Organismos de seguridad del Estado han certificado que este exjefe paramilitar no tiene investigaciones pendientes por hechos criminales ocurridos desde diciembre de 2016. De esa manera, se allana su asistencia a la JEP, donde deberá detallar sus alianzas y apoyos como financiador y agente articulador con la Fuerza Pública durante más de 15 años.
Al exparamilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, más conocido con los alias de ‘Macaco’ y en la guerra como ‘Javier Montañez’, se le está despejando su camino para asistir a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) como tercero civil a una audiencia única de verdad con el fin de convencer a los magistrados para que acepten su sometimiento a esta instancia transicional.
Todo estaba dispuesto para que Jiménez Naranjo acudiera a esa audiencia única de verdad, pero un supuesto informe de inteligencia militar difundido por el diario El Espectador el pasado 17 de mayo, en el que se advirtió que este exparamilitar seguía delinquiendo desde la cárcel, frenó su proceso, tal como lo informó este portal hace un par de semanas. (Leer más en: Tambalea sometimiento de alias ‘Macaco’ a la JEP)
En el documento citado por el diario capitalino se advertía que el exjefe del Bloque Central Bolívar (Bcb), estructura asociada a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), estaría direccionando las acciones criminales de una organización armada ilegal conocida como ‘La Cordillera’, que opera en el departamento de Risaralda y a la que se le atribuye su creación en 2005, una vez se desmovilizó bajo los acuerdos con el Estado colombiano.
Conocida esa denuncia, la JEP tomó cartas en el asunto y el mismo día de la publicación le notificó a ‘Macaco’ que su pretensión de presentarse a esa instancia de justicia transicional quedaba suspendida hasta tanto se resolvieran varias consultas realizadas al Comando General de las Fuerza Militares de Colombia, la Dirección General de la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que establecieran si “se encuentra investigado por conductas punibles ocurridas con posterioridad al 1° de diciembre de 2016, relacionadas con la banda delincuencial ‘La Cordillera’”.
Pese a esa suspensión, el exjefe paramilitar ha insistido en ratificar que responderá al “compromiso claro, concreto y programado” de dar un aporte efectivo a la verdad en lo relacionado con su actuación como financiador de grupos armados ilegales entre los años 1990 y 1996.
Asimismo, ha prometido ser muy preciso al referirse a sus tareas como tercero civil para apoyar económicamente a las Auc entre 1997 y 2005, y en sus acciones como “bisagra o punto de contacto entre el aparato oficial y los paramilitares, no solo para efectos operacionales, sino, también, para el flujo de información e inteligencia, la entrega de armas y dotación, apoyo logístico, transferencia de recursos económicos, entre otros”.
Y, por último, se ha comprometido a detallar su responsabilidad en la comisión de acciones criminales ejecutadas de manera conjunta con integrantes de la Fuerza Pública, lo que incluirá, tal como se lo ha exigido la JEP, “fechas, lugares, nombres de personas, cargos, así como las circunstancias y pruebas que acrediten sus afirmaciones”.
De aceptarse su asistencia a la audiencia única de verdad y teniendo en cuenta las exigencias de esta jurisdicción y su propio compromiso, alias ‘Macaco’ deberá referirse con detalle a las alianzas con diversos sectores económicos que contribuyeron a fortalecer el paramilitarismo en diversas zonas del país; a los pactos con sectores del Ejército y la Policía que propiciaron, respaldaron y protegieron las acciones armadas del grupo bajo su mando; y a los acuerdos con políticos locales, regionales y nacionales, así como con magistrados, jueces y fiscales.
Sin procesos en contra
El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional, precisó en oficio fechado el pasado 29 de mayo dirigido a la JEP, que en sus bases de datos tiene reportadas dos medidas de aseguramiento contra alias ‘Macaco’: la primera de ellas de mayo de 2008, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida; y la segunda, de junio de 2022, por los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado y homicidio agravado.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación también le respondió al órgano de justicia transicional. Mediante comunicación del pasado 5 de junio, la Dirección de Políticas y Estrategia del ente acusador explicó que una vez revisadas varias bases de datos internas, que incluyen investigaciones sobre ‘La Cordillera’, se concluyó que contra el exjefe paramilitar “no aparecen registros de vinculación a procesos penales en calidad de indicado/sindicado con posterioridad al 1 de diciembre de 2016”.
