Con una ruta de priorización, la institución de justicia transicional hizo una completa caracterización del fenómeno y un llamado a versiones voluntarias. Sin embargo, en el pasado, algunos exguerrilleros negaron haber obligado a niños y niñas a ingresar a las filas. ¿Se escuchará el mismo discurso esta vez?
La cifra provisional de 18.677 de menores reclutados divulgada por la JEP hizo temblar al país hace varias semanas. Para llegar a ese número, que se enmarca en los hechos investigados en este escenario de justicia transicional creado con el Acuerdo de Paz, se hicieron cruces de datos provenientes de por lo menos 36 informes de organizaciones de víctimas, del Estado y de instituciones universitarias.
El trabajo de contrastación de esa información, realizado por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), con apoyo del Grupo de Análisis de Información (GRAI), no fue fácil.
Los subregistros se hicieron concurrentes debido a distintos factores, como el largo tiempo en el que el conflicto armado ha tenido lugar; la inexistencia del reclutamiento como delito antes de 1997; la poca instauración de denuncias por miedo a represalias por parte de grupos armados; y la escasa presencia institucional en lugares donde el fenómeno fue crítico.
Esto, sumado a la intervención humana en los procesos de homologación de la información, las posibles fallas en el algoritmo de análisis y los datos faltantes, podría generar imprecisiones. Pero fue justamente con esa información que la SRVR logró adoptar una decisión que señala el paso a paso a seguir en el Caso 07, abierto por la JEP para juzgar a los responsables del delito de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
La medida fue formalizada el pasado 10 de agosto a través del Auto 159 de 2021 y se compone de cuatro elementos esenciales: la terminación de un análisis preliminar sobre el reclutamiento forzado; la consecuente investigación del delito para casos ocurridos entre 1996 y 2016 en los que se presume la extinta guerrilla de las Farc fue responsable; el establecimiento de tres hipótesis de investigación y de tres crímenes relacionados con dichos casos; y el llamado a versiones voluntarias, inicialmente, a 26 exmiembros de las Farc, anteriormente involucrados con el Bloque Oriental.
Abordarlos será todo un reto para la JEP.
Una camino claro
Desde organizaciones no gubernamentales como Save the Children y la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) se tiene una mirada positiva sobre la decisión de la JEP.
Para la coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalico, Hilda Molano, es un paso importante y un avance significativo el hecho de que se haya logrado determinar un universo provisional de hechos de reclutamiento, pues contribuye a establecer la magnitud del fenómeno durante la guerra que se ha librado en el país.
Para llegar a la priorización expuesta en el Auto, la JEP hizo una caracterización del reclutamiento forzado. Expuso que entre 1997 y 2000, en 2002, 2007 y 2013 se presentaron los cuatro principales picos de ocurrencia del delito.
Para esas épocas, se dieron cerca de seis mil victimizaciones, es decir el 28 por ciento del total. Además, los departamentos de Meta, Antioquia, Guaviare y Caquetá fueron en los que se registraron más casos.
El perfil de los menores de edad afectados también fue delimitado, lo que resulta esencial para comprender la dinámica del reclutamiento. En lo que respecta a este tema, se definió que el 54 por ciento del universo de víctimas corresponde a niños, el 22 por ciento a niñas y para el otro 24 por ciento no se pudo determinar el sexo.
Asimismo, que el 30,47 por ciento eran menores de 15 años, el 52,85 por ciento mayores de 15 años y para los que corresponden al porcentaje restante no fue posible saber con exactitud la edad.
Otro de los puntos más relevantes es que se tiene planeado investigar, uno a uno, a todos los bloques de las Farc, analizando su dinámica, forma de mando y las particularidades de las zonas donde operaron. Todo aquello tiene el objetivo de determinar, individualmente, si operaron bajo patrones de reclutamiento específicos.
Se tiene establecido que el Bloque Oriental será el primero bajo la lupa. Este grupo guerrillero tuvo influencia en los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainia y Vaupes, donde se concentró el 50 por ciento de los reclutamientos de menores en el país presuntamente responsabilidad de esa guerrilla ya desmovilizada, equivalente a 8,987 víctimas.
En esos departamentos, además, se encuentran localizados 166 resguardos de 60 pueblos indígenas, y, actualmente, hay en curso 117 solicitudes de constitución de nuevos resguardos.
Debido a eso y a que al menos 368 víctimas asociadas al Bloque Oriental reportaron alguna pertenencia étnica, la JEP estableció un componente diferencial étnico que permita hablar en las versiones voluntarias de cómo afectó el reclutamiento a minorías.
Del total de víctimas, el 83,7 por ciento se reconocieron como indígenas, el 15,8 por ciento como afrocolombianos y el 0,3 por ciento como Rrom (gitanos). No obstante, la cifra podría ser mayor, puesto que se identificó que en la información que analizaron muchas veces se carecía de herramientas que permitieran cuantificar si los menores hacian parte de pueblos étnicos o no.
