Ese angustioso llamado de atención es de campesinos de la vereda Charras, en San José de Guaviare, quienes alegan que pese a haber erradicado sus cultivos de hoja de coca, el gobierno nacional aún no pone en marcha los proyectos productivos y de seguridad alimentaria consignados en el PNIS. Su crítica situación se mezcla con el ánimo de hacer memoria sobre lo ocurrido allí durante dos décadas de conflicto armado y buscar a sus desaparecidos.
“Estamos preocupados porque la mayoría de los campesinos vivían de esas matas y como ya no tienen ni una sola ni se ven los proyectos, la situación está muy complicada en este sector de Guaviare”, cuenta con preocupación, Ramiro*, uno de los líderes de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Charras, que pidió mantener en reserva su identidad. (Leer más en: “Esta sí es la Colombia profunda”)
Desde hace año y medio aproximadamente, alrededor de 300 familias de esa y otras veredas de San José de Guaviare se vincularon al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), uno de los pilares del Acuerdo Final que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) con la guerrilla de las Farc, para ponerle fin a 53 años de conflicto armado y llevar desarrollo a las regiones olvidadas por el Estado para evitar nuevos brotes de violencia.
Mientras los campesinos erradicaban sus sembradíos, esperando la formulación y puesta marcha de proyectos productivos y de seguridad alimentaria, recibieron seis cuotas bimensuales por parte del gobierno nacional para cubrir sus gastos de alimentación. Dichos aportes ya finalizaron, y ante la ausencia de cultivos para derivar su sustento, algunos pobladores de Charras advierten sobre la posibilidad de que ocurra un nuevo desplazamiento masivo, esta vez de huida del hambre, y no de arremetidas paramilitares, como las que sufrieron durante las dos décadas anteriores.
“El río nos ayuda mucho porque se coge buen pescadito, de pronto se cría uno que otro pollito y más o menos así para el sostenimiento diario. Por ahí resulta algo de remesita, no mucho, pero estamos acostumbrados a vivir en ese terreno. Sin embargo, diría que ya estamos aguantando hambre; alcanzamos con lo mínimo que nos da el medio ambiente”, cuenta Rocío*, integrante del Comité de Impulso del Proceso de Reparación Colectiva de Charras.
Pablo Cala, defensor de derechos humanos y miembro de la Fundación Hasta Encontrarlos, que trabaja por la búsqueda de los desaparecidos de San José del Guaviare, recuerda que a finales de mayo del año pasado el entonces presidente Juan Manuel Santos visitó la vereda y anunció que próximamente contaría con energía eléctrica y agua potable, promesas que a la fecha tampoco se han cumplido.
Sobre el PNIS, indica que “han existido respuestas que son más procedimentales, en el sentido de que iniciaron una etapa consultiva, donde se hicieron reuniones y encuentros con las comunidades, tratando de delimitar los proyectos productivos tras finalizar la sustitución. Se cumplió lo previsto para un año, que eran seis cuotas de apoyo alimentario mientras se lograba la implementación de un proyecto de seguridad alimentaria y luego otro productivo de corto plazo. Sin embargo, hace dos meses se terminó la ayuda alimentaria y no se han logrado los proyectos”.
Asimismo, explica el plan que las familias buscan concretar para solventar esa alarmante situación: “Proponen que se den tres ayudas alimentarias más que cubrirían hasta marzo, porque hasta el momento no hay fuentes de subsistencia, y que durante ese tiempo se implemente el proyecto de seguridad alimentaria y se deje formulado el productivo para implementarlo en abril. No sólo para generar trabajo y subsistencia, sino para evitar un desplazamiento forzado por falta de alimentos”.
Esa propuesta no ha recibido respuesta hasta la fecha y ante un derecho de petición enviado por la JAC de Charras, en la que se consultó por el cumplimiento del PNIS, la Dirección (e) para la Sustitución de Cultivos Ilícitos respondió que la orientación de esa entidad es “concertar e implementar los proyectos productivos en acuerdo entre las familias y la Asistencia Técnica Integral – ATI. Para ello, deben tomarse en consideración varios variables, como las aptitudes del suelo, los ambientales, los económicos, los comerciales, la tenencia de los predios, entre otros”.
Y sobre los subsidios de alimentos, señaló que “el componente de Asistencia Alimentaria Inmediata de las familias vinculadas al PNIS tiene un valor de Doce Millones de Pesos ($12.000.000), y está contemplado para entregarse por una sola vez durante el primer año. Esto ha sido definido en la Hoja de Ruta del Programa, independiente de las circunstancias que se puedan presentar en la implementación del PNIS. No se puede ampliar su valor, ya que no está contemplado en los Acuerdos ni en el presupuesto definido por el Gobierno Nacional para el PNIS”.