El artículo periodístico que propició la consulta de la JEP a los organismos de seguridad e investigación del Estado se basó en un supuesto informe de inteligencia militar al cual tuvo acceso El Espectador. Así se informó a través de un audio que circuló entre un grupo de abogados que han tenido relaciones con exjefes paramilitares.
Al parecer, el documento que incrimina a alias ‘Macaco’ hace parte de los miles de documentos hackeados el año pasado al Comando General de las Fuerzas Militares por un grupo de activistas digitales conocido como Guacamaya.
De acuerdo con el diario capitalino, la acción de los hackers permitió el acceso de más de 255.000 direcciones de correo, 390.000 mensajes y alrededor de 178.000 documentos, uno de los cuales es el que, justamente, relaciona al exjefe paramilitar con la banda ‘La Cordillera’.
No es la primera vez que los organismos judiciales relacionan a ‘Macaco’ con una posible reincidencia criminal. En el pasado, fue investigado por sus posibles nexos en la creación de las llamadas ‘Águilas Negras’ en el departamento de Norte de Santander, conformadas por exparamilitares tras la desmovilización de las Auc. En esa ocasión, un juez lo absolvió. (Leer más en: Juez sentencia que ‘Macaco’ no creó ‘Águilas Negras’)
Su nombre también estuvo asociado, sin resultado judicial alguno, al asesinato de Liliana Gaviria Trujillo, hermana del expresidente César Gaviria Trujillo, quien murió minutos después de resultar herida en un intento de secuestro ocurrido el 27 de abril de 2006 en la ciudad de Pereira.
Asimismo, la banda ‘La Cordillera’ está implicada, junto con algunos agentes de la Policía, en el asesinato del activista Lucas Villa, perpetrado el 11 de mayo de 2021 en Pereira, en medio de las protestas sociales contra las políticas económicas del entonces presidente Iván Duque (2018-2022).
Fuentes cercanas al proceso de ‘Macaco’ le dijeron a este portal que los supuestos informes de inteligencia militar pretenden sabotear la posibilidad de que este exjefe paramilitar pueda comparecer ante la JEP y detallar lo que sabe y puede probar sobre sus relaciones con sectores económicos, políticos, judiciales y organismos de seguridad del Estado.
A la espera de sus verdades
Uno de los casos clave en los que alias ‘Macaco’ podría aportar información relevante para esclarecer lo sucedido tiene relación con el nombramiento de Mario Iguarán Arana como Fiscal General de la Nación para el periodo 2005-2009, sobre cuya elección pesa el cuestionamiento de que fue influenciada por las Auc.
Desde hace más de una década, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y uno de sus aliados, el exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, declararon ante tribunales de Justicia y Paz que el líder gremial de los ganaderos, José Félix Lafaurie, y Sabas Pretelt de la Vega, quien se desempeñó como ministro del Interior y de Justicia en el primer gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2006), buscaron a los comandantes de las Auc para que apoyaran económicamente la elección de Iguarán. Esa versión fue refrendada ante la JEP por Mancuso y Osorio.
En medio de ese debate, surgió la figura de alias ‘Macaco’, de quien se dice, también con insistencia, que fue el encargado de recoger el dinero, un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, para sobornar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el fin de que se inclinaran por Iguarán y descartaran los nombres de Jorge Pretelt y Consuelo Caldas, quienes conformaban la terna.
De acuerdo con versiones de prensa de aquellos años, bastaron dos rondas de votación en el alto tribunal para que Iguarán saliera elegido con 17 votos, seguido por Pretelt, con 7, y por Caldas, quien sólo alcanzó un voto.
“Nadie me compró la Fiscalía”, aseguró el exfuncionario a este portal en una entrevista publicada en abril de 2011. En esa conversación, dijo que no entraría a controvertir “lo que de entrada se advierte como un disparate o, mejor, como algo fraguado por los enemigos de la justicia colombiana. Pero tampoco voy a decir que se debe desestimar de plano lo que han dicho los señores desmovilizados. Lo pertinente, pienso yo, es que se abra una investigación”. (Leer más en: “Nadie me compró la Fiscalía”)
Curiosamente, quien hace una década también negó esa versión fue el propio ‘Macaco’. Lo hizo desde una celda de una cárcel de Estados Unidos, a donde fue extraditado en mayo de 2008 por orden del entonces presidente Uribe. Ante Orlando Clavijo Clavijo, quien coordinó la investigación contra Iguarán en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, desvirtuó las versiones sobre su participación en esa elección: “‘Macaco’ dice que no sabe, no conoce y no participó en la supuesta colecta”. (Leer más en: ‘Macaco’ niega conocer sobre la colecta para elegir a Mario Iguarán)
Jiménez Naranjo también deberá abordar a profundidad, y con nombres y fechas precisas, las relaciones que sostuvo como jefe paramilitar con sectores de la Fuerza Pública que permitieron su expansión a por lo menos seis departamentos del país y la operación de cerca de siete mil integrantes de los distintos bloques y frentes que conformación el Bloque Central Bolívar.
