La empresa de aseo de la capital santandereana contrató a 17 desmovilizados de grupos armados ilegales como una apuesta al proceso de reintegración. Las tres personas que se encargan de coordinar el trabajo son víctimas del conflicto armado.
En Bucaramanga, una empresa de aseo trabaja con reintegrados de grupos armados ilegales.Samuel Prada Cobos, José Antonio Hernández y Esmeralda Prada tienen varias historias en común. El primero es el gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab); el segundo es su Jefe Operativo; y la tercera es la Directora de Labores Verdes Ambientales, la firma a través de la cual se contrata a las personas que barren las calles de la ciudad. Los tres aseguran que son víctimas del conflicto y que decidieron emplear a desmovilizados de la guerrilla y de grupos paramilitares como un paso para que la empresa pública y privada piense en el posconflicto.
El Gerente de la Emab reconoce que antes de tomar la decisión se evaluaron varios riesgos: si los desmovilizados representaban un conflicto para el clima laboral; si la ciudadanía los iba a rechazar; y si la empresa iba a ser estigmatizada por reducir las oportunidades para quienes nunca han empuñado un arma.
“En Colombia todas estas preguntas son legítimas. En este país, las ofertas de empleo son escasas y las pocas que hay se agotan rápidamente. La empresa ha venido superando esos prejuicios. Hemos encontrado que esos muchachos tienen ganas de trabajar”, dice Prada Cobos.
A este directivo la guerrilla del Eln le asesinó a un hermano de 23 años y su madre, sumida en la tristeza, decidió no vivir más. Luego, el conflicto tocó a las puertas de su casa cuando Mario, su otro hermano, terminó preso por vínculos con paramilitares en el departamento de Córdoba. En 2012, cuando asumió su cargo como gerente, la prensa local cuestionó su parentesco con el exjefe paramilitar Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, y la situación judicial de su hermano.
“Cada persona es responsable de sus propios actos. Mivida ha sido pública y nunca me han investigado”, afirma Prada Cobos.
A José Antonio Hernández se le va la mirada al recordar a su hijo, un joven policía asesinado por bandas criminales. Fue hasta la cárcel donde estaba su verdugo, lo miró y le dijo que le perdonaba.
“Él no fue capaz de sostenerme la mirada. Le pedí que pensara en lo que le hizo a mi muchacho y luego lo abracé”, recuerda Hernández, quien dice que su pasado es una muestra de que la gente requiere de una oportunidad. Durante treinta años él fue habitante de calle hasta que decidió rehabilitarse y trabajar. “Estos muchachos que trabajan con nosotros le dijeron sí al desarme y le apuestan a la paz”.
A Esmeralda Prada la violencia le arrebató a dos hermanos. A uno lo asesinaron las Farc y al otro los paramilitares. “No olvido, pero perdono. Esto que estamos haciendo es un acto de perdón. El conflicto ha sido muy doloroso pero tenemos que generar oportunidades para construir país”, dice la Directora de Labores Verdes Ambientales.
Desde 2012 la empresa bumanguesa de aseo comenzó a emplear a desmovilizados que participaron del proceso de reintegración de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). De las 50 personas que fueron vinculadas, 17 de ellas siguen empleadas como ayudantes de recolección de basuras.
Un raso de las Farc; otro de las Auc
Andrés Cárdenas* hace parte de los 2 mil ex combatientes que viven en Santander y que siguieron la llamada ruta integradora que el gobierno les ofrece y a través de la que les ofrecen atención psicosocial, acceso a servicios de salud y apoyo para conseguir un empleo. Tiene 45 años, estuvo seis años en la guerrilla y tardó casi 700 días planeando cómo se iba a volar por entre la espesa selva del sur de Colombia. “Las reglas no permiten que uno deserte. Eso es la muerte”, asegura.
Comenzó siendo un raspachín (persona que recolecta las hojas de la mata de coca) y un día la guerrilla lo convenció a él y un grupo de hombres que les conseguían mujeres bonitas y un buen sueldo. “Fui guerrillero raso. Me cansé de esa vida tan dura donde uno anda al sol y al agua bajo un caucho”, recuerda. Su tarea era trabajar la tierra, pues en la región donde estaba y cuyos datos se omiten por su seguridad, la guerrilla tenía 24 hectáreas de caña. Sabía de plantas y de animales, y todos los días debía enseñarles a los nuevos a cultivar para sostener la comida del grupo.
Cárdenas recuerda esos días en que huía cada vez que alertaban sobre la cercanía del ejército. “En la guerrilla a uno le dicen que no existe el miedo o el dolor y que hay que ponerle el pecho a las balas”, señala. Durante ocho días vagando por el monte encontró a la persona que le prometió llevarlo a un casco urbano para entregarse a las autoridades. Ahora, de regreso a la vida civil, dice que el proceso no fue fácil pero “que ahora sí lo que uno trabaja es para uno. En la guerrilla la plata se la quedaban los jefes. En esa época solo le daban a uno de a mil 500 pesos para el diario”.
