfo de Morrosquillo, desde San Onofre y Maria la Baja  y les cobraban a los narcotraficantes por los servicios de protección.

En los registros de la Superintendencia de Seguridad, figura como peticionario de licencia de la Convivir Caser, Samuel Segundo Mayoriano de San Marcos. La Convivir tuvo permiso de operar en los municipios de Arjona, Turbaco, en Atlántico y Santa Catalina  en Bolívar. El mismo Mayoriano figura luego como administrador de la hacienda El Ceibal y de otra llamada La Cristalina, sobre la Cordialidad en Santa Catalina, Bolívar.  Se dice en la región que el zar esmeraldero y su viejo socio de negocios Juan Beetar son los patrones de esta hacienda El Ceibal.

Una de las empresas socias de  esta Convivir Caser, que fue creada un mes después que las de los Botero y la de Piedrahita, en abril de 1996, tiene como representante legal a Edgar Montaño Rodelo,. Según  las versiones libres de alias ‘Juancho Dique’, desmovilizado de los paramilitares,   y de alias ‘Geño’, quien fue de las milicias urbanas de Cartagena de los ‘paras’,  Montaño Rodelo era el jefe del grupo paramilitar en Cartagena antes de que se organizara, en 2002, el frente Canal del Dique.

Es decir que hay datos para sospechar que Carranza pudo haber tenido su Convivir y pudo haber estado asociado a grupos ilegales en la vecina Cartagena.

Varios dirigentes de La Libertad y de Rincón del Mar, pueblos de San Onofre, recuerdan bien a ‘Los Carranceros’. Uno de ellos, Fabián, no los olvida: al primero que mataron fue a su hermano Jesús María. “Eran como 30. Allá  guerrilla no había, así que mataban al que querían. Hacían limpieza social. Eran muy crueles.”

Una mujer de la región recuerda que se instalaron en una hacienda entre Pajonales y Libertad,  e hicieron campañas de aseo, le ponían multas a la gente, les quitaban el ganado. Eran comandados por alias ‘Danilo’,  un antioqueño que vivía en Cartagena.

Fueron masacrados en un golpe que cobró oficialmente la fuerza pública. Hoy los desmovilizados han revelado lo que la gente de la región ya sabía: que cuando llegaron Castaño y Mancuso a imponer su versión unificada de los paramilitares, hacia mediados de los noventa, obligaron a todos los grupos pre-existentes a que se les plegaran. ‘Los Carranceros’ no obedecieron las órdenes de los nuevos señores de la guerra, y éstos ordenaron su exterminio.  Luego dejaron que la autoridad cobrara el éxito.

En la zona aledaña a la ribera del Magdalena, llegaron después grandes narcotraficantes a comprar fincas y desarrollar empresas. Fue el caso de Luis Enrique Ramírez Murillo, alias ‘Miki’ Ramírez, quien hacia 1994 compró la bellísima hacienda El Hacha en Zambrano, Bolívar.

Informes de la Procuraduría que datan de mediados de los noventa dan cuenta de las múltiples matanzas que cometió un grupo llamado Los Valdés en Bajogrande, corregimiento de San Jacinto, que dejó decenas de niños campesinos huérfanos, quienes no entendían mucho qué les había pasado, excepto que el responsable de su tragedia era un señor llamado Miki Ramírez. Según dijo Salvatore Mancuso, jefe de las Auc, a la justicia, este grupo fue el que cometió una de las primeras grandes masacres de Sucre, la de Pichilín (Morroa), el 4 de diciembre de 1996.

Ramírez, que años después fue condenado por concierto para delinquir, estaba detrás de la Convivir Montesmar, creada en noviembre de 1995 con Gabriel Enrique Zapata y Jorge Hernán López Sandoval como responsables. Zapata era jefe de seguridad de la empresa de Ramírez, Frutas Tropicales de Colombia S.A., cuya sede también era en Zambrano. Ésta empresa ya tenía autorizado un esquema de seguridad, cuando el superintendente de Vigilancia de la época, Herman Arias, lo autorizó para que creara además esta cooperativa rural que le dio acceso a armas de guerra, supuestamente para uso defensivo.

