Entre académicos, activistas de derechos humanos y sectores de izquierda hay preocupación frente a las decisiones que adopte el nuevo inquilino de la Casa de Nariño sobre el sistema integral creado a partir del Acuerdo de Paz firmado con las Farc. ¿Habrá recursos suficientes para que operen entidades como la Comisión de la Verdad? ¿Estará el tema de la búsqueda de personas desaparecidas en la agenda política? ¿Se modificará sustancialmente la JEP?
Los obstáculos que viene afrontando en el Senado de la República el trámite del proyecto de ley que crea el procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mediante el cual se juzgarán exguerrilleros y exagentes del Estado involucrados en graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado, por influencia del presidente electo, Iván Duque, y secundado por la bancada de su partido Centro Democrático, ¿marcarán la línea de las decisiones que adoptará el nuevo gobierno con relación a todo el sistema integral de justicia transicional?
Aún es temprano para ofrecer respuestas al respecto, sin embargo, no queda duda que el primer pulso en el que se batirá el nuevo presidente será la reglamentación de la JEP. Hoy, durante su primera visita al mandatario saliente, Juan Manuel Santos, el asunto fue conversado, pero no hubo soluciones concretas.
La compleja situación era previsible. Las cartas de Duque sobre el tema fueron puestas sobre la mesa desde los albores de su campaña y sólo falta ver qué tan fuerte y aceitada es la coalición que pretende armar en el Congreso con los partidos que adhirieron a su campaña, pues su propuesta de aplazar el debate de la iniciativa legislativa hasta tanto no se conozca la decisión de fondo de la Corte Constitucional, que desde noviembre del año pasado estudia la ley que reglamenta el procedimiento de nuevo escenario de justicia transicional, se enfrenta ahora a la solicitud de Santos de llamar a sesiones extras para que, precisamente, se apruebe este articulado.
Además de poder llevar a buen puerto el tortuoso camino que ha tenido la JEP en el Congreso de la República, el escenario deliberativo que plantea el llamado a sesiones extras servirá para conocer el talante y la voluntad política del nuevo mandatario en un tema que constituye la “almendra” del Acuerdo de Paz con las Farc: el juzgamiento de los que participaron en la guerra.
“Y aquí es dónde están los desafíos para Duque. Desde la campaña, él ha planteado cambios al Acuerdo (de Paz), pero hacerle modificaciones a lo ya acordado, como la JEP, es incumplir el Acuerdo”, plantea Rodrigo Uprimny, miembro de la organización no gubernamental Dejusticia.
Para Uprimny, el presidente Duque iniciará su gobierno con un dilema político: “en su discurso del pasado domingo, aseguró que iba trabajar por desescalar la polarización que vive el país, por unir a los colombianos. Pero si toca la JEP está tocando el corazón del Acuerdo de Paz y muy seguramente eso generará más polarización”. A su juicio, “Duque debe encontrar la ‘cuadratura del círculo’: cómo cumplir su promesa de campaña de modificar o corregir el Acuerdo sin que ello implique incumplir el Acuerdo”.
Si bien los únicos anuncios concretos sobre el tema fueron las breves líneas manifestadas por el propio Duque durante su campaña, como fueron no permitir el ejercicio político de los exmiembros de Farc hasta que no comparezcan ante la JEP y evitar que los militares sean juzgados por este mecanismo, buscando para ellos otros escenarios como la misma Justicia Penal Militar, que anunció que reforzaría y de la daría más independencia, éstas bastaron para generar alarma entre las organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Nosotros sí esperaríamos del nuevo presidente un cumplimiento cabal de todo lo acordado, no defraudar un Acuerdo de Paz que fue refrendado por el Congreso de la República. Dentro de esos acuerdos está poner en marcha una justicia especial, que si bien ya fue creada, hoy no tiene plata y ni siquiera cuenta con las reglas de procedimiento”, señala Alberto Yepes, integrante de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), plataforma que agrupa 250 organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el país.
