Papeles refundidos, familiares no reconocidos, bienes insuficientes y criterios de reparación que difieren en las sentencias son algunos de los reclamos que hacen las víctimas en el proceso de justicia transicional. En nueve años, las reglas de juego sobre la reparación han cambiado y aún no son claras.
Los pobladores del corregimiento Santa Cecilia, de Astrea, están preocupados porque temen quedar excluidos de las sentencias contra Salvatore Mancuso, lo que impediría su acceso a una reparación integral. Foto: Cortesía
En el corregimiento de Santa Cecilia, en Astrea, Cesar, corrió rápidamente el rumor de que Salvatore Mancuso reconocería la cruel masacre perpetrada por paramilitares del Bloque Norte el 28 de enero del 2000, que dejó 12 personas asesinadas y más de 800 habitantes salieron desplazados. En efecto, el hecho fue incluido en la sentencia proferida en noviembre de 2014 en contra del exfeje paramilitar.
Sin embargo, antes de que se conociera ese fallo, solo algo más de 130 personas estaban en la lista de las víctimas reconocidas por la Fiscalía, incluso, algunas que según los propios habitantes no vivían en el corregimiento para la fecha de la masacre. Por tal razón, las propias víctimas de Santa Cecilia se organizaron y recorrieron casa por casa llenando formularios y sacando fotocopias que le entregaron al Ente investigador. Siete de ellos lograron llegar en mayo de 2014 a Cartagena a la audiencia de identificación de afectaciones para contar lo que sucedió en su pueblo.
En Santa Cecilia, donde la señal de celular es escasa y los computadores que hay se cuentan con los dedos de la mano, las noticias llegan tarde. Por eso, solo hasta el mes pasado pudieron conocer el fallo judicial. Al leerlo, sus pobladores quedaron sorprendidos cuando observaron que en la descripción de la masacre se habla de solo ocho personas desplazadas y aunque muchos de sus nombres figuran en el hecho, hasta ahora ninguno aparece en el apartado donde se ordenan los montos de las reparaciones.
El problema es que ya pasó la hora de apelar y en esa comunidad no saben qué hacer porque ni siquiera les han asignado defensores públicos para que los representen. “No entendemos qué fue lo que pasó o por qué no recibimos nunca un comunicado de la Fiscalía ni de ninguna entidad. Todo pasa en Bogotá y no sabemos nada acá”, dijo una de las líderes del pueblo consultada por VerdadAbierta.com.
En el cementerio local, yacen los restos de las víctimas de la masacre perpetrada por paramilitares bajo el mando de Salvatore Mancuso. Foto: Cortesía
Los líos del registro
Situaciones como la de Santa Cecilia no es la primera vez que ocurre. Organizaciones internacionales como la Misión de Observación al Proceso de Paz (Mapp-Oea) han insistido en los problemas recurrentes en el registro de víctimas. En pueblos tan lejanos, la información oficial es escasa y no conocen cómo pueden reclamar sus derechos. Según dicen algunos de los afectados, en poco más de nueve años que lleva la Ley de Justicia y Paz, nunca les han asignado un abogado de la Defensoría del Pueblo, como ordena la ley, para que los guíe jurídicamente; otros dicen que le entregaron sus papeles a abogados públicos, pagados por esa agencia del Ministerio Público, y no volvieron a saber de ellos.
Sobre este hecho ya se le había llamado la atención a la Defensoría en el juicio que en Barranquilla se sigue contra el exparamilitar John Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, uno de los mayores perpetradores de crímenes en el Cesar. De las 266 víctimas de desplazamiento registradas en Fiscalía, 170 no tenían representante judicial.
Al problema de la representación jurídica se suma la politización que, en lo local, viene ocurriendo con la reparación de las víctimas. “Allá es muy difícil hablar de estos temas. Si usted es opositor del mandatario de turno es difícil hacer el registro como víctima o estar enterado de las decisiones que toman las entidades, porque simplemente no le cuentan”, dijo un líder de víctimas que hace dos años tuvo que salir de Santa Cecilia por amenazas y quien pidió la reserva de su nombre.
En ello coinciden varias víctimas consultadas por VerdadAbierta.com, que relataron que quienes están registrados ante la Unidad de Víctimas tuvieron que ir hasta Valledupar para asegurar que el procedimiento se hiciera correctamente. “El problema ahora es ¿qué va pasar?, ¿qué tenemos qué hacer?, ¿qué pasó con nuestros papeles?”, se pregunta una líder de víctimas que espera que esta vez la Fiscalía realice la jornada de recolección de documentos que prometió hace varios meses.
Santa Cecilia es un poblado de campesinos pobres y desconectados del acontecer nacional, situación que los aísla de las decisiones que toma la justicia. Foto: Cortesía
Papeles que se pierden en el camino
Además del caso de Santa Cecilia, son varias las voces de los defensores de víctimas, públicos y privados, que aseguran que en el proceso que se sigue contra Salvatore Mancuso entregaron sus papeles en orden y que, según ellos, fueron refundidos en los tribunales. Lo paradójico es que en la sentencia contra el exjefe paramilitar, la magistrada de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, Lester González, aclaró que no acreditó la condición de víctimas en algunos casos porque los defensores no presentaron la documentación necesaria.
“Hay un enredo muy grande. ¿Cómo es posible que en víctimas de homicidio por ejemplo reconozcan a un hermano, pero no al otro cuando se entregaron los mismos papeles?”, se preguntó Arturo Mojica, defensor de la organización Opción Jurídica, que acompaña a varias víctimas de la Costa Caribe.
