La violencia que dejó 56 masacres, cientos de miles de desplazados, ruina económica y una gran tristeza entre los cultos y luchadores campesinos de esta región entre Sucre y Bolívar tiene raíces más hondas que la defensa contra la barbarie guerrillera.

¿Cómo fue que ocurrió este horror en los Montes de María? Medio centenar de masacres, casi cuatro mil asesinatos políticos, doscientos mil desplazados, campos desolados, tugurios en las ciudades. ¿Por qué tanta impunidad, si eso no era selva, y había fuerza pública y fiscales,   jueces y gobierno, iglesias y organizaciones civiles?  ¿Cómo podían matar a su gusto y luego salir por las carreteras sin que nadie los detuviera, estando a un par de horas de Cartagena, la capital del turismo colombiano? ¿Por qué nadie protegió a esos campesinos corajudos que llevaban más de dos décadas luchando por su tierra? ¿Cómo no fueron escuchados estos pobladores de cultura ancestral ricos de palabras y de música de gaitas y de tambores? ¿Cómo fue que quienes se proclamaron sus “salvadores” los arruinaron y solo les dejaron una tristeza honda en sus corazones?

El paramilitarismo nació en 1997 en una reunión en la finca Las Canarias de la zona rural de Sincelejo que pertenecía al exgobernador Miguel Nule Amín. Esto dice la versión oficial, si es que se le puede llamar así al inicio formal de una guerra clandestina. Se hizo para sellar una alianza contraguerrillera entre un centenar de finqueros y políticos con algunos jefes paramilitares que vinieron del vecino departamento de Córdoba. Eso atestiguaron ante la justicia varios asistentes.

Sin embargo, cuando se mira más de cerca desde dos décadas atrás, el conflicto en los Montes de María ya venía subiendo de tono una guerra sorda y sucia, mucho antes de que los jefes de las autodefensas de la vecina Córdoba, Salvatore Mancuso y los hermanos Vicente y Carlos Castaño, hubieran siquiera pisado estas tierras.

“La primera finca con ‘paras’ fue en corregimiento de Carboneros, municipio de Chinú (Córdoba) por allá al comienzo de los ochenta”, recuerda Jesús Pérez, líder del movimiento agrario de Palmitos de 75 años y conocedor reputado de la historia local. Y luego explica que en la vereda  Bajo de la Alegría en San Pedro y en La Mojana, al sur de Sucre, aparecieron también hombres armados.

Los organizaron hacendados y políticos, que eran los mismos, pues desde tiempos de la colonia, un puñado de familias eran las dueñas de esas tierras.  Por siglos, los García, los Guerra, los De la Ossa, los Badel, los Martelo, entre otros, habían mandado en casi todo en estos montes verdes de ceibas milenarias.

Al despuntar los setenta, sin embargo,  la reforma agraria del entonces presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) anunció que iba a titularles tierras a arrendatarios que por años habían labrado las fincas de sus patrones. Los hacendados reaccionaron asustados y sacaron a miles de campesinos arrendatarios de sus fincas.

Viéndose atacados, los otrora fieles siervos se organizaron con apoyo oficial en la Asociación de Usuarios Campesinos, más conocida por su sigla Anuc. Y, al son del acordeón y con el canto de  “la tierra es pa’l que la trabaja”, volvieron a las fincas donde habían vivido por generaciones y las ocuparon exigiendo pacíficamente que se las titularan. Invadieron más de 400 haciendas, según los cálculos que en 1976 hizo el investigador Alejandro Reyes.

“En esa larga lucha de ocupaciones de tierras no hubo diez muertos”, dice Alejo Suárez, otro dirigente histórico de la Anuc cercano a los 80 años, que vive una suerte de exilio en la fría Bogotá.

Así, entre los años de la década de los setenta y hasta entrados la de los ochenta, los campesinos consiguieron que el Incora les titulara 546 fincas en parcelaciones colectivas y empresas comunitarias, que sumaban unas 120 mil hectáreas, de acuerdo con las cuentas que lleva  Jesús Pérez.

Alarmados por el cambio súbito de un orden que por siglos había permanecido inmóvil, algunos dueños de fincas comenzaron armar a sus peones para golpear a todo aquel que amenazara su feudal modo de vida. Esa fue una semilla de venganza, que quince años después cobró miles de vidas.

Los ‘paras’ originarios

Así, hacia fines de la década de los ochenta, brotaron simultáneamente como hongos, unos pequeños grupúsculos de matones armados en distintos puntos de la quebrada geografía montemariana y en las regiones aledañas de Sucre, en el Golfo, las Sabanas y la Mojana.

En la zona urbana de El Carmen de Bolívar estaba La Mano Negra. En Sincelejo, había una banda llamada La Cascona, que incluso figuraba en la lista de paramilitares que reveló en octubre de 1987el entonces ministro de Gobierno César Gaviria ante el Congreso.  En esa misma lista, aparecía la banda ‘Muerte a Secuestradores y Comunistas’ en el departamento de Bolívar. Y estaban Los RR en San Juan Nepomuceno, Los Benítez en San Pedro y los Encapuchados de Colosó.

En San Juan de Betulia  estaban Los Macarenos. Un día, hartos de las persecuciones, unos 300 campesinos se juntaron y se los entregaron a la policía. No duraron presos por mucho tiempo.

