Pese a los esfuerzos institucionales para que los desmovilizados vuelvan a la vida civil, en varias zonas del departamento hay un rearme, y los casos exitosos son pocos. Ver qué está fallando puede ser el punto de partida para hacer un mejor proceso con la guerrilla ante un eventual acuerdo de paz.
Aunque en Santander no hubo ninguna desmovilización colectiva de grupos paramilitares como sí ocurrió en otros departamentos, en la región viven excombatientes del Bloque Central Bolívar y de otras facciones de las Auc que provienen del Bajo Cauca antioqueño, sur del Cesar y del norte de Boyacá. También hay exguerrilleros de las Farc, del Eln y Epl, que individualmente se han ido entregando a las autoridades.
Según datos de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), el organismo creado por el gobierno para lograr que los desmovilizados vuelvan a la vida civil, en Santander hay 2.254 excombatientes de grupos armados ilegales, de los cuales 2.120 decidieron participar del proceso que ofrece esta agencia estatal.
De esos 2.120 desmovilizados que decidieron reintegrarse, 89 han sido suspendidos por incumplimiento a Ley, entre ello haber cometido algún delito después de que entregaron las armas. Pero de este total, 91 murieron en distintas circunstancias y 216 ya terminaron el proceso, lo que supone que en la actualidad por lo menos 1.724 ex combatientes siguen vinculados de alguna forma al proceso de reintegración.
Pero las cifras también evidencian el panorama complejo de los desmovilizados en la región. Delos 2.254 ex paramilitares y exguerrilleros que el gobierno determinó hay en el departamento, 210 fueron capturados por haber cometido algún delito y 68 fueron asesinados.
En terreno, tanto instituciones estatales como organizaciones sociales y de derechos humanos coinciden con dos realidades sobre los desmovilizados. La primera es que en la región hay ejemplos positivos de excombatientes que después de un proceso de reintegración de siete años logaron estudiar, formar empresa, trabajar con comunidades vulnerables y ser aceptados como vecinos o compañeros de trabajo. Todo ello tuvo el apoyo de empresas públicas y privadas que se ha preocupado por poner en práctica una política integral de reintegración.
La segunda es que en el departamento hay un rearme. En Bucaramanga y el área metropolitana los medios de comunicación informan de forma recurrente que en los barrios más pobres hay enfrentamientos entre ‘parches’, asesinatos de jóvenes y capturas de jefes de bandas.
En la región del Bajo Magdalena Medio, donde históricamente ha habido una disputa por las riquezas de la zona y las rutas del narcotráfico, las comunidades advierten sobre la presencia de bandas criminales. En ambos casos la violencia le ha sido atribuida a la mutación de algunos excombatientes en ‘Águilas Negras’, ‘Rastrojos’, ‘Urabeños’, ‘Paisas’ y ‘Botalones’.
La ACR nacional calcula que de las 56 mil 200 personas que se desmovilizaron en todo el territorio nacional, solo 25 por ciento, cerca de 14 mil, han vuelto a cometer delitos.
VerdadAbierta.com presenta una radiografía sobre cómo fue el proceso de desmovilización en el departamento, las dificultades que afrontan, los municipios donde hay presencia de bandas criminales y algunas experiencias positivas con desmovilizados.
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El caldero del conflicto
Santander es un departamento con ubicación estratégica: tiene salida a la Costa Caribe a través del río Magdalena, está cerca de la frontera con Venezuela, y se conecta con centro del país a través de varias vías. Es, además, el polo de desarrollo del nororiente por su explotación de hidrocarburos y desarrollo de empresas agroindustriales.
Esas bondades han influido para que las expresiones del conflicto armado daten de los años sesenta, con el surgimiento de la guerrilla del Eln en el municipio de San Vicente de Chucurí, y más tarde con la llegada de las Farc (ver mapa de las Farc, mapa del ELN y mapa del EPL).
