En un acto en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos reconoció la responsabilidad del Estado en la persecución, muerte y desaparición de cientos de sus miembros y simpatizantes.
“Quiero hoy expresar en este acto público, como Presidente de la República y como Jefe de Estado, que el exterminio y desaparición de la Unión Patriótica jamás debió haber ocurrido; y reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha”, dijo Santos ante cerca de 200 personas, entre líderes de ese movimiento político y sobrevivientes del genocidio.
A continuación reproducimos el artículo sobre el fallo de los jueces de Justicia y Paz que calificaron esa oleada de muerte como un genocidio político. El texto fue publicado originalmente el 12 de diciembre de 2012.
El exterminio de la Unión Patriótica cobró la vida de más de 1.500 miembros de este movimiento político en todo el país.Dentro del proceso que adelanta la Sala de Justicia y Paz en contra de Hebert Veloza, alias ‘HH’, ex jefe paramilitar del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, la magistratura aseguró que, de acuerdo con el análisis histórico y las pruebas presentadas por la Fiscalía, el exterminio de la Unión Patriótica, UP, fue un genocidio político (Ver fallo).
Cabe aclarar que este tipo de genocidio, según el fallo de la Sala de Justicia y Paz, se refiere a la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano por razones políticas, y ocasionar la muerte a sus miembros por razón de su pertenencia al mismo, descripción que responde a la persecución de la que fue víctima la UP a manos de paramilitares y miembros de la fuerza pública durante la década de los 80 y los 90.
De acuerdo con el fallo en el que se documentan los crímenes cometidos por alias ‘HH’ en la región del Urabá, las acciones en contra miembros, simpatizantes y representantes políticos de la Unión Patriótica fueron sistemáticos y generalizados, y la fiscalia confirmó la participación y colaboración activa de miembros de la fuerza pública.
Pero no solo los miembros de este movimiento político se convirtieron en el principal objetivo del paramilitarismo. De acuerdo con el fallo de la Sala de Justicia y Paz, la persecución se orientó también a organizaciones sindicales de la región de Urabá.
“Bastaba solo con ser miembro de un sindicato o simpatizante de la UP para ser objeto de señalamientos, hostigamientos y ataques de los grupos paramilitares”, agrega el fallo de la Sala que tuvo ponencia del Magistrado Eduardo Castellanos.
De los 88 crímenes que fueron investigados por la fiscalía 17 de Justicia y Paz en el caso de ‘HH’, ocho hechos tienen como víctimas a miembros de la UP y 22 a sindicalistas bananeros de Urabá. De estos 30 hechos la fiscalía contabilizó 11 víctimas relacionadas con la Unión Patriótica y 20 con miembros de sindicatos.
Esta decisión en la que se aborda por primera vez el exterminio de la UP como un genocidio de carácter político que llegó a cobrar la vida de más de 1.500 personas, hace parte de un fallo previo a la sentencia en la que alias ‘HH’ será juzgado por 88 delitos que cometió como jefe paramilitar del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Además de los delitos en contra de la UP y de sindicatos, los magistrados de Justicia y Paz legalizaron los delitos de concierto para delinquir, fabricación tráfico y porte de armas de fuego, homicidio en persona protegida, secuestro simple, tortura, hurto calificado, actos de terrorismo y reclutamiento ilícito de menores.
Persecución y barbarie
A pesar de que en el fallo en contra alias ‘HH’ solo se documentaron ocho crímenes en contra de miembros de la Unión Patriótica, el caso de este paramilitar sirve para demostrar la persecución a la que fue sometido el movimiento político. Hoy, 20 años después de la tragedia, aún es incierta la cifra total de víctimas que algunos informes acercan a cuatro mil.
La Unión Patriótica, UP, surgió el 28 de mayo de 1985 como resultado del proceso de paz que adelantó el gobierno del Presidente Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc. En principio, este movimiento político unió a militantes del Partido Comunista de Colombia, dirigentes de sectores liberales independientes y guerrilleros desmovilizados de las FARC.
Este es pues el origen de la tragedia del partido, que siempre fue estigmatizado como el ala política de las Farc. “Para nosotros la UP fue creado por las Farc. Quizá muchos simpatizantes no tenían que ver con la guerrilla, pero por el hecho de pertenecer a algo relacionado con lo subversivo, los matamos”, dijo en una ocasión alias ‘HH’ desde Estados Unidos.
De acuerdo con el falló, “si bien, en su inicio, aquel movimiento estuvo vinculado ideológicamente con las FARC, como un mecanismo político para su posible desmovilización, fue adquiriendo autonomía y resonancia propia en el poder local del país”.
Según lo documentó la Sala de Justicia y Paz, para el periodo electoral de marzo de 1986 a 1988, la Unión Patriótica obtuvo la más alta votación de la izquierda y se convirtió en la tercera fuerza política del país, “sin embargo el éxito electoral se afectó con el incremento en el número de homicidios contra sus militantes, presumiblemente por ser una fuerza política relacionada con la guerrilla. Tan solo en el primer año de su vida legal, la Unión Patriótica registraba 300 militantes asesinados”.
