Sobre el río San Juan no se escucha un sólo motor de lancha. Algunos miembros de las comunidades negras e indígenas asentadas a orillas de la principal arteria fluvial del sur de Chocó esperan que llegue el permiso para volver a sus faenas. El resto de la población se esconde en sus casas, racionando los alimentos y medicamentos, con la ilusión de mejores tiempos. Lo único a lo que la guerra no puede restringirle la movilidad es a los ríos que, imperturbables, siguen su curso.

Sipí, Nóvita, Litoral del San Juan, Istmina y Medio San Juan son algunos de los municipios en donde el conflicto armado entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’, y la guerrilla del Eln, se ha arraigado. Esta situación data del 15 de agosto de 2021, cuando se rompió un acuerdo entre ambos grupos, pactado cuatro años atrás, mediante el cual delimitaron sus áreas de injerencia y se comprometieron a no agredirse.

Desde la ruptura de ese acuerdo, las comunidades han sufrido todo tipo de violencias, pero desde abril de este año se han agudizado. “La mayoría de nuestras comunidades han estado en confinamiento obligatorio, otras han sido desplazadas”, explica un líder del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) que prefirió mantener su nombre en reserva por seguridad.

La crítica situación llevó a las comunidades a declararse en alerta de riesgo inminente y a hacer sendos llamados al gobierno nacional para que actúe de manera efectiva y adopte medidas de protección de la población, y a los organismos defensores de derechos humanos para que incidan ante agencias internacionales con el fin de evitar una tragedia humanitaria.

La gente, en el medio

Uno de los casos más recientes tuvo lugar el pasado 2 de julio en la comunidad de Chambacú, del municipio de Sipí, cuando padecieron un nuevo enfrentamiento entre las Agc y el Eln.

Ese día, como la mayoría de sus vecinos y amigos, José Florencio Hurtado y su familia se escondieron bajo una cama ante el sonido del fuego cruzado. En un momento de silencio, José Florencio se acercó a asegurar la puerta de su hogar, pero se reactivó la confrontación y las balas impactaron su cuerpo, causando su muerte.

En reacción, su esposa y sus hijos huyeron de la casa y se tiraron por un barranco en dirección a las riberas del río San Juan, en busca de refugio. En el enfrentamiento, uno de sus hijos menor de edad resultó herido.

En lo que va del año, las comunidades de esta región chocoana del San Juan se han visto inmersas en por lo menos seis confrontaciones y alrededor de cinco paros armados, el último de ellos fue impuesto por el Eln el pasado 4 de julio, obligando a restringir la movilidad sobre la arteria fluvial y sus afluentes, afectando la vida cotidiana de más de 82 mil personas de 41 comunidades negras y 11 comunidades indígenas.

Ante la extendida situación de la crisis, a muchos habitantes de esta región la medida los tomó con pocas reservas de alimentos y medicamentos, por lo que se encuentran ante una grave situación. El fin de semana pasado hubo un corredor humanitario que permitió el abastecimiento de algunas comunidades desplazadas, pero a las seis de la mañana del pasado lunes se reactivaron las restricciones impuestas por los grupos armados.

“Por lo menos se pudo ingresar un poco de comida, pero no ingresó medicamentos. Hay muchas mujeres en embarazo o personas con necesidad de citas de control por enfermedades graves”, explica el líder consultado por este portal. Por eso, la comunidad de Acadesan solicita con urgencia brigadas de salud que puedan atender a la población.

Muchas de las ayudas humanitarias llegaron para las familias desplazadas por su grado de vulnerabilidad, pero a los líderes les preocupa la situación de aquellas confinadas que no han podido ir a sus parcelas para cultivar y recoger la cosecha. “Sabiendo que ya llevan días en paro, todo está desabastecido”, le dicen líderes de la región a VerdadAbierta.com.

Por años, las comunidades negras e indígenas de esta región han sustentado su economía en actividades como la minería, la agricultura y los cultivos de hoja de coca. Sin embargo, todas las actividades se han visto condicionadas; de un lado, por las minas antipersonal que se han sembrado en las áreas rurales; y, de otro lado, por los enfrentamientos y restricciones a la movilidad.

“A la gente le da miedo ir y quedar en medio de un combate en algunas de las quebradas en donde se hacen las tareas del día a día”, reconoce otro líder que también pidió la reserva de su identidad por seguridad.

A través de ayudas humanitarias de la Diócesis de Istmina-Tadó, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y las alcaldías municipales, algunas comunidades han podido asegurar su alimentación, sin embargo, hay inquietudes.

“Es un tema que hasta culturalmente afecta, porque la gente pasa de comer un producto al cual está acostumbrado a tener que comer otro tipo de cosas casi que obligado. Acá no es tan común el fríjol o la lenteja, pero por la situación uno tiene que aprender a comer lo que las organizaciones nos brindan de muy buena fe”, señala uno de los líderes.

Por el momento, niños, niñas y jóvenes están sin clases. “Dentro del territorio de Acadesan hay 10 instituciones y ninguna está prestando clase porque los docentes no pudieron ingresar”, señala el líder de Acadesan. “Nosotros estamos en una olla sin salida. Yo no sé qué va a ser de nuestra comunidad”, agrega, entre lamentos.

Según expertos consultados por este portal que pidieron reserva de su identidad, en los últimos meses, las Agc ha logrado consolidar su poder desde el norte hacia el sur del San Juan imponiendo controles a las comunidades étnicas asentadas entre Boca de Suruco, en el municipio de Medio San Juan, hasta Chambacú, en el municipio de Sipí.

A la par, el Eln ha diseñado una estrategia de contención sobre los territorios que, históricamente, estaban bajo su control en la región del San Juan ante el avance del grupo paramilitar.

Territorio en disputa

De acuerdo con personas que conocen la crítica situación en el sur de Chocó, el control territorial y poblacional en disputa en la región del San Juan pretende asegurar las actividades de la minería ilegal, la deforestación y los corredores de abastecimiento, tráfico y producción de drogas ilícitas.

La guerra se libra en siete zonas estratégicas: subiendo por el río Sipí hacia el río Garrapata; bajando por el río San Juan hacia la comunidad de Noanamá y su conexión con la parte baja del Bajo Baudó; la desembocadura del río Docordó en el municipio de Istmina; el Alto Tamaná y San José del Palmar; el río Tamaná y Torra en conexión con la parte alta de Sipí; el río Irabubú, en Novita, en conexión con el Alto Tajuato, en Condoto; y el denominado Eje de la Boca del río Sipí – comunidad de Negría y Doidó, en el municipio de Istmina, San Miguel, en Medio San Juan, y Chambacú, en Sipí –.

Uno de los primeros pueblos que se vio afectado por las recientes confrontaciones fue Dipurdú del Guácimo, vereda del municipio del Medio San Juan. Inicialmente, sobre esa comunidad tenía control el Eln, hasta que irrumpieron las Agc, se enfrentaron y la guerra se regó por el San Juan.

En 2021 ocurrieron varios desplazamientos y confinamientos. En 2022, aumentaron las acciones contra la población civil, como asesinatos selectivos y minas antipersonal. (Leer más en Comunidades del San Juan vuelven a quedar entre las balas y Denuncian etnocidio en la región del San Juan)

Según líderes de la región, las familias más vulnerables están en Sipí, municipio que lleva desde hace un mes con restricciones estrictas a la movilidad y del cual han salido cerca de 250 familias desplazadas de cinco comunidades. En Istmina se encuentra desplazada la comunidad de Doidó y en ese municipio se destaca la situación de la vereda Negría, victimizada con frecuencia por los grupos armados ilegales.

El primer desplazamiento que sufrió Negría fue a mediados de enero de 2022. Desde entonces, ha pasado por múltiples desplazamientos y confinamientos. “Nunca salimos del confinamiento”, aclara una lideresa de esa comunidad que pidió la reserva de su identidad. El último hecho de desplazamiento se dio el 12 de diciembre del año pasado.

En esa ocasión, las Agc ingresaron a la comunidad de Negría, obligando a sus habitantes a concentrarse en la caseta comunitaria. Mientras hacían el llamado a la reunión, registraron todas las casas. La comunidad se desplazó a raíz del asesinato de un joven cuyo cuerpo fue arrojado a un afluente. Por esa razón, los pobladores huyeron a San Miguel, en el Medio San Juan, allí pasaron las festividades decembrinas y retornaron sólo hasta marzo de este año.

Inicialmente, se desplazaron alrededor de 69 familias, pero retornaron 38 familias. “Con el pasar del tiempo han vuelto otras y ahora estamos 41 familias”, aclara la lideresa, quien precisa que los pobladores restantes se han quedado en comunidades vecinas: “A pesar de la dificultad que se vivía, de la zozobra y la preocupación, se acomodaron las familias por núcleos en casas diferentes de San Miguel, era una comodidad que no iban a tener en Istmina o en otro lugar”.

Fuentes consultadas advierten que, en su estrategia de contención, el Eln ha recurrido a la siembra de minas antipersonal, práctica que también realizan las Agc. Ante ese riesgo, muchas familias han optado por quedarse en el casco urbano.

“En San Miguel, en Dipurdú y en Negría las comunidades no pueden realizar sus actividades tradicionales de producción”, explica un conocedor de la región consultado. Le temen a la cantidad de artefactos explosivos presentes en sus zonas rurales que ha ocasionado accidentes entre pobladores, militares y combatientes.

San Miguel es otro de los puntos donde se han intensificado las confrontaciones. En 2022, hubo dos hechos en los que miembros de esa comunidad se vieron afectados por minas antipersonal. Por solicitud de la comunidad, la Fuerza Pública tuvo que inspeccionar los alrededores del acueducto y activar de manera controlada artefactos explosivos encontrados allí.

“San Miguel pasó de ser una comunidad que en los últimos años se ha desplazado dos veces, que ha estado prácticamente confinada todo este tiempo, a ser hoy una comunidad receptora. Tenemos varias comunidades del municipio de Sipí albergadas”, explica un líder de esa comunidad que pidió la reserva de su nombre por cuestiones de seguridad.

Durante ese tiempo, los pobladores de San Miguel se han tenido que desplazar dos veces. La última vez, por un enfrentamiento que el Eln y las Agc libraron dentro de la comunidad. En esa ocasión, aunque ningún habitante resultó asesinado, el caserío quedó devastado.

Para la guerrilla del Eln, el sur de Chocó es una de las zonas estratégicas para el Frente de Guerra Occidental, donde lleva más de 15 años de presencia armada, imponiendo controles territoriales y sociales. Esta estructura alzada en armas llegó allí proveniente del sur de Córdoba, de donde fue desplazada por los grupos paramilitares en su confrontación por el control del Nudo de Paramillo.

Este Frente ha tratado de expandirse, pero la Fuerza Pública le ha propinado golpes certeros al Eln en los últimos cinco años: en 2016, fue abatido ‘Omar Gómez’, tercero en la línea de mando; en 2020, un francotirador eliminó a ‘Uriel’, un activo guerrillero en redes sociales; y en el 2021 cayó ‘Fabián’, tras un bombardeó.

El problema para ese grupo armado ilegal, según consultas de este portal a personas conocedoras de sus dinámicas, es que es una zona de retaguardia, la cual no se puede perder porque “para dónde más van a coger”.

Para el Eln salir del sur de Chocó no es una opción, pues sería dejarle un territorio estratégico a las Agc, con las posibles represalias que puedan tomar contra las comunidades. Y es que no sólo es clave para actividades ilícitas, allí también se han concebido, a largo plazo, grandes obras de infraestructura y proyectos agroindustriales.

Estudios de recientes del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) precisan que diferentes factores han perpetuado la guerra en Chocó, que van desde la corrupción y la presencia de actores armados, legales e ilegales, hasta los megaproyectos y la propiedad de la tierra. (Leer más en: ¿A qué se debe la persistencia de la guerra en Chocó?)

Lejos de la Paz Total

La Fuerza Pública hace presencia en el municipio en las comunidades de Dipurdú del Guasimo, San Miguel y Negría, de Medio San Juan, y en Noanamá, en Istmina. Pero las comunidades tienen muchas dudas sobre su manera de operar.  “No se ve el avance de la Fuerza Pública”, afirma, con preocupación, un líder de la región. “El Ejército no hace nada por controlar el territorio, está como estático”.

Frente a la apuesta del presidente Gustavo Petro por sacar adelante su política de Paz Total, que tendrá su primera prueba a partir del próximo 6 de agosto, cuando entre en vigor el cese al fuego acordado por 180 días con el Eln, las comunidades del sur de Chocó observan con preocupación que la guerra, lejos de detenerse, está empeorando.

“Necesitamos un cese al juego multilateral con todos los actores”, piden desde el Consejo comunitario de Acadesan. Para la lideresa de Negría, el cese al fuego bilateral no causa ningún impacto. “Necesitamos un plan de acción que dé respuesta a las necesidades que tienen las comunidades”, complementa.

En respuesta al clamor de las comunidades, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) expidió un comunicado el pasado martes mediante el cual exigió “a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional permitir de inmediado (sic) el libre tránsito de personal civil y ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por sus operaciones armadas”.

En su comunicado, la OACP aseveró que una caravana de 20 lanchas que transportaba ayuda y atención de las personerías de la región intentó llegar a Chambacú y Noanamá, comunidades que albergan familias desplazadas, pero a la altura de Bocas del Sipí, “al escuchar los disparos de un enfrentamiento armado, la caravana tuvo que detenerse y dar vuelta atrás sin poder completar la entrega de ayuda humanitaria que habia (sic) sido planeada”.

La OACP le recordó tanto al Eln como a las Agc que “impedir a las víctimas de la violencia a acceder a ayuda humanitaria viola el derecho internacional y profundiza las graves condiciones de exclusión y discriminación que históricamente han aquejado a la población del departamento del Chocó”.

Con respecto al comportamiento de la Fuerza Pública, cuestionado por las comunidades, pues observan que no actúan ante los enfrentamientos que libran los grupos ilegales, la OACP acusó recibo de “información contrastada de omisión, tolerancia o complicidad de sectores militares con las Agc, de señalamientos, asesinatos y amenazas de las AGC sobre la población civil, y de presiones y amenazas del ELN sobre candidatos políticos. Estas denuncias están siendo tramitadas de manera expedita”.

Las denuncias de la posible “omisión, tolerancia o complicidad” de la Fuerza Pública con las Agc viene de tiempo atrás. Este portal ha recogido esas denuncias desde 2017, por medio de voces de líderes de este departamento, así como de voceros del Eln. Sin que se haya hecho nada por remediarla. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública? y Eln denuncia que ‘gaitanistas’ reciben apoyo del Ejército en Chocó)

Por su parte, a la Mesa Humanitaria y Construcción de Paz del Chocó le preocupa la política de Paz Total promovida por el gobierno nacional. De acuerdo con sus análisis, se han generado expectativas ante las comunidades, “sin responder a estas situaciones de crisis humanitaria”.

Y es que la situación es bien preocupante, de acuerdo con un comunicado divulgado por esta Mesa el pasado jueves: “Los alcaldes de estas comunidades se encuentran amenazados y en el momento ninguno despacha desde su municipio”. En el caso de Sipí, según su propio mandatario, “la cabecera municipal se encuentra totalmente deshabitada”.

En su comunicado, la Mesa llamó la atención de diversas instancias gubernamentales y del Eln para que atiendan de manera pronta y efectiva la crítica situación en el sur de Chocó y no continúen agravando la vida de los pobladores.

Entre las exigencias planteadas, está la de implementar mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento del Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó, planteado desde el 2017 a la mesa de negociaciones instalada por el Estado colombiano y el Eln en la ciudad de Quito, Ecuador, como una medida para prevenir justamente estas crisis.

