La Defensoría del Pueblo acaba de emitir un crítico diagnóstico de la situación de vulnerabilidad que padecen miles de pobladores de esta región del norte del país y quienes los representan. Homicidios selectivos, desplazamientos masivos y desapariciones forzadas hacen parte del repertorio de violencia que imponen grupos armados ilegales.
“La conjugación de los factores de amenaza y diversas condiciones de vulnerabilidad han conducido a una sensación de impotencia, desesperanza y resignación en la actual coyuntura, caracterizada por el incremento de los hechos de violencia, la persistencia de economías ilícitas y las expectativas no cumplidas tras la firma del Acuerdo Final de Paz con las Farc-Ep”. (Leer más: Arde el sur de Córdoba)
Así resume la Defensoría del Pueblo, a través de la Alerta Temprana Nº 054-19, emitida este 18 de diciembre, la difícil situación que viven por lo menos 26.132 habitantes, entre campesinos e indígenas, de los municipios de Tierralta, Montelibano, Puerto Libertador y San José de Uré, en el sur del departamento de Córdoba, una de las zonas del país donde las acciones de guerra son el pan de cada día, sin que el Estado ofrezca soluciones integrales, preventivas y de protección a las comunidades más afectadas
La situación de riesgo involucra, además, a las directivas de las juntas de Acción Comunal de corregimientos y veredas de esos cuatro municipios, así como a los dirigentes campesinos vinculados a la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas), la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), la Fundación Social, Agraria y Popular (Funsap), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y Cordobexia.
También afrontan graves riesgos los campesinos que participan del Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, creado bajo el Acuerdo de Paz; integrantes de la misión médica que laboran en las áreas rurales de los cuatro municipios alertados; los miembros del consejo comunitario de San José de Uré, que residen en zonas donde existe el interés de actores armados ilegales por la explotación ilegal del oro; y los líderes indígenas de las comunidades Zenú y Embera Katío que habitan la zona del Alto Sinú, Quebrada Cañaveral y Dochama.
Uno de los aspectos más dramáticos que refiere este nuevo informe del SAT es la crueldad con la que están actuando las organizaciones criminales. Ejecuciones públicas, decapitaciones y torturas de sus víctimas, así como incineración de sus viviendas y órdenes perentorias de desplazarse de sus predios están infundiendo terror entre los pobladores y erosionando el tejido social de campesinos e indígenas de la región.
Lo preocupante, según se constata a través de los diversos informes que ha emitido esta dependencia de la Defensoría, es que se evidencia una “progresiva exacerbación del contexto de amenaza para la población civil de estos cuatro municipios” pese a que la situación ha venido siendo alertada desde 2018 e informada al Ministerio del Interior, en su condición de secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).
Por medio de las alertas, detalla el SAT, “no solo se informó sobre la ocurrencia de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario […] sino que también se exhortó a las autoridades concernidas a coordinar sus acciones institucionales con el ánimo de disuadir, mitigar y/o detener la continua consumación de los riesgos advertidos”.
No obstante esos llamados de advertencia, en los dos últimos años se han presentado “14 desplazamientos masivos de comunidades campesinas e indígenas, masacres, homicidios en persona protegida, utilización de métodos y medios para generar terror en la población civil, desapariciones presuntamente forzadas, amenazas de reclutamiento forzado, entre otras graves conductas vulneradoras de los Derechos Humanos e infracciones al DIH”.
La Defensoría, a través del SAT, ha constatado “diversos eventos de violencia contra la población civil que presumiblemente son atribuidos a efectivos de la Policía y del Ejército”, ejerciendo una “presión considerable y simultánea sobre los factores de amenaza y vulnerabilidad constitutivos del escenario de riesgo”.
Para esta entidad estatal, la agudización de los factores de riesgo también son atribuibles a las “brechas en la gestión […] por parte de diversas autoridades del orden nacional y territorial, concernidas mediante recomendaciones en las señaladas Alertas Tempranas”. A juicio de la Defensoría, se ha evidenciado “una insuficiente gestión institucional y limitaciones en términos de coordinación, particularmente en Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador”.