También, antes de que llegaran ‘los paras’  de Mancuso a El Guamo, otro municipio ribereño, ya había comprado fincas allí  ‘Chepe Barrera’,  Según un informe del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos de 2003, “el narcotraficante ‘Chepe’ Barrera compra tierras  (en El Guamo) y establece un grupo de autodefensa, que ampara la extensión de su dominio territorial establecido en el departamento del Magdalena”.

Un empresario antioqueño de apellido Pineda quien adquirió tierras en el mismo El Guamo,  había traído su grupo de seguridad privada, según  dijo el ex jefe paramilitar ‘Diego  Vecino’ a VerdadAbierta.com. En su finca tenía pista de aterrizaje y sus dueños avionetas privadas.

Una historia similar, al parecer, fue la de la familia  Méndez que compró tierras en  Córdoba-Tetón, Bolívar. Ese grupo que debió ser de seguridad privada del próspero empresario de ese apellido, se conoció luego como  la banda de Los Méndez que dejó víctimas en Carmen de Bolívar y hacia el oriente, en Zambrano. Algunos le atribuyen también a Los Méndez la masacre de El Salado.

Recambio de guerrillas

A la par con esos ‘paras’ originarios, crecieron las guerrillas que ya estaban afianzadas en otras partes del país. “La primera manifestación guerrillera fue de MIR-Patria Libre –cuenta Alejo Suárez –un grupo que no pasó de los cien tipos”. Estos guerrilleros asaltaron la Caja Agraria en Galera, como a comienzos de los ochenta. Luego intentaron tomarse San Pedro y hubo un muerto y dos heridos. Después ensayaron asaltar a  Palmitos y fracasaron. Mataron a un hacendado, a Reginaldo de la Ossa. Patria Libre terminó siendo Unión Camilista-Eln y luego se desmovilizó como CRS en Flor del Monte, corregimiento de Ovejas, en 1994.

El 7 de noviembre de 1985, los primeros cinco guerrilleros de las Farc que llegaron  a Sucre, celebraron la muerte de los guerrilleros del M-19 en el Palacio de Justicia. Sectaria, desde que empezó su carrera de muerte en esos montes sucreños y bolivarenses, esta guerrilla no fue amiga de la organización campesina Anuc. La miraba con desdén porque había negociado con el gobierno la titulación de sus tierras.

“Me enfrenté con ellos, les dije que iban a traer muchas muertes”, cuenta un dirigente campesino de la época. “Ellos coparon las bases de la Anuc, las  juntas comunales. Mataron activistas agrarios que los resistían. Decían que luchaban por la tierra de los campesinos, pero no conocí el primer predio que les hubiera conseguido la guerrilla”.

Las guerrillas aprovecharon la frustración del movimiento campesino, que no había conseguido que la reforma agraria continuara. Las pujas ideológicas internas los dividieron  y varios de sus líderes fueron perseguidos  y asesinados. Estas les hicieron la vida difícil a los campesinos, según cuenta don Joaquín Maza de Mampuján: “Uno iba a las zonas de cultivos y aparecían dos o tres tipos armados y preguntaban que si uno había visto al ejército; y luego venían a la casa los del ejército a preguntar por los guerrilleros. A uno lo ponían en una situación de inseguridad. Muchos prefirieron irse”.

El profesor de colegio Honey Oviedo de la zona rural de El Carmen de Bolívar recuerda quecreció oyendo hablar de guerrillas por la televisión, pero en su tierra no las había visto. Un domingo de 1987, escuchó detonaciones en el cerro de Mica Prieta, helicópteros que sobrevolaban y combates que duraron más de dos horas. Ya por la tarde su mamá lo mandó en burro a comprar arroz a una tienda cercana. Tendría como 11 años. Llegó y vio por primera vez a hombres armados, y, para su sorpresa,  también a mujeres. “El mundo se me quiso acabar—dice el profesor – El corazón que se me quería salir. No dije nada convencido de que me iban a matar. ‘No se asuste’, me dijeron somos del Epl y luego se pusieron a contar anécdotas de sus combates”.

Empezaron a extorsionar pero sobre todo a los grandes finqueros, cuenta Oviedo. A veces mataban una res de una finca, la repartían entre los campesinos. “Hablaban muy excelente”, dice. Pero pronto empezó la violencia. Extorsionaron y secuestraron  a Alfonso Torres, el más grande ganadero de su corregimiento. Él pagó vacunas, rescate y al final se fue y le entregó las tierras al Incora.