Exigieron, además, adoptar medidas para proteger la población civil, evitar la ejecución de conductas que generen desplazamientos, confinamientos o restricciones a la libre movilidad de los pobladores de los consejos comunitarios de comunidades negras y los resguardos indígenas; garantizar el respeto a la libertad, la vida e integridad física de la población chocoana, y de líderes y lideresas; así como de no continuar con la siembra de minas antipersonas en territorios étnicos; y abstenerse de recurrir al secuestro, la desaparición forzada y el reclutamiento de menores.

También exigieron un cese al fuego multilateral por parte de todos los actores armados ilegales que operan en la región, así como de la Fuerza Pública, en el departamento, como medida para aliviar la crítica situación humanitaria.

Finalmente, propusieron hacer una sesión ampliada de la Mesa Humanitaria en el municipio de Istmina que se realizará entre el 26 y el 28 de julio. Se espera que asistan voceros de instituciones locales, regionales y nacionales, organismos de control, agencias de cooperación internacional, con el objetivo de lograr respuestas efectivas. Asimismo, hicieron “un llamado especial al Alto Comisionado de Paz para que haga presencia en esta importante sesión”.

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Mientras la mayoría de los colombianos iniciaban 2022 llenos de propósitos y esperanzas, en el departamento de Arauca, zona limítrofe con la República Bolivariana de Venezuela, la guerrilla del Eln y disidentes de las antiguas Farc se enzarzaron en una guerra cuyos blancos son organizaciones comunitarias y líderes sociales.

La primera semana del año tiñó de rojo a los araucanos: 27 personas fueron asesinadas de manera selectiva y no hacían parte de las hostilidades. La Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal corroboraron que la mayoría de las víctimas fueron ajusticiadas con tiros de gracia. Los municipios de Saravena, Fortul y Arauquita se tornaron en escenario de ejecución armada. (Leer más en: Arauca, bajo un conflicto armado más allá de las drogas ilícitas)

Los días 10 y 19 de enero, las miradas del país se concentraron nuevamente en Saravena. En el primero de ellos, la sede de la Empresa de Acueducto Comunitario fue atacada con grandas; y en el segundo, un carrobomba fue detonado en inmediaciones de la sede de varias organizaciones sociales. El último de los hechos se lo atribuyó la disidencia del Frente 28 de las Farc, que reivindicó el ataque porque supuestamente esa sede era “el centro de mando” de uno de los frentes urbanos del Eln.

En la esquina opuesta del país las armas de grupos surgidos tras la dejación de armas de las Farc también dejaron su estela de sangre. Fueron accionadas contra miembros de la Guardia Indígena del norte del departamento de Cauca.

El 17 de enero fue asesinado Breiner David Cucuñame, de 14 años de edad, quien velaba por la protección del medio ambiente; y el 24 enero, Albeiro Camayo, curtido líder de la Guardia Indígena, quien la dirigió durante varios años, fue sacado de su casa y ejecutado enfrente de la comunidad. Ambos cuidaban al resguardo de Las Delicias, ubicado en el municipio de Buenos Aires. Se presume que fueron asesinados por disidentes de la Columna Móvil Jaime Martínez.

Por otro lado, los efectos de la guerra que libran en la región Pacífico el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo surgido tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia entre 2003 y 2006, han producido graves afectaciones humanitarias, con asesinatos, desplazamientos forzados y confinamientos de comunidades negras ubicadas en el sur de Chocó y Buenaventura. (Leer más en: Denuncian etnocidio en la región del San Juan)

Además de esas acciones frontales por parte de grupos armados ilegales contra comunidades o colectivos específicos, otras formas de violencia persistieron en el pasado mes de enero: se perpetraron 13 masacres en diez departamentos; y, de acuerdo con registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 14 líderes sociales fueron asesinados en siete departamentos.

Y, como si fuera poco, en medio de ese cruento panorama, miembros de la Policía y del Ejército Nacional, sufrieron atentados con explosivos y ráfagas de fusil en diferentes municipios de Norte de Santander, Cesar, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca. Algunos uniformados perdieron la vida y la mayoría resultaron heridos.

Esa ola de violencia demostró que nadie está exento de ella: el pasado 27 de enero en Guaviare, una delegación de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, que acompaña la implementación del Acuerdo de Paz, fue retenida por disidentes que incineraron dos de sus vehículos, al salir del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Colinas, en donde excombatientes de las Farc que siguen firmes con el proceso de paz, luchan por lograr su reincorporación a la vida civil.

¿Por qué esa violencia?

Diferentes analistas e investigadores del conflicto armado consultados por este portal coinciden en que la actual crisis humanitaria y las afectaciones de orden público son producto de dinámicas regionales de los grupos armados ilegales que vienen de tiempo atrás.

Jorge Mantilla, director del Área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se remite a la comparación de indicadores para explicar lo acontecido en este arranque de año: “La situación de orden público, pero sobre todo los impactos humanitarios por la confrontación entre grupos armados, vienen aumentado desde el año pasado: 2021 cerró con unos niveles de desplazamiento forzado similares a los de 2011, los más altos en la última década; también cerró con un incremento de la tasa de homicidios, lo cual no sucedía hace varios años”.

Por esa razón, indica que hay un claro deterioro en materia de seguridad, que en gran parte se explica por la disputa entre grupos armados en diferentes regiones del país. Y precisa: “Estamos atravesando por un proceso de reconfiguración de las disidencias y de expansión en el suroriente; una consolidación o asentamiento de la disidencia de ‘Gentil Duarte’; y una disputa entre la Segunda Marquetalia, ‘Gentil Duarte’ y el Eln en el suroccidente; y en Chocó hay disputa entre Eln y Clan del Golfo (también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia)”.

Esa visión es compartida por Camilo González Posso, director de Indepaz, quien señala que dichos enfrentamientos han cobrado características de guerra locales, con niveles extremos en Arauca y Cauca. Sin embargo, advierte sobre una gran diferencia entre los meses de enero de 2021 y de 2022: el año pasado la violencia era más ‘sutil’ y estaba dirigida hacia líderes sociales por medio de ataques sicariales, ahora son hechos de mayor envergadura.

“Lo que hace más crítica la situación son los enfrentamientos. Hay un contraste porque hay más enfrentamientos, pero menos asesinatos de líderes sociales (14 en enero de 2022), si se comparan con el año pasado (19 en 2021); lo mismo ocurre con los asesinatos de excombatientes de las Farc, que han disminuido”, sostiene González.

Y agrega: “Tenemos ese panorama contradictorio, en donde los combates son más graves y hay más acciones militares de grupos armados, no sólo entre ellos y contra organizaciones sociales, sino también hacia la Fuerza Pública. En los periodos anteriores la violencia fue más mimetizada y local, en cambio ahora tenemos fenómenos de violencia subregional”.

Para Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE), los actuales repertorios de violencia no son nuevos y vienen en aumento desde 2017: “No es nada nuevo y se dan en contextos de disputa territorial, como lo hemos visto en Arauca, Cauca, Nariño, sur de Chocó, Buenaventura y sur de Bolívar. Son decisiones estratégicas para tratar de debilitar al enemigo y/o lograr el control territorial. La gran diferencia es Arauca, el resto es un poco igual”.

El factor Eln y las elecciones

Luis Celis, analista de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), advierte que las acciones militares del Eln están relacionadas con los comicios de los próximos meses, en los que se elegirán a los próximos Senadores, Representantes a la Cámara y al Presidente de la República.

“Estamos en un periodo preelectoral, entonces ellos decidieron hacerse visibles. Hubieran podido tomar un camino contrario de distensión del conflicto, de un cese unilateral. En octubre pasado, Defendamos la Paz (movimiento ciudadano que impulsa la implementación del Acuerdo de La Habana) les escribió a todos los actores armados organizados ilegales que hicieran un cese unilateral por la época de elecciones. El Eln no se dio por aludido, no respondió nada”, indica Celis.

Y reitera: “Escogieron el camino de hacerse civiles con su accionar organizado de enfrentar a la Fuerza Pública, de enfrentar a la Policía. Entonces el año empezó con la pelea entre el Eln y las Farc en Arauca, pero eso es otra historia porque es una pelea entre irregulares y luego continuó con el ataque al Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional) el 7 de enero en Cali”.

Ese planteamiento es compartido por Mantilla, de la FIP, quien considera que, por medio de los ataques contra el Ejército y la Policía, el último grupo guerrillero del país busca insertarse en la agenda política y electoral del país: “Es un año electoral y el cierre del gobierno de Duque genera la posibilidad de que el próximo, abra o no, unos eventuales diálogos. Allí hay una apuesta que para el Eln puede ser importante. Eso explica el incremento de ataques contra la Fuerza Pública en la última semana”.

Por otro lado, para Carlos Medina Gallego, investigador de la Universidad Nacional de Colombia, la seguidilla de ataques del Eln contra las Fuerzas Armadas y sus aliados de inteligencia internacional, obedecen a la confrontación de la guerra con guerra.

“Esos son blancos permanentes del Ejército de Liberación Nacional, entonces que estén atentando contra las bases militares hace parte de su política de confrontación. Lo que habría que preguntar es cómo pasaron cuatro años de gobierno y el presidente Iván Duque no fue capaz de continuar las mesas de conversación con el Eln, colocando unas líneas rojas que hicieron inviable un proceso de diálogo con ellos, que bien o mal, había comenzado en el proceso de Juan Manuel Santos”, cuestiona Medina Gallego

En cuanto al gobierno nacional, varios son los interrogantes sobre su accionar en los diferentes focos de violencia que azotan al país. La respuesta del Ejecutivo ha sido la siempre: cuando sucede un hecho que conmociona a la opinión pública, aumentar el pie de fuerza y ofrecer recompensas. Medidas que no han dado resultados.

¿Sin salida?

Para González Posso, de Indepaz, el gobierno nacional debería considerar que el conjunto de la población de los departamentos que se encuentran en ‘llamas’ por el accionar de grupos armados ilegales está siendo víctima.

“Tiene que tener una atención social y humanitaria privilegiada, y no escenarios de ocupación militar para una guerra con esos grupos armados. Declarar territorios en emergencia humanitaria y no territorios de guerra; a partir de allí desarrollar una estrategia de seguridad humana y buscar el monopolio de la fuerza, pero sin descuidar los componentes de apoyo social”, propone.

Mantilla también se refiere sobre la posibilidad de cambiar la política de seguridad: “Hay una necesidad de replantear la estrategia de seguridad, pero eso ya le tocará al próximo gobierno. La estrategia del presidente Duque se enfocó en afectar a los grupos armados, particularmente a sus cabezas y objetivo de alto valor, como el caso de ‘Otoniel’ en el Clan del Golfo; como ‘Fabián’ en Chocó y ‘Uriel’ con el Eln. Es una política que se ha enfocado en afectar a los grupos criminales, en copar militarmente territorios y en erradicación de cultivos ilícitos”.

Ante ese panorama, el investigador de la FIP señala que, lastimosamente, esa decisión “no se tradujo en disminución de la violencia, ni mucho menos en la protección de los civiles. Hay que hacer un replanteamiento frente a la política de seguridad y las nuevas amenazas. Grupos como el Eln, el Clan del Golfo y las disidencias no se pueden contener de la misma manera como se hizo con las Farc: esa reedición de la Seguridad Democrática 2.0 carece de una lectura acertada de la naturaleza de las amenazas”.

En un sentido similar se pronuncia Johnson, de CORE: “El Estado tiene que actuar con una política de seguridad más adecuada y adaptada al contexto de guerras locales, la búsqueda de control territorial y la protección de la protección civil”.

Para ello, a su juicio, es necesario implementar las disposiciones del Acuerdo de Paz de manera integral, pero teniendo presente que son de largo plazo y que deben complementarse con otras políticas, “como una reforma al sector seguridad, quizás un nuevo programa de sustitución porque el del Acuerdo de Paz no ha funcionado mucho, fortalecimiento del Estado en lo local y lucha anticorrupción”.

A falta de un timonazo, el desangre y el sometimiento de la población civil por medio de los fusiles continúa. Al cierre de este artículo, se conoció que Hermen Naranjo Quintero, quien fue secuestrado y sacado de su casa por hombres armados el pasado martes en Tame, Arauca, fue asesinado el día de ayer.

#Urgente Esta mañana fue secuestrado el señor Hermen Naranjo Quintero en la vereda #Corocito municipio de #Tame se lo llevaron de su casa
Ayúdennos a difundir por favor
Necesitamos urgente corredores humanitarios en #Arauca @MisionONUCol@DefensoriaCol#SosArauca pic.twitter.com/fShSGAdEV7

— Mayerly Briceño (@Mayeb96) February 1, 2022

Mientras el gobierno nacional sigue insistiendo en medidas ineficaces y guarda silencio ante los arbitrarios señalamientos que hacen los grupos armados sobre la población civil, para justificar las ejecuciones que están realizando de supuestos colaboradores de sus enemigos, las muertes en el campo se suceden una tras otra. Las comunidades rurales tienen a los grupos armados apuntándoles de frente y a la institucionalidad dándoles la espalda.

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Desplazamientos forzados y confinamientos padecen las comunidades por cuenta de disputas territoriales entre ‘elenos’ y ‘gaitanistas’ en esa región de Chocó. Es por ello que le reclaman al Estado asistencia humanitaria efectiva; además, cuestionan una presunta connivencia de agentes de la Fuerza Pública con grupos paramilitares y lanzan, nuevamente, una voz de alerta para que no se consuman “genocidios que podemos evitar”.

La libre movilidad por los ríos de la región del San Juan, después de las seis de la tarde, está condicionada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y por las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que mantienen combates a sangre y fuego en medio de la población. Las comunidades son presas del temor y, al unísono, advierten que “en menos de un mes se nos volvió un infierno el San Juan”. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)

“A mí alguien de esta zona me decía: ‘vea, doña Eliza, cuídense mucho en las comunidades porque esto se va a ‘formar’, porque esto está muy minado de personas que no hacen parte de la estructura que permanecen acá, porque va entrando mucha gente y bien armados’”, sostuvo Elizabeth Moreno Barco, representante legal del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), al referirse a los rumores que corren en las zonas ribereñas.

Las comunidades negras llaman la atención sobre dos hechos que vienen evidenciando en el último mes: por un lado, denuncian que los desplazados del municipio de Medio San Juan (o Andagoya) no están siendo atendidos humanitariamente; y de otro, que un grupo de familias, en las mismas condiciones, permanecen atestadas en la sede de Acadesan en el casco urbano de Istmina, a donde llegaron hace varios días en busca de refugio ante la intensidad de la guerra en las selvas del sur de Chocó.

Sólo cinco días después de desplazarse de manera forzada, la comunidad de Dipurdú del Guasimo, que emprendió la huída el 15 de agosto, recibió algunos mercados familiares por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Con peor suerte han contado en Istmina, pues no han recibido ningún tipo de ayuda. Esa clase de hechos son denunciados frecuentemente por la representante legal de Acadesan y voceros de la Iglesia católica chocoana, sin que tengan mucho eco.

Frente a esa situación, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), emitió una alerta humanitaria por el confinamiento de 2.783 personas y el desplazamiento de 935 más, luego de tres días de continuos enfrentamientos entre el Eln y las Agc, aunque no los refiere con sus nombres propios, sino que recurre a las siglas empleadas por el gobierno nacional y las autoridades militares y de policia: GAO (Grupos Armados Ilegales) y GDO (Grupos Delincuenciales Organizados).

En esa alerta, OCHA expresó su preocupación por las dificultades locales para atender esta crisis social: “Dada la magnitud de la emergencia, la administración municipal de Medio San Juan ha declarado que no tiene capacidad presupuestal para dar una atención humanitaria rápida a las comunidades afectadas. Situación que estaría dando paso al retorno sin condiciones de seguridad de algunas familias desplazadas”. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’)

En entrevista con este portal, el sacerdote Jesús Albeiro Parra, una de las personas que más conoce la situación de la región, dijo que en el San Juan hace falta de todo: “Necesitamos albergues, necesitamos elementos de salud, necesitamos alimentación; es decir, todo lo que implica un atención humanitaria integral”. 