“La lógica inicial era que la Policía y la Armada permitió que varios cuatreros comunes siguieran delinquiendo con la condición de que les colaboraran en los asesinatos contra dirigentes sociales”, dijo a VerdadAbierta un dirigente de la región. Era la mentalidad de la guerra fría que confundía guerrilla con dirigencia social, y cualquier intento de cambio se interpretaba como subversión.

Y un comerciante acomodado de El Carmen describió a VerdadAbierta.com el caso de su pueblo: “En el Carmen hacia el 87 u 88 se formó un paramilitarismo local. Gente que había estado presa, la fuerza pública los utilizaba, les decían donde había guerrillas y aparecían los muertos. En la calle 25 a cualquier hora del día había dos o tres muertos, le decían ‘la calle del crimen’”.

En Macayepo (zona rural de El Carmen de Bolívar) había una banda de ladrones y asaltantes de buses, conocida como Los Rodríguez.  “El pueblo se armó con 28 escopetas para sacarlos, pero el comandante de la Armada insistía en los consejos de seguridad que Los Rodríguez eran gente decente”, cuenta un líder político de la región. Tiempo después, Los Rodríguez  se metieron al pueblo y asesinaron al hombre que había liderado su expulsión de Macayepo.

Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, quién después se convirtió en el más sanguinario jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, hizo parte de la banda de Los Rodríguez, luego de que la guerrilla le matara a un familiar cercano. En esto coinciden las diferentes versiones recogidas en la región. ‘Cadena’, quien hoy se presume muerto, se fue luego de Macayepo y una familia Sierra que tenía una fama lo contrató de carnicero en Sincelejo.  A la vez, “por su conocimiento en el área, siguió siendo guía de operaciones militares de la Infantería de Marina”, según dijo en entrevista desde la cárcel a VerdadAbierta.com, el exjefe del bloque paramilitar en los Montes de María,  Eduard Cobo Téllez, alias ‘Diego Vecino’.

De ahí fue contratado como escolta de Javier Piedrahita, quien había comprado una hacienda llamada Simba, en la vía que de Sincelejo conduce a San Antonio de Palmito. Según las denuncias que hizo el entonces senador Gustavo Petro, Piedrahita, cuyo nombre también sale a relucir en investigaciones sobre el paramilitarismo originario de Antioquia, era un caballista cercano a los narcotraficantes Ochoa Vásquez.

Víctimas y desmovilizados del paramilitarismo han dicho a la justicia que él tenía un grupo armado por Coveñas, el municipio costero vecino a San Antonio de Palmito y que fue él quien actuó de enlace entre las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) de los Castaño y los finqueros de Sucre para traer el paramilitarismo a los Montes de María. Fue este caballista quién le presentó a  Carlos Castaño a  ‘Diego Vecino’ en Urabá en 1996, según dijo éste en la citada entrevista.

Dijo ‘Vecino’ que ‘Cadena’ se fue a trabajar con Piedrahita desde 1994, a su Convivir. En realidad, según consta en los registros de la Superintendencia de Seguridad, este caballista antioqueño no registró oficialmente su Convivir sino hasta marzo de 1996, con el sugestivo nombre de “Nuevo Amanecer”. Pero quizás ‘Cadena’ ya  venía siendo parte del grupito armado que venía operando desde antes de ponerle la fachada legal de Convivir. ‘Vecino’ cuenta que a Cadena lo mandaron a hacer “el curso de comandante de frente, en las escuelas de formación de comandantes que tenía Carlos Castaño en Urabá”. Apenas estuvo listo, el ex carnicero de Macayepo se volvió desde 1997, el señor del  terror de los Montes de María.

La Convivir de Piedrahita no fue la única relacionada con violaciones a los derechos humanos. En marzo 11 de 1996, el gobierno nacional le autorizó a Álvaro Botero Maya, de una familia con haciendas en Magangué recibir armas de dotación militar.  Creó la Convivir  ‘Esperanza Futura’ en sociedad con Héctor Julio Alfonso Pastrana, el marido de Enilce López, conocida como ‘La Gata’,  que también tenía grandes intereses en la región.

Desde antes de la creación de esta Convivir, ya había denuncias de la población civil de abusos por partes de hombres que aparentemente trabajaban para los Botero Maya. Es de notar que Botero y su socio, que tenían sus propiedades muy lejos de Palmito y Coveñas, donde Piedrahita tenía las suyas,   crearon la Convivir en la misma fecha exacta  del Nuevo Amanecer. Este detalle hace pensar que la estrategia de arropar de legalidad a los grupos paramilitares que ya venían dejando víctimas fue tal vez, orquestada más arriba.

Piedrahita fue capturado en mayo de 1999 por orden de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, investigado por homicidio y conformación de grupos de justicia privada.

A fines de los ochenta surgió otro grupo paramilitar llamado Los Meza, que se movía de Chalán a Ovejas y hasta San Pedro en el centro de Sucre. La gente los asociaba con los políticos de la región, en particular con Álvaro García Romero, y se les atribuyeron varios desaparecidos. Varios miembros de Los Meza, hermanos y primos, fueron capturados años después como autores del asesinato del dirigente de la Anuc Rodrigo Montes.