Según consigna este nuevo informe, esa brecha se explica, en parte, “por la disposición de las instituciones del Estado de concentrar sus esfuerzos especialmente en acciones de atención humanitaria a emergencias frente a la ocurrencia de eventos que constituyeron per se la consumación de riesgos advertidos, como es el caso de los desplazamientos forzados masivos”. En esencia, “dejaron de lado la prevención temprana [y urgente] que promueve la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo […] necesarias para evitar la ocurrencia de eventos como los señalados”.
Tales limitaciones de la respuesta estatal, de acuerdo con esta Alerta Temprana, “afectan la efectividad de los factores institucionales de protección llamados a contener la agudización de los intereses y la violencia ejercida por los actores armados, a la vez que representa un aumento del nivel de vulnerabilidad de la población frente a dichas dinámicas y, por ende, incide en el incremento del nivel de riesgo de la población civil”. (Leer más en: Versiones contradictorias sobre grave crisis humanitaria en el sur de Córdoba)
Factores de amenaza
De acuerdo con los análisis del SAT, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), organización que surgió a mediados de 2006 tras la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), continúa siendo la principal amenaza para los pobladores de Tierralta, Montelibano, Puerto Libertador y San José de Uré, así como para municipios vecinos. Este grupo armado ilegal opera en la región a través de dos bloques, precisa la Defensoría: de un lado está el Central Urabá y, del otro, el Pacificadores de Córdoba y Bajo Cauca.
Lo que pretende con esas dos estructuras criminales es tener un amplio control territorial, social y económico de zonas que rodean el Parque Nacional Natural Paramillo, un enclave de producción de clorhidrato de cocaína, y garantizar el tránsito de sus integrantes desde el Bajo Cauca antioqueño a las costas del departamento de Córdoba, desde donde se envían los alijos de droga a los mercados internacionales. Además, hacen presencia en los cascos urbanos de los municipios, donde desarrollan tareas de inteligencia. (Leer más en: Frontera entre Antioquia y Córdoba, una línea borrada por la guerra)
Del Bloque Central Urabá depende el Frente Carlos Vásquez, que tiene presencia permanente desde 2016 en la zona sur del municipio de Tierralta y en inmediaciones del Parque Paramillo, sobre las cuencas de los ríos Verde, Sinú y Esmeralda. De acuerdo con el SAT, “su accionar se despliega a través de contingentes que portan radios de comunicación, armas largas, visten en el día prendas de color oscuro o de civil y en las noches uniformes camuflados”.
Con respecto al Bloque Pacificadores de Córdoba y Bajo Cauca, se estableció que opera a través de los frentes Rubén Darío Ávila y Juan de Dios Úsuga en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y en Tierralta, donde se articulan y coordinan con el Frente Carlos Vásquez.
Ambas estructuras, se lee en el informe, está integrada por “individuos que visten de civil en los cascos urbanos, centros poblados y ejes viales, y se encargan de la vigilancia de los movimientos de la Fuerza Pública, del control de la población, del cobro de las exacciones forzadas y de la administración de la violencia a través de la amenaza, atentados con artefactos explosivos, señalamientos de posibles víctimas y la logística para la actuación de su red de sicarios”.
En las áreas rurales, las Agc tienen unidades especiales, fuerzas de choque, que portan armas de largo alcance y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Según el SAT, quienes integran este grupo “han sido formados en escuelas de entrenamiento ubicadas en el Urabá antioqueño, y se desplazan por los corredores de movilidad que en Córdoba atraviesan los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, en límites con el Nudo del Paramillo”.
Además, se presume que a sus filas se incorporaron antiguos integrantes de la extinta guerrilla de las Farc, quienes conformaron una pequeña célula de doce excombatientes del otrora grupo subversivo.
Al accionar de las Agc se oponen varias organizaciones criminales con las que se disputan el dominio de la región. Se trata del Bloque Virgilio Peralta Arenas, una disidencia conocida como Nuevo Frente 18 de las Farc y, en menor medida, la guerrilla del Eln. A ellos se sumarían, según el SAT, “antiguos mandos de los bloques Minero y Central Bolívar de las desmovilizadas AUC, quienes actuarían como intermediarios en las transacciones de clorhidrato de cocaína con carteles transnacionales del narcotráfico”.