Para paliar la crisis humanitaria, desde las arquidiócesis de Cali, Medellín y Bogotá, a través de sus bancos de alimentos, han empezado a enviar suministros hacia la región del San Juan, pero el padre Parra advirtió que hasta ahora vienen en camino y, de todos modos, no serán suficientes. “Quien debe responder es el Estado… el gobierno”, se quejó.

Según le contaron líderes de la región a VerdadAbierta.com, las administraciones locales están instando a los desplazados a que retornen a sus territorios. Hacen ese llamado muy a pesar de no tener garantías de retorno. La justificación de los funcionarios públicos es que no hay recursos para atenderlos. 

“Lo que menos le conviene al gobierno es que se vea que hay desplazamientos”, sostiene el sacerdote Parra. “Como han negado los confinamientos, porque como los confinamientos no los ven, a ellos les duele mucho cuando las comunidades se desplazan. Lo que hacen rápidamente es decir que hay garantías, lo primero que hace la Fuerza Pública es decir, ‘no, ya pueden retornar’ y uno de los principios para un retorno es el tema de seguridad”.

Por otro lado, las comunidades le han expuesto a sus líderes que sienten que la Fuerza Pública sólo está enfrentando a la guerrilla del Eln y que su actuar no es el mismo con los grupos sucesores del paramilitarismo que deambulan por la región. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública?)

“¿Por dónde ha entrado tanto paramilitar? ¿Por dónde han entrado las Agc? ¿Será que la selva chocoana produce paramilitares allá por montón?”, se preguntó el sacerdote Parra y cuestionó las afirmaciones que se han divulgado desde el Ministerio de Defensa, que afirman que las vías y territorios están controlados. “Uno no entiende cómo con tantos controles entraron los paramilitares, porque ellos vienen de afuera”, resaltó. 

Voceros de las comunidades alertan sobre los graves riesgos que enfrentan las comunidades que tienen su vida arraigada en el municipio de Sipí. Según ellos, unidades paramilitares fuertemente armadas y organizadas se movilizan en San Miguel (Medio San Juan), la primera vereda que se encuentra al salir de Sipí con rumbo al vecino municipio de Istmina.

El padre Parra se preguntó qué hay detrás de toda la militarización que atraviesa esta región, qué intereses se mueven: “En el San Juan nos preocupa esa pretensión que hay de una empresa canadiense de adueñarse de más de 30 mil hectáreas, también la coca, la minería y hay otros temas ahí que, sabe uno, lo que quieren es despojar estos territorios y el Estado, el gobierno no dice nada… va  uno a ver la implementación de los Acuerdos y es malísima”.

Esa alusión al despojo de tierras está relacionada con una disputa por la posesión de un extenso predio de 32.450 hectáreas en jurisdicción del municipio de Sipí que enfrenta a las comunidades negras con un empresario canadiense de dudosa reputación. Esa tensión fue objeto de una investigación que le tomó a este portal cinco meses de trabajo y sus resultados pueden leerse en la publicación bajo el título de Despojo invisible de una selva chocoana.

Comunidades indígenas confinadas

El Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombia (Woundeko) también lanzó una alerta sobre lo que ocurre en las comunidades de San Cristóbal, Puerto Olave y Unión Chocó, afectadas por la confrontación entre las Agc y el Eln.

Tras la salida de un amplio contingente de guerrilleros de las antiguas Farc de ese territorio, en su camino a la dejación de armas y reincorporación como parte del Acuerdo de Paz firmado con el Estado colombiano en noviembre de 2016, la guerrilla del Eln copó la zona, afectando a las comunidades indígenas.

Pero con la llegada de las Agc, la calma que sentían los Wounaan se acabó. Desde el  pasado 19 de septiembre, la comunidad de Puerto Olarte, que hace parte del Resguardo Puadó, La Lerma, Mataré y Terdó; y las comunidades de la Unión Chocó y San Cristóbal, del Resguardo Unión Chocó – San Cristóbal, se encuentran confinadas.

De acuerdo con un comunicado divulgado por Woundeko, ese día “llegaron más de 100 hombres fuertemente armados de las AGC y rodearon la comunidad de unión Chocó (sic), lo que ha generado miedo y zozobra sometiéndolos automáticamente a confinamiento total de esta comunidad, pese a que las autoridades trataron de desplazarse, les fue impedida su salida, en tanto que la comunidad de San Cristóbal alcanzo (sic) a desplazarse hacia la comunidad de Puerto Olave, situada sobre el río San Juan”.

Esa situación de confinamiento afecta a por lo menos 249 familias, distribuidas así:  comunidad de Unión Chocó, 125 familias y 584 habitantes; comunidad de San Cristóbal, 63 familias y 387 personas; y Puerto Olave, 61 familias y 301 personas. 

El pasado fin de semana, el presbítero Jaime Zapata, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Istmina, Tadó, lideró una misión humanitaria junto con autoridades de la comunidad Wounaan que consiguió sacar de la zona de conflicto a 118 familias, compuestas por 584 comuneros indígenas.

“Si el Estado no había podido llevar la ayuda humanitaria para las comunidades negras que ya estaban desplazadas hace 20 días o más en toda esa zona de San Miguel, Dipurdú; que algunos estaban en Istmina, otros estaban en el municipio de Medio San Juan, ahora con la llegada de los indígenas a estos sitios que le indico, pues eso agrava más la situación”, alerta el sacerdote Parra.

Organizaciones no gubernamentales y la Diócesis de Istmina reclaman con urgencia atención integral del Estado en el cuidado de las comunidades negras e indígenas de esa región chocoana. Y para hablar de ello con más detalle, aún en medio de la tensión generada por la guerra entre guerrilleros y paramilitares, convocaron a participar del Pacto por la Vida y por la Paz, que se llevará a cabo en las comunidades más afectadas de Istmina y Medio San Juan entre el 11 al 15 de octubre. La crítica situación no da espera y por ello se requiere la superación de la paquidermia institucional.

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En menos de mes y medio, el Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) ha publicado tres comunicados advirtiendo la grave situación de riesgo por la que atraviesan los pobladores del afluente del San Juan, en el sur del departamento de Chocó. La situación de seguridad es crítica: afrontan desplazamientos y confinamientos.

El pasado fin de semana la situación estalló: al menos 1.444 personas se encuentran en situación de desplazamiento y 1.391 confinadas porque habría ocurrido lo que muchos temían: al parecer se rompió uno de los pactos más importantes entre grupos armados ilegales en la región del San Juan. 

A finales de junio de este año, una visita de verificación interinstitucional pudo registrar las afectaciones de las que fue víctima la comunidad de Monte Bravo, del municipio de Istmina, entre los días 21 y 22 de ese mes. Este sería el inicio de una creciente ola de violencia sin que se tenga certeza sobre las razones que la iniciaron  y qué grupos armados, legales e ilegales, estarían involucrados.

En aquella oportunidad, el Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) —que representa a 72 comunidades negras dentro de un título colectivo de poco más de 683 mil hectáreas—, junto con la Alcaldía de Istmina, la Personería Municipal, la Defensoría Regional Chocó, la Unidad de Víctimas y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), evidenciaron orificios de proyectiles en varias viviendas y en algunos árboles de Monte Bravo, y recogieron los testimonios de las comunidades en los que se indicaba que sujetos armados y uniformados, que no estaban en combate con otro actor, había arremetido contra la comunidad y sus bienes. 

Según estas mismas versiones, los hombres que usaban brazaletes de colores rojo y blanco, después de insistirles para que se identificaran, dijeron que eran miembros del Ejército Nacional.

El Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN) publicó en su cuenta de Twitter un video en el que, según explican, mientras la comunidad “buscaba refugiarse, el Ejército Colombiano disparaba directamente a sus cuerpos, sus lanchas y sus casas”. 

Se dijo, además, que las tropas estatales habrían ingresado a las viviendas y robado documentos de identidad, celulares, maletas, computadores y otros bienes. Las comunidades alertaron sobre posibles montajes judiciales, pues presuntamente se les habría incautado armas que los pobladores afirman fueron puestas por los uniformados en sus hogares. 

#AlertaComunidadesNegras

El día 21 de junio en el Municipio de Istmina – Chocó, sobre la vereda de Monte Bravo de Panamacito, el @COL_EJERCITO desarrolló hostigamientos en contra de la población civil, los habitantes fueron sorprendidos por ráfagas de fusil y explosiones. pic.twitter.com/kuHzhBRN6J

— PCN (@renacientes) June 26, 2021

Acadesan trató la situación en el Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) del 1 de julio. Al final de la reunión, diferentes instituciones del Estado se comprometieron a remitir ayudas y tomar las declaraciones de las familias desplazadas forzadamente, “lo cual sólo se realizó hasta el 23 de julio de 2021 en el caso de la toma de la declaración, las ayudas humanitarias fueron entregadas por parte del ente territorial, en la última semana del mes de julio de 2021”, se lee en un comunicado difundido el pasado 4 de agosto. 

En aquella reunión también le solicitaron al Ejército Nacional que investigara si miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán —que desde el 9 de enero de 2014 fue activada por el entonces presidente, Juan Manuel Santos, para el departamento de Chocó— habían sido realmente los protagonistas de esos hechos, pero según le explicó a VerdadAbierta.com una fuente cercana a este proceso, en esa ocasión no se presentó el comandante de esta unidad, Brigadier General Óscar Leonel Murillo Díaz, y su delegado se limitó a tomar nota.

El pasado 27 de julio, en una segunda reunión del Comité Territorial de Justicia Transicional, convocada para hacerle seguimiento a los hechos del San Juan, el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán se empeñó en ilustrar los actores ilegales que desde esa institución tiene identificados en esa región y en abordar su concepto de seguridad frente a las garantías para el retorno a las comunidades, pero “a nosotros la Fuerza Pública nunca nos dijo si los que habían originado la situación de conflicto, tensión para el 20 y 21 de junio había sido la Fuerza Pública”, precisó una fuente cercana al consejo comunitario. Desde entonces no les han dado más respuestas.

Balas que desplazan

“Nosotros estamos en el territorio con todos los actores armados: legal e ilegal, y al final no sabemos cuál es el uno y cuál es el otro”, expresó Elizabeth Moreno Barco, más conocida en la región como ‘Chava’, representante legal de Acadesan.

El miedo de identificar a los actores armados que transitan por la región es frecuente en las comunidades del San Juan. Tampoco es tarea fácil, las dinámicas del conflicto no permiten el diálogo humanitario que viene desde la población civil en todas las ocasiones como sí era más frecuente años atrás.

Tras la salida de la guerrilla de las Farc luego de la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, el Frente Ernesto Che Guevara, adscrito al Frente de Guerra Occidental de la guerrilla del Eln, se afianzó en la región. Esa estructura es comandada por Emilce Oviedo Sierra, conocida con el alias de ‘La Abuela’. Sin embargo, en los últimos años se ha cernido sobre los afluentes del San Juan, desde el departamento de Valle del Cauca, el grupo de origen paramilitar conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’.

Esa presencia armada, al parecer sin contención alguna por parte del Ejército, se ha venido dando en las últimas semanas, de acuerdo con una alerta enviada hace dos días por Acadesan, por “la movilización masiva de hombres armados, así como los combates entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estas situaciones se presentan en el Bajo y Medio San Juan, vulnerando los derechos fundamentales de comunidades de ACADESAN ubicadas en los municipios de Litoral del San Juan, Medio San Juan, e Istmina”. 

Esa advertencia evidenciaría una ruptura entre ambas estructuras armadas, pues al parecer desde finales de 2017 habrían logrado un acuerdo de no agresión en la región, que fue presenciado por miembros de estas comunidades. 

Las diferencias se zanjaron tras dividirse el territorio: de la parte urbana del municipio de Istmina hasta la región geográfica conocido como Los Remolinos de La Unión (municipio de Medio San Juan) sería dominio de las Agc; y desde la comunidad negra de La Unión (Medio San Juan), hasta la comunidad negra de Palestina (Litoral del San Juan), sería territorio del Eln. Cada grupo recibiría las rentas de las actividades mineras, forestales, de cultivos de uso ilícito y tráfico de drogas en sus respectivas áreas de operaciones sin emprender acciones violentas.

Sin embargo, todo parece indicar que ese acuerdo se habría roto el fin de semana pasado cuando se registraron enfrentamientos entre ambas organizaciones armadas en la vereda Dipurdú del Guácimo, municipio del Medio San Juan. 

“Este año no sé qué ha pasado… no sé si es la reconfiguración, pero parece que el pacto se rompió. Veíamos con gran tristeza y dolor porque para nosotros como subregión del San Juan fue de gran alivio y no podemos desconocer que ese pacto, ese cese entre los grupos generó mayor confianza, mayor movilidad en algún sector del territorio”, reconoció Moreno.

Esta lideresa explicó que en los últimos días comenzó a sentirse la presencia de grupos al margen de la ley desde la cabecera municipal del Litoral del San Juan, en donde algunos tenderos fueron extorsionados por personas no identificadas. Luego vendrían afrentas de las Agc en territorio del Eln y, finalmente, se dieron los enfrentamientos en Medio San Juan. 

El pasado jueves, estructuras de las Agc, pasaron el sitio geográfico de Los Remolinos de La Unión y llegaron hasta la comunidad negra de La Unión, los combatientes se dirigieron por tierra a Dipurdú del Guásimo, pintaron casas y espacios comunitarios con la frase “AGC PRESENTES” y detuvieron e interrogaron a varios pobladores. Las comunidades de la vereda de Isla de la Cruz y San Miguel del Medio San Juan y la vereda de Negría en Istmina estaban a la expectativa de los operativos arbitrarios e irregulares.

Dos días después, en horas de la noche, presuntos subversivos del Eln asesinaron a un jóven trabajador de una fábrica de botes en cercanías de la comunidad de Negría, acusándolo de ser informante de las Agc. Sobre las tres de la tarde del día siguiente, se presentaron combates entre la guerrilla del Eln y las Agc, generando desplazamiento y confinamiento de cientos de pobladores. La confrontación se concentró en inmediaciones del cementerio y el cerro de Dipurdú. 

Según datos de la Alcaldía de Medio San Juan, 1.227 personas (965 familias) se desplazaron de Dipurdú del Guasimo a San Miguel y 167 personas a Isla de la Cruz; y de la vereda La Unión salieron otras 50 personas (30 familias) hacia Istmina. Por su parte, en tres comunidades más se registran 1.391 personas confinadas por los enfrentamientos, se trata de la Unión (450 personas), San Miguel (817 personas) e Isla de la Cruz (124 personas).

“Tenemos videos que salen de las mismas comunidades donde la gente corre pidiendo auxilio atemorizada por las ráfagas y los sonidos de las balas”, dice ‘Chava’ y es enfática en alertar que la ola de violencia tiene en riesgo a todas las comunidades del río San Juan “Si está la problemática en la parte de abajo y está en la parte de arriba, los que suben y los que bajan (por los afluentes del San Juan) de alguna manera afecta a todo el territorio”.

Para estos municipios había sido expedida la Alerta Temprana de Inminencia N° 034-19 que alertaba sobre el riesgo de las comunidades afrodescendientes e indígenas que viven en Istmina y Medio San Juan por el accionar de la guerrilla del Eln que había impuesto para la fecha fuertes reglas de control social.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se pronunció sobre la reciente situación humanitaria y aclaró en la tarde de ayer que hasta el momento los desplazamientos forzados se han dado entre corregimientos. “Sin embargo  —dijo—, advertimos que la situación de desplazamiento en la zona se puede agravar y extender a comunidades vecinas de los municipios de Sipí y Litoral de San Juan”. 