Sobre ello hay detalles en por lo menos dos sentencias proferidas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. En la primera de ellas, fechada el 30 de agosto de 2013 contra el exjefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, se exhortó a la Fiscalía para que “compulse las copias pertinentes y de esta forma se investigue a los demás participes, especialmente a los miembros de las diferentes entidades del Estado que colaboraron con las autodefensas, tanto en su conformación, expansión y desde luego en la comisión de los diferentes delitos, aspecto que además de permitir el establecimiento de la verdad, contribuirá a la realización de justicia y evitará que hechos similares se vuelvan a repetir”.
En una segunda decisión, del 29 de septiembre de 2014 contra exparamilitares del Bloque Libertadores del Sur, que hizo parte del Bcb y que delinquieron en el departamento de Nariño, se estableció que “el nivel de penetración e influencia del Bloque en la escasa institucionalidad no tuvo límites, diversas autoridades actores políticos, miembros de los cuerpos de seguridad del Estado (Ejército y Policía), la rama judicial, entre otros, se involucraron en el accionar criminal de la estructura armada ilegal”.
Las finanzas será el otro tema exigido a ‘Macaco’, tanto para el periodo 1990 a 1996 como financiador de grupos paramilitares, como para el que va de 1997 a 2005, cuando se articuló a las Auc y conformó el Bcb.
Fuentes como el narcotráfico, el robo de gasolina a Ecopetrol, el cobro de cuotas a finqueros, comerciantes, transportadores y a contratistas del Estado, deberán ser reseñadas, explicadas y detalladas por el exjefe paramilitar ante los magistrados de la JEP, relacionando, incluso, sus redes de contacto y aliados estratégicos.
Segunda oportunidad
La petición de ingreso a la JEP presentada por ‘Macaco’ está precedida por la turbulencia que significó para él y para otros exjefes paramilitares la extradición en mayo de 2008 hacia Estados Unidos, para que respondieran por delitos asociados al tráfico de cocaína.
Jiménez Naranjo fue el primer jefe de una estructura asociada a las Auc enviado al país del norte por orden del entonces presidente Álvaro Uribe. Unos días después llegarían 14 comandantes más. A todos ellos se les acusó de continuar delinquiendo después de la desmovilización acordada con el Estado colombiano a mediados de 2003.
‘Macaco’ fue sentenciado, inicialmente, a 33 años de prisión. No obstante, por su colaboración a la justicia estadounidense, sólo pagó 11 años, tras los cuales fue devuelto a Colombia en julio de 2019 para que continuara respondiendo por sus delitos.
Antes de que fuera enviado a Estados Unidos, compareció en once ocasiones a las diligencias de versión libre ante fiscales de Justicia y Paz para comenzar su proceso de responsabilidad penal y esclarecimiento de verdad sobre lo ocurrido durante su época como paramilitar. Y desde el país del norte acudió cuatro veces, tres en 2011 y una en 2012.
No obstante, la Fiscalía consideró que ‘Macaco’ había incurrido en dos causales de exclusión de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz: ocultar bienes para la reparación de las víctimas a través de testaferros y continuar delinquiendo después de su desmovilización en diciembre de 2005 en delitos asociados al tráfico de cocaína.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en fallo del 2 de diciembre de 2014, acogió los argumentos del ente acusador y excluyó al exjefe paramilitar del proceso de Justicia y Paz. Esa decisión tuvo un salvamento de voto de la magistrada Alexandra Valencia, quien argumentó que a ‘Macaco’ no se le había garantizado el debido proceso. No obstante, la sentencia fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia el 2 de noviembre de 2016.
Mientras espera la decisión de la JEP de escucharlo o no en audiencia única de verdad para valorar su sometimiento a esa instancia transicional como tercero civil y “bisagra” entre el Bcb y la Fuerza Pública, su reclusión en la Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz, del municipio de Itagüí, Antioquia, corre por cuenta de la justicia ordinaria, que lo procesa por múltiples crímenes, entre ellos homicidios, desaparición forzada, desplazamientos forzados, tortura y violencia sexual, cometidos por hombres bajo su mando.