El Bloque Virgilio Peralta Arenas, también conocido como ‘Caparrapos’, es una estructura que se desprendió de las Agc tras rechazar el anuncio de sus mandos de un eventual sometimiento a la justicia colombiana. La experiencia criminal de sus integrantes, varios de ellos formados en las antiguas Auc, se ha forjado en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba luego de la desmovilización de la guerrilla de las Farc bajo el Acuerdo de Paz suscrito en noviembre de 2016 con el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018). (Leer más en: ‘Caparrapos’, fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca y el sur cordobés)
Esta organización, estima el SAT, “se ha fortalecido económica, logística y militarmente a partir de la relación establecida con redes transnacionales del narcotráfico que tratan de posicionar un proveedor confiable de clorhidrato de cocaína a los circuitos internacionales, luego de la salida del mercado de las Farc-Ep y eventualmente de las Agc, si llegara a concretarse su presunta intención de sometimiento a la justicia”.
Por su parte, el Nuevo Frente 18 de las Farc, conformado por excombatientes de los antiguos frentes 5, 18 y 58 que no se acogieron al Acuerdo de Paz, pretende incursionar, según la Defensoría, en “los espacios controlados por las Agc” de algunas zonas del sur de Córdoba.
Según fuentes comunitarias citadas por el SAT, esta disidencia estaría compuesta “por un número menor de combatientes que las Agc” y compensan su “inferioridad numérica con una mayor experiencia en combate, manejo de explosivos, formación como francotiradores, conocimiento del territorio y disciplina en el combate”. Además, conservan “la estructura operativa de las antiguas Farc-Ep”.
Con respecto a la presencia del Eln en este disputado territorio del sur de Córdoba, el SAT informa que “solo se ha tenido conocimiento de una actuación individual de esta guerrilla, ocurrida en abril de 2019, cuando un grupo de 8 individuos vestidos con uniformes camuflados, armas largas y portando brazaletes del Eln bajaban de un cerro que rodea al corregimiento Versalles (San José de Uré), luego de hostigar a un contingente del Ejército ubicado allí”.
Detrás de la coca
La dinámica de confrontación armada entre esas organizaciones armadas irregulares está relacionada, en mayor medida, con la disputa por el control de una amplia zona cordobesa y antioqueña clave para la producción y comercialización del clorhidrato de cocaína con destino a los mercados internacionales. Asimismo, por obtener rentas complementarias ligadas a la explotación ilegal de minas de oro y la extorsión a cientos de pobladores de la región.
El informe de riesgo del SAT recurre a cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDC) para mostrar el comportamiento de los cultivos de uso ilícito en el departamento de Córdoba. De acuerdo con los datos, en 2018 se registraron 4.636 hectáreas sembradas con hoja de coca.
El mayor porcentaje de las hectáreas se encuentran en zonas de los municipios alertados por la Defensoría del Pueblo: “352,49 de las cuales se ubicaban al interior del resguardo indígena Alto Sinú, Esmeralda y Cruz Grande; 0,38 en el resguardo Quebrada Cañaveral; 11,92 en el resguardo Zenú del Alto San Jorge; y 1.786 has en zonas del Parque Natural Nacional Paramillo […] lo que representa en este último caso el 25,37% de los cultivos de coca presentes en parques nacionales de Colombia”.
La Alerta registra la evolución de los cultivos de uso ilícito en Córdoba, que pasaron de su pico más bajo en 2013 con 439 hectáreas a 4.780 en 2017, un incremento exponencial que puso a este departamento en la lista de los diez primeros departamentos con más áreas sembradas en el país. Para 2018 la cifra se redujo a 4.636 hectáreas, leve descenso que, según la Defensoría, estuvo asociado a la sustitución voluntaria realizada por 2.284 familias campesinas de los municipios de San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano.
El volumen de producción de clorhidrato de cocaína que arroja esa siembra de hoja de coca, aunado a la posición estratégica de los municipios cordobeses bajo riesgo, se han convertido en el principal factor de disputa de grupos armados ilegales, que se pelean su control para convertirse en proveedores únicos de las organizaciones trasnacionales.
Una de la conclusiones a este respecto, consignadas por el SAT, es que la eventual salida de las Agc del mercado de la droga, una versión de la que no se ha vuelto a hablar públicamente, fortaleció en lo “logístico, económico y militar a facciones disidentes de estas organizaciones para poder contar con un proveedor confiable que le garantizara el volumen, la calidad y oportunidad en la entrega del clorhidrato de cocaína que demanda el mercado internacional”.