Muchos ganaderos encontraron que esa era la mejor solución ante el acoso guerrillero. Tenían buenos contactos en el Incora y algunos hicieron negocio vendiéndole caro al Estado tierras que nada valían por la inseguridad.

El padre del maestro Oviedo, don Francisco, recuerda que a comienzos de los noventa, después de que el EPL y el PRT habían firmado la paz con el gobierno de Barco, un día las Farc lo citaron a él y a sus vecinos en una escuela. “Nos dijeron que ellos iban a mandar para que el campesino tuviera respaldo frente al gobierno. Yo les dije: “Les agradezco lo que han hecho pero es mejor que nos vayan dejando solos. Meterse con ustedes es para problemas”.

La primera masacre en los Montes de María, según lo ha documentado el investigador José Francisco Restrepo de la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar) en Sincelejo, fue en  septiembre de 1992, en El Cielo, un pueblito de Chalán. Hombres armados que aún hoy no se sabe si fueron guerrilleros o paramilitares, entraron a la casa de una familia Yepes Parra y mataron a ocho personas.

En 1994 se salieron de la guerra los de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) una facción del Eln, por una negociación de paz con el gobierno de Gaviria. “Eran unos 120 hombres y mujeres mal armados”, dijo un testigo del momento. Y  las Farc, que ya venía copando los espacios que habían dejado en la zona las otras guerrillas desmovilizadas, se metió a  Sucre con fuerza. Trajo hombres del Magdalena Medio y también los bajó del Urabá,  presionada por la ofensiva de los hermanos Castaño y del ejército en Córdoba.

En El Carmen de Bolívar, por ejemplo, alias ‘Milton’ de las Farc llegó en 1992. Un par de años después la fuerza pública se fue del lugar.  “Ellos eran la autoridad, daban los permisos hasta para matar una res”, dijo Senén Arias, un comerciante de aguacate de esa ciudad.

La guerrilla, básicamente los frentes 35 y 37 de las Farc, el Eln y el Erp,  se concentró en algunas zonas de los Montes de María, donde había mayor riqueza o donde pudieran controlar un corredor estratégico de salida al mar.  En Bolívar, coparon la serranía de San Jacinto, en El Carmen y su zona rural hasta María la Baja;  se extendieron al oriente hacía el río Magdalena, en  Zambrano, El Guamo y Córdoba-Tetón, y en los municipios en la vía hacia Cartagena, como San Juan Nepomuceno y San Jacinto. También boletearon a todo el que pudieron en Ovejas, La Unión, Corozal,  Colosó e incluso, hacia el sur en San Benito Abad, en Sucre. Los primeros secuestrados de las Farc datan de 1989 y después comenzaron a asesinar a los que no pagaban.

El 27 de junio de 1995 las Farc mataron al ex gobernador de Sucre, Nelson Martelo, un hombre muy querido por todos, ganaderos y  dirigentes campesinos, por su mentalidad progresista y abierta. “Era un gran tipo”, dijo un líder agrario. Ese fue un punto de quiebre, dice el profesor Restrepo, allí  arrancó otra etapa.

En esos años de mediados de los noventa el conflicto estalló en los Montes de María. Las Farc generalizó el secuestro. En 1996, Sucre, con 36 secuestros extorsivos,  estuvo entre los diez departamento más golpeado por este delito en el país. Las quemas y bombas en las fincas eran cosa diaria. La Federación de Ganaderos calcula pérdidas multimillonarias. También quemaban tractomulas y peajes en la  carretera troncal de occidente.

El ex jefe paramilitar ‘Diego Vecino’ recuerda que el 24 de agosto de 1995, dormía en la finca ‘Las Melenas’ que administraba, cuando fue asaltada por ‘Alfonso Arango’, comandante del frente 37 de las Farc.”Fui sacado de las casa, todo lo incineraron, lo bombardearon, un ganado que estabaen los corrales fue masacrado”, dijo ‘Vecino’ a VerdadAbierta.com.

La espiral de violencia de paras y guerrillas fue en ascenso. No fue, como han querido hacerlo ver algunos de los ex jefes paramilitares para justificar la barbarie que desataron, que la ofensiva paramilitar llegó como reacción la andanada guerrillera.