El riesgo que asedia a las comunidades del municipio de Sipí ya había sido retratado por este portal a raíz de el despojo jurídico que afronta esas comunidades negras con un empresario canadiense (Leer especial en: Despojo invisible de una selva chocoana)

El Consejo Comunitario de Acadesan ha recordado que la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, como el Auto 091 de 2017, y el Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó con el Auto 040 de 2018 de Medida Cautelar han ordenado al Gobierno Nacional y a organismos de control del Estado que tomen medidas de prevención, protección, atención y restitución de derechos de las comunidades negras de la región del San Juan que atienda la situación humanitaria y prevenga la ya angustiosa situación de desplazamiento forzado.

Por lo pronto, las comunidades del San Juan están a la espera de medidas de protección colectiva por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde el 2019, con las que se les garantice cosas como el fortalecimiento de canales de comunicación o lugares de albergue, petición que fue reiterada el pasado 26 de marzo. 

Mientras la burocracia es paquidérmica, la velocidad de la violencia se impone a sangre y fuego sobre sus pobladores. Parece que la seguridad de las comunidades está a merced de los pactos de no agresión que mantengan los grupos armados ilegales entre sí y no a la presencia efectiva del Estado.

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Trapos rojos colgados en ventanas, puertas y fachadas de viviendas en barrios deprimidos de decenas de ciudades en Colombia, se convirtieron en uno de los símbolos del Aislamiento Preventivo Obligatorio con el que el presidente de la República, Iván Duque, busca frenar la cadena de transmisión del virus respiratorio que tiene en jaque a la humanidad. Representan la necesidad de ayuda, especialmente por la falta alimentos, de las personas que se quedaron sin fuentes de ingresos porque viven de lo que producen a diario.

En el campo la situación es a otro precio porque se suma otro mal endémico del país: la violencia armada. Los trapos rojos no son uno de sus símbolos, sino las ‘líneas rojas’ que han trazado las estructuras criminales que pululan a lo largo y ancho de la geografía nacional, al “imponer normas de conducta”. Así lo advierte el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, a través de la Alerta Temprana de Inminencia N. 018-20, enviada ayer mismo a la ministra del Interior, Alicia Arango, y conocida por este portal.

El pasado 6 de marzo se diagnosticó el primer caso de Covid-19 en Colombia y once días después el gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia para emitir de manera expedita los decretos necesarios para hacerle frente a la pandemia que azota al mundo. Es así como a partir de la medianoche del 24 de marzo, los colombianos entraron en una fase de confinamiento en sus casas, con contadas excepciones de quienes hacen parte del sistema sanitario, de la cadena de producción de alimentos y de otros sectores considerados como esenciales.

Sin embargo, cinco semanas después, el SAT se vio en la necesidad de emitir su primera Alerta Temprana nacional del año por los estragos que viven las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, por cuenta de la combinación mortal de coronavirus y plomo.

“Los impactos han sido especialmente gravosos para aquellas comunidades donde existen brechas de presencia institucional y que cuentan con importantes niveles de vulnerabilidad y desprotección social, reflejados, entre otros, en sistemas de salud con infraestructura y dotación deficientes -o inexistentes- para la atención de posibles casos de infección”, indica el documento.

Y a continuación enumera 41 hechos de violencia ocurridos durante la emergencia sanitaria. La mayoría de ellos, 14, son atribuibles a disidencias de las Farc; once a la guerrilla del Eln, a pesar de que decretó un cese al fuego unilateral durante el mes de abril; seis a los denominados grupos sucesores del paramilitarismo; dos a la antigua guerrilla del Epl, uno de ellos correspondiente a un enfrentamiento con el Eln en medio de civiles; y ocho más a delincuencia organizada y grupos sin identificar.

Especial atención dedica la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana nacional a las amenazas durante el período de implementación de las medidas de prevención de la propagación del Covid-19, pues es una de las acciones más recurrente, particularmente en regiones donde los grupos armados son una figura hegemónica o hay coexistencia entre varios.

Al respecto, indica que “en departamentos como Cauca, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Guaviare, entre otros, han hecho públicos sus mensajes, principalmente, mediante la circulación de comunicados y panfletos entre los cuales es común el respaldo al aislamiento con imposición de regulaciones y normas de conducta, así como amenazas de homicidio, agresión, desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad, bajo el argumento de prevenir la propagación del contagio”.

Además, resalta que en ocho de los casos monitoreados, los grupos armados impusieron normas de conducta a la población civil, “a partir de regulación a establecimientos comerciales y de ocio, control de precios sobre víveres y elementos de salubridad como alcohol, además de bloqueos en vías de acceso terrestre y fluvial, como estrategia para restringir el flujo de personas, alimentos y medicamentos”.

Y llama la atención sobre la postura redentora que proyectan: “En el marco de los panfletos y comunicados difundidos por facciones disidentes de FARC-EP y el ELN es común un mensaje imperativo a los gobiernos locales para la atención de la población vulnerable, aduciendo que su presencia permitirá hacer frente a los vacíos del Estado, ubicándose como protectores de la población civil”.

En algunas regiones los hechos trascendieron las amenazas. Entre el 23 de marzo y el 27 de abril, el SAT documentó diez asesinatos, la mayoría ocurrieron en Cauca (siete), y los restantes en Arauca (uno) y Nariño (dos). Cinco de ellos fueron atribuidos a disidencias de las Farc, tres al Eln y se desconoce la autoría de los dos restantes.

Entre las ‘sanciones’ de los grupos armados ilegales por incumplir sus normas, se encuentran desplazamientos forzados y destrucción de vehículos. “A lo largo de estas semanas también cuatro (4) vehículos privados fueron incinerados como medida de castigo por incumplimiento a las restricciones de movilidad y fueron reportadas dos (2) retenciones arbitrarias por desacato a las normas impuestas por los grupos armados”, consigna la Alerta Temprana.

Como si fuera poca la zozobra que producen la emergencia sanitaria y las dificultades de atención médica, se han dado casos de estigmatización a posibles infectados con el virus del Covid-19, “ocasionando situaciones de desplazamiento forzado a población migrante proveniente de Venezuela, casos de racismo a población indígena, declaración como objetivo de mal denominadas acciones de ‘limpieza social’ a contagiados y un posible distanciamiento social, por parte de las comunidades de Fonseca (La Guajira), a las personas en proceso de reincorporación del ETCR de Pondores”.

La Defensoría del Pueblo también alerta que los grupos armados ilegales buscarían sacar provecho de la pandemia para adquirir legitimidad social al mostrarse como protectores de la población civil; expandirse y aumentar su control territorial restringiendo la movilidad y regulando la comercialización de víveres para el abastecimiento; adquirir ventaja militar sobre sus adversarios; y evitar el contagio de sus combatientes.

Al respecto, este portal llamó la atención sobre esa situación en un reportaje publicado el pasado 8 de abril en los departamentos de Antioquia, Cauca, Córdoba y Nariño, donde los grupos armados impusieron de manera arbitraria controles sociales y castigos drásticos a quienes violaran sus ‘normas’. (Leer más en: ¿Grupos criminales aprovechan pandemia para fortalecer sus negocios ilícitos?)

Otra línea de análisis del SAT pone énfasis en su posible fortalecimiento a nivel operacional, producto de la crisis económica que se asoma con la pandemia. Entre las actividades de los grupos armados y delincuenciales se perfilan préstamos ‘gota a gota’ con intención de usura y extorsión; y el reclutamiento de personas desempleadas en el campo y las ciudades, que busquen una fuente de ingresos.

Panorama alertado

Buena parte de la recomposición territorial de los grupos armados ilegales y de la situación que están padeciendo las comunidades, fue advertida por la Defensoría del Pueblo durante el año pasado y los cuatro primeros meses del que está en curso. En total, hasta la Alerta Temprana 018-20, fueron emitidos 72 informes de inminencia de riesgo y estructurales, para 23 departamentos del país, abarcando a 128 municipios.

Los departamentos con más riesgos advertidos fueron Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Bolívar, Norte de Santander y Cauca. A pesar de que en Tolima, Arauca, Bogotá D.C., Nariño, Meta, Caquetá, Putumayo, Cesar, Sucre y Caldas se emitieron menos Alertas Tempranas, también se dieron afectaciones por el conflicto armado y otras formas de violencia.

“Algunos escenarios se encuentran marcados por altos niveles de confrontación armada, como aquellos departamentos cuya situación han motivado, durante este período, la emisión del mayor número de Alertas Tempranas”, indica el SAT en su informe más reciente; y aclara que en otros hay “mecanismos de regulación de la vida social mediante la imposición de normas y sanciones ante su transgresión; la imposición de determinadas formas de orden social, concepciones sobre lo político y mecanismos para la obtención de alguna suerte de ‘legitimidad’ o aceptación entre la población civil; la exigencia de extorsiones bajo la figura de ‘aportes’ o ‘tributación’, entre otras”.

A pesar de las diferencias regionales, la Defensoría del Pueblo encontró nueve factores en común de los cuales sacan provecho los grupos armados ilegales para subsistir y desplegar su accionar. Entre ellos destacan la falta de oferta civil del Estado en regiones apartadas y olvidadas; conflictos ambientales irresueltos y por el uso del suelo; prospectivas para la implementación de megaproyectos económicos de los cuales se puedan obtener posibles rentas ilícitas y tensiones asociadas a la implementación del Acuerdo de Paz.

Adicional a ello, realiza una caracterización actual sobre los grupos armados que azotan en medio de la pandemia del Covid-19.

1. Disidencias de las Farc

El SAT alerta por el fortalecimiento y la consolidación algunas de ellas, a pesar de sus diferencias en capacidades de control territorial y poblacional. “En algunos lugares, como la Orinoquía y la Amazonía colombiana, estas ejercen control hegemónico o coexisten con otros actores armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en zonas que previamente fueron influencia de las FARC-EP. Sin embargo, en regiones como el Andén Pacífico, noroccidente, norte y nororiente del país, estas facciones, algunas con mayor o menor capacidad armada, se encuentran en disputa con otros actores armados, como los grupos sucesores del paramilitarismo”, indica.

Sobre la Nueva Marquetalia, grupo creado por ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’ y otros exjefes de las antiguas Farc que participaron en las negociaciones de paz en Cuba, que pretende agrupar a diferentes disidencias bajo un sólo mando, plantea que “ha conllevado también tensiones al interior de otras facciones disidentes, por cuenta de su pretensión de lograr su adhesión. Esta situación ha propiciado rupturas internas entre algunas facciones disidentes, alianzas, y factibles disputas entre sí”.

Resalta que el accionar de esas estructuras se concentra en zonas rurales, donde emplean acciones bélicas con artefactos explosivos, sostienen enfrentamientos, reclutan niños, niñas y adolescentes, instalan minas antipersonales y explosivos ‘hechizos’. También cuenta con presencia en entornos urbanos.

2. Eln

Sobre la última guerrilla del país, la Alerta Temprana N. 018-20, sostiene que continúa con su estrategia de expansión a territorios que anteriormente fueron controlados por las Farc antes de su dejación de armas y consolidado su poder en las regiones donde habitualmente ha tenido presencia. (Leer más en: De Chocó a Venezuela, la peligrosa expansión del Eln)

“Particularmente en el nororiente del país y la Orinoquía, este actor ha fortalecido su accionar, sirviéndose de las dinámicas de frontera porosa con Venezuela, donde existen brechas de presencia institucional por parte de los gobiernos de ambos países. En algunos sectores de estas regiones, el ELN coexiste con facciones disidentes de las FARC-EP; no obstante, en otras zonas del país como el andén Pacífico o el Catatumbo, este grupo libra disputas por el territorio con las AGC, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y algunas facciones disidentes de las FARC-EP”, describe el documento.

Entre su accionar alerta por el reclutamiento de menores de edad, especialmente de comunidades indígenas y afrodescendientes, la instalación de minas antipersonal, atentados a infraestructura energética, asesinatos selectivos, amenazas, desplazamientos masivos, confinamientos y cobro de extorsiones.

Sobre el cese al fuego unilateral que decretó durante todo el mes de abril, la Defensoría del Pueblo señala que, presuntamente, sostuvo “combates contra diferentes grupos armados con interposición de población civil, principalmente en el departamento del Chocó -particularmente en el municipio de Bojayá-, el sur del departamento del Cauca, el Sur de Bolívar y Norte de Santander”.

Asimismo,ha implementado “restricciones para la llegada de alimentos y suministros médicos para comunidades campesinas y étnicas que, en virtud de las medidas y aislamiento, y por su situación de vulnerabilidad socioeconómica, requieren de atención estatal prioritaria para asegurar su subsistencia durante el período de implementación de dichas disposiciones”. (Leer más en: Guerra, pobreza y virus rodean cese unilateral al fuego del Eln)

3. Sucesores del paramilitarismo

Bajo esa categoría han sido clasificados los múltiples grupos que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), ocurrida entre 2003 y 2006, tras las negociaciones que su cúpula sostuvo con el entonces presidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez.

Como el Eln, también continúan en su carrera de expansión hacia los territorios que anteriormente fueron dominados por las Farc y consolidando su poder en las regiones que anteriormente controlaron las Auc.

“Grupos como las autodenominadas AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), continúan expandiendo y/o consolidando su control en algunos sectores del Andén Pacifico, Caribe y Nororiente del país; en estos sectores, también han emprendido disputas por el control del territorio con el ELN y facciones disidentes de las FARC-EP”, señala la Alerta Temprana.

Sobre otros grupos como Los Rastrojos, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (‘Caparrapos’), los Puntilleros-Bloque Meta / Libertadores del Vichada, Cordillera, entre otros, con presencia regional, el SAT identifica que continúan su accionar violento por medio de amenazas, homicidios selectivos, masacres, desapariciones forzadas, control de rentas ilegales como préstamos gota a gota, la minería ilegal, contrabando, trata de personas y prostitución forzada.

Justo ayer, este portal publicó las advertencias de la Defensoría del Pueblo en su anterior Alerta Temprana, emitida para los municipios metenses de Puerto López, Puerto Gaitán y Cabuyaro, que se encuentran en riesgo inminente ante el avance de estructuras armadas ilegales que, eventualmente, podrían chocar entre sí, afectando a las comunidades. (Leer más en: Tres municipios de Meta en alto riesgo por masiva presencia de grupos armados)

El SAT llama la atención sobre la oposición de varios de esos grupos armados a procesos de reclamación de tierras y reparación de víctimas, así como a los reclamos y reivindicaciones de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y también imponen normas de conducta y sanciones a la población.

A diferencia de los grupos de origen subversivo, la Defensoría del Pueblo ha encontrado que los sucesores del paramilitarismo “suelen tercerizar su accionar por intermedio de estructuras de crimen organizado y bandas delincuenciales, situación que se puede observar en entornos urbanos”. Al respecto, indica que esa relación, “si bien se fundamenta en el establecimiento de acuerdos y alianzas que suelen transformarse en el tiempo, aseguran una penetración de su accionar en la cotidianidad de la población y el desarrollo de las actividades que forman parte de las economías ilícitas de su interés”.

4. Crimen organizado

La alerta nacional del SAT resalta que ha observado un fortalecimiento de los grupos y estructuras de crimen organizado de alcance regional, binacional y transnacional, los cuales cuentan con importante capacidad de daño sobre la población civil.

“Entre estos, se destaca la influencia de carteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, con incidencia directa sobre diversos eslabones de la economía del narcotráfico, particularmente en lo que corresponde a la siembra y salida del alcaloide a los mercados internacionales. Su accionar directo en el territorio nacional se percibe particularmente en el suroccidente del país; en otras zonas, como el noroccidente, la región Andina y la Orinoquía, su accionar es indirecto a partir de acuerdos y alianzas con actores armados ilegales parte del conflicto y estructuras regionales de crimen organizado”, detalla.

Y sobre la presencia de los carteles mexicanos aclara que no se les atribuye a estas estructuras dominio territorial o poblacional, pero se les endilgan hechos de “violencia ejemplarizante” en contra de la población, por medio de amenazas y homicidios mediados por tortura.