Desde 1989 hasta 1994, grupos similares de ‘paras’, usados como brazo clandestino de para perseguir a incómodos líderes sociales, mataron por lo menos a doce  dirigentes agrarios de la región, según los registros de la época. Otros muchos sobrevivieron porque se exiliaron en otras regiones o en el exterior. También mataron políticos cívicos y de izquierda (en especial de la UP) y maestros sindicalizados.

Fortunas sospechosas

No se puede contar el origen del paramilitarismo en los Montes de María sin tener en cuenta, que desde los años ochenta llegaron a  la región a comprar grandes fincas varios personajes con  fortunas misteriosas, la mayoría vinculados al narcotráfico o con negocios asociados a éste. Vinieron con hombres armados, pues estaban acostumbrados a lidiar con un negocio que se regula a bala.

Según lo documentó Reyes, los municipios de Sucre donde se registraron las mayores compras de tierra por narcotraficantes en esos años fueron los del litoral, como Tolú, Toluviejo y San Onofre, que les abrió un buen corredor de salida de la droga por el Golfo de Morrosquillo. También compraron tierras en San Benito Abad, al sur del departamento.

En la región del Golfo se recuerda a ‘Los Carranceros’. Llegaron por los noventa, después de que el empresario esmeraldero, Víctor Carranza, comprara tierrasen el Caribe. Es difícil saber si esta banda era de Carranza,  pues éste empresario que fue juzgado por la conformación de grupos paramilitares y fue hallado inocente.  Además en una entrevista  a la prensa Carranza, negó que “Los Carranceros” que también se hicieron famosos en los Llanos, tengan que ver con él.

No obstante, varios testimonios de habitantes de Libertad y de Rincón del Mar, pueblos del municipio de San Onofre, dijeron que se daba por entendido de que Carranza estaba detrás del grupo que usaba su apellido y que Los Carranceros  cuidaban los corredores de salida de la cocaína del Golfo de Morrosquillo, desde San Onofre y Maria la Baja  y les cobraban a los narcotraficantes por los servicios de protección.

En los registros de la Superintendencia de Seguridad, figura como peticionario de licencia de la Convivir Caser, Samuel Segundo Mayoriano de San Marcos. La Convivir tuvo permiso de operar en los municipios de Arjona, Turbaco, en Atlántico y Santa Catalina  en Bolívar. El mismo Mayoriano figura luego como administrador de la hacienda El Ceibal y de otra llamada La Cristalina, sobre la Cordialidad en Santa Catalina, Bolívar.  Se dice en la región que el zar esmeraldero y su viejo socio de negocios Juan Beetar son los patrones de esta hacienda El Ceibal.

Una de las empresas socias de  esta Convivir Caser, que fue creada un mes después que las de los Botero y la de Piedrahita, en abril de 1996, tiene como representante legal a Edgar Montaño Rodelo,. Según  las versiones libres de alias ‘Juancho Dique’, desmovilizado de los paramilitares,   y de alias ‘Geño’, quien fue de las milicias urbanas de Cartagena de los ‘paras’,  Montaño Rodelo era el jefe del grupo paramilitar en Cartagena antes de que se organizara, en 2002, el frente Canal del Dique.

Es decir que hay datos para sospechar que Carranza pudo haber tenido su Convivir y pudo haber estado asociado a grupos ilegales en la vecina Cartagena.

Varios dirigentes de La Libertad y de Rincón del Mar, pueblos de San Onofre, recuerdan bien a ‘Los Carranceros’. Uno de ellos, Fabián, no los olvida: al primero que mataron fue a su hermano Jesús María. “Eran como 30. Allá  guerrilla no había, así que mataban al que querían. Hacían limpieza social. Eran muy crueles.”

Una mujer de la región recuerda que se instalaron en una hacienda entre Pajonales y Libertad,  e hicieron campañas de aseo, le ponían multas a la gente, les quitaban el ganado. Eran comandados por alias ‘Danilo’,  un antioqueño que vivía en Cartagena.

Fueron masacrados en un golpe que cobró oficialmente la fuerza pública. Hoy los desmovilizados han revelado lo que la gente de la región ya sabía: que cuando llegaron Castaño y Mancuso a imponer su versión unificada de los paramilitares, hacia mediados de los noventa, obligaron a todos los grupos pre-existentes a que se les plegaran. ‘Los Carranceros’ no obedecieron las órdenes de los nuevos señores de la guerra, y éstos ordenaron su exterminio.  Luego dejaron que la autoridad cobrara el éxito.

En la zona aledaña a la ribera del Magdalena, llegaron después grandes narcotraficantes a comprar fincas y desarrollar empresas. Fue el caso de Luis Enrique Ramírez Murillo, alias ‘Miki’ Ramírez, quien hacia 1994 compró la bellísima hacienda El Hacha en Zambrano, Bolívar.

Informes de la Procuraduría que datan de mediados de los noventa dan cuenta de las múltiples matanzas que cometió un grupo llamado Los Valdés en Bajogrande, corregimiento de San Jacinto, que dejó decenas de niños campesinos huérfanos, quienes no entendían mucho qué les había pasado, excepto que el responsable de su tragedia era un señor llamado Miki Ramírez. Según dijo Salvatore Mancuso, jefe de las Auc, a la justicia, este grupo fue el que cometió una de las primeras grandes masacres de Sucre, la de Pichilín (Morroa), el 4 de diciembre de 1996.