Los  primeros paramilitares fueron asesinando, al tiempo que los primeros guerrilleros fueron secuestrando y matando selectivamente a ganaderos e incendiando sus fincas. Era una guerra de baja intensidad, que desde el principio se peleó más contra los civiles que entre los armados.  Y a medida que los paramilitares traían refuerzos y crecían, los guerrilleros hacían lo mismo.

En todos esos años la fuerza pública combatió como pudo, y sin demasiado éxito,  a la guerrilla, pero no a los paramilitares, a los que más bien protegió. Algunos oficiales de Armada, Ejército y Policía y los ‘paras’ tenían la puntería distorsionada por la ideología de la guerra fría y en lugar de los jefes guerrilleros, sus “objetivos militares” eran líderes sociales y políticos.

Recuerda un empresario de El Carmen: “No se podía hablar de nada. Era un tuti-fruti entre guerrillas, paramilitares, policía, y cuando la Armada venía, lo maltrataban a uno. Había tres enemigos guerrilla, paras y  fuerza pública”.

Los años del estallido

El 21 de noviembre de 1994 asesinaron a Rodrigo Montes, un dirigente de la Anuc y por esos mismos días del 94, fue amenazado de muerte el alcalde de Chalán, Edinson Zamora, del Movimiento Cívico, el único que les disputó espacio político por las vías democráticas a los caciques tradicionales liberales y conservadores en la región.

En el proceso judicial por el asesinato de Montes, en el que resultó condenada la banda de Los Meza, un testigo reconoció haber recibido 3 millones de pesos de uno de ellos para que matara al alcalde Edinson Zamora, pero no quiso hacerlo porque era su amigo.

A algunos políticos tradicionales también les resultó conveniente esa guerra sucia. Un grupo de jóvenes liderados por Luis Miguel Vergara, estudiante de medicina,  los comenzaba a derrotar en las urnas con una promesa de hacer un gobierno cívico,  menos corrupto, que le sirviera realmente a la gente con el Movimiento Cívico de Sucre. Con las amenazas y los asesinatos selectivos los ‘paras’ eliminaron está opción de renovación política.

“Vergara y Luis Cárdenas, que hizo trabajo social desde Ciénaga hasta Córdoba,  eran los dirigentes, de clase media corozaleña”, dijo un sucreño que fue cercano a ellos. “Un día mataron al cura de Sincé y la gente se levantó y cogieron a los asesinos y eran del DAS. A Cárdenas que era director de la cárcel, le pidieron que dejara fugar a los asesinos  y él se negó. Luego lo secuestraron y él se voló y lo mataron”.

En  marzo de 1996 asesinaron a una pareja de dirigentes cívicos de Chalán. El 2 de abril siguiente le propinaron varios  balazos, cuando caminaba con un niño en brazos, en frente a su casa en Sincelejo a  Vergara, quien había llegado a ser alcalde de Corozal, y en ese momento era diputado.  Tenía las maletas listas para irse de Sincelejo porque tenía amenazas de muerte. Mataron quince concejales del Movimiento Cívico de Sucre, según la cuentas de simpatizantes suyos.

Al tiempo, las Farc arreciaron su violencia. Acosados los ganaderos y dueños de fincas empezaron a desesperarse. Un sacerdote que participó en algunas reuniones en las que éstos le pedían a la fuerza pública mayor eficacia contra la guerrilla, recuerda que trataban con rudeza a los comandantes  de la Armada y de la Policía por su ineficacia. Éstos se declaraban impotentes.

En Bogotá, el gobierno del presidente Ernesto Samper (1994-1998), en medio de los escándalos por la narco-financiación de su campaña, pendía de la cuerda floja. Los militares y sus aliados a la derecha del gobierno aprovecharon su debilidad para proponer no una política de Estado que le diera estrategia y legitimidad a la difícil batalla que libraban los soldados contra la guerrilla sino un atajo, que resultó ser desastroso.

Les dijeron a los finqueros que se armaran y se defendieran por sí mismos. Y crearon las famosas Cooperativas de Seguridad Rural, Convivir, que como se ha visto, al menos en Sucre y Bolívar, fueron la patente de corso para que los ‘paras’ desataran su monstruosa guerra. Con las Convivir tuvieron armas de uso privativo de la fuerza pública bendecidas por el Estado y sus sicarios, como lo han confesado muchos de ellos en las versiones libres, salvoconductos para matar y huir, amparados por los carnets de las Convivir.