En la empresa de aseo Cárdenas conoció a Manuel Rosales*, un hombre al que hace diez años podía considerar su enemigo en el campo de batalla. Rosales tiene 33 años y fue integrante de uno de los ocho brazos que tuvo el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en distintas regiones del país.
“Se me fue la juventud en esa guerra”, dice Manuel. Desde que tenía uso de razón recuerda que su padre colaboraba con la guerrilla y que en un camión repartía uniformes para abastecer al grupo armado. Mientras su papá pagaba prisión él era un adolescente “que sentía fascinación por las armas”. Prestó servicio militar en el Ejército y apenas cumplió el año se dejó tentar por los paramilitares.
Les dijo que a él no le gustaba la ciudad, que lo mandaran para el monte. Así recorrió varias regiones del país. No le gusta hablar de lo que hizo nide lo que vio. “Hubo una época en que el Ejército no nos hacía nada. Más rápido sabíamos nosotros que ellos venían. Pero luego cuando hubo operaciones antinarcóticos si nos respiraban hasta en la nuca”, cuenta. Se desmovilizó en enero de 2006 como otros del frente paramilitar que entregaron las armas.
Recién entró al programa de la ACR recuerda que les decía a sus compañeros: “oiga, comando”, porque no fue tan rápido reemplazar el lenguaje de la guerra al común. Aprender a trabajar tampoco fue fácil. Cargar un fusil, recibir órdenes y cumplirlas fue durante años su rutina. “Me costó mucho. De hecho trabajé tres meses aquí y me fui. Pero pedí una nueva oportunidad y me la dieron. Barro las calles juicioso porque quiero sacar adelante a mis hijos”, comenta.
Estudia sexto y séptimo bachillerato en un colegio semestralizado en el área metropolitana de Bucaramanga. “Le confieso que recién nos desmovilizamos teníamos miedo porque a unos muchachos que estaban estudiando los mataron. Ahora decidí seguir con los estudios”, dice.
Cárdenas y Rosales coinciden en que su sueño es tener una casa propia pero que es difícil reunir los pesos para dar una cuota inicial o acceder a un crédito de vivienda de interés propietario. De momento mantienen a sus familias con el salario y aseguran estar contentos porque tienen prestaciones de salud y pensión que nunca tuvieron.
“A mí me ofrecieron meterme a una bacrim (banda criminal) y me pagaban más plata. Pero dije que no. Yo me salí de esa guerra y no quiero que mis hijos sufran”, explica Rosales quien insiste en que los desmovilizados que no han querido participar de la reintegración “deberían dejar la rebeldía. Ya no podemos embarrarla más”.
El Gerente de la Emab considera que si bien les están dando una oportunidad de empleo, esta iniciativa debe poner a reflexionar a quienes alguna vez hicieron parte de un grupo armado ilegal así como a las Farc, que ahora negocian con el gobierno una desmovilización.
“Uno esperaría que los victimarios pidan el debido perdón a quienes no hemos hecho daño. Que nos respeten y entiendan que los estamos ayudando a resolver un problema que ellos generaron. No es que se les esté regalando algo o haciendo un favor, les estamos dando una posibilidad para volver a la sociedad”, explica el directivo.
En Santander, esta es de las pocas experiencias laborales que hay con desmovilizados pues la ACR reconoce que todavía hay miedo frente a los excombatientes.
“Pensé que en ellos no había amor y que no iban a cambiar sus conductas. Pero doy fe que son personas cumplidas, respetuosas y trabajadoras”, sostiene Hernández, jefe Operativo de la empresa de aseo.
A su vez Prada Cobos concluye que de ser exitoso el proceso en La Habana (Cuba), el gobierno y la empresa privada deben pensar cuántos empleos generarán para los desmovilizados: “Debe definirse una cuota obligatoria, si no, esto se queda en la voluntad de unos cuatro o cinco y así no se puede construir la paz. Pareciera que la generación de empleo de forma voluntaria no funciona. El gobierno debe estipular unas cuotas con las que se debe comprometer la empresa pública y privada”.
Entre 2005 y 2006 con la desmovilización de las Auc, 30 mil paramilitares volvieron a la vida civil y varios de ellos terminaron rearmándose en las llamadas bandas criminales como ha ocurrido en Santander, donde el panorama no deja de ser complejo en la zona del Bajo Magdalena Medio (Lea: Los líos de la reintegración en Santander).
Cárdenas y Rosales salen todas las mañanas muy temprano a barrer sus miedos y los de la gente que murmulla que alguna vez pertenecieron a las Farc o a las Auc. “Tratamos no parar bolas a lo que dicen. Uno se frustra por lo que escucha. Perohay que seguir adelante”, dice Cárdenas.