Ramírez, que años después fue condenado por concierto para delinquir, estaba detrás de la Convivir Montesmar, creada en noviembre de 1995 con Gabriel Enrique Zapata y Jorge Hernán López Sandoval como responsables. Zapata era jefe de seguridad de la empresa de Ramírez, Frutas Tropicales de Colombia S.A., cuya sede también era en Zambrano. Ésta empresa ya tenía autorizado un esquema de seguridad, cuando el superintendente de Vigilancia de la época, Herman Arias, lo autorizó para que creara además esta cooperativa rural que le dio acceso a armas de guerra, supuestamente para uso defensivo.

También, antes de que llegaran ‘los paras’  de Mancuso a El Guamo, otro municipio ribereño, ya había comprado fincas allí  ‘Chepe Barrera’,  Según un informe del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos de 2003, “el narcotraficante ‘Chepe’ Barrera compra tierras  (en El Guamo) y establece un grupo de autodefensa, que ampara la extensión de su dominio territorial establecido en el departamento del Magdalena”.

Un empresario antioqueño de apellido Pineda quien adquirió tierras en el mismo El Guamo,  había traído su grupo de seguridad privada, según  dijo el ex jefe paramilitar ‘Diego  Vecino’ a VerdadAbierta.com. En su finca tenía pista de aterrizaje y sus dueños avionetas privadas.

Una historia similar, al parecer, fue la de la familia  Méndez que compró tierras en  Córdoba-Tetón, Bolívar. Ese grupo que debió ser de seguridad privada del próspero empresario de ese apellido, se conoció luego como  la banda de Los Méndez que dejó víctimas en Carmen de Bolívar y hacia el oriente, en Zambrano. Algunos le atribuyen también a Los Méndez la masacre de El Salado.

Recambio de guerrillas

A la par con esos ‘paras’ originarios, crecieron las guerrillas que ya estaban afianzadas en otras partes del país. “La primera manifestación guerrillera fue de MIR-Patria Libre –cuenta Alejo Suárez –un grupo que no pasó de los cien tipos”. Estos guerrilleros asaltaron la Caja Agraria en Galera, como a comienzos de los ochenta. Luego intentaron tomarse San Pedro y hubo un muerto y dos heridos. Después ensayaron asaltar a  Palmitos y fracasaron. Mataron a un hacendado, a Reginaldo de la Ossa. Patria Libre terminó siendo Unión Camilista-Eln y luego se desmovilizó como CRS en Flor del Monte, corregimiento de Ovejas, en 1994.

El 7 de noviembre de 1985, los primeros cinco guerrilleros de las Farc que llegaron  a Sucre, celebraron la muerte de los guerrilleros del M-19 en el Palacio de Justicia. Sectaria, desde que empezó su carrera de muerte en esos montes sucreños y bolivarenses, esta guerrilla no fue amiga de la organización campesina Anuc. La miraba con desdén porque había negociado con el gobierno la titulación de sus tierras.

“Me enfrenté con ellos, les dije que iban a traer muchas muertes”, cuenta un dirigente campesino de la época. “Ellos coparon las bases de la Anuc, las  juntas comunales. Mataron activistas agrarios que los resistían. Decían que luchaban por la tierra de los campesinos, pero no conocí el primer predio que les hubiera conseguido la guerrilla”.

Las guerrillas aprovecharon la frustración del movimiento campesino, que no había conseguido que la reforma agraria continuara. Las pujas ideológicas internas los dividieron  y varios de sus líderes fueron perseguidos  y asesinados. Estas les hicieron la vida difícil a los campesinos, según cuenta don Joaquín Maza de Mampuján: “Uno iba a las zonas de cultivos y aparecían dos o tres tipos armados y preguntaban que si uno había visto al ejército; y luego venían a la casa los del ejército a preguntar por los guerrilleros. A uno lo ponían en una situación de inseguridad. Muchos prefirieron irse”.

El profesor de colegio Honey Oviedo de la zona rural de El Carmen de Bolívar recuerda quecreció oyendo hablar de guerrillas por la televisión, pero en su tierra no las había visto. Un domingo de 1987, escuchó detonaciones en el cerro de Mica Prieta, helicópteros que sobrevolaban y combates que duraron más de dos horas. Ya por la tarde su mamá lo mandó en burro a comprar arroz a una tienda cercana. Tendría como 11 años. Llegó y vio por primera vez a hombres armados, y, para su sorpresa,  también a mujeres. “El mundo se me quiso acabar—dice el profesor – El corazón que se me quería salir. No dije nada convencido de que me iban a matar. ‘No se asuste’, me dijeron somos del Epl y luego se pusieron a contar anécdotas de sus combates”.

Empezaron a extorsionar pero sobre todo a los grandes finqueros, cuenta Oviedo. A veces mataban una res de una finca, la repartían entre los campesinos. “Hablaban muy excelente”, dice. Pero pronto empezó la violencia. Extorsionaron y secuestraron  a Alfonso Torres, el más grande ganadero de su corregimiento. Él pagó vacunas, rescate y al final se fue y le entregó las tierras al Incora.

Muchos ganaderos encontraron que esa era la mejor solución ante el acoso guerrillero. Tenían buenos contactos en el Incora y algunos hicieron negocio vendiéndole caro al Estado tierras que nada valían por la inseguridad.