Para cuando se creó la primera Convivir en los Montes de María, en abril de 1995, ya la alianza de políticos-ganaderos sucreños (entre los que había narcotraficantes) y el paramilitarismo de los Castaño en Córdoba y Urabá se había fraguado por distintas puntas.

Algunos ganaderos del Golfo de Morrosquillo, que conocían bien los andares de los hermanos Castaño en Córdoba empezaron a pasarse la voz de la necesidad de invitarlos a combatir a la guerrilla en los Montes de María. Algunos de esos grandes finqueros eran también narcotraficantes y tenían negocios comunes con las Accu.

El caballista cercano a los Ochoa, Javier Piedrahita que era amigo de ‘Vecino’,  en 1996 lo invitó junto con un ganadero antioqueño Elías Vélez a una reunión con Castaño. Después se reunieron muchas veces ‘Vecino’ y Castaño, hasta cuando a fines de 1998, según relata ‘Vecino’, Carlos Castaño lo invitó a ser el jefe político de las Auc en Sucre.

También a mediados de los noventa,  en Córdoba-Tetón y Zambrano, Bolívar, otros finqueros y agroindustriales  (entre los que estaba Pizano S.A. con sus enormes sembradíos de madera teka de su empresa Monterrey Forestal), estaban desesperados con la extorsión y la inseguridad guerrillera. Algunos de ellos, es difícil precisar quiénes porque no se conoce de una reunión específica donde esto ocurriera, buscaron la ayuda de los “exitosos” paramilitares de Urabá.  El narcotraficante Miki Ramírez  ya tenía en la región ribereña a su grupo armado, bastante violento con los campesinos, pero no había dado abasto con la guerrilla.

Fue Salvatore Mancuso, de Córdoba, el que vino en su auxilio. Les envió un primer grupo que entró por El Guamo. En el proceso judicial que se llevó a cabo por el asesinato del alcalde electo de San Jacinto, Carlos Quiroz Tiedjen, en noviembre de 1997,  un miembro de ese grupo originario de El Guamo, Edwin Zambrano, alias “William”, que se fugó, le contó a la justicia lo que sabía. Fue un testimonio valioso porque fue de apenas semanas después de ocurridos los hechos y como las Autodefensas eran aún eran pequeñas Zambrano pudo conocer bastante bien a los jefes. A los fiscales de derechos humanos en Bogotá  les sirvió para dictar la primera orden de captura contra Mancuso.

Edwin Zambrano le contó a la justicia entonces, que había trabajado con ‘Chepe’ Barrera en el Difícil, Magdalena y con Neftalí Ramírez, y que después de fue a El Guamo, Bolívar a la Convivir de alias ‘Leopardo’. Contó como el primer hombre que envió Mancuso a “romper zona” a El Guamo fue ‘Darío’, esposo de ‘La Chave’,  quien manejaba la radio y la prensa de Castaño, después vino ‘Lino’, y por último ‘Leopardo’ o ‘Chuzo’, este último hoy en el proceso de Justicia y Paz.  Dijo que en El Guamo había varias fincas a nombre de ‘Leopardo’, pero que “en realidad eran del Mono Mancuso”, como Las Pampas, Chimborazo, Totumo, La Marqueza y que allí “trabajaba el grupo rural que eran como 30 personas y se hacía entrenamiento”. También dijo que entrenaban en la finca El Chimborazo en El Guamo que era de Miki Ramírez.

Zambrano también reveló que “los jefes de mayor jerarquía están ubicados en el Urabá antioqueño y son los hermanos Fidel y Carlos Castaño. Un subcomandante de esa misma organización es el señor Salvador Macuso, alias ‘El Mono’, un señor ‘Doble Cero’ y el señor Víctor Carranza. Conocí que estos eran los máximos militares de esa organización”.