La Unidad de Justicia Transicional (antes de Justicia y Paz) de la Fiscalía documentó que en los años ochenta surgieron en este departamento varios grupos de autodefensa, integrados por campesinos y finqueros cansados de asesinatos, secuestros y extorsiones cometidos por los grupos insurgentes.
A finales de los años noventa, los hermanos Carlos y Vicente Castaño promovieron la constitución de una organización federalizada de esos grupos de autodefensa y los rebautizaron con la sigla de Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
El Sur de Bolívar fue clave en la evolución y expansión del proyecto paramilitar. Esta región fue un bastión de la guerrilla durante los años ochenta, pero en los años noventa, las Auc, a través del Bloque Central Bolívar, bajo el mando de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco, consolidó su proyecto contrainsurgente y económico, y lo exportó a otras regiones del departamento y del país. (Lea: Los tentáculos del Bloque Central Bolívar) En Bucaramanga, Barrancabermeja y otras provincias santandereanas, este bloque operó entre 2000 y 2006 (Ver mapa Los frentes del Bloque Central Bolívar Sur Bolívar en Santander).
Según datos oficiales, en Santander viven en la actualidad por lo menos 2.200 ex combatientes, la mayoría de las Auc, seguidos por ex guerrilleros de las Farc y el Eln. Los ex paramilitares se desmovilizaron colectivamente entre 2005 y 2006 en distintas partes del país y los exguerrilleros se han ido entregando a las autoridades ya que con las Farc ni con el Eln el gobierno ha logrado un proceso de paz. (Ver mapa de desmovilizaciones aledañas a Santander)
Del limbo a la preocupación
Expertos en derechos humanos, líderes sociales, abogados y desmovilizados coinciden en que nadie estaba preparado para la desmovilización colectiva de 33 mil paramilitares, cómo el Estado los iba a atender y si la sociedad los iba o no a aceptar.
“Con nosotros lo que hicieron fue un experimento. Ojalá esta experiencia sirva para que con la guerrilla no se improvise. Las fallas hacen que la gente no crea en las promesas del gobierno”, dice Saúl Porras*, un excombatiente.
De estos 33 mil desmovilizados, 3 mil se acogieron a la Ley 975 de 2005 conocida como Ley de Justicia y Paz. Esta norma de justicia transicional permitió que exparamilitares responsables de delitos de lesa humanidad (como masacres, torturas y desplazamientos) recibieran una pena alternativa de 8 años de cárcel sólo si decían la verdad, reparaban a sus víctimas y se comprometían a no reincidir en la vida armada.
En Santander, tuvieron una presencia significativa Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, y Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, jefes del Bloque Central Bolívar en el Sur de Bolívar, presos en la cárcel de Itagüí, en Antioquia, desde agosto de 2006, que afrontan ya un juicio por diversos crímenes ante los Tribunales de Justicia y Paz.
Los otros 30 mil ex paramilitares, aquellos que integraron el grupo ilegal pero no cometieron delitos de lesa humanidad, estuvieron en un limbo jurídico varios años. Lo único que tenían claro era que supuestamente no los iban a capturar ni a condenar pues el artículo 71 de la Ley 975 los cobijaba con el indulto, es decir el perdón, por haber cometido un delito político, conocido en el argot jurídico como sedición. “Con esa promesa fue que muchos nos desmovilizamos, les creímos. Pero luego nos salieron con otro cuento”, dice Porras.
En 2006 la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 71, es decir que para los que integraron las Auc el delito político no aplicaba y, por tanto, debían recibir una condena por concierto para delinquir agravado.
“A varios los capturaron y condenaron. Vinimos a saber las verdaderas reglas de juego en el 2010 con la Ley 1424”, explica Porras. Según esta Ley, a la que se acogieron 24 mil de los 30 mil ex combatientes que estaban en el ‘aire’, los desmovilizados serán condenados, pero la justicia les suspenderá las capturas y no les dará prisión si comprueban que no volvieron a delinquir, prestaron servicio comunitario, participaron del programa de reintegración y contribuyeron a la verdad.