El padre del maestro Oviedo, don Francisco, recuerda que a comienzos de los noventa, después de que el EPL y el PRT habían firmado la paz con el gobierno de Barco, un día las Farc lo citaron a él y a sus vecinos en una escuela. “Nos dijeron que ellos iban a mandar para que el campesino tuviera respaldo frente al gobierno. Yo les dije: “Les agradezco lo que han hecho pero es mejor que nos vayan dejando solos. Meterse con ustedes es para problemas”.

La primera masacre en los Montes de María, según lo ha documentado el investigador José Francisco Restrepo de la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar) en Sincelejo, fue en  septiembre de 1992, en El Cielo, un pueblito de Chalán. Hombres armados que aún hoy no se sabe si fueron guerrilleros o paramilitares, entraron a la casa de una familia Yepes Parra y mataron a ocho personas.

En 1994 se salieron de la guerra los de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) una facción del Eln, por una negociación de paz con el gobierno de Gaviria. “Eran unos 120 hombres y mujeres mal armados”, dijo un testigo del momento. Y  las Farc, que ya venía copando los espacios que habían dejado en la zona las otras guerrillas desmovilizadas, se metió a  Sucre con fuerza. Trajo hombres del Magdalena Medio y también los bajó del Urabá,  presionada por la ofensiva de los hermanos Castaño y del ejército en Córdoba.

En El Carmen de Bolívar, por ejemplo, alias ‘Milton’ de las Farc llegó en 1992. Un par de años después la fuerza pública se fue del lugar.  “Ellos eran la autoridad, daban los permisos hasta para matar una res”, dijo Senén Arias, un comerciante de aguacate de esa ciudad.

La guerrilla, básicamente los frentes 35 y 37 de las Farc, el Eln y el Erp,  se concentró en algunas zonas de los Montes de María, donde había mayor riqueza o donde pudieran controlar un corredor estratégico de salida al mar.  En Bolívar, coparon la serranía de San Jacinto, en El Carmen y su zona rural hasta María la Baja;  se extendieron al oriente hacía el río Magdalena, en  Zambrano, El Guamo y Córdoba-Tetón, y en los municipios en la vía hacia Cartagena, como San Juan Nepomuceno y San Jacinto. También boletearon a todo el que pudieron en Ovejas, La Unión, Corozal,  Colosó e incluso, hacia el sur en San Benito Abad, en Sucre. Los primeros secuestrados de las Farc datan de 1989 y después comenzaron a asesinar a los que no pagaban.

El 27 de junio de 1995 las Farc mataron al ex gobernador de Sucre, Nelson Martelo, un hombre muy querido por todos, ganaderos y  dirigentes campesinos, por su mentalidad progresista y abierta. “Era un gran tipo”, dijo un líder agrario. Ese fue un punto de quiebre, dice el profesor Restrepo, allí  arrancó otra etapa.

En esos años de mediados de los noventa el conflicto estalló en los Montes de María. Las Farc generalizó el secuestro. En 1996, Sucre, con 36 secuestros extorsivos,  estuvo entre los diez departamento más golpeado por este delito en el país. Las quemas y bombas en las fincas eran cosa diaria. La Federación de Ganaderos calcula pérdidas multimillonarias. También quemaban tractomulas y peajes en la  carretera troncal de occidente.

El ex jefe paramilitar ‘Diego Vecino’ recuerda que el 24 de agosto de 1995, dormía en la finca ‘Las Melenas’ que administraba, cuando fue asaltada por ‘Alfonso Arango’, comandante del frente 37 de las Farc.”Fui sacado de las casa, todo lo incineraron, lo bombardearon, un ganado que estabaen los corrales fue masacrado”, dijo ‘Vecino’ a VerdadAbierta.com.

La espiral de violencia de paras y guerrillas fue en ascenso. No fue, como han querido hacerlo ver algunos de los ex jefes paramilitares para justificar la barbarie que desataron, que la ofensiva paramilitar llegó como reacción la andanada guerrillera.

Los  primeros paramilitares fueron asesinando, al tiempo que los primeros guerrilleros fueron secuestrando y matando selectivamente a ganaderos e incendiando sus fincas. Era una guerra de baja intensidad, que desde el principio se peleó más contra los civiles que entre los armados.  Y a medida que los paramilitares traían refuerzos y crecían, los guerrilleros hacían lo mismo.

En todos esos años la fuerza pública combatió como pudo, y sin demasiado éxito,  a la guerrilla, pero no a los paramilitares, a los que más bien protegió. Algunos oficiales de Armada, Ejército y Policía y los ‘paras’ tenían la puntería distorsionada por la ideología de la guerra fría y en lugar de los jefes guerrilleros, sus “objetivos militares” eran líderes sociales y políticos.

Recuerda un empresario de El Carmen: “No se podía hablar de nada. Era un tuti-fruti entre guerrillas, paramilitares, policía, y cuando la Armada venía, lo maltrataban a uno. Había tres enemigos guerrilla, paras y  fuerza pública”.

Los años del estallido

El 21 de noviembre de 1994 asesinaron a Rodrigo Montes, un dirigente de la Anuc y por esos mismos días del 94, fue amenazado de muerte el alcalde de Chalán, Edinson Zamora, del Movimiento Cívico, el único que les disputó espacio político por las vías democráticas a los caciques tradicionales liberales y conservadores en la región.