Por último, el documento se refiere a las estructuras de crimen organizado de alcance binacional. De ellas destaca “la influencia de actores ilegales provenientes de países vecinos, en las zonas de frontera con Colombia, con intereses en el manejo de economías ilegales como el contrabando, explotación de minerales, la trata de personas, explotación sexual, entre otras. Su accionar violento suele afectar especialmente a grupos indígenas y comunidades campesinas”.

Tras realizar esa detallada radiografía, la Defensoría del Pueblo le recomienda al Ministerio del Interior que reconozca los escenarios de riesgo advertidos en sus alertas tempranas; focalizar medidas de atención para las poblaciones en los territorios con riesgo; y tomar medidas de prevención del contagio del Covid-19 y atención en salud para las comunidades mencionadas en sus informes. (Leer más en: Pueblos indígenas ponen a prueba su supervivencia en medio de pandemia global)

A la Fiscalía General de la Nación le pide definir un plan que permita investigar de forma efectiva las amenazas en contra de la población civil. Y, por último, al Ministerio de Defensa le solicita identificar zonas que puedan requerir del refuerzo de la presencia de sus efectivos para prevenir escaladas de violencia en contra de la población civil y reiteradas vulneraciones a sus derechos.

En la Colombia profunda la cuarentena es a otro precio y la imponen los grupos armados ilegales, ante el histórico abandono estatal en el que ha estado asilada de manera obligatoria y sin implementar medidas de prevención.

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“(…) La población civil habitante en los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Cabuyaro se encuentra expuesta al inminente riesgo de violaciones al ejercicio y goce de sus derechos fundamentales, así como de infracciones en el marco del Derecho Internacional Humanitario, cuya expresión se manifiesta en homicidios selectivos y múltiples; desplazamientos forzados; posibles reclutamientos y utilización de niños, niñas y adolescentes; despojo de bienes muebles e inmuebles, entre otras conductas vulneratorias”.

Ese es el principal llamado de atención que realizó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana 017-20, emitida el pasado martes. El documento, de 51 páginas, describe detalladamente la crítica situación que padecen las comunidades de esa región de los Llanos Orientales.

Dicha agencia del Ministerio Público destaca que, desde finales del año pasado, en esos tres municipios delinquen ocho grupos armados. Cinco son sucesores de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc): las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), las Autodefensas Unidas de la Orinoquia Bloque o Los Cuchillitos, Los Rastrojos, los Puntilleros Bloque Meta o Libertadores del Vichada y el Ejército Revolucionario Antisubversivo Colombiano (Erac). Estos últimos registran mayor presencia en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán.

A ellos se suman la “creciente presencia” de grupos armados de las facciones disidentes del Bloque Oriental de las extintas Farc tras su dejación de armas al firmar el Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016; y en “menor medida de células” del Eln, que han “comenzado a tener mayor injerencia en la población que reside en el suroccidente de Puerto Gaitán, con el fin de expandir su presencia y control territorial desde la confluencia de los departamentos del Meta, Guaviare y Vichada, hacia la zona norte del municipio”.

El valor de esos municipios se encuentra en el tránsito de narcóticos y otras actividades ilícitas, “que desde el sur del departamento del Meta y también del Guaviare, se transportan o bien en dirección del piedemonte llanero (a través de la cordillera Oriental en los departamentos de Casanare, Boyacá y Cundinamarca) o bien hacia el norte y oriente del departamento del Vichada (a través del río Meta y jurisdicción de algunos municipios del departamento de Casanare) en dirección al territorio venezolano (Estados Apure y Amazonas)”.

La Defensoría del Pueblo alerta que, desde mediados del año 2019, los Grupos Armos Organizados (GAO) sucesores del paramilitarismo intensificaron sus acciones violentas de control social y territorial de la población civil: “El accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Rastrojos y Puntilleros – Bloque Meta o Libertadores del Vichada, parece obedecer a los procesos de reacomodamiento de las estructuras remanentes asociadas a las que en otrora hicieron parte de las extintas AUC”.

Ese complejo panorama podría complicarse con una eventual guerra entre esos grupos. “Hasta el momento, el monitoreo que realiza el SAT no conoce de confrontaciones entre los diferentes GAO sucesores del paramilitarismo que hacen presencia en los municipios de Cabuyaro, Puerto López y Puerto Gaitán. No obstante, tampoco se descarta que, dentro de la dinámica de posicionamiento sobre el territorio, haya lugar a eventuales confrontaciones entre las diferentes estructuras por hacerse cada una de manera hegemónica al control del territorio y la región, que terminen generando graves afectaciones a la población civil”.

Población que de por sí ya se encuentra en alto riesgo, especialmente líderes sociales, funcionarios públicos, colectivos defensores de derechos humanos, periodistas que denuncien su accionar, víctimas del conflicto armado, población migrante venezolana, comunidades indígenas, campesinos, personas que adelantan procesos de restitución de tierras, comerciantes, empresarios de campo y transportadores.

Sobre las disidencias de las Farc, el SAT señala que se encuentran hacia la zona rural del suroriente de Puerto Gaitán, en las veredas Alto Tillavá, Corozal, Puerto Trujillo, entre otras, en límites con el municipio de Mapiripán, que ha sido de uso histórico por parte de las organizaciones guerrilleras para cultivos de hoja de coca para uso ilícito y producción de clorhidrato de cocaína.

En cuanto a la guerrilla del Eln, que decretó un cese al fuego unilateral hasta hoy a raíz de la emergencia que desató la pandemia del Covid-19, indica que, en conjunto con las facciones disidentes de las Farc, estaría incursionando en la región del Siare y las áreas rurales vecinas de Puerto Gaitán.

Afectaciones por municipios

Tras hacer un recorrido histórico por la transformación del conflicto armado durante décadas en esa región de Meta, la Alerta Temprana enlista los riesgos que padecen los habitantes de los municipios de Cabuyaro, Puerto López y Puerto Gaitán, quienes nunca han dejado de ser víctimas de amenazas y controles violentos.

“Por el contrario, su sentir es la persistencia del riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales, que por periodos se exacerba o intensifica según las contingencias, reacomodamientos y purgas por las que transcurran las estructuras armadas en el territorio. En síntesis, es la permanencia y adaptación de subsecuentes generaciones de GAO sucesores del fenómeno paramilitar en la Altillanura”, define el documento.

Para Cabuyaro, resalta las amenazas y extorsiones que padecen sus pobladores por parte de grupos sucesores del paramilitarismo: “Sus mecanismos violentos tienen como repertorio las amenaza e intimidación telefónica, a través de redes sociales, entre otros medios, con el fin de obligarlos a pagar extorsiones y demás exacciones económicas. A quienes se nieguen a cumplir sus exigencias se exponen a sufrir agresiones violentas en contra de su integridad personal (atentados, homicidios, lesiones físicas) o tener que desplazarse forzosamente del territorio”.

Al respecto, cuestiona el accionar para proteger a esas víctimas y garantizarles justicia. “La parsimonia con que instancias como la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación han dado seguimiento a esta problemática, ha obligado a estas personas a desplazarse forzadamente como mecanismo para salvaguardar su vida; también tres familias de pobladores del Viso optaron por abandonar sus predios dadas las imposibilidades de pagar las extorsiones exigidas”.

Finalmente, sobre ese municipio, hace un apunte histórico: Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, actual jefe máximo de las Agc, delinquió allí entre 2002 y 2003 bajo el nombre de guerra de ‘Mauricio’, cuando fue uno de los jefes del Bloque Centauros de las Auc. “Fue éste mismo individuo el que amenazó e intimidó a los propietarios legítimos de la finca Simarúa, quienes tuvieron que venderlo apresuradamente en medio de las presiones. El interesado resultó ser el exgobernador del Guaviare, Óscar de Jesús López Cadavid, quien lo compró por un precio inferior a su valor real. Posteriormente los derechos de propiedad fueron transferidos a la Sociedad Ganadera de la Costa, hoy sujeto de investigación judicial”, indica al respecto.

De Puerto López destaca que los sucesores de las Auc usan o subcontratan a la delincuencia común: “Entre las acciones violentas que realizan se encuentran la extorsión, los homicidios selectivos, coadyuvar y respaldar a bandas de tierreros para despojar predios o inmuebles de interés estratégico o económico para su utilización y del control del microtráfico principalmente; además de otras tareas delictivas que, dada la necesidad, les sean impuestas por los GAO”.

Y prosigue: “Como aspecto importante se tiene que hasta el momento no se han generado disputas entre los mencionados GAO, lo que sugiere que el interés común por el control del corredor del narcotráfico de la Subregión Río Meta, está regulado por acuerdos de coexistencia y de respeto por la territorialidad para realizar extorsiones y amenazas, que son instrumentados como estrategia de control social. En el municipio de Puerto López, los GAO Puntilleros Bloque Meta o Libertadores del Vichada y AGC, ejecutan sus acciones intimidantes y sicariales mediante la subcontratación, asignando misiones a grupos de delincuencia organizada”.

Finalmente, de Puerto Gaitán, el SAT indica que los sucesores del paramilitarismo tienen una mayor injerencia en la zona norte (incluida la cabecera municipal) y la zona oriental del municipio, en los límites con Casanare y Vichada. Mientras que disidencias y Eln se encuentran hacia el sur en los límites con Mapiripán, Guaviare y Cumaribo (Vichada). Asimismo, advierte que “existen sospechas de la creciente presencia de células presumiblemente pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que, en conjunto con las Facciones Disidentes de las Farc, han comenzado a incursionar en el territorio”.

Por otro lado, en cuanto a las afirmaciones de la Fuerza Pública de que supuestamente las disidencias promueven un proceso de deforestación en el sector de Caño Viejitas con campesinos desplazados de Norte de Santander y Arauca, la Defensoría del Pueblo exhorta que se hagan las respectivas investigaciones del caso, respetando los derechos de los campesinos: “Los riesgos de no resolver la situación conllevan a la estigmatización y acciones prejuiciosas que no contribuyen a resolver la situación, por el contrario encarna riesgos para los líderes sociales que hacen parte de estas comunidades”. (Leer más en: En la Amazonía, el campesino no odia la selva)

Otra afirmación de la Fuerza Pública que resalta la Alerta Temprana 017-20 es la de alianzas entre disidentes de las Farc y miembros del Eln para realizar trabajo político en Puerto Gaitán. “A pesar de no tenerse certeza qué estructura del ELN puede ser la que la esté incursionando en la zona del Siare y Tillavá, se considera que su aparición en éste territorio no supera el año. Por tanto, no es muy claro los probables intereses de su llegada”, precisa sobre ese tema.

Y en su análisis recalca que, de ser cierta la anterior consideración de la Fuerza Pública, “se estaría concretando el escenario de proyección que trazó la AT 49-18, sobre la expansión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través del Frente de Guerra Oriental (FGO) y su estructura denominada frente Rafael Blanco Flórez hacia el Vichada y la frontera Oriental con Venezuela, proveniente de los departamentos de Arauca y Casanare. En consecuencia, cobra especial importancia en la actual coyuntura, dado el especial interés del ELN por expandirse hacia el Guainía y Guaviare, que también involucraría el sur de Meta; y en la medida en que logre avanzar, también se convertirá en un objetivo de mediano y largo plazo el interés de establecer su presencia y potencial control sobre el sector meridional del municipio de Puerto Gaitán y su vecino Mapiripán, a través de la región del Siare, en Cumaribo (Vichada)”.

Inmigrantes venezolanos e indígenas

La Defensoría del Pueblo no sólo enciende las alarmas por los connacionales que viven en Puerto Gaitán, sino por decenas de habitantes del vecino país que vinieron a Colombia buscando mejores condiciones de vida ante la crisis socioeconómica que padece Venezuela. Las describe como personas que además de vivir en condiciones de vulnerabilidad y marginalidad social, sufren discriminación y actos xenófobos.

“Las razones de tales actitudes, al parecer obedece a la notoria participación de mujeres venezolanas dedicadas al sexo por supervivencia, actividad que es asociada al consumo y distribución de sustancias psicoactivas (SPA), y por la cual también profundizan aún más tener que sufrir el rechazo y la estigmatización. Por su parte los hombres se dedican a las ventas ambulantes y otro número menor a los oficios varios, en restaurantes o de meseros en bares”, explica el documento.

Por esa razón, destaca el SAT, “los GAO, al considerar que la presencia de la población venezolana y las actividades que realizan en Puerto Gaitán configuran un factor de malestar social para los residentes del municipio, han venido convirtiéndolos en el blanco principal de sus ataques violentos, con el fin de legitimar su presencia y demás acciones ilícitas”. También indica que, al atacar a los migrantes, esos grupos encuentran una oportunidad para legitimar sus acciones violentas ante la sociedad local, a través de la amenaza y el homicidio, como mecanismos de imposición del “orden”.

Para reforzar el escenario de riesgo, el documento hace referencia a tres asesinatos ocurridos el pasado mes de febrero: “Los hechos que evidencian la gravedad de las amenazas expresadas a través de panfletos, entre otros medios, son los recientes homicidios selectivos del médico Omar Mendoza (a quien asociaban presuntamente con el consumo de drogas) y del señor Carlos Rodríguez (que asociaban presuntamente al consumo y distribución de estupefacientes); un tercer homicidio correspondió a una mujer conocida en el entorno urbano con el alias de ‘La Monita’, quien al parecer era trabajadora sexual”.

Según Migración Colombia, hasta el 13 de abril del presente año habían registrados 336 venezolanos con Permiso Especial de Permanencia (PEP). El municipio que cuenta con el mayor número es Puerto Gaitán, con 186 personas; seguido por Puerto López con 147; y Cabuyaro con tres. Sin embargo, se estima que hay más venezolanos en condiciones de ilegalidad residencial.

En cuanto a los indígenas del departamento, la Defensoría del Pueblo advierte que también se encuentran en alta condiciones de vulnerabilidad, especialmente por parte de grupos sucesores del paramilitarismo, porque sus territorios ancestrales se están siendo usados para fines del narcotráfico y por las denuncias que realizan sus autoridades.

“Se encuentran en riesgo las comunidades indígenas Kawinanae, reclamantes de tierras y sus líderes, riesgo surgido no solamente de su condición de comunidad reclamante de tierras, pues también deriva dicho riesgo del interés que los actores armados ilegales tienen de establecer cristalizaderos de cocaína en inmediaciones de su lugar de asentamiento. Lo anterior sin perjuicio del riesgo en que se puedan encontrar otras comunidades indígenas y resguardos de la Altillanura”, plantea el SAT.

Al mismo tiempo, la entidad cuestiona el accionar del Estado para garantizar los derechos territoriales de las comunidades nativas: “Es incierto el panorama jurídico de los reclamos de territorio por parte de las comunidades Indígenas ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la cual parece no mostrar interés ni gestión eficaz para definir la situación jurídica de predios en la Altillanura Colombiana. También la actuación de la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas por la Violencia no avanza significativamente, ni siquiera ha podido materializar eficazmente algunos fallos, lo que genera mayor inestabilidad en el tema de acceso a tierras en la región”.

Por todas estas situaciones observadas en Cabuyaro, Puerto López y Puerto Gaitán, la Defensoría del Pueblo considera que su nivel de riesgo es alto y les hizo 30 peticiones a diferentes instituciones estatales, desde el orden local hasta el nacional, para que tomen acciones que permitan revertir ese trágico panorama y garantizar el goce de los derechos humanos de esas comunidades.

* Foto de apertura: Bibiana Ramírez

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Por Gian Torres (@oreja.rota) – CrossmediaLab, especial para VerdadAbierta.com

Ahmad, Samir y Khaled aguardan los primeros destellos del alba en la habitación de una casa que se ubica en Capurganá, corregimiento de Acandí, Chocó, a 11.601 kilómetros de distancia de Damasco, Siria, su ciudad natal. Ahmad devela sus pensamientos ante Issac y Juan, dos colombianos desconocidos para él, con palabras españolas que distan mucho de su lengua natal. Mientras, Riaz, de Bangladesh, un país ubicado a 16.181 kilómetros de Capurganá, nota el cariz curioso de la conversación entre extraños y se acerca hacia la habitación.