Los impactos del reclutamiento en esas poblaciones fueron particulares: “Para los pueblos étnicos significaba una ruptura no solamente en términos de lazos familiares sino incluso culturales. Para las comunidades era muy complejo pensar cómo los niños y las niñas después de venir del reclutamiento, después de hacer parte del conflicto, volvían a hacer parte de ella”, explica Molano.
Es eso coincide con la magistrada y presidenta de la SRVR, Nadiezhda Henríquez, quien afirma que cuando se vulnera a un niño, se afecta también el futuro y la pervivencia de la comunidad a la que pertenece. Asegura también que la Comisión Étnica de la JEP está comprometida con acompañar al equipo que adelanta los procesos en el Caso 07.
Se espera que el enfoque étnico sea aplicado en las investigaciones para los demás bloques de las Farc, que, en orden, serán el Sur, al cual se le atribuyen 2.669 víctimas; el Noroccidental, con 1.818 víctimas; el Occidental, con 1.420 víctimas; el Comando Conjunto Central, con 977 víctimas; el Magdalena Medio, con 727 víctimas; el Caribe, con 719 víctimas; y el móvil Arturo Ruiz, con 114 víctimas.
Delitos cruzados
Quizá uno de los aspectos más importantes que aborda la SRVR son tres hipótesis con las que se intenta explicar la presunta estrategia política y militar con la que las Farc definieron, promovieron, ejecutaron o permitieron el reclutamiento y utilización de menores.
La primera de ellas es que el antiguo grupo armado reclutó sistemáticamente a niños y niñas de 15,16 y 17 años, como parte de su política expresa y formal de reclutamiento. A esa conclusión se llegó porque al menos 9.870 menores fueron ingresados a las Farc teniendo esas edades.
La segunda apunta a que menores de 15 años fueron reclutados, contrariando las disposiciones de las Farc, clasificación en la que se enmarcan 5.691 personas. (Leer más en: Reclutamiento en las Farc estaba reglamentado desde 1966)
Y finalmente, que el grupo guerrillero vulneró múltiples derechos y cometió diversos crímenes contra los menores, sus familias y comunidades a las que pertenecían. Entre ellos está la violencia sexual y basada en género, así como el aborto forzado, la anticoncepción forzada, el acceso y el acto carnal violento y abusivo, la esclavitud sexual y otras acciones contra la integridad sexual y reproductiva. Dichas conductas pueden representar crímenes internacionales.
Asimismo, se hace referencia a la desaparición forzada, que puede constituir un delito de lesa humanidad. Incluso, la mayoría de víctimas acreditadas en el Caso 07 son familiares de menores cuyo paradero es desconocido y hay cuatro solicitudes de medidas cautelares para la localización, exhumación y entrega digna de cuerpos de niñas y niños que fueron reclutados.
De hecho, la UBPD entregó información a la JEP de 92 casos de menores dados por desaparecidos y de exhumaciones de algunos que murieron como resultado de la ‘Operación Berlín’, puesta en marcha por el Ejército a inicios de la década de los años 2000.
El homicidio, la tortura, los tratos crueles, humillantes y degradantes y otros actos inhumanos son crimenes que también se planean abordar, pues, al parecer, se utilizaron en el contexto del reclutamiento como métodos de retaliación y castigo hacia los menores en las filas.
No obstante, la abogada Maria Paula Martínez, actualmente directora de Save The Children, le dijo a VerdadAbierta.com que el reclutamiento forzado es un delito invisible, por lo que no es tan fácil evidenciar su conexión con otro tipo de crímenes. Así, profundizar en el reclutamiento se perfila como una ardua tarea.
Discurso negacionista
El camino para llegar a la decisión de la JEP estuvo precedido por versiones voluntarias de exguerrilleros que tuvieron lugar el año pasado. Sin embargo, quienes dieron declaraciones, negaron constantemente que las Farc diseñara y ejecutara planes de reclutamiento de menores y apelaron al concepto de voluntariedad.
Desde Coalico ya se ha venido diciendo que el hecho de que los niños digan que se van a integrar al grupo armado no disminuye la responsabilidades de ese actor.
El exjefe guerrillero Pablo Catatumbo dijo el 19 de agosto de 2020, que no existió una “política perversa” de involucrarlos en el conflicto armado interno, pese a que reconoció que algunos pudieron estar integrados a las Farc, y negó que niños y niñas se pidieran como una especie de ‘cuota’ obligatoria a las familias.
“Las Farc no era una organización que tuviera como política el reclutamiento de niños. Las Farc no era un ejército de niños. No había un lineamiento político en cuanto a que sus esfuerzos estuvieran dirigidos a mirar donde había un menor de edad para vincularlo a la organización”, mencionó en días posteriores, Pastor Alape.
Este exjefe guerrillero dijo recordar dos momentos en los que entonces miembros de las Farc llegaron con niños o niñas al campamento y se dio la orden de hallar a su familia y regresarlos con ella.