En el proceso judicial por el asesinato de Montes, en el que resultó condenada la banda de Los Meza, un testigo reconoció haber recibido 3 millones de pesos de uno de ellos para que matara al alcalde Edinson Zamora, pero no quiso hacerlo porque era su amigo.

A algunos políticos tradicionales también les resultó conveniente esa guerra sucia. Un grupo de jóvenes liderados por Luis Miguel Vergara, estudiante de medicina,  los comenzaba a derrotar en las urnas con una promesa de hacer un gobierno cívico,  menos corrupto, que le sirviera realmente a la gente con el Movimiento Cívico de Sucre. Con las amenazas y los asesinatos selectivos los ‘paras’ eliminaron está opción de renovación política.

“Vergara y Luis Cárdenas, que hizo trabajo social desde Ciénaga hasta Córdoba,  eran los dirigentes, de clase media corozaleña”, dijo un sucreño que fue cercano a ellos. “Un día mataron al cura de Sincé y la gente se levantó y cogieron a los asesinos y eran del DAS. A Cárdenas que era director de la cárcel, le pidieron que dejara fugar a los asesinos  y él se negó. Luego lo secuestraron y él se voló y lo mataron”.

En  marzo de 1996 asesinaron a una pareja de dirigentes cívicos de Chalán. El 2 de abril siguiente le propinaron varios  balazos, cuando caminaba con un niño en brazos, en frente a su casa en Sincelejo a  Vergara, quien había llegado a ser alcalde de Corozal, y en ese momento era diputado.  Tenía las maletas listas para irse de Sincelejo porque tenía amenazas de muerte. Mataron quince concejales del Movimiento Cívico de Sucre, según la cuentas de simpatizantes suyos.

Al tiempo, las Farc arreciaron su violencia. Acosados los ganaderos y dueños de fincas empezaron a desesperarse. Un sacerdote que participó en algunas reuniones en las que éstos le pedían a la fuerza pública mayor eficacia contra la guerrilla, recuerda que trataban con rudeza a los comandantes  de la Armada y de la Policía por su ineficacia. Éstos se declaraban impotentes.

En Bogotá, el gobierno del presidente Ernesto Samper (1994-1998), en medio de los escándalos por la narco-financiación de su campaña, pendía de la cuerda floja. Los militares y sus aliados a la derecha del gobierno aprovecharon su debilidad para proponer no una política de Estado que le diera estrategia y legitimidad a la difícil batalla que libraban los soldados contra la guerrilla sino un atajo, que resultó ser desastroso.

Les dijeron a los finqueros que se armaran y se defendieran por sí mismos. Y crearon las famosas Cooperativas de Seguridad Rural, Convivir, que como se ha visto, al menos en Sucre y Bolívar, fueron la patente de corso para que los ‘paras’ desataran su monstruosa guerra. Con las Convivir tuvieron armas de uso privativo de la fuerza pública bendecidas por el Estado y sus sicarios, como lo han confesado muchos de ellos en las versiones libres, salvoconductos para matar y huir, amparados por los carnets de las Convivir.

Para cuando se creó la primera Convivir en los Montes de María, en abril de 1995, ya la alianza de políticos-ganaderos sucreños (entre los que había narcotraficantes) y el paramilitarismo de los Castaño en Córdoba y Urabá se había fraguado por distintas puntas.

Algunos ganaderos del Golfo de Morrosquillo, que conocían bien los andares de los hermanos Castaño en Córdoba empezaron a pasarse la voz de la necesidad de invitarlos a combatir a la guerrilla en los Montes de María. Algunos de esos grandes finqueros eran también narcotraficantes y tenían negocios comunes con las Accu.

El caballista cercano a los Ochoa, Javier Piedrahita que era amigo de ‘Vecino’,  en 1996 lo invitó junto con un ganadero antioqueño Elías Vélez a una reunión con Castaño. Después se reunieron muchas veces ‘Vecino’ y Castaño, hasta cuando a fines de 1998, según relata ‘Vecino’, Carlos Castaño lo invitó a ser el jefe político de las Auc en Sucre.

También a mediados de los noventa,  en Córdoba-Tetón y Zambrano, Bolívar, otros finqueros y agroindustriales  (entre los que estaba Pizano S.A. con sus enormes sembradíos de madera teka de su empresa Monterrey Forestal), estaban desesperados con la extorsión y la inseguridad guerrillera. Algunos de ellos, es difícil precisar quiénes porque no se conoce de una reunión específica donde esto ocurriera, buscaron la ayuda de los “exitosos” paramilitares de Urabá.  El narcotraficante Miki Ramírez  ya tenía en la región ribereña a su grupo armado, bastante violento con los campesinos, pero no había dado abasto con la guerrilla.

Fue Salvatore Mancuso, de Córdoba, el que vino en su auxilio. Les envió un primer grupo que entró por El Guamo. En el proceso judicial que se llevó a cabo por el asesinato del alcalde electo de San Jacinto, Carlos Quiroz Tiedjen, en noviembre de 1997,  un miembro de ese grupo originario de El Guamo, Edwin Zambrano, alias “William”, que se fugó, le contó a la justicia lo que sabía. Fue un testimonio valioso porque fue de apenas semanas después de ocurridos los hechos y como las Autodefensas eran aún eran pequeñas Zambrano pudo conocer bastante bien a los jefes. A los fiscales de derechos humanos en Bogotá  les sirvió para dictar la primera orden de captura contra Mancuso.