Al poco tiempo, como si fuese la escena atípica de un chiste tonto, tres sirios, dos colombianos y un bangladesí sostienen una conversación en tosco español donde se obvian todo tipo de detalles respecto al motivo de sus viajes. El único tema que embelesa la conversación es el Darién.

—¿Tú por qué ir por allá? No, tú ser venezolano —refuta Ahmad entre sonrisas a Juan.

—No, soy colombiano. Pero nosotros no podemos ir por allá. Hoy me enteré—sostiene Juan mientras descarga una de sus maletas.

—¡¿Policía?! ¡¿Tú ser policía?!— esgrime Ahmad ante las miradas expectantes de Samir, Khaled y Riaz.

—No. Quería la experiencia, pero ¡Shhhh! No diga eso porque ¡Cruggg!— entre tanto, Juan pasa su pulgar por el cuello intentado simular un degollamiento —Me matan—afirma con una serenidad ajena al caso—.

Capurganá, hispanismo de la palabra Caburgana, derivada del nombre de un antiguo asentamiento kuna y cuya traducción significa «Tierra de Ají», es el penúltimo corregimiento colombiano en la frontera con Panamá, y su acceso es exclusivo por lancha. Se ubica al noroccidente del golfo de Urabá, en el departamento de Chocó, y está bajo la jurisdicción del municipio de Acandí, uno de los 17 municipios —once del departamento de Antioquía, cuatro de Chocó y dos de Córdoba— que conforman la subregión de 11.664 kilómetros cuadrados del Urabá.

Con el primer destello del alba, Ahmad, Samir, Khaled y Riaz desaparecen de la casa, como fantasmas que deambulan entre dimensiones ajenas a la humana, pues es la instrucción dada por los «chilingueros», quienes son capurganaleros que trafican a los migrantes en su paso a Panamá por 70 o hasta 200 dólares y, a sí mismos, se ven como gestores de una labor humanitaria.

Ante su veto, Juan e Issac se dirigen temprano al muelle de Capurganá. Allí, mar adentro, donde en el horizonte el alba se enreda entre las nubes, se divisa al barco pesquero Don Danielo y en la bahía serpenteante se ven las «pangas» La Peluza, El Icy, Yuranis, Niño Keyler y La Coquerita, las cuales los pescadores artesanales alistan para otro día de faena en algún punto onírico del archipélago de San Blas.

Issac —22 años, moreno, plácido y corpulento— piensa en las opciones que le quedan para llegar hasta Panamá y luego a México, su destino. Cuando aún estaba en su tierra, Valencia, Córdoba, a medida que estudiaba las posibles rutas, a punta de post y publicaciones en Facebook e Internet, el Darién resultaba ser la mejor opción tanto para su intrepidez como para su bolsillo. Cualquier cosa resultaba mejor para él, porque ya no soportaba el menosprecio de su padre y la zozobra de noches nigrománticas conjuradas a su lecho, según él, por la mismísima envidia que generaba su éxito en el negocio de compra y venta de carne.

No obstante, ninguno de esos post y publicaciones mencionaban que la ruta del Darién es ahora exclusiva para migrantes extranjeros y «chilingueros», pues el migrante colombiano y los turistas tienen la opción, sólo si tienen pasaporte y 500 dólares en efectivo, de ir en «pangas» hasta Puerto Obaldía, provincia de Guna Yala, Panamá, donde el ingreso se hace de manera lícita por las oficinas de Migración. Por este hecho, al migrante colombiano se le veda la ruta del Darién, pues al tener una mejor ruta frente a los migrantes extranjeros, es sospechoso de ser un «raya» —es decir, un policía encubierto—. Sospecha que significa la muerte, pues en el Darién rondan ‘Demonios’ que matan policías, militares y hasta los mismos «chilingueros» si estos, según se murmura, no le rinden tributo con los dólares de los migrantes.

Así, el adagio «Cuando entres al Darién encomiéndate a María, en tu mano está la entrada, en la de Dios la salida» grabado en un fortín exánime del Urabá y citado por Severino Santa Teresa de Jesús en algún volumen de su obras, es una adagio fuera de su tiempo, pues ahora se rumora que «Cuando entres al Darién encomiéndate al “chilinguero”, en tu dólar está la entrada, en la de ‘Los Demonios’ la salida».

—No, amigo. Yo no sabía que uno viaja con esa vaina del pasaporte. Mejor me voy para Bogotá, adonde una tía con la que hablé, y trabajo allá. Así me consigo lo que perdí y me voy mejor en avión a México—sopesa Issac mientras cuenta con celo los dólares de su viaje—.

Horas después, la decisión es un hecho cuando Issac se despide de Juan, y con tiquete en mano, se adentra en el muelle, paga la tasa portuaria de 2.000 pesos del municipio, obligatoria para cada pasajero, y camina hacia la última lancha que sale ese día de Capurganá rumbo a Necoclí. Entre tanto, Juan, desde el malecón, sigue con la mirada a Issac. Ve cómo pasa al lado de turistas alemanes, ingleses, franceses, argentinos, antioqueños y bogotanos que recién desembarcan de alguna lancha proveniente de los municipios de Turbo o Necoclí. Sin embargo, luego de un parpadeo que le parece como el cambio de escena en una película, pierde de vista a Issac cuando un enjambre de migrantes que avanza tras los turistas lo eclipsa.

De súbito, la pequeña plaza que procede al muelle se colma de hombres, mujeres, niños y nonatos, cuya lengua es inaudible y traen consigo carpas, linternas, galones de agua y táperes con comida. La mayoría de los adultos, hombres y mujeres cuyo tono de piel es como el ébano, portan una funda impermeable para celulares que pende de su cuello y cae hasta la altura del abdomen, pero en ellas no hay celulares sino una libreta azul oscura en la que se lee: RPUBLIQUE D’HAITI PASSEPORT.

En Capurganá convergen el turismo y la migración ilegal. Por un lado, sus senderos en las estribaciones de la Serranía del Darién hacia Sapzurro, El Cielo, El Aguacate y Piscina de los Dioses son ideales para el turismo de naturaleza, dado que entre sus marañas se ven 98 especies de aves de las que resalta el Chau Chau por su abundancia; 17 especies de mamíferos, entre los que sobresalen el Tigrillo  y el Mono Aullador como íconos del lugar; 24 especies de anfibios, de la que se distingue la Rana Cristal por su singularidad; y 10 especies de reptiles, entre los que despunta el Pasarroyos por su grácil forma de correr sobre el agua.

Además, otro atractivo dentro del turismo de naturaleza es el buceo y la pesca con arpón del pez León que se practica en los arrecifes someros, los cuales entre sus pequeñas colinas aúnan Coral Estrella Redonda, Corales Dedo, Coral Cerebro, Coral Lechuga, Coral Lechuga Delgada y Coral de Fuego. Aunque, en este momento, mueren a causa del aumento en las descargas de sedimentos y contaminantes en los drenajes que se vierten en los ríos Acandí, Capurganá y Tolo.

Por el otro, las trochas ignotas en las veredas El Cielo y Astí, que conducen, tras seis u ocho días de caminata, a los corregimientos de Metetí y Yaviza, Provincia del Darién, Panamá, son de paso obligatorio para los miles de migrantes arubeños, afganos, bangladesíes, burkineses, caboverdianos, cameruneses, congoleños, croatas, cubanos, esrilanqueses, eritreos, egipcios, ecuatorianos, ghaneses, guineos, haitianos, indios, kazajos, sirios, saudíes, senegaleses, sierraleoneses, somalíes, sudafricanos, malienses, nepalíes, paquistanos y venezolanos en su fuga hacia Estados Unidos o Canadá.

Estas trochas se adentran y surcan la Serranía del Darién donde la maraña oculta a la Mosca de Tierra que transmite la Leishmaniasis; al jaguar, que es el mayor de los félidos americanos y un cazador oportunista; a la serpiente Mapaná o Equis, cuyo veneno bothrópico mata en horas; y al Saíno, que desde hace años come la carne de cuanto migrante cae muerto en la Serranía del Darién, según registran los videos que se envían por WhatsApp los capurganaleros. Dado esto, según murmuran las voces de los «chilingueros», como si fuese un mito, ahora caza humano.

Al mediodía, Juan y los migrantes ya no están en la plaza contigua al muelle. Se abocaron, ante la mirada de todos y la sorpresa de nadie, a las calles destapadas y senderos barrosos que albergan los cerca de 4 mil habitantes de Capurganá.  Juan es escéptico y decide prolongar su estancia, pues, según él, la verdad no está en lo que se dice sino en lo que se ve. A partir de ahí, se vuelve homogéneo y desaparece.

Bajo estrellas desnudas y el artificio de la noche, suena la música en la empedrada y única cancha de Capurganá. Mesas y capurganaleros se aglomeran en una de las esquinas de la cancha que está próxima a un bar. Unos a otros reparten tragos de tequila Reservado 1800, ron El Abuelo, whisky Old Parr y Buchahan’s, los cuales son parte del contrabando que se trae de Panamá.

Entre la algarabía de la cancha, camina resuelto Palindo—20 años, rostro serio, esbelto y afable—, saluda a su paso a todo aquel que cruza mirada con él, pues su rostro lo distinguen muy bien. Es probable que el padre de Palindo deambule en las tierras de Capurganá desde cuando las flores del Tambolero y la Ceiba salpicaban con amarillo y rosa su serranía, lo cual hace décadas es solo el recuerdo de una memoria colectiva debido a la tala ilegal que pulula en toda la serranía. Lo cierto es que Palindo desde su infancia trabaja junto con su padre en cuanto quehacer haya en el muelle o en las «pangas», donde la mayoría de los capurganaleros lo han visto crecer.

Esta noche sus pasos y saludos por lo bares de la cancha son fugases, pues su destino es la discoteca Carambolo, adonde arriba después de caminar por los senderos que trasfigura la insondable oscuridad, porque en Capurganá hay poco y nada de alumbrado público. Allí lo esperan amigos y socios. Palindo, en las noches de algarabía, se rebusca unos pesos de más, junto a adolescentes y jóvenes adultos, gestionando los deseos no dichos de los turistas. Tras algunos brindis de ron El Abuelo y el cruce de palabras banas, a la mesita de madera donde departen Palindo y compañía, sentados en tronquitos, se acerca una turista.

—¿Vos sos el peluche?— espeta con acento paisa la turista a Palindo y él asiente con una mirada incisiva como intentando leer algo escrito en sus ojos—.

—¡Ahh, Mor! Es que allá dentro me dijeron que hable con vos. Mirá, voy a ser muy directa: es que estamos buscando un ‘perico’ (cocaína)—repone al instante la turista con temple mientras las miradas curiosas de quienes están en la mesita la enfocan—.

—Aquí no se consigue perico, mujer, sino coca pura. Calidad— sentencia a la turista Palindo antes de pasar con disimulo pícaro lo que parece un pitillo transparente lleno de cocaína para que esnife.

Desde 1939, en documentos confidenciales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se señalaba al municipio de Acandí como punto de arribo para la cocaína que procesaban en Soplaviento, Bolívar, habitantes alemanes para su exportación en vapores costaneros hacia Panamá bajo la marca fraudulenta «MAYER, Made in Germany». Ahora, investigaciones del Estado colombiano junto con varias ONG, denuncian no solo la exportación de cocaína sino también la expansión de cultivos de coca en dicho municipio desde el 2013, lo cuales, para 2018, abarcaban 2.155 hectáreas en todo el departamento de Chocó.

Dado esto, no es raro que en Acandí, entre 2010 y 2018, se hayan incautado 25 toneladas de cocaína. Tampoco, que en la maraña circundante de la vereda Astí, una operación conjunta entre las Fuerzas Armadas de Colombia y Panamá, hayan incautado un helicóptero Robinson R44 con 330 kilos de cocaína en octubre de 2018, o que en aguas de Capurganá, en el área de Pino Roa, la Armada Nacional haya perseguido e incautado una lancha Go Fast con más de dos toneladas de cocaína en diciembre del 2019. Al parecer ninguno de estos hechos perturba a ‘Los Demonios’, pero son ellos quienes controlan todo lo ilícito en el golfo de Urabá.

Unas sonrisas lascivas y 15 mil pesos son suficientes para que la turista se lleve consigo dos «pitillos».  Al rato, Palindo ya siente el alcohol en la sangre, mira la hora en el celular y constata que son las diez y media. No se preocupa y se zampa otro litro de ron, pues para el apagón matutino, que inicia a las cuatro de la mañana y dura hasta casi mediodía en Capurganá, aún falta tiempo. Mañana debe estar, como siempre, a las seis en punto de la mañana en el muelle con su papá.

A la misma hora, pero cuatro días después, Antoni —joven, abierto, delgado y prudente— va en cicla por el sendero barroso aledaño a la pista del Aeropuerto Narcisa Navas que conduce el basurero de Capurganá y las invasiones 15 de Mayo y Las Marías. No pedalea rumbo a su casa, en donde nadie lo espera, pues él no tiene papá ni mamá debido a una desgracia que no se menciona por respeto. Pedalea a un lugar incierto donde no lo encuentre ninguna mirada, pues su instinto le incita a un acto que es un pecado ante la mirada de ‘Los Demonios’, y él sabe que, desde la bahía hasta la cancha, rondan sus varios ojos y sus distintas apariencias.

Tras los saludos con los conocidos que están en el lugar, Antoni gesta el pecado cuando lía y enciende un cigarrillo de marihuana. Entre el humo espeso conversan sobre por qué a ‘Los Demonios’ no le gusta que los capurganaleros consuman cocaína o marihuana en público, ya que le levanta sospechas  de un posible pique a su mercancía en las bodegas que hay en Capurganá y porque da una mala imagen ante los turistas. También, hablan sobre ‘Las Leyes del Demonio, que imperan en las cabeceras municipales dentro del golfo de Urabá, pero no en Capurganá, ya que la misma comunidad hizo un pacto con él a cambio del silencio.

—Yo te voy explicar cuál es el problema, Pa’. Es que comprar esto es un «chirretada»—asegura Antoni mientras saca y muestra unos cogollos de marihuana de su bolsillo— En el sentido de que aquí estamos en una frontera. Aquí tendríamos que comprar 10, 12, 400, 500 o 900 libras para moverlas— de una calada al cigarrillo y prosigue su explicación.

—Tú tienes que ser un traficante en sí para poder tener esta droga— comenta Antoni cuando con sus ojos señala la marihuana que acaba de meter de nuevo al bolsillo —Una persona que esté trabajando con ella y esté pagando un impuesto— exhala el humo, da otra calada y prosigue.

—Es por eso que si allí arriba no llegan lo kilos completos, de una ¡Pamm!— replica Antoni a medida que hace el ademán de disparo con sus dedos —Matan al bodeguero, el que «encaleta» los kilos. ¡Pamm! Usted los está distribuyendo en el pueblo y eso es para exportarlo— da otra calada y prosigue.

—Y ahí van a buscar al civil— augura Antoni antes comenzar a hablar en segunda persona del singular, como intentando replicar un diálogo —¿Quién es el que les está vendiendo? Averigüen de dónde lo sacó. Y si no da la información, mátenlo, y, si la da, échenlo del pueblo que esa es la ley que se estableció aquí—.