A juicio de Yepes, “cumplir con los compromisos es mantener el carácter universal de la JEP: que los militares también comparezcan ante ella, incluso los terceros así estos no estén obligados. Pero los signos que se advierten es que se quiere una justicia solo para las Farc, una justicia de vencedores para vencidos cuando lo que se logró fue un sistema concertado entre dos partes”.
¿Habrá recursos para las víctimas?
Aunque trascendental, la JEP es tan sólo uno de los temas que abarca el llamado sistema integral de justicia transicional. Por un lado, el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las Farc le dio vida a dos nuevas instituciones: la Comisión de la Verdad y la Unidad de Personas dadas como Desaparecidas en el Marco del Conflicto Armado.
Ambas ya comenzaron a cumplir sus mandatos, aunque no sin traumatismos, varios de los cuales pasan por el tema presupuestal. Es el caso La Unidad de Búsqueda de Personas dadas como Desaparecidas, que si bien ya terminó con el llamado “diseño institucional” (cuántas personas la integrarán y cómo estarán divididas las funciones), aún espera el visto bueno del Ministerio de Hacienda para arrancar formalmente funciones el 15 de julio, tal como lo establece el Decreto 589 de 2018, que creó esta dependencia.
“En el diseño institucional determinamos que necesitamos una planta de 529 personas para cubrir el trabajo territorial, de las cuales más del 70 por ciento estarían enfocados en labores misionales”, detalla Luz Marina Monzón, directora de la Unidad. “Aunque (Ministerio) Hacienda ha dicho que es mucha gente, que se tercericen funciones, estoy convencida que esa discusión se superará. No creo que el cambio de gobierno afecte el mandato de la Unidad. Si el actual gobierno cumple lo acordado, la Unidad ya debe estar lista, funcionando, con recursos aprobados por Minhacienda, el 15 de julio”.
Monzón es clara en manifestar lo que espera del nuevo gobierno frente al trabajo de la unidad: “que lo incluya en la agenda política del país. Que fortalezca la Unidad, no solo desde lo económico, sino también desde lo político. La búsqueda de personas desaparecidas no es de derecha, de izquierda o de centro. Es un asunto humanitario, es una deuda histórica del Estado con unos familiares que llevan décadas esperando saber de sus seres queridos. No creo que ningún gobierno se oponga a una labor que es netamente humanitaria”.
A esta Unidad, y a la Comisión de la Verdad, se suman la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Unidad Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas (Uariv), ambas constituyen el eje y corazón de Ley 1448 de 2011, conocida como de Reparación a Víctimas y Restitución de Tierras, una de las cartas políticas a la que le apostó con fuerza el gobierno de Juan Manuel Santos.
Aunque el desempeño de la Uariv como de la URT ha sido fuertemente criticado por sectores de derecha e izquierda, el gobierno saliente expone cifras que considera satisfactorias.
Según el Registro Único de Víctimas de la Uariv, a la fecha se han identificado un total de 8 millones 300 mil víctimas, de las cuales unas 6 millones 900 mil vienen siendo atendidas en procesos de reparación integral. Se trata del registro de hechos victimizantes e identificación de víctimas más completo elaborado hasta ahora en el país. Desde que comenzó labores, en enero de 2012, y hasta la fecha, el gobierno nacional ha invertido recursos por 9,6 billones de pesos en los procesos de atención y reparación Integral a las víctimas.
A ello se suma la existencia de 634 sujetos de reparación colectiva de los cuales 128 están implementando sus planes de reparación. De acuerdo con su directora, Yolanda Pinto, la Unidad para las Víctimas ha apoyado 451 proyectos de infraestructura comunitaria con una inversión de por 42.030 millones de pesos, y a 567 proyectos agropecuarios por más de cinco mil millones de pesos.