“Hemos hablado y concluimos que la embarramos desmovilizándonos. No por querer seguir en la guerra sino porque sentimos que nos había ido mejor estar de anónimos en la vida civil”, dice Roberto Suárez*, otro desmovilizado. Una condena por este delito implica que los exparamilitares pierden los derechos políticos, por ejemplo no pueden ser contratados por el Estado, además de la imposición de multas económicas que llegan a los mil salarios mínimos mensuales vigentes.
“¿No le parece una contradicción que el gobierno se gaste un montón de plata en capacitarnos durante estos años y ahora con una condena el mismo Estado no nos pueda contratar? Además con esa anotación en el pasado judicial dígame qué empresa privada le da a uno empleo. Yo tengo compañeros que lograron un trabajo pero cuando la empresa se da cuenta de su pasado sencillamente los bota”, reitera Suárez.
En Santander, los desmovilizados dicen que no sólo los reveses en las leyes los afectan sino que la reintegración no ha sido una política de Estado sino de gobierno que cambia con el Presidente de turno.
En 2005 los llamaban “reinsertados” mientras participaban del Programa de Reinserción a la Vida Civil (PRC); en 2006 les dijeron que el proceso había cambiado, ahora eran “reintegrados”, y que serían apoyados por la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración. En 2011 la Alta Consejería se convirtió en Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) donde de nuevo los esquemas de atención cambiaron.
“Los desmovilizados terminan siendo mano de obra calificada para las bandas criminales”, dice Lorenzo Ramírez* un desmovilizado del Bloque Central Bolívar que viven en Santander y participó del programa de reintegración del gobierno. Según su experiencia y la de otros excombatientes, estos cambios en las ‘reglas de juego’ han dificultado el proceso de reintegración.
También explican que el estigma les ha cerrado las puertas en empresas y que el miedo no solo al rechazo sino al reclutamiento de bandas criminales los ha llevado a ocultar su identidad y vivir en otras regiones. “Esto no es una justificación, pero sí explica por qué muchos desmovilizados se rearmaron en la región”, dice Ramírez.
En el departamento la ACR tiene dos sedes: una en Bucaramanga que atiende a los desmovilizados de 79 de los 87 municipios de la región; la otra es en Barrancabermeja, que se encarga de la zona del Bajo Magdalena Medio, que incluye, además, los municipios de Santa Rosa y San Pablo, en Bolívar. Estas territoriales recibieron los excombatientes provenientes de distintas estructuras de las Auc que se desmovilizaron colectivamente entre 2003 y 2006, y en la actualidad siguen recibiendo a exguerrilleros que se han ido entregando a las autoridades de forma individual.
Con los excombatientes de guerrilla el proceso es diferente. Quienes dejan las armas son llevados a un hogar de paz, a cargo del Ministerio de Defensa. Según datos del Grupo Asesor del Comandante (GAC), el grupo creado por el Ministerio para asesorar a los comandantes de las distintas brigadas del Ejército en el proceso de desmovilizaciónindividual de guerrilleros, en Santander 205 ex integrantes de las Farc, el Eln y el Epl se han desmovilizado.
Los 205 exguerrilleros se han entregado a tropas de la Segunda División, con sede en Bucaramanga, que tiene jurisdicción no solo en Santander sino en Norte de Santander, el sur de Bolívar y Boyacá. En promedio, por lo menos cinco guerrilleros provenientes de estas regiones se desmovilizan cada mes en la región, señalan los datos del GAC.
Comunidades en riesgo
Las organizaciones de víctimas y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos advierten que en la actualidad hay cuatro zonas del departamento con presencia de las llamadas bandas criminales, que aparecieron poco después de la desmovilización paramilitar: se trata de Bucaramanga y su área metropolitana, que incluye a Floridablanca Girón y Piedecuesta;el puerto petrolero de Barrancabermeja; los municipios de Landázuri y Sabana de Torres; y Cimitarra, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí y Rionegro.