Otro de los compañeros de Zambrano, Alfredo José Rúas de San Juan Nepomuceno, quién dijo que fue forzado a unirse a los ‘paras’. Éstos habían asesinado a su padre y le mandaron decir que para poder preservar la finca que le heredó, tenía que ayudarles con información. Terminó metido de lleno en ese grupo de El Guamo que cometió varios asesinatos.  Dijo además cosas sorprendentes, que detrás de los Castaño estaba  el narcotráfico y que ese era su verdadero interés: “Hay un primo de Carlos Castaño, que le dicen ‘Jota’ o ‘Carrancho’ o ‘El Alemán’, ellos tienen muchas cocinas por los lados de Caucasia y Chocó, el tapón del Darién y eso es lo que estaban peleando, no tanto la guerrilla, sino que dejaran pasar la droga. Hay otro señor que tiene propiedades por Caucasia, le dicen ‘Javier’, pero el nombre propio es Carlos y la señora Margarita. ‘El Mono’ Mancuso es como un lugarteniente”.

Las confesiones de Rúas y de Zambrano también dieron lugar a que la Fiscalía esclareciera varios homicidios en San Juan Nepomuceno y en San Jacinto y le abriera investigaciones a varios miembros de Armada y Policía que le daban vía libre a los ‘paras’ para que mataran.

La justicia sabía todo esto desde fines de 1997. Y el entonces fiscal de derechos humanos Virgilio Hernández en Bogotá dictó varias órdenes de captura contra los jefes de esa organización incipiente. Recibió amenazas, tuvo que cambiar de puesto, y después fue despedido de su cargo. Quizás si hubiera podido continuar su tarea, el paramilitarismo en el Caribe se hubiera detenido cuando apenas empezaba.

La decisión moral

En Sincelejo empezó a correr la voz entre las familias de tradición que ya no salían de la ciudad por temor al secuestro: que había que apoyar a los Castaño y a Mancuso; que ellos los librarían de la guerrilla. Hubo reuniones entre las familias. Algunos tomaron la decisión de no respaldar a los paramilitares que llegaban de Córdoba.

“No era la manera de hacer las cosas”, dijo una fuente que vivió esos días aciagos. Familias prestigiosas y ricas de toda la vida como los Fadul o los Arrázola prefirieron irse, vender barato o perder la tierra. Otros en cambio, como Salomón el sobrino del reputado y querido doctor Feris,  según cuenta un empresario de Sincelejo, “era jovencito y Carlos (Castaño) lo convenció de que se metiera a esa vaina”. Se volvió el ‘comandante 08’. Su hermano Jorge Luis está en juicio por para-política.

Es el cuñado de Jorge Luis Feris, también de una familia pudiente de la región, Víctor Guerra de la Espriella quien figura en los documentos como el creador de la convivir “Orden y Desarrollo”, en enero de 1997.  Guerra de la Espriella acusado por la Corte Suprema por haber firmado el Pacto de Ralito que, determinó la Fiscalía,  “buscaba construir un nuevo orden por fuera de la política de Estado”, el del proyecto paramilitar. En agosto pasado quedó en libertad porque lo amparó una tutela de la Judicatura.

Según figura en la resolución de acusación contra Guerra de la Espriella, fue él quien apoyó a los paramilitares comandados por Mancuso y Salomón Feris, alias ‘08’, en Sucre con la convivir “Orden y Desarrollo”. En sus denuncias ante el Congreso, el entonces senador Petro también aseguró que esta convivir tuvo además vínculos con Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la empresaria del chance Enilse López.

Según ‘Diego Vecino’, “Orden y Desarrollo”  en realidad fue la convivir de los ganaderos de Sucre que le encomendaron gerenciar a Guerra de la Espriella. En otras palabras, fue la versión anticipada, del trato Las Canarias, la finca  de Miguel Nule Amín, donde los políticos-ganaderos y los paramilitares formalizaron su alianza para iniciar su proyecto, que el país ya conoce en qué acabó.

La expansión paramilitar sin embargo consiguió todo menos acabar con la guerrilla que era supuestamente su principal objetivo. Esa es la gran ironía de esta historia. Destrozó a las familias más pobres, dejando centenares de viudas y huérfanos con sus almas y patrimonios en ruinas. Despojó a los campesinos de sus tierras y aplastó lo que quedaba de su liderazgo. Asfixió cualquier renovación política cuando apenas empezaba a vivir. Les abrió y limpió corredores de tráfico a los comerciantes de lo ilícito. Les consiguió a empresarios contratos jugosos con el Estado y, por vías legales e ilegales, cosecharon, y en algunos casos lo siguen haciendo hoy, rentas millonarias. Hizo todo eso, pero no acabó con la  guerrilla.