En su análisis, la Defensoría plantea que ese cambio “en las reglas del mercado, el surgimiento de nuevos actores con fuertes intereses sobre territorio y el sostenido incremento en la producción de clorhidrato de cocaína están directamente relacionados con los picos de violencia experimentados desde 2017 en el Bajo Cauca y Sur de Córdoba por el control de las economías ilícitas”.
Escenario de crueldad
La guerra por el control de zonas cocaleras en los municipios alertados por el SAT ha recurrido a un repertorio de violencia que tiene atemorizada a sus pobladores, cientos de los cuales se han tenido que desplazar de manera forzada de sus veredas. Buena parte de las víctimas que está ocasionado esta confrontación armada han sido beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), quienes creyeron en la promesa contenida en el Acuerdo de Paz y defendieron su implementación.
Las expresiones de crueldad son usadas de manera selectiva con el fin, según la Defensoría, de “someter la voluntad de la población civil y favorecer sus intereses de control sobre el territorio y la población”. Uno de lo más sanguinarios es el Bloque Virgilio Peralta Arenas, a quienes se les atribuye ejecuciones sumarias con lista en mano, decapitaciones y desplazamientos forzados.
Uno de los casos destacados por el SAT fue el asesinato de Jáder Manuel Pertuz Suárez y Jáder Leonel Polo Suárez, indígenas del pueblo Zenú del cabildo Vida Nueva, quienes estaban inscritos en el PNIS en calidad de recolectores. Los hechos ocurrieron el 23 de mayo de este en el corregimiento Brazo Izquierdo, del municipio de San José de Uré. En esa ocasión, la comunidad fue obligada a desplazarse luego de que varios de sus pobladores fueran interrogados sobre los compradores de base de coca de las Agc y los mototaxistas que los transportaban.
Horas antes del doble crimen, según el SAT, “este mismo comando, mientras se desplazaba entre las veredas Alto Mira San Pedrito, Mano Pintada y Trapichero, llegó hasta la vivienda del agricultor y comerciante, inscrito en el PNIS como no cultivador, el señor Luis Fernando Velásquez, a quien asesinaron mediante decapitación luego de someterlo a supuestos actos de tortura”.
La Agc también han impuesto su terror y varios de sus actos se han dirigido contra quienes impulsan reivindicaciones sociales como, por ejemplo, el acceso a la vivienda en el municipio de Tierralta, a donde llegan continuamente desplazados de otras zonas del departamento y del país, huyendo de la guerra. El SAT reporta las incursiones sicariales en los barrios periféricos de este municipio y las amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos e integrantes de partidos políticos de izquierda, quienes fueron acosados en la pasada campaña electoral para cargos locales y regionales.
Uno de los hechos más relevantes ocurrió el 1 de junio pasado, cuando las Agc, a través de un comunicado, declararon objetivo militar a varios líderes sociales, entre ellos al representante legal de la Fundación Cordoberxia en Tierralta, Secretario Técnico del Consejo Municipal de Paz, Convivencia y Reconciliación de Tierralta y aspirante a la Asamblea departamental por el Movimiento Político Colombia Humana en coalición con la Unión Patriótica; al aspirante a la Alcaldía de Tierralta con el aval de la Unión Patriótica; y a un médico homeópata y líder político del movimiento Colombia Humana.
Asimismo, fueron amenazados un integrante de ASODECAS y varias personas que solo fueron identificadas por referencias, como “la gorda mujer del chatarrero, la del Esquinazo, alias la cachaca”, y a ciudadanos venezolanos y a los habitantes de los barrios Nuevo Oriente y 9 de agosto.
En medio de la zozobra generada por esas amenazas, fue asesinada María del Pilar Hurtado Montaña, en hechos ocurridos el 21 de junio en el barrio 9 de Agosto y atribuidos a sicarios al servicio de las Agc. La acción armada se presentó mientras la señora, en compañía de sus dos hijos gemelos de 12 años de edad, empujaba una carreta empleada para el reciclaje, razón por la cual varias personas la identificaron como “la gorda mujer del chatarrero” a quien se había amenazaba en el panfleto del 10 de junio.