Por su parte, el director de la URT, Ricardo Sabogal, dijo recientemente durante un acto de rendición de cuentas públicas que a la fecha “hemos recibido 113 mil solicitudes de restitución, de las cuales 86.176 han sido habilitadas para realizar labores, gracias al aval del Ministerio de Defensa. Durante nuestros años de gestión, les hemos cambiado la vida a los campesinos. Los jueces han restituido cerca de 300 mil hectáreas de tierra y, con esto, 38.900 personas han sido beneficiadas”.
“Ahora, nosotros esperaríamos que el nuevo gobierno fortalezca aún más estas entidades, que les inyecten mayores recursos para garantizar la reparación de todas las víctimas y que incluso solicite una ampliación de la vigencia de la Ley”, manifiesta Yepes, de la CCEEU, aunque a renglón seguido añade: “pero la verdad soy bastante pesimista. El Centro Democrático ha sido uno de los partidos más críticos de la Ley de Restitución y, de hecho, ha intentado modificarla en el Congreso. Por eso, creo que viene un ‘frenazo’ en todo lo que es la restitución y la asignación de recursos para las víctimas”.
Similar postura asume Uprimny, quien dice que “hay sectores que se oponen muy fuertemente a la restitución de tierras que están junto a Duque, como Alejandro Ordóñez o José Félix Lafourie. Con todo y sus problemas, la restitución (de predios) avanzó, pero creo sinceramente que habrá un ‘parón’ de actividades en la URT”.
Fuentes de la URT, que pidieron la reserva de identidad, temen que ese ‘parón’ del que habla Uprimny se logre a través de lo que llamaron “la asfixia presupuestal”, es decir, recortar recursos para operar en diversas regiones del país, lo que podría afectar su misión institucional, favoreciendo a empresarios y empresas que se beneficiaron con el despojo de tierras como consecuencia del conflicto armado.
En el documento conocido como “203 propuestas”, que contiene los principales ejes de acción que guiarán el próximo gobierno, se estableció la transformación del campo “con articulación de agroindustria con pequeños productores, seguridad jurídica a la inversión productiva, y protección a la propiedad (titulación transparente) y el acceso a la tierra (tenencia de buena fe)”. (Consulte aquí el programa)
Al respecto, conocedores del tema agrario en el país interpretan que esa idea conducirá a la aplicación de lo que durante el gobierno saliente llamó Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), incluidas en la Ley Ley 1776 de 2016 y avaladas por la Corte Constitucional en mayo pasado, tras resolver una demanda de inconstitucionalidad presentada por congresistas del Polo y del Partido Verde porque consideraban que afectaba al campesinado.
Se trata de una iniciativa que habilitará más de 7 millones de hectáreas para uso agroindustrial que le viene bien a la propuesta de Duque, por cuanto pone la tierra, especialmente baldíos de la Nación, al servicio de grandes capitales nacionales e internacionales, poniendo en situación desfavorable a los labriegos sin tierra o con poca tierra, pues los limitaría a adoptar esquemas asociativos que algunos conocedores cuestionan.
En un informe divulgado hoy en Bruselas, Bélgica, la organización internacional Crisis Group llamó la atención sobre ese tema y afirmó que contrario a lo acordado con las Farc, que reivindica los derechos de los campesinos, “Duque podría en su lugar adoptar políticas más favorables para el agronegocio”. De ser aplicada, advirtió, “los colombianos de zonas rurales probablemente verían dicha reorientación como una confirmación de la insensibilidad del Estado”.
Crisis Group también aludió al tema de los recursos y describió un escenario crítico de llegar a ocurrir: “Si el gobierno obstruye la puesta en marcha del acuerdo o priva de fondos a los organismos responsables, podría desencadenar nuevos brotes de violencia, perjudicar la extensión de la autoridad del Estado y la actividad económica legal a las periferias durante mucho tiempo descuidadas, fomentar el crecimiento de grupos armados ilegales y, con el tiempo, impedir la reducción sostenible de la producción de drogas”. (Consultar versión en inglés)