Al contrario, como lo demuestran las cifras, a medida que crecieron las incursiones del paramilitarismo en los Montes de María, crecían los ataques de la guerrilla. Entre 1994 y 1996 el número de homicidios en los municipios de Montes de María y en los vecinos a éstos, prácticamente se duplicó.  Las masacres se multiplicaron por seis en Sucre. Y entre 1996 y 1999, en plena expansión de los paramilitares, los secuestros de la guerrilla se multiplicaron por cuatro.

El terror de unos alimentaba el odio de los otros. Violencia trajo violencia.  Y para cuando se inició el proceso de desmovilización en 2003, la guerrilla en los Montes de María estaba entera y su jefe alias ‘Martín Caballero’ seguía haciendo retenes en las carreteras y volando torres eléctricas. Y así como las Farc con todo su odio no les consiguió una hectárea de tierra a los campesinos, el paramilitarismo con todo su terror no les trajo un día de tranquilidad.

La historia oficial que va quedando del relato de los victimarios, esa de que fue sólo una gesta antiguerrillera que se maleó,  hay que enderezarla. El paramilitarismo y la guerrilla prendieron con fuerza y causaron tanta miseria humana porque se alimentó de venganzas heredadas y odios profundos cosechados en una larga disputa por la tierra que nunca se resolvió. Pero también porque demasiados políticos y empresarios locales,  por miedo, por miopía o por avivatos, se plegaron a los métodos bárbaros, importados por el narcotráfico cuando compró grandes fincas e instauró el sangriento negocio en la región.

La Justicia quedó trunca pues el asesinato de varios de sus más diligentes funcionarios y la expulsión de otros aseguró la impunidad.

El Gobierno Nacional no condujo a su fuerza pública por un camino inteligente de protección de la población civil, sino que la dejó a su suerte, con sus viejas ideas anticomunistas y la nueva corrupción del dinero fácil. Además, con las creación de las Convivir dio vía a libre a cientos de matones en semilla; fue echarle gasolina a un incendio que apenas empezaba a prender.

Y claro está, los asesinatos, amenazas sistemáticas a muchas de las mejores inteligencias de la región, la dejó sin defensas. Llena de miedo, paralizada, la sociedad no tenía a quién recurrir, que no fuera a los mismos victimarios.

Aún así, resistieron muchos valientes, pero les faltó poder para detener la máquina de guerra. Y esta sólo ha dado un respiro a los habitantes de los Montes de María, con la estrategia doble que vino después.  Con la negociación, el gobierno pudo desmovilizar a los paramilitares de los Montes de María, del Dique y la Mojana (con todo y las trampas que pusieron). Y  de la mano de unos oficiales valientes, entre los que se destacó el entonces coronel Rafael Colón, mejor conducidos desde el gobierno Nacional, la fuerza pública enderezó su norte y combatió y desvertebró por parejo a guerrillas y paramilitares.

Este tiempo de mayor reposo ha traído prosperidad a los Montes de María, y muchos tejedores de sociedad, colectivos, alianzas de víctimas, laboratorios de paz, redes de organizaciones sociales, proyectos religiosos –los resistentes del pasado –afanosos buscan construir bases para una sociedad mejor, una que haya aprendido las amargas lecciones.

A pesar de sus esfuerzos, sin embargo, los bajos fondos de dónde surgió el horrible conflicto siguen ahí:   una tierra mal repartida y una institucionalidad débil incluso para ponerle orden a la titulación  legítima que hoy, después de despojos sucesivos, sigue siendo un rompecabezas; los negocios del narco, que se regulan a balazos, siguen prosperando en el Golfo de Morrosquillo; la misma dirigencia política corrupta y corta de visión, parece que continúa obsesionada por mantener sus privilegios y fuentes de riqueza, sin darse cuenta de que volverán a pagar un precio altísimo en el futuro; algunos miembros de la fuerza pública o políticos que, rezagados en la historia, no dejan de ver a peligrosos comunistas entre los mejores líderes, y siguen matando gente buena en el campo y, lo peor se salen con la suya.

Sólo si cambian estos factores que le sirven de fundamento al conflicto, podrán realmente los montemarianos evitar que su triste historia se repita.

Vea el especial haciendo clic sobre la siguiente imagen:

The post ¿Cómo se fraguó la tragedia de los Montes de María? appeared first on VerdadAbierta.com.