Edwin Zambrano le contó a la justicia entonces, que había trabajado con ‘Chepe’ Barrera en el Difícil, Magdalena y con Neftalí Ramírez, y que después de fue a El Guamo, Bolívar a la Convivir de alias ‘Leopardo’. Contó como el primer hombre que envió Mancuso a “romper zona” a El Guamo fue ‘Darío’, esposo de ‘La Chave’,  quien manejaba la radio y la prensa de Castaño, después vino ‘Lino’, y por último ‘Leopardo’ o ‘Chuzo’, este último hoy en el proceso de Justicia y Paz.  Dijo que en El Guamo había varias fincas a nombre de ‘Leopardo’, pero que “en realidad eran del Mono Mancuso”, como Las Pampas, Chimborazo, Totumo, La Marqueza y que allí “trabajaba el grupo rural que eran como 30 personas y se hacía entrenamiento”. También dijo que entrenaban en la finca El Chimborazo en El Guamo que era de Miki Ramírez.

Zambrano también reveló que “los jefes de mayor jerarquía están ubicados en el Urabá antioqueño y son los hermanos Fidel y Carlos Castaño. Un subcomandante de esa misma organización es el señor Salvador Macuso, alias ‘El Mono’, un señor ‘Doble Cero’ y el señor Víctor Carranza. Conocí que estos eran los máximos militares de esa organización”.

Otro de los compañeros de Zambrano, Alfredo José Rúas de San Juan Nepomuceno, quién dijo que fue forzado a unirse a los ‘paras’. Éstos habían asesinado a su padre y le mandaron decir que para poder preservar la finca que le heredó, tenía que ayudarles con información. Terminó metido de lleno en ese grupo de El Guamo que cometió varios asesinatos.  Dijo además cosas sorprendentes, que detrás de los Castaño estaba  el narcotráfico y que ese era su verdadero interés: “Hay un primo de Carlos Castaño, que le dicen ‘Jota’ o ‘Carrancho’ o ‘El Alemán’, ellos tienen muchas cocinas por los lados de Caucasia y Chocó, el tapón del Darién y eso es lo que estaban peleando, no tanto la guerrilla, sino que dejaran pasar la droga. Hay otro señor que tiene propiedades por Caucasia, le dicen ‘Javier’, pero el nombre propio es Carlos y la señora Margarita. ‘El Mono’ Mancuso es como un lugarteniente”.

Las confesiones de Rúas y de Zambrano también dieron lugar a que la Fiscalía esclareciera varios homicidios en San Juan Nepomuceno y en San Jacinto y le abriera investigaciones a varios miembros de Armada y Policía que le daban vía libre a los ‘paras’ para que mataran.

La justicia sabía todo esto desde fines de 1997. Y el entonces fiscal de derechos humanos Virgilio Hernández en Bogotá dictó varias órdenes de captura contra los jefes de esa organización incipiente. Recibió amenazas, tuvo que cambiar de puesto, y después fue despedido de su cargo. Quizás si hubiera podido continuar su tarea, el paramilitarismo en el Caribe se hubiera detenido cuando apenas empezaba.

La decisión moral

En Sincelejo empezó a correr la voz entre las familias de tradición que ya no salían de la ciudad por temor al secuestro: que había que apoyar a los Castaño y a Mancuso; que ellos los librarían de la guerrilla. Hubo reuniones entre las familias. Algunos tomaron la decisión de no respaldar a los paramilitares que llegaban de Córdoba.

“No era la manera de hacer las cosas”, dijo una fuente que vivió esos días aciagos. Familias prestigiosas y ricas de toda la vida como los Fadul o los Arrázola prefirieron irse, vender barato o perder la tierra. Otros en cambio, como Salomón el sobrino del reputado y querido doctor Feris,  según cuenta un empresario de Sincelejo, “era jovencito y Carlos (Castaño) lo convenció de que se metiera a esa vaina”. Se volvió el ‘comandante 08’. Su hermano Jorge Luis está en juicio por para-política.

Es el cuñado de Jorge Luis Feris, también de una familia pudiente de la región, Víctor Guerra de la Espriella quien figura en los documentos como el creador de la convivir “Orden y Desarrollo”, en enero de 1997.  Guerra de la Espriella acusado por la Corte Suprema por haber firmado el Pacto de Ralito que, determinó la Fiscalía,  “buscaba construir un nuevo orden por fuera de la política de Estado”, el del proyecto paramilitar. En agosto pasado quedó en libertad porque lo amparó una tutela de la Judicatura.

Según figura en la resolución de acusación contra Guerra de la Espriella, fue él quien apoyó a los paramilitares comandados por Mancuso y Salomón Feris, alias ‘08’, en Sucre con la convivir “Orden y Desarrollo”. En sus denuncias ante el Congreso, el entonces senador Petro también aseguró que esta convivir tuvo además vínculos con Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la empresaria del chance Enilse López.