De estos pueblos salieron desplazadas 27 mil 500 personas entre enero de 2006 y agosto de 2010, siendo Barrancabermeja el municipio con más desplazados, más de 5 mil en este período, según el antiguo Registro Único de Población Desplazada (Rupd), una base datos oficial del gobierno.
El primer indicio de que había un rearme en el departamento ocurrió en 2007 cuando en la capital santandereana comenzaron a circular panfletos a nombre de las ‘Águilas Negras’ y más tarde de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidas también como ‘Los Urabeños’. En algunos barrios como La Cumbre, de Floridablanca; Nueva Colombia, de Piedecuesta; Villa Paraíso, en Lebrija; en la Ciudadela Nuevo Girón, en Girón, y en Ciudad Norte, en Bucaramanga, amenazaron con la mal llamada ‘limpieza social’.
En 2009, la situación continuó cuando las bandas de ‘Rastrojos’ y ‘Paisas’ entraron a disputarle el ‘territorio’ a las ‘Águilas Negras’. Ese año las autoridades capturaron en el municipio de Girón a Edwin Quiroga alias ‘El Turro’, un desmovilizado del Frente Resistencia Tayrona de las Auc señalado de ser jefe de los ‘los paisas’. Un año más tarde el nombre de la nueva banda que comenzó a sonar fue la de ‘los urabeños’. Al igual que las otras, esta además de circular panfletos asesinó a jóvenes, amenazó líderes y controló las redes de microtráfico en los barrios.
En 2014, el mayor general de la policía Rodolfo Palomino reconoció la presencia de varios integrantes de ‘los urabeños’ en Bucaramanga y su área metropolitana, cuando las autoridades capturaron primero al presunto jefe militar del grupo alias ‘Diego Montoya’ así como días después a otros 14 integrantes de la banda acusados de ser los responsables de múltiples asesinatos contra jóvenes en Girón, Piedecuesta y Sabana de Torres.
“Acá las estructuras, sobre todo de grupos paramilitares, quedaron vivas. Lo único es que cambiaron de nombre. En las ciudades comenzaron como grupos de seguridad y ahora controlan las redes de microtráfico utilizando muchachos. En la zona rural controlan el negocio de la droga pero también amenazan a líderes sociales”, dice una persona que trabaja el tema de derechos humanos en la región y a quien se reserva su nombre por razones de seguridad.
Mientras en la capital santandereana los últimos registros hacen referencia a ‘los urabeños’, en Barranca la situación recrudeció cuando después del paso de ‘águilas negras’, ‘paisas’ y ‘rastrojos’, en el puerto ha querido entrar el grupo de ‘los botalones’, que por su nombre hace referencia la vieja estructura de las Autodefensas de Puerto Boyacá de Arnubio Triana Mahecha alias ‘Botalón’.
En 2012 estas bandas amenazaban a los habitantes de las comunas una, cuatro, cinco, seis y siete así como las veredas de los corregimientos El Centro, San Rafael de Chucurí, Ciénaga del Opón, El Llanito y La Meseta de San Rafael en Barrancabermeja. El Observatorio de Paz Integral (OPI), del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, una organización que vela por los derechos humanos en esta zona, advirtió en abril de 2013 que en la región se incrementaron las amenazas (Lea aquí el informe).
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos creen que hay un subregistro de los delitos, porque a la gente le da miedo denunciar. “La herencia del paramilitarismo fue sembrar terror… Lo que hay es un control sobre las poblaciones y eso explica por qué no son tan visibles los desplazamientos o los asesinatos. Por lo quevivieron en el pasado la gente prefiere guardar silencio”, dice un líder de víctimas a quien se reserva su identidad.
En Landázuri y Sabana de Torres ‘los botalones’ son señalados como los responsables de amenazar a organizaciones de víctimas. En el primer municipio los más vulnerables son los afros del Consejo Comunitario Los Kícharos y los campesinos de la Asociación de Trabajadores del Carare del corregimiento de La India. En Sabana de Torres, que fue el primer municipio microfocalizado por la Unidad de Restitución de Tierras en Santander, es decir donde el gobierno considera que debe centrar su atención para restituir a las familias despojadas durante el conflicto, varios campesinos han recibido amenazas por cuenta del ‘ejército anti-restitución bloque magdalena medio de los rastrojo-botalones’, según el informe del OPI.