‘Los Demonios’ tienen varios nombres: ‘Clan Úsuga’, ‘Los Urabeños’ o ‘Clan del Golfo’, como los han llamado a lo largo del tiempo las autoridades nacionales, pero su nombre original es Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), desde el 2008, cuando Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’,—exjefe financiero del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y hermano de Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, exjefe del Bloque Élmer Cárdenas de las Auc—, autoproclamaba con panfletos en los municipios del Urabá antioqueño la continuación de la «lucha antisubversiva en defensa de los intereses de la comunidades más vulnerables». De acuerdo con la investigación Urabeños o Clan Úsusga: Contexto, escrita por Martha Jacqueline Moyano Vera.

En esa «lucha», señala Monyano, a la que la Policía Nacional denotaba como una cortina de humo de ‘Don Mario’ para ocultar actividades de narcotráfico y delincuencia, lo acompañaban en la cúpula de las Agc Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Giovanni’ —exgerrillero del Ejecito Popular de Liberación (Epl), exparamilitar del Bloque Bananeros y partícipe en la muerte de Carlos Castaño—, junto con su hermano Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’ —exguerrillero del Epl, exparamilitar del Bloque Centauros  y partícipe en la masacre de Mapiripán—.

Sin embargo, expone Moyano, en 2009 a ‘Don Mario’ lo capturan en el municipio de Necoclí, lo cual hace que el mando recaiga de manera exclusiva en los hermanos Úsuga, pero tras la muerte, en 2012, de ‘Giovanni’ a manos de la Policía Nacional en Acandí, ‘Otoniel’ se erige como máximo cabecilla de las Agc desde entonces.

Ahora, los ‘gaitanistas’, como también se les conoce, controlan toda la subregión del Urabá con su brazo armado y tienen presencia en 148 municipios de Colombia con subcontratación, cual franquicia, de otras bandas delictivas. Por un lado, gracias al informe Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se sabe que sus ingresos devienen del cultivo, procesamiento y tráfico nacional e internacional de cocaína, así como de rentas de minería ilegal, tala ilegal e impuestos a narcotraficantes.

Por el otro, se especula que cobran peaje por el paso de migrantes. Tras el paro del 16 de marzo de 2019 en Capurganá, a causa del asesinato del joven Álvaro Javier Hernández —a quién las Agc señalaban de «chilenguear» migrantes por sus rutas de narcotráfico—, se habría propiciado una de negociación entre ese grupo armado ilegal y la comunidad, cuyos eventuales acuerdos son los que permiten a los «chlingueros» traficar los migrantes. Así lo revela una publicación de abril de 2019 en el portal periodístico de La Silla Vacía.

Uno de los hombres que fuma el cigarrillo de marihuana con Antoni, se sorprende ante sus palabras y escucha atento hasta que él termina su explicación sobre «cuál es el problema»

—¡Uyy, perro! ¡¿Y usted sabiendo todos esos visajes y se queda por acá?!—pregunta el hombre con el ceño fruncido como quien tiene un mal sabor en la boca—.

—Claro, si es que yo soy nativo de aquí. ¿Pa’ dónde me voy a ir? Aquí es donde está la fortuna— esgrime Antoni mientras sonríe.

Foto de apertura: AUNAP, 2018.

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Según lo dieron a conocer allegados y funcionarios de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, el reconocido activista de la población LGBTI venía siendo víctima de presiones y amenazas.

Ni siquiera el aislamiento social obligatorio, ordenado por el presidente de la República, Iván Duque, para frenar la propagación del Covid-19, evitó que los violentos atentaran contra John Restrepo, reconocido defensor de derechos humanos de la población LGTBI y un activo líder social de la Comuna 8 de Medellín.

Hace dos días, tres individuos ingresaron a la sede de la organización Casa Diversa, en el barrio Villatina, donde se encontraba el activista terminando de empacar mercados y otras ayudas para repartir entre los habitantes de ese sector centroriental de la ciudad, golpeados por el aislamiento social obligatorio, y le propinaron varias puñaladas que lo dejaron con heridas de consideración.

Según denunció la corporación Caribe Afirmativo, organización que promueve el asesoramiento, la movilización y la defensa de la población LGBTI en el país, el ataque estaría relacionado con las intimidaciones y presiones que grupos armados que delinquen en este sector de la capital antioqueña venían profiriendo contra Restrepo desde finales del año pasado.

“En los dos últimos meses el activista había dado a conocer las amenazas de las que estaba siendo víctima por parte de actores armados al margen de la ley, quienes aseguraban que debía cesar su activismo, desplazarse y entregarles la sede de la Casa Diversa que se encuentra en Villatina. Por lo anterior, Restrepo se vio obligado a detener algunas actividades que había planeado para iniciar el año 2020”, aseveró la Corporación mediante comunicado público.

Restrepo fue uno de los fundadores de Casa Diversa, colectivo de personas LGBTI que nació en el corazón de la Comuna 8 entre los años 2007 y 2008, con el fin de promover el respeto y la defensa de los derechos humanos de esta población. Desde ese mismo momento, los integrantes de ese colectivo se convirtieron en objetivo militar de las estructuras criminales con presencia en el centroriente de la ciudad. Amenazas, intimidaciones, desplazamientos forzados e, incluso, atentados contra sus vidas, hicieron parte del repertorio de victimizaciones que padecieron Restrepo y sus compañeros de Casa Diversa.

De ahí que, gracias a su labor de incidencia y al acompañamiento brindado por otras organizaciones sociales de la ciudad, Casa Diversa fuera reconocida en 2015 por parte de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, como el primer sujeto de reparación colectiva LGBTI en Colombia.

En desarrollo de ese reconocimiento, en el que los sujetos colectivos a reparar presentan un plan con las propuestas de reparación, Restrepo planteó la posibilidad de construir una sede propia para el colectivo, la cual, finalmente, se levantó en el barrio Villatina.

“Hoy, tan sólo dos meses después de haber inaugurado su Casa Diversa como resultado de ese mismo proceso, quienes integran la Mesa Diversa de la Comuna 8 vuelven a ser víctimas de actores armados al margen de la ley que hacen presencia en su territorio y de un Estado indolente que omite todos sus esfuerzos para hacer respetar los derechos de sus ciudadanos”, señaló la corporación Caribe Afirmativo en su comunicado.

Y agregó: “Vuelven a ser víctimas de actores armados al margen de la ley que de manera sistemática y categórica les han amenazado en los últimos meses, exigiéndoles que abandonen el territorio y el activismo que día a día hacen por sus comunidades”.

Plan de protección

“John viene evolucionando bien de salud. Fueron tres heridas con armas cortopunzantes que, por fortuna, no fueron de gravedad”, explicó Diego Herrera, subdirector de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, luego de visitar al activista en el centro hospitalario donde actualmente se recupera del ataque.

Aún es incierto si, una vez haya sido de alta, Restrepo regrese a la Comuna 8. “Desde la Alcaldía vamos a activar la ruta de protección para él, su mamá y su hermana. La ruta de protección incluye seguridad alimentaria y alojamiento en otro sitio de la ciudad distinto a la Comuna 8. Claro está que, para activar la ruta, es necesario que él interponga denuncia ante Fiscalía, ante Ministerio Público y ante la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, añadió Herrera.

Pese a las actuales circunstancias, donde muchas de las entidades del Estado cancelaron su atención presencial, el subsecretario confirmó que, por lo menos desde la Unidad Nacional Protección (UNP) y el Ministerio Público manifestaron su disposición para atender este caso con la mayor diligencia y rapidez.

Sobre las razones que podrían estar detrás de este ataque, el funcionario señaló que “había rumores en la comuna de que actores criminales estaban generando presiones sobre Casa Diversa y que ellos (Casa Diversa) estaban demandado más presencia institucional para persuadir a estos actores”.

Además de ser reconocido activista de la población LGBTI, Restrepo es un activo líder social, vinculado a múltiples actividades barriales y comunitarias, ganándose el reconocimiento de sus vecinos y de los miembros de las diversas juntas de acción comunal de los barrios de la Comuna 8.

“No se puede desconocer un escenario como lo son las elecciones de Juntas de Acción Comunal que estaban programadas para abril”, añadió Herrera. “Hay actores criminales en la comuna que están tratando de debilitar este tipo de liderazgo y quitarle espacios políticos y sociales”.

“Mucha presión y mucho hostigamiento sobre Casa Diversa -agregó el funcionario- porque la Casa se convirtió en un espacio de articulación muy importante de muchos procesos sociales y al parecer, la intención de los actores armados es quedarse con la Casa, porque no solo es un espacio físico, sino que también es un referente para la comuna”.

Cabe recordar que en el centroriente de Medellín hacen presencia las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’, estructura criminal que el pasado 26 de marzo distribuyó un panfleto en los barrios La Sierra, Villa Turbay, Guayaquilito, La Acequia, Los Monos, La Ramada, Esfuerzos de Paz, Las Mirlas, entre otros, donde amenazan de muerte a todo aquel que haga caso omiso a la orden de aislamiento social obligatorio. También tienen presencia históricas bandas delincuenciales como Los Conejos, San Antonio y Los Chamizos, que, en su momento, hicieron parte de la llamada Oficina de Envigado.

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La Defensoría del Pueblo acaba de emitir una preocupante alerta temprana, la N. 009-2020, sobre los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, en el Bajo Atrato. En ella expone los riesgos que enfrentan sus comunidades rurales y urbanas por cuenta de las acciones de grupos armados ilegales que hacen presencia en esta región chocoana y la falta de una intervención estatal más integral para atender las apremiantes necesidades de sus pobladores.

De acuerdo con ese documento, conocido por VerdadAbierta.com, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría advirtió a las autoridades sobre la situación de riesgo en la que se encuentran por lo menos 48.2571 personas asentadas en la cabecera municipal de Riosucio y en territorios colectivos de las zonas ribereñas de los ríos Atrato, Truandó, Salaquí, Cacarica; y 13.189 personas de Carmen del Darién, que habitan las cuencas de los ríos Atrato, Curavaradó, Jiguamiandó, Domingodó.

Los potenciales riesgos involucran a los indígenas de los pueblos Embera Dóbida, Embera Eyábida y Embera Chamí, congregados en 11 resguardos, así como a las comunidades negras de 20 consejos comunitarios de ambos municipios.

Dos escenarios adversos plantea el SAT sobre estas poblaciones: de un lado, “la actual y contundente consolidación” de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), estructuradas desde mediados del 2006 y llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’, que “paulatinamente ha desplegado una estrategia de presencia territorial a través de personal armado y redes de informantes en los principales centros poblados y las cabeceras municipales de ambos municipios”.

Y de otro lado, la expansión de la guerrilla del Eln hacia ambos municipios, “aunando fuerzas desde los municipios de Juradó, Bojayá y Murindó, los cuales tienen conexión directa con la subregión del Bajo Atrato por las cuencas de los ríos ya mencionados”.

Los potenciales riesgos de la región podrían materializarse, según el SAT, por cuenta de la disputa territorial entre ambas organizaciones armadas en las cuencas de los ríos Atrato, Domingodó, Jiguamiandó, Curvaradó, Truandó, Salaquí y Cacarica.

Por tal razón, la Defensoría alertó sobre un posible recrudecimiento de la violencia en la región, que se expresaría en “homicidios selectivos a los líderes indígenas, afros y campesinos […] situaciones de confinamiento, desplazamiento forzado; vinculación y reclutamiento de NNA (niños, niñas y adolescentes); restricciones a la movilidad, al abastecimiento y a sus prácticas culturales; contaminación del territorio con minas antipersonal; amenazas e intimidaciones; y afectaciones territoriales relacionadas con la contaminación y la destrucción ambiental, por la extracción ilegal de madera, siembra de cultivos ilícitos, el procesamiento de pasta de coca, y el desarrollo de minería ilegal”.

Agc empadrona indígenas

El SAT de la Defensoría del Pueblo detalla en su alerta que tanto las Agc están adoptando “estrategias mucho más rigurosas y arbitrarias de control armado”, tanto en áreas rurales y urbanas de Carmen del Darién y Riosucio, “utilizando estrategias de vigilancia urbana, con informantes en cada una de las comunidades y centros poblados, y control armado de los territorios y cuencas de ambos municipios con tropas armadas con alto potencial de confrontación”.

El documento también resalta, como factor de riesgo, el interés de las Agc de expandirse y consolidar al Bajo Atrato como una zona donde se desarrollan todos los eslabones de la cadena de producción de pasta base de cocaína, aprovechando su posición geográfica que les permite exportar droga utilizando el Mar Caribe y el Océano Pacífico”.

Para el SAT es claro que las Agc se vienen fortaleciendo y dominando cada vez más territorio chocoano, con dos aspectos particulares: “Eclaramente superior al del Eln y con características cada vez más estructurales que hacen que las comunidades estén supeditadas a su influencia y control social”. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’)

Una de las maneras de inserción en las comunidades reportada por el SAT “es la construcción de viviendas en las que se radican personas dedicadas exclusivamente a las labores de control y monitoreo para este grupo, y que en primera medida pasarían ina1dvertidas, dado que pueden ser confundidas fácilmente como miembros de la población civil”.

Pero los controles que aplica este grupo armado ilegal van más allá de las cabeceras urbanas. La alerta registra puestos de observación en lugares fluviales claves en la movilidad de la región: “La Nueva y Bocas de Quiparadó en el Río Truandó, la desembocadura del río Dupurdú, en el río Domingodó, en el río Salaquí y el río Cacarica”.

Adicional a ello, la Defensoría ha identificado “prácticas de empadronamiento a la población indígena, toda vez que están exigiendo copias de los censos a los cabildos, a fin de realizar controles a quien no tenga ningún arraigo en el territorio, como estrategia de identificación de posibles miembros de otros grupos armados”.

También se registra cómo se asientan y trasladan por las espesas selvas chocoanas y los afluentes: “Por lo general pernoctan en sitios cercanos a los centros poblados de las comunidades afrodescendientes e indígenas y su movilidad es través de transporte fluvial en grupos de entre 15 y 20 combatientes, aprovisionados con armas largas y uniformes privativos de la Fuerza Pública”.

Eln recluta niños y niñas

Desde 2015, cuando se fue consolidando el proceso de negociación con la extinta guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba, para buscarle una salida pacífica a su alzamiento en armas, el Eln proyectó su expansión hacia aquellas zonas que irían a dejar los ‘farianos’ a través del Frente de Guerra Occidental, que, con algunas de sus estructuras llegó hasta las cuencas de los ríos Domingodó y Truandó.

“Al respecto se han conocido versiones de acuerdos con algunos miembros de las FARC-EP y el ELN para facilitar la llegada de este último a las antiguas zonas con mayor influencia de la antigua guerrilla”, asevera el SAT de la Defensoría.

Esa expansión necesitaba más hombres y mujeres en armas y por tal razón la organización insurgente diseñó una estrategia de reclutamiento rápido en la que fue evidente, según el SAT, “la vinculación al grupo armado de un gran número personas de origen indígena, muchos de ellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, reclutados ilegalmente en la zona del Baudó y posteriormente de comunidades de cuencas como el Truandó, Quiparadó, Jiguamiandó y Domingodó”. (Leer más en: La otra cara de la guerra en Chocó: el reclutamiento forzado)

En desarrollo de ese proceso de incorporación de combatientes, registra la alerta temprana, “fue evidente el ingreso de personas muy jóvenes sin la suficiente preparación militar, disciplina y con pocas capacidades de interlocución política con las comunidades y sus líderes, razones que impidieron la consolidación del discurso político orientado a justificar su presencia como una organización con una vocación política encaminada al respaldo de las comunidades”.

Esa inexperiencia de los nuevos combatientes fue asumida por las comunidades como un factor de riesgo inminente debido, según el SAT, “a las impredecibles acciones y consecuencias de las posibles determinaciones que sus miembros pudiesen tomar en contra de la población civil”.

Esa estrategia de reclutamiento adoptada por el Eln fue referenciada en el último informe del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (UN) sobre este tema, cuya valoración tomó el periodo 2016-2019. En el documento, divulgado la semana pasada, se afirma que este grupo insurgente “no había puesto en práctica medidas para mejorar la protección de los menores por el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes”.