VerdadAbierta.com intentó conectarse con la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos para conocer su versión sobre este caso y su devenir, pero no fue posible entablar comunicación.
Romper el silencio
Pero esa amarga situación social y económica no ha paralizado a la comunidad. Pese a que están en riesgo de desplazamiento, no declinan en su empeño de reconstruir lo ocurrido durante más de dos décadas de confrontación armada en esta lejana región del oriente del país gracias a la posibilidad que les abrió el acuerdo logrado con la extinta guerrilla de las Farc.
“¡Por supuesto que es un logro del proceso de paz! A raíz de él es que ahora logramos salir a la luz pública”. Así, con gran entusiasmo, responde Jaime Édgar Mejía, una de las tantas víctimas de Charras y quien hace parte del Comité de Impulso del Proceso de Reparación Colectiva, al ser preguntado si la primera conmemoración y acto de memoria histórica que se realizó en la región es producto del acuerdo logrado con las Farc.
Hace unos años, para esa comunidad campesina que comparte territorio con los indígenas Nükák Makú, era impensable reunirse para recordar quiénes fueron asesinados y desaparecidos por los paramilitares que los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil enviaron desde Córdoba y Antioquia a los Llanos Orientales con el fin de disputarle esa región y sus finanzas a la guerrilla.
“A raíz de que operaban las Farc, el Estado no estaba presente y no teníamos apoyo para decir las verdades, el temor a hablar nos hacía callar. Como prueba de ello, muchas personas aún no han declarado su desplazamiento”, comenta Jaime, quien agrega que esa apertura “es muy importante para que nuestros hijos y los colombianos sepan la verdad, y que esto no quede en la impunidad. No queremos olvidar a nuestros seres queridos que quedaron allí”.
El pasado 22 de septiembre, con el auspicio de la Fundación Hasta Encontrarlos, del Comité de Impulso de Reparación Colectiva y de la JAC, y el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica y otras entidades estatales, la comunidad de Charras se reunió para recordar a sus seres queridos y vecinos, en medio de diferentes expresiones culturales llaneras.
Mejía aprovechó la oportunidad para exigir “que no quede en impunidad lo que ocurrió y que se esclarezca ante el mundo los nombres de los culpables y de los desaparecidos, que en esta región suman cientos de personas. Lo que ocurrió aquí hasta ahora lo está conociendo la nación, ninguno de nosotros había declarado”.
Rocío resalta este tipo de ejercicios de memoria: “Llevamos 16 años de desplazamiento. Fuimos sacados a la fuerza y tuvimos que salir corriendo. Es una conmemoración a la no repetición de más violencia y víctimas”. Además, destaca que en ese espacio por fin pudieron contarle al mundo que en Charras “hubo desaparecidos, que somos víctimas y que hasta el momento no nos han reparado. Nos parece bien conmemorar todos esos hechos porque muchas personas conocerán nuestro pueblo y los familiares que perdimos en una guerra en la que nada teníamos que ver ahí”.
Su desplazamiento ocurrió en 2002 y recuerda que “algunos nos refugiamos en fincas mientras nos íbamos a otras partes, pero ellos (paramilitares), al que iban encontrando, lo iban matando. Por arriba estaban los paramilitares y abajo la guerrilla, cuando se encontraron hubo un fuerte enfrentamiento. Huimos algunos y volvimos en tres años; empezamos a vivir de las finquitas y al pueblo no arrimábamos porque era muy peligroso; bajando por la trocha se encontraba mucho paramilitar a lado y lado, abajo estaban los otros y se encontraban uno quedaba en fuego cruzado. Allá se vivía porque se trabajaba con esas matas ilícitas y había dinero con eso”.
El caso de Rocío ejemplifica la compleja situación que padecieron los habitantes de la región tras el arribo de los paramilitares de la Casa Castaño, quienes llegaron a San José de Guaviare en dos aviones (un DC-3 y un Antonov 32) procedentes de los aeropuertos Los Cedros, de Carepa, y de Necoclí, en el Urabá antioqueño, permanentemente custodiados por tropas de la Brigada 17 del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, con el objetivo de incursionar en el municipio de Mapiripán, Meta, donde, el 20 de julio de 1997, cometieron una de las más cruentas masacres del conflicto armado. (Leer más en: El camino despejado hacia Mapiripán)
En el trayecto fluvial de Charras a Mapiripán, comandos paramilitares asesinaron y desaparecieron a varios habitantes de esa vereda de San José Guaviare. Esos ataques generaron un desplazamiento interveredal del que poco se ha hablado.
Posteriormente, cuando el grupo de los hermanos Castaño se consolidó en los Llanos Orientales y se rebautizaron como Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), los pobladores de Charras volvieron a sufrir el yugo de sus incursiones armadas en septiembre de 2002 y en enero de 2003.