Además de las amenazas contra la población civil, las bandas criminales han tenido en la mira a los desmovilizados para reclutarlos. El hilo del laberinto, un estudio realizado por la ong santandereana Compromiso que analizó la política departamental de desmovilización a julio de 2012, encontró que varios ex combatientes han sido persuadidos de rearmarse.
De 178 desmovilizados que encuestaron como muestra para el estudio, 69 dijeron haber recibido propuestas. “Revelan que con frecuencia les ofrecen ingresos mensuales del orden del millón de pesos o algo más y que la negativa a acceder les ocasiona problemas de seguridad y traslados con sus familias”, señala el estudio (Lea la investigación aquí).
Según datos de la Unidad Nacional de Protección, entre 2012 y 2013 por lo menos unas 800 personas en el departamento solicitaron protección porque consideran que sus vidas corrían peligro. De estas, el gobierno les otorgó medidas como esquemas de seguridad, equipos de comunicación y chalecos antibala a 169 personas
El más reciente estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que Santander es el departamento del país con mayor nivel de “redes reincidentes”, es decir, grupos que se rearmaron después de la desmovilización y que están vinculados con el control de alguna actividad ilegal
Gotas de esperanza
Ronald García y Lida Padilla, directores de la ACR en Bucaramanga y Barranca, coinciden en que el proceso de reintegración no ha sido fácil por la estigmatización y porque ha sido un proceso convencer a las empresas para que les ofrezcan oportunidades de empleo a los desmovilizados.
Según explican, los desmovilizados participan de la llamada ruta integradora que les ofrece atención psicosocial y los apoya para que puedan terminar el bachillerato, acceder a los servicios de salud y si es su deseo, desarrollar un proyecto productivo. “Ellos también hacen un trabajo comunitario que ha ayudado mucho a que la sociedad los vaya aceptando”, dice García. En Santander, 1.128 desmovilizados han prestado trabajo comunitario desde 2003 a la fecha.
En Bucaramanga, la ACR logró que la empresa de aseo contratara a 16 desmovilizados y que la Fundación de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) capítulo Santander apoyara la formación de varios desmovilizados como expertos en soldadura para el desarrollo de obras de infraestructura. En Barrancabermeja, un ex combatiente creó una fundación que rehabilita a jóvenes con problemas de drogadicción y en un corregimiento cercano una comunidad aceptó convivir con dos desmovilizados de la guerrilla.
“Lograr que la sociedad crea en este proceso y confíe no es fácil. Al principio nadie estaba preparado para la llegada de tantos desmovilizados. Pero el programa de reintegración desarrolló un plan completo para que ellos logren reintegrarse. La reintegración de un desmovilizado es un proceso que tarda por lo menos unos seis años”, dice Padilla.
El estudio sobre reincidencia de la Fundación Ideas para la Paz concluyó después encuestar a mil 500 desmovilizados en todo el país, que la reintegración tienden a ser efectiva cuando los ex combatientes perduran más tiempo en el programa pero, sobre todo, cuando se logra romper con las jerarquías y las redes con las que los desmovilizados solían estar en contacto. “En términos generales, se puede afirmar que romper las redes de ex combatientes es significativo para evitar la reincidencia en todos sus índices”, concluye el estudio.
Ahora Lorenzo Ramírez y otros desmovilizados que sí han cumplido con el proceso esperan que los jueces penales estudien con lupa sus casos, y como ya ocurrió con una sentencia en Bucaramanga, la condena no les quite el derecho político de por lo menos algún día ser empleados del sector público. “Para atrás ya no se puede mirar. Toca es salir adelante, y lo hago por mis hijos”, dice Ramírez.
*Nombres cambiados por seguridad de los desmovilizados.
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