Precisamente, la Sala cita un informe de 1992 de la Defensoría del Pueblo, en el que se aseguraba que “existía una relación directa entre el apreciable éxito electoral obtenido y la respuesta violenta de organizaciones de extrema derecha, delincuencia organizada, grupos paramilitares, narcotráfico y en algunos casos agentes del Estado, que vieron menoscabados sus intereses políticos y económicos con el fortalecimiento de la UP.”
Con la llegada de la UP a la región de Urabá, una zona con presencia histórica de guerrillas como el EPL, el ELN y las FARC, los movimientos sociales se fortalecieron así como los sindicatos, muchos de ellos impulsados por las nuevas fuerzas políticas fruto de las negociaciones del gobierno de turno y la guerrillas, lo cual, según el fallo, generó reacciones violentas de grupos de extrema derecha contra los movimientos sociales, políticos y sindicales.
Sumado a lo anterior, la penetración del capital del narcotráfico en la región de Urabá y la llegada de los grupos paramilitares terminaron creando una alianza para el exterminio. De acuerdo al fallo, durante 1983 y 1984, Fidel y Carlos Castaño iniciaron la compra de grandes extensiones de tierra en Córdoba y Urabá, en un proceso de expansión y desarrollo de la capacidad ofensiva para combatir a la guerrilla, cuidar la propiedad de empresas y ganaderos, garantizar el negocio del narcotráfico, y atentar contra militantes, dirigentes y simpatizantes de organizaciones de izquierda.
Urabá se convirtió en un botín no solo por ser un corredor para el tráfico de drogas y armas. Adicionalmente como lo pudo documentar la Sala de Justicia y Paz de la memoria USB que entregó ‘HH’ a la fiscalía, Vicente Castaño desarrolló un megaproyecto de palma en la zona del Chocó que pretendía abarcar 100.000 hectáreas de tierra.
En este contexto, según el fallo, las principales víctimas fueron los miembros de la UP, que amenazaron con afectar los intereses políticos y económicos de actores legales e ilegales. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica tuvieron la intención de eliminar a sus miembros y simpatizantes por medio de una violencia sistemática que resulto de la coordinación de miembros del Ejército y grupos paramilitares, a través del llamado ‘plan golpe de gracia’”, señala el fallo en su argumentación.
Por todas estas razones y luego de analizar los ocho crímenes cometidos por Helbert Veloza en contra de miembros de la Unión Patriótica, la magistratura de Justicia y Paz calificó por primera vez al exterminio de la Unión Patriótica como un genocidio político.
Los miembros de la UP asesinados por alias ‘HH’ fueron Vidal Devia Ramírez, Luis Eduardo Cubides Vanegas, Humberto Pacheco Castillo, Julio César Serna, Arturo Moreno López, Camilo Solano Baltazar, Walter de Jesús Borja David, Melquisedec Rentería Machado, Edilberto Cuadrado Llorente, Wilton Antonio Garcés Montaño y Alejandro Valoyes Mena.
La persecución a los sindicalistas
Las otras víctimas del conflicto en la región bananera de Urabá fueron las organizaciones sindicales que también eran señaladas sistemáticamente como guerrilleros o simpatizantes de la subversión. “En general, las violaciones a los derechos humanos, y, en especial, la violencia antisindical en Urabá, reiniciaron en 1985; por ejemplo, la sede de SINTRAINAGRO (sindicato bananero) fue bombardeada y comenzó el asesinato sistemático a sindicalistas.
En el caso del Bloque Bananero que era comandado por alias ‘HH’, los sindicatos SINTRAINAGRO y SINTRABANANO fueron las principales víctimas. En la mayoría de los 20 hechos documentados y probados por la fiscalía el motivo de los homicidios era la actividad sindical de las víctimas.
“A menudo es muy difícil distinguir si la violencia apunta a la organización sindical y a las actividades sindicales o a las actividades políticas y sociales de los afiliados en otros contextos organizacionales”, aseguró el falló en el que se aclaró que en el caso de ‘HH’, los hechos ocurrieron por la condición de sindicalistas de las víctimas, tal como lo corroboran las manifestaciones de alias “HH” en las versiones libres rendidas en el marco de Justicia y Paz.
Los sindicalistas asesinados en la región de Urabá por los paramilitares de ‘HH’ fueron Ernesto Enrique Romero Hernández, Rudolf Reinaldo Martin Paffen Durier, Severo Mosquera Angulo, Osvaldo Vergara Gómez, María Dolores Romero Perea, Gustavo Vargas Usuga, Rosmira del Socorro Guisao Castro, Iber Modesto Rojas Moreno, Elías García Díaz, Dairo Pérez Negrete, Ángel Humberto Zabala Bejarano, Rogelio Mosquera Palacios, Arcesio Gallego Lozano , Misael Antonio Moreno Córdoba, Luís Antonio Espitia González, Elmer Antonio Urquijo Beltrán, Jairo Alberto López Manco, Luís Álvaro David Oliveros, Elkin de Jesús Escobar López y Gustavo Alberto Gutiérrez López
Por demostrar que en el caso de los sindicalistas como en el de los miembros de la UP, existió una persecución sistemática y generalizada, la Sala declaró que los dos casos constituyen delitos de lesa humanidad que no pueden juzgarse como homicidios aislados sino como parte de una política del paramilitarismo, a veces respaldado por miembros de la fuerza pública.