Las intimidaciones por varías vías, entre ellas mensajes a celulares, también han sido dirigidas contra defensores de la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en los puntos referidos a la Reforma Rural Integral, Participación Política y Sustitución de Cultivos Ilícitos, así como contra activistas ambientales que se oponen a proyectos que afectan a las comunidades campesinas e indígenas.
Débil atención estatal
Uno de los más claros cuestionamientos que contiene esta Alerta Temprana emitida por el Defensoría del Pueblo es el referido a la pobre acción de distintas entidades estatales para atender de manera oportuna a las comunidades a las comunidades afectadas por esa confrontación armada entre grupos armados ilegales.
Varias de las quejas de las comunidades campesinas e indígenas de los cuatro municipios bajo alerta están dirigidas contra la Fuerza Pública, pues a juicio de los pobladores, replicados por el SAT, “estarían infringiendo los principios humanitarios de distinción, precaución y proporcionalidad” e infringiendo graves vulneraciones a los derechos humanos, entre ellas detenciones al parecer arbitrarias e injustificadas.
En varios comunicados tanto la Policía Nacional como del Ejército han negado los atropellos a la población civil. Al respecto, la Defensoría plantea que esa divergencia de versiones debe ser “objeto de rigurosa investigación por parte de los organismos competentes, de conformidad con el deber de prevención que le asiste al Estado colombiano y con el ánimo de disuadir la ocurrencia de hechos de esta naturaleza”.
Además, se exhorta “al Ministerio del Interior para que, como articulador y coordinador de la respuesta rápida, incida de manera directa ante el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública para que, en ninguna circunstancia, se registren nuevos eventos de retención ilegal de civiles -campesinos o indígenas- ni presiones para involucrarles en acciones que incidan en el desarrollo del conflicto como la obtención de informaciones relacionadas con la presencia o actuación de grupos ilegales”.
Con relación al papel que deben cumplir las instituciones estatales en la atención a la población vulnerable, particularmente a la desplazada de manera forzada, la Defensoría advierte en varios de los apartes de la Alerta Temprana una desarticulación que “afecta la respuesta diligente en materia de prevención de riesgos de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el Sur de Córdoba”, así como una estrategia de prevención que atienda las alertas con mayor prontitud, que brinde, incluso, garantías de no repetición.
Si bien destaca el despliegue de estrategias de seguridad adoptadas a través de las activación de la Fuerza de Tarea Aquiles, que comenzó operaciones a finales del año pasado, “con el objetivo de atacar, debilitar y neutralizar las estructuras criminales que delinquen en los municipios de estas subregiones”, la Defensoría afirma que “se ha evidenciado desde los entes territoriales e instituciones del orden nacional la ausencia de acciones concretas para asegurar una articulación institucional que coadyuve en la debida diligencia estatal para prevenir la continua materialización de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH”.
Las críticas también apuntan a la Gobernación de Córdoba que, a juicio de los analistas del SAT, careció de un “enfoque preventivo y de protección […] limitadas a la entrega de ayuda humanitaria de emergencia en algunos de los eventos y la participación en múltiples espacios de interlocución que no impactan sobre el escenario de riesgo ni tienen necesariamente como horizonte de acción la atención de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo”.
Por todo ello, se le hace un llamado al Ministerio del Interior “para asegurar que las acciones desplegadas por las instituciones públicas logren reflejarse en medidas efectivas en la prevención de nuevas vulneraciones e infracciones y la protección de las comunidades en latente riesgo”.
Con esta nueva Alerta Temprana, que se suma a las emitidas desde el año pasado, la Defensoría espera que “el despliegue institucional preventivo y protector del Estado en estos cuatro municipios del sur de Córdoba no se restrinja al accionar disuasivo de la Fuerza Pública en el territorio -en el marco del deber de respeto y garantía de los Derechos Humanos-; antes bien, para lograr una efectiva prevención de los diversos escenarios de riesgo, se precisa de una sostenida intervención estatal mediante la mitigación de las condiciones de vulnerabilidad que posibilitan tal escenario de riesgo y del fortalecimiento de los factores institucionales y comunitarios de protección existentes que permiten afrontar dichos escenarios de riesgo”.