Según ‘Diego Vecino’, “Orden y Desarrollo”  en realidad fue la convivir de los ganaderos de Sucre que le encomendaron gerenciar a Guerra de la Espriella. En otras palabras, fue la versión anticipada, del trato Las Canarias, la finca  de Miguel Nule Amín, donde los políticos-ganaderos y los paramilitares formalizaron su alianza para iniciar su proyecto, que el país ya conoce en qué acabó.

La expansión paramilitar sin embargo consiguió todo menos acabar con la guerrilla que era supuestamente su principal objetivo. Esa es la gran ironía de esta historia. Destrozó a las familias más pobres, dejando centenares de viudas y huérfanos con sus almas y patrimonios en ruinas. Despojó a los campesinos de sus tierras y aplastó lo que quedaba de su liderazgo. Asfixió cualquier renovación política cuando apenas empezaba a vivir. Les abrió y limpió corredores de tráfico a los comerciantes de lo ilícito. Les consiguió a empresarios contratos jugosos con el Estado y, por vías legales e ilegales, cosecharon, y en algunos casos lo siguen haciendo hoy, rentas millonarias. Hizo todo eso, pero no acabó con la  guerrilla.

Al contrario, como lo demuestran las cifras, a medida que crecieron las incursiones del paramilitarismo en los Montes de María, crecían los ataques de la guerrilla. Entre 1994 y 1996 el número de homicidios en los municipios de Montes de María y en los vecinos a éstos, prácticamente se duplicó.  Las masacres se multiplicaron por seis en Sucre. Y entre 1996 y 1999, en plena expansión de los paramilitares, los secuestros de la guerrilla se multiplicaron por cuatro.

El terror de unos alimentaba el odio de los otros. Violencia trajo violencia.  Y para cuando se inició el proceso de desmovilización en 2003, la guerrilla en los Montes de María estaba entera y su jefe alias ‘Martín Caballero’ seguía haciendo retenes en las carreteras y volando torres eléctricas. Y así como las Farc con todo su odio no les consiguió una hectárea de tierra a los campesinos, el paramilitarismo con todo su terror no les trajo un día de tranquilidad.

La historia oficial que va quedando del relato de los victimarios, esa de que fue sólo una gesta antiguerrillera que se maleó,  hay que enderezarla. El paramilitarismo y la guerrilla prendieron con fuerza y causaron tanta miseria humana porque se alimentó de venganzas heredadas y odios profundos cosechados en una larga disputa por la tierra que nunca se resolvió. Pero también porque demasiados políticos y empresarios locales,  por miedo, por miopía o por avivatos, se plegaron a los métodos bárbaros, importados por el narcotráfico cuando compró grandes fincas e instauró el sangriento negocio en la región.

La Justicia quedó trunca pues el asesinato de varios de sus más diligentes funcionarios y la expulsión de otros aseguró la impunidad.

El Gobierno Nacional no condujo a su fuerza pública por un camino inteligente de protección de la población civil, sino que la dejó a su suerte, con sus viejas ideas anticomunistas y la nueva corrupción del dinero fácil. Además, con las creación de las Convivir dio vía a libre a cientos de matones en semilla; fue echarle gasolina a un incendio que apenas empezaba a prender.

Y claro está, los asesinatos, amenazas sistemáticas a muchas de las mejores inteligencias de la región, la dejó sin defensas. Llena de miedo, paralizada, la sociedad no tenía a quién recurrir, que no fuera a los mismos victimarios.

Aún así, resistieron muchos valientes, pero les faltó poder para detener la máquina de guerra. Y esta sólo ha dado un respiro a los habitantes de los Montes de María, con la estrategia doble que vino después.  Con la negociación, el gobierno pudo desmovilizar a los paramilitares de los Montes de María, del Dique y la Mojana (con todo y las trampas que pusieron). Y  de la mano de unos oficiales valientes, entre los que se destacó el entonces coronel Rafael Colón, mejor conducidos desde el gobierno Nacional, la fuerza pública enderezó su norte y combatió y desvertebró por parejo a guerrillas y paramilitares.

Este tiempo de mayor reposo ha traído prosperidad a los Montes de María, y muchos tejedores de sociedad, colectivos, alianzas de víctimas, laboratorios de paz, redes de organizaciones sociales, proyectos religiosos –los resistentes del pasado –afanosos buscan construir bases para una sociedad mejor, una que haya aprendido las amargas lecciones.

A pesar de sus esfuerzos, sin embargo, los bajos fondos de dónde surgió el horrible conflicto siguen ahí:   una tierra mal repartida y una institucionalidad débil incluso para ponerle orden a la titulación  legítima que hoy, después de despojos sucesivos, sigue siendo un rompecabezas; los negocios del narco, que se regulan a balazos, siguen prosperando en el Golfo de Morrosquillo; la misma dirigencia política corrupta y corta de visión, parece que continúa obsesionada por mantener sus privilegios y fuentes de riqueza, sin darse cuenta de que volverán a pagar un precio altísimo en el futuro; algunos miembros de la fuerza pública o políticos que, rezagados en la historia, no dejan de ver a peligrosos comunistas entre los mejores líderes, y siguen matando gente buena en el campo y, lo peor se salen con la suya.

Sólo si cambian estos factores que le sirven de fundamento al conflicto, podrán realmente los montemarianos evitar que su triste historia se repita.

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