En una aclaración de voto sobre la sentencia de Mancuso, la magistrada Uldi Teresa Jiménez expuso las irregularidades tras una revisión aleatoria de las carpetas entregadas por los abogados de algunas v entre ellas casos de desplazamiento que no están soportados o cuñados que aparecen como hermanos. “Más allá de poner de presente posibles errores, lo que pretendo con esta aclaración de voto es hacer un llamado a los defensores para que manifiesten su lealtad con la justicia presentando la documentación que realmente acredite a sus representados (…) no puede dejarse toda la responsabilidad en la Magistratura”.
Sin importar quién tenga la razón y en qué parte del proceso se enredaron los papeles, lo cierto es que las únicas que pierden son las víctimas, que llevan poco más de ocho años esperando que este proceso se terminé y puedan ser reparadas integralmente.
La magistrada ponente de la segunda sentencia contra Mancuso, Lester González, también les hizo un llamado a los defensores para que guíen a las víctimas en su camino de reparación y tengan en cuenta las demás medidas a las que tienen derecho, más allá de la indemnización.
¿A unos les pagan más que a otros?
Con menos de un mes de diferencia, la Sala de Justicia y Paz en Bogotá profirió, a finales de 2014, dos sentencias contra Salvatore Mancuso, la primera en octubre con ponencia de la magistrada Alexandra Valencia y la segunda en noviembre por Lester González. A pesar de que se trata del mismo postulado y los dos fallos reconocen crímenes de lesa humanidad, hay una diferencia notoria en los que las magistradas consideran se les debe pagar a las víctimas. ¿Por qué sucedió esto?
En principio, se trata de una diferencia de conceptos de dos magistradas que se amparan en cambios de las normas jurídicas que se han dado en medio del proceso de Justicia y Paz. La segunda sentencia fue apelada por esta razón y se espera que sea la Corte Suprema de Justicia siente un precedente con sus decisiones que marque el camino para ordenar futuras reparaciones. En Justicia y Paz, el costo de las indemnizaciones debe ser calculado por los jueces, dependiendo de las particularidades de cada una de víctimas. En la mayoría de los casos, lo hacen bajo unos parámetros que previamente estableció el Consejo de Estado.
Esos montos dependen del tipo de crimen, pero, en promedio, ascienden a 100 millones de pesos, esto es lo que se conoce como reparación judicial. Así lo hizo la magistrada Alexandra Valencia en la primera sentencia contra Mancuso.
El Fondo de Reparación, la dependencia de la Unidad de Víctimas encargada de administración de los bienes que entregaron los exparamilitares y exguerrilleros juzgados bajo normas de justicia transicional, ha dicho que de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1448, más conocida como la Ley de Víctimas y restitución de tierras, el Estado debe pagar los topes de la reparación administrativa, es decir, los montos que esa ley establece según el delito. Por ejemplo, si ocurrió un asesinato, la reparación es de cerca de 24 millones de pesos por familia, pero si se trata de un delito de género, como la violencia sexual, es de 17 millones.
En el caso de la última sentencia contra Salvatore Mancuso, la magistrada Lester González asegura que los llamados a responder en primera instancia son los postulados y el Estado debe responder de forma subsidiaria en estos casos. En ese sentido, a pesar de hacer una tasación judicial de los daños, ordena que se paguen según los topes de la reparación administrativa, que son mucho menores que los que pueden decretar los magistrados.
De otro lado, la magistrada Jiménez, quien hizo aclaración de voto en esta segunda sentencia, advierte que “aceptar que las indemnizaciones judiciales en firme puedan ser limitadas a los montos admitidos para la vía administrativa comporta la ineficacia de la declaración judicial de reparación, la igualación de los montos de la reparación administrativa y judicial va en contravía en los indicado por la Corte Constitucional”.
La magistrada se refiere a que desde enero de 2012, cuando entró en vigencia la Ley de Víctimas, los procesos de Justicia y Paz fueron incluidos en ese mismo sistema de pagos, aunque ya existiera una sentencia en firme con otro valor. De hecho, solo a las víctimas de Mampuján les han entregado la reparación que exigió la Corte Suprema de Justicia, entre otras razones porque la sentencia contra el Bloque Héroes de Montes de María por la masacre y el desplazamiento masivo ocurridos allí fue la primera de Justicia y Paz y se resolvió antes de la expedición de la Ley de Víctimas.
“No importa que en el papel diga que le van a pagar a la víctima 200 millones de pesos, porque en la práctica están pagando 40 salarios mínimos”, afirmó el abogado Mojica. (Ver: El largo camino para reparar a las víctimas de ‘El Iguano’)
Según explicó el coordinador del Fondo de Reparación, Juan Camilo Morales, la diferencia entre el dinero que promete la sentencia y lo que paga la Unidad de Víctimas debe pagarse con dineros de los desmovilizados, es decir con el dinero que se obtenga vendiendo sus bienes.
Sin embargo, aunque Salvatore Mancuso ha entregado más de 44 avaluados en 26 mil millones de pesos, el funcionario reconoce que no será suficiente para pagar la totalidad de las indemnizaciones ordenadas por los jueces. Lo que ha venido cambiando es la posición de los magistrados frente a la reparación. Según Morales, “se podría decir que ahora algunos magistrados han dado un viraje más cercano a pronunciamientos de la Corte Interamericana en materia de igualdades y también a lo expuesto por la Ley de Víctimas en materia de reparación, otros continúan haciendo la tasación como la venían haciendo”.
Será tarea de la Corte aclarar a qué tipo de indemnización tienen derecho las víctimas que llevan más de ocho años en un proceso judicial y a otras dependencias, como la Unidad de Víctimas y la Fiscalía, así como a los abogados, aclarar la situación de quienes han resultado afectados por grupos paramilitares y no están siendo incluidos en las sentencias.