Advertencias, sin mucho eco

Tanto El Carmen del Darién como Riosucio han sido escenarios de la guerra en las últimas dos décadas, afectando profundamente a sus habitantes, sin que el Estado haya actuado de manera integral para evitar que sean víctimas reiteradas de grupos armados ilegales.

Al respecto, el SAT recuerda en esta nueva alerta que la situación de riesgo de ambos municipios ha sido advertida de manera reiterada en los últimos 19 años, revelando “aspectos concretos que dan cuenta de las amenazas específicas a la población civil, las vulnerabilidades de la región, las escasas capacidades instituciones y las dificultades comunitarias para superar por sí mismos el fenómeno de violencia del que son víctimas”.

Por tal motivo, la Defensoría considera que “hay suficiente descripción de los elementos que configuran la persistente y estructural situación de riesgo. No obstante, el despliegue institucional no ha marcado la diferencia para la efectiva superación y la consolidación paulatina de los Derechos Humanos y el respeto estricto al Derecho Internacional Humanitario”.

Tras reiterar que “es responsabilidad de las distintas esferas estatales lograr la superación de la vulnerabilidades institucionales y comunitarias de tal forma que redunde paulatinamente en la reducción de factores que propician situaciones de amenazas a los derechos humanos o infracciones al DIH”, el SAT considera que, para el caso de los municipios en riesgo, “la presencia estatal ha privilegiado en cierta medida la respuesta militar y policial como estrategia inicial de estabilización de las condiciones de seguridad”.

El tema fue reseñado en el último informe sobre Colombia de la representación en el país de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Se observó un incremento en la respuesta militar a situaciones de violencia e inseguridad”. Y citando como fuente a la Policía Nacional, aseveró que “en varios municipios de Arauca, Catatumbo, Norte del Cauca y Sur de Córdoba, se incrementó el número de homicidios, a pesar del aumento de la presencia militar”. (Leer más en: Estado colombiano enfrenta diagnósticos críticos en materia de derechos humanos)

En una amplia zona del norte de Chocó, que incluye a Riosucio y Carmen del Darién, hacen presencia a través de diversos componentes la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Armada Nacional. Sin embargo, asevera la Defensoría, esa fuerza no genera “una dinámica suficientemente clara de control y seguridad”.

La alerta temprana destaca que “la situación de amenaza persiste dado que la presencia eventual de la Fuerza Pública cumple temporalmente con la labor de disuasión de los actores armados, pero a su partida de los lugares donde patrullan continúan sin inconvenientes las acciones de dominio territorial de las referidas estructuras ilegales”.

Esa sumatoria de situaciones adversas para las comunidades advertidas evidencian, según el SAT, “la gravedad y continuidad de la crisis humanitaria que ha sido recurrente desde que el territorio del Bajo Atrato se convirtió en una zona de disputa territorial por parte de los distintos grupos armados, cuya dinámica de afectaciones ha impedido la consolidación de los proyectos de vida comunitarios de los pueblos indígenas y comunidades negras”.

El informe del SAT se lamenta de que “pese a la amplia descripción y llamados de atención realizados en los últimos años sobre los escenarios de riesgo y continuas amenazas a su población, el Bajo Atrato continúa siendo un escenario de desarraigo en el que no se garantizan las condiciones mínimas de subsistencia física, territorial y cultural para las comunidades étnicas”, razón por la cual afirma que “se precisa una intervención estatal sostenible y que revierta la situación de emergencia, y permita el acceso a derechos mínimos que garanticen la pervivencia física y cultural de las comunidades étnicas”.

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El pasado miércoles logró conjurarse el éxodo forzado de 872 personas que tomaron la decisión de abandonar seis veredas ante las intimidaciones generadas tanto por disidencias de las Farc como por las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Sin embargo, la guerra por el control del territorio persiste en ese rincón del norte de Antioquia, por lo que podrían presentarse nuevos desplazamientos.

Sentada en el techo del bus escalera que la llevaba de regreso a su finca, la misma que abandonó a la fuerza el pasado domingo por cuenta de las amenazas proferidas por grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio, Marta*, campesina de mediana estatura, voz recia y ceño fruncido, les confesaba a sus compañeros de viaje que “la verdad, nosotros desde noviembre teníamos las cositas empacadas. Ya presentíamos que esto iba pasar. Pero llegó diciembre, llegó enero y no pasó nada, entonces nos relajamos y desempacamos. Hasta que llegó el día que ¡tenga, otro desplazamiento!”.

Así como Marta, otras 325 personas, entre hombres, mujeres y niños, regresaban el pasado miércoles a la vereda El Cedral, luego de pasar tres noches albergadas en la cabecera municipal de Ituango. Ese mismo día, y en las mismas circunstancias, regresaron a sus viviendas unos 547 labriegos de las veredas La Miranda, Las Arañas, Los Sauces, San Isidro y Quebrada del Medio, que también arribaron a la cabecera de este municipio el domingo pasado huyendo de las intimidaciones de los grupos armados ilegales.

Se trató de un retorno motivado más por decisión de los mismos campesinos que por acuerdo alguno logrado con las autoridades civiles, militares y de Policía del municipio y el departamento. “Es que cada día en Ituango cuesta plata y, ¿nosotros de dónde por Dios? Nos tocó dejar gallinas, pollos, marranos, perros, que, ojalá, todavía estén vivos. A un vecino se le murieron 12 marranitos en este ‘desplace’ (sic). Yo por lo menos estoy sufriendo porque me tocó dejar suelta a mi marrana. ¡Ojalá no se haya perdido! Fuera de eso, rozamos y tumbamos monte porque esta temporada es para sembrar maíz y frijol y hay que hacerlo ya prácticamente”, cuenta Martín*, hijo de Marta, también habitante de la vereda El Cedral.

Por cuenta de estas angustias, los labriegos emprendieron el viaje de regreso sin más garantías que las consignadas en una hoja de cuaderno que no tiene rúbrica alguna, donde puede leerse que la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Ituango se comprometían con el transporte de regreso de las familias desplazadas; con entregar un mercado a cada una de ellas; con adelantar planes de mejoramiento de la escuela de la vereda San Isidro; mientras que el Ejército Nacional, por su parte, se comprometía con el monitoreo y vigilancia permanentemente de la zona y con prestar mano de obra para el mejoramiento de vías terciarias y caminos veredales. (Ver compromisos)

Si bien el transporte y los mercados aparecieron gracias al aporte económico hecho por Empresas Públicas de Medellín (EPM), no es claro que existan plenas garantías de seguridad para los retornados. “Yo por lo menos no voy a desempacar las cosas porque esto está muy horrible. Seguro y nos toca desplazarnos en uno o dos meses. El Ejército no le puede poner soldados a cada campesino, entonces a uno le toca aguantar, callar, seguir viviendo porque, qué más”, asevera Fabio*, esposo de Marta y padre de Martín, quien, al igual que sus paisanos de El Cedral, dice estar cansado de ser víctima de este flagelo.

“Con este ya son siete los ‘desplaces’ (sic) que nos han tocado”, recuerda el campesino. “En este nos fue hasta bien. Nos dieron las tres comiditas y comida buena. Y no fueron sino tres días. Hubo uno, en 2009, que nos tocó quedarnos en el pueblo como 20 días. El último fue en 2011 o 2012, no recuerdo bien. Pero esa vez también salimos como una semana”.

Confinados en el paraíso

Aunque el censo oficial de familias desplazadas ascendió a 335 (unas 875 personas), este no fue el número total de mercados entregados como ayuda humanitaria por parte las autoridades civiles de Ituango, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los campesinos. Hubo necesidad de incluir 25 más para igual número de familias de la vereda Santa Ana.

La razón: según pudo confirmar la Defensoría del Pueblo, la disidencia del Frente 18 de la extinta guerrilla de las Farc les dio la orden a los campesinos de esa vereda de desplazarse el pasado 23 de febrero, pero en el camino, los labriegos se encontraron con miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamados por el gobierno nacional ‘Clan del Golfo’, quienes los amenazaron con atentar contra sus vidas si continuaban su marcha hacia la cabecera municipal. (Leer más en: Disidencias de las Farc y ‘gaitanistas’: la nueva guerra que se cocina en Ituango)

“Los unos les dijeron que se fueran, pero los otros les dijeron que se devolvieran, que si salían les hacían algo, que no se podían mover de sus fincas. Entonces los campesinos quedaron confinados, sin poder salir a trabajar”, relata un líder campesino de Ituango, quien pidió reserva de su identidad. “Ya el jueves, cansados de la situación, los campesinos salieron a trabajar por su propia cuenta y riesgo. La verdad la cosa está jodida. Por eso se les envió ayuda humanitaria”.

La vereda Santa Ana, al igual que El Cedral, Los Sauces, Quebrada del Medio, San Isidro y La Miranda, conforman el llamado “Cañón del Bajo Inglés”, un corredor geográfico que conecta Ituango con el municipio de Peque, del Occidente antiqueño y que es fuertemente disputado por la disidencia del Frente 18, denominada ‘Cacique Coyará’, y las Agc.

Según reseñó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en Alerta Temprana 004 del pasado 24 de enero, desde 2016, cuando comenzó la concentración de los antiguos guerrilleros de las Farc en la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Santa Lucía, conocidos hoy como Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), los ‘gaitanistas’ han venido experimentando un proceso de crecimiento tal que hoy cuentan con un corredor natural que les permite conectar el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antiqueño, con la localidad de Peque.

Dicho corredor está integrado por unas 26 veredas por las cuales las Agc mueven tropas, pertrechos y drogas, afectando la seguridad de las comunidades campesinas que allí habitan. “En esta amplia zona”, reseña el SAT en su Alerta Temprana, “las AGC han recrudecido la comisión de conductas tales como homicidios selectivos; extorsiones a pobladores y comerciantes; incursiones armadas a diferentes poblados; señalamiento a pobladores como ‘colaboradores de la disidencia’; restricciones a la movilidad; irrupción en viviendas cometiendo hurtos y otros actos intimidatorios”. (Leer más en: Se esfuma la esperanza de paz en Ituango)

En su intención de impedir la movilidad de las Agc por ese corredor, señala el SAT de la Defensoría, la disidencia del Frente 18 ha incursionado en veredas como El Cedral, San Isidro, Quebrada del Medio, Quindío, imponiendo toda clase de restricciones a la movilidad, incrementando los cobros extorsivos a campesinos, ganaderos y hacendados. A ello se suma la amenaza reciente de realizar labores de empadronamiento para “evitar que los ‘gaitanistas’ y otros grupos armados ingresen a la zona, ya que han hecho muchos daños”, según se lee en panfleto difundido entre los ituanguinos la primera quincena de febrero, suscrito por el “Comando Conjunto del Frente 18 y 36”.

Allí se lee que “todo campesino y propietario tiene que tener un carnet en el que conste que son de la zona” y que “a partir del momento toda persona que vaya a salir de la zona tiene que tener un carnet y todo el que vaya a ingresar que no tenga dicho carnet nos veremos en la obligación de desplazarlo o ejecutarlo”. En el apócrifo también se advierte a propietarios de hacienda y mayordomos que los 21 de cada mes llevarán a cabo reuniones en los que esperan su presencia, “para entablar un diálogo civilizado para ponerles unos puntos en conocimiento que somos enemigos de los sapos, violadores, profesores morbosos (…) y todo aquel que le guste estar en dilemas con la comunidad”.

¿Habrá garantías?

Fuentes militares consultadas por VerdadAbierta.com aseguran que, durante el mes de febrero, integrantes del Batallón de Artillería No.4, responsable de la seguridad del norte de Antioquia, obtuvo importantes resultados en su lucha contra las estructuras armadas ilegales que vienen sembrando el terror en municipios como Ituango.

Entre ellos, destacan las fuentes militares, figura la muerte en combate de alias ‘Patojo’, integrante de la disidencia del Frente 18, en hechos ocurridos en la verada Camelia Baja del corregimiento Santa Rita, de Ituango, el pasado 8 de febrero. A este hecho se suma también las muertes de alias ‘El Indio’ y alias ‘Jader’, miembros de las Agc, quienes perdieron la vida en enfrentamientos con unidades militares sostenidos la última semana de febrero en el sector La Ceiba de este municipio.

Con todo y ello, entre los ituanguinos persiste el temor y la incertidumbre, pues no advierten mejoría en la seguridad del municipio. Según registros de Policía, en lo que va corrido de 2020 han sido asesinadas siete personas en Ituango, de las cuales, cuatro han perdido la vida en hechos cometidos en el casco urbano. El hecho más reciente se presentó el pasado 27 de febrero cuando, a eso de las 9 y 30 de la noche de ese día, hombres armados asesinaron a dos hombres en el barrio conocido como Los Baños.

“Aquí, en el casco urbano, tenemos un problema serio con las plazas de vicio y se dice que las muertes que ha habido aquí en el pueblo son por eso, por ajuste de cuentas entre los que venden vicio”, señala el líder consultado que pidió reserva de su identidad. “Ya para las veredas, los problemas son con las disidencias, el ‘Clan del Golfo’ y hasta los ‘Caparrapos’ que, según dicen por ahí, están aliados con la disidencia para enfrentar al ‘Clan del Golfo’”.

Dicha confrontación, según el líder, está generando un éxodo gota-gota, silencioso y sin registros, “pues las familias, cuando menos piensan se van sin despedirse, sin denunciar, ni siquiera están denunciando en los pueblos donde están llegando. Yo personalmente conozco casos de familias de Ituango que hoy están en el Oriente antioqueño, el Nordeste, en municipios del área metropolitana como Copacabana, Bello o Barbosa”, agrega el líder.

Donde puede advertirse dicho éxodo es en los espacios de participación comunitaria como las Juntas de Acción Comunal o las asociaciones campesinas. “Hay Juntas de Acción Comunal de veredas del Cañón del Riosucio o el Cañón del San Jorge bastante débiles, porque sus miembros se fueron y nadie quiere reemplazarlos. Y entre más débiles las comunidades, más fácil para los armados actuar, amenazar, amedrentar”, detalla una de las fuentes consultadas.

¿Y los reincorporados?

Capítulo aparte viven los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc asentados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía. Luego de la muerte de César Darío Herrera, reincorporado ‘fariano’ asesinado el pasado 29 de enero en la vía que de la cabecera municipal conduce a ese Espacio, por lo menos unos 60 desmovilizados tomaron la decisión de salir del lugar con sus familias. Sin embargo, según Gustavo López, quien fuera conocido en su vida guerrillera como ‘Agustín Rivera’, este grupo se encuentra en Ituango.

“Todavía no hemos salido del Espacio, a la espera de confirmar con el gobierno nacional para dónde nos vamos a ir. Hay un par de opciones, pero, por ahora, nada concreto. La cosa es que necesitamos tierra para poder desarrollar los proyectos que tenemos”. De acuerdo con López, “nosotros mismos hemos gestionado proyectos para nosotros y para irradiar a la comunidad, pero que nos dicen los cooperantes: no hay garantías. Ahora, imagínese para el campesino”.

Aunque unos 30 excombatientes permanecerán en el ETCR, López siente que ellos, ni los habitantes de las veredas circundantes, cuentan en estos momentos con garantías de seguridad. (Leer más en: Desmovilizados de las Farc en Ituango, bajo todos los fuegos)

“Todo lo que está pasando en Ituango, y no sólo con nosotros, con todo el pueblo, obedece a que el gobierno nacional no viene cumpliendo con los acuerdos. Mire, los campesinos nos dicen: ‘Ustedes se van, y con justa razón porque los están matando y no tienen tierra o algo que defender aquí. Pero, díganos nosotros que tenemos una parcelita, muchos pagándola todavía. Si a ustedes se los llevan ahí sí quedamos nosotros en manos de Dios, porque quién más’, es lo que dicen, y hasta con razón”, concluye.

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