“Hicieron un recorrido de muerte que dejó más de 20 personas desaparecidas, muchos asesinados y desplazamiento del caserío y de las veredas. Lo paramilitares iban haciendo un recorrido de muerte, con lo que la gente iba saliendo desplazada”, recuerda Pablo Cala, de la Fundación Hasta Encontrarlos.
Sin embargo, la violencia fue sostenida desde la incursión de 1997, complementa Cala: “La gente que salía del caserío de Charras, que está ubicado a 107 kilómetros de la cabecera municipal de San José del Guaviare, tenía que recorrer una trocha ganadera de esa misma extensión y en varios puntos de ella había retenes paramilitares, en donde mucha gente que vivía en Charras, Charrasqueras y veredas aledañas, eran bajadas de vehículos para ser desaparecidas”.
Y aunque no existen cifras consolidadas, en la región se habla de que por lo menos 200 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada en esa trocha desde 1997 hasta la desmovilización colectiva de las Auc, finalizada en agosto de 2006.
Además de la falta de denuncias, otro factor que dificulta el acceso a la justicia es la multiplicidad de nombres que los paramilitares usaron para identificarse. “Se llamaron paramilitares de Vichada, Bloque Centauros, Accu y Autodefensa de los Llanos, pero lo que se veía era que, aunque cambiaban de etiqueta, eran las mismas estructuras”, recuerdan en la región.
Desaparecidos y justicia transicional
La situación de los desaparecidos es tan compleja que la comunidad adelantó gestiones por su cuenta para que la Fiscalía realizara jornadas de exhumaciones y darle respuesta a algunas familias que aún no saben de la suerte ni del paradero de sus seres queridos.
Entre 2014 y 2015 varios habitantes y víctimas de Charras lograron la recuperación de los cuerpos de siete personas que estaban inhumadas en fosas ilegales, a través de una comisión humanitaria en coordinación con la Fiscalía. “La comisión estuvo conformada por defensores de derechos humanos, por miembros de la Defensoría del Pueblo y familiares de víctimas”, recuerda Cala.
Ese hecho alentó el ánimo de la comunidad y de allí surgió la creación de la Fundación Hasta Encontrarlos, constituida el 30 de agosto de 2017, y la construcción de un prototipo de plan local de búsqueda de desaparecidos de Charras cuyas dos primeras fases avanzan de manera satisfactoria.
Decenas de casos de desaparición forzada ya fueron documentados con los relatos de familiares y testigos, además de ser cotejados con las pocas investigaciones que abrieron las entidades estatales encargadas de esa labor; y fueron complementados con fuentes secundarias, que son muy precarias, pues en palabras de Cala, quien ha estado al frente de esa gestión, “Charras hace parte de la Colombia profunda, donde normalmente los medios de comunicación no podían ingresar”.
Actualmente el plan piloto se encuentra en su tercera fase, la de localización de posibles fosas por medio de georreferenciación, que esperan concluir en marzo de 2019. Y su última fase sería la de elaborar una metodología para localizar y exhumar los cuerpos de personas desaparecidas, la cual será entregada a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en el Acuerdo Final firmado con las Farc. (Leer más en: La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ya tiene doliente y “Para encontrar a los desaparecidos es necesaria la participación de las víctimas”)
Ese piloto busca establecer la ubicación de todas las víctimas de Charras sin distinciones entre civiles y combatientes de algún bando. “Hay un combate que se presentó entre el Frente 44 de las Farc y paramilitares, en donde se dice que murieron 50 paramilitares que fueron enterrados en una fosa a dos horas de Charras. Aunque eran combatientes tenían familias y seguramente lo estarán buscando. Es parte de lo que se está trabajando en un prototipo de plan local de búsqueda: que se dirija a buscar, localizar y exhumar tanto a víctimas desaparecidas, incluyendo combatientes, sean paramilitares o guerrilleros, porque más allá de que sean combatientes, está el derecho de sus familias a reclamar y volver a tener los cuerpos de sus seres queridos”, expone Cala.
La información recopilada en ese plan piloto se procesará en un informe que le será entregado a la Comisión de la Verdad, como insumo de su gran relatoría sobre las causas y los efectos del conflicto armado en Colombia. (Leer más en: Arranca formalmente la Comisión de la Verdad)
Charras refleja las dos caras de la implementación del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc: de un lado, beben el trago amargo del incumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca para uso ilícito; y de otro, los anima la esperanza de encontrar a sus seres queridos y de reclamar justicia, gracias a los mecanismos de verdad, justicia y reparación creados a partir del ese acuerdo.
“En San José del Guaviare y en Charras todavía hay una deuda con las familias de las víctimas y con la humanidad, para saber la verdad y acceder a ella es buscar a los desaparecidos”, concluye una de las personas consultadas por este portal.
* Nombre modificado por petición de la fuente por razones de seguridad