Explicó, además, que en las unidades estaba establecido que iban a combate solamente personas que tuvieran la capacidad de responder al mismo, así que los menores eran excluidos por no estar en condiciones para desenvolverse en actividades militares.
Sin embargo, resaltó que es importante tener en cuenta que en la guerra se utiliza cerca del 60 por ciento del personal para actividades logísticas, como atender heridos, prestar servicios sanitarios, de seguridad, de alimentación y de abastecimiento.
“Todos los menores que llegaban a las Farc no salían de los hogares. La gran mayoría estaban trabajando ya en fincas, estaban como ayudantes de aserrío, de vaquería, como raspachines, como sirvientas, como cocineras”, puntualizó.
Quizá quien ha dado mayores detalles es el excomandante Julián Gallo, quien fue conocido con el alias de ‘Carlos Antonio Lozada’. Él expuso en septiembre del año pasado que las Farc realizaba reuniones con juntas de acciones comunales y otro tipo de comités.
De ese modo, el procedimiento por el que los jóvenes entraban a las milicias estaba seguido de actividades de deporte y cultura que el grupo armado hacía para evitar que ellos cayeran en el consumo de sustancias psicoactivas.
En todo caso, reafirmó las ideas de Alape y Catatumbo: “Un ejército de gente obligada, de gente engañada no hubiese podido primero permanecer por más de medio siglo en una guerra contra el Estado. Eso solo lo logra una organización que tenga una estructuración, que tenga unas convicciones, que tenga una reglamentación”.
También mencionó que es posible que se hubiesen dado engaños, por ejemplo, prometer a los menores que al entrar a la estructura se le ofrecería ayuda económica o de otro tipo a sus familiares, lo que, dice, no estaría autorizado desde las Farc.
Dentro de los cuestionamientos que se le han hecho a los exmiembros de la antigua guerrilla es si notificaron o sancionaron a quienes reclutaron menores rompiendo los lineamientos de la organización y por qué estos no se cumplían.
En el documento “Declaración Política de la Segunda Conferencia Guerrillera del Bloque Sur” se estipuló que nadie debía ingresar a las Farc en contra de su voluntad y en la Séptima Conferencia Nacional de las Farc-Ep, realizada para 1982, se estableció la creación de comisiones de reclutamiento que buscarían incorporar a la organización personas entre los 15 y 30 años de edad.
Rodrigo Londoño, quien en guerra era llamado ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’, dijo no saber por qué no se seguían algunas reglas y que no tuvo que ver con la selección de los integrantes de la Columna Arturo Ruíz, la cual señaló que visitó, pero en la que no identificó presencia de menores de edad.
Teniendo en cuenta las palabras de estos exguerrilleros, se podría pensar que es poco probable que esta vez cambie el discurso con el que se minimiza la participación de menores en la guerra. No obstante, la positividad asoma a la puerta para expertos como Martínez, quien opina que todo lo que aporte al esclarecimiento de esos hechos y a la protección de los niños y niñas es bien recibido.
“Esperamos que la presión, el mismo avance en el Caso y la información que ha venido acopiandose en el expediente sirva y motive a que los comparecientes hagan un aporte significativo a la verdad (…) En este caso, para nosotros ha sido el pedido reiterado de que no son discursos justificantes, ni discursos políticos que tratan de humanizar lo que no es humanizables”, afirma, por su parte, Molano.
Fenómeno latente
Los pasos para esclarecer los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado hasta 2016 se han venido dado. Pero la paz y el fin de las victimizaciones y hostilidades en el país aún están lejos de ser alcanzados.
Hoy en día, reseña Martínez, los menores de edad migrantes están siendo reclutados y utilizados y lo más preocupante de todo es que no se cuenta con estadísticas al respecto.
Por otra parte, está la pandemia del coronavirus, que ha traído consigo interrupciones y pausas en las actividades escolares y ha sido uno de los factores que influyen en que hoy el reclutamiento siga presente, especialmente en regiones como el Catatumbo y en departamentos como Nariño, el Valle del Cauca y Arauca, según menciona la abogada.
Pero esa es solo una de las razones, de acuerdo al informe ‘Las dinámicas del conflicto armado y de la violencia organizada: afectación y riesgos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes’, publicado en abril de este año por la Fundación de Ideas para la Paz y apoyado por Save the Children.
El desconocimiento de la magnitud de ocurrencia del reclutamiento, la normalización de distintas formas de violencia contra menores de edad, la falta de acciones preventivas por parte de la institucionalidad y el hecho de que los grupos armados identifiquen ventajas en ingresar a niños y niñas a sus filas son otros de los factores que han contribuido al recrudecimiento del fenómeno.
En ese sentido, las estructuras actualmente representan una amenaza para los niños son los grupos posdesmovilización de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Auc), el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de las Farc-Ep y grupos del crimen organizado, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
Esa institución, en el documento ‘Dinámica del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia, retos de la política pública de prevención’, divulgado en 2020, concluyó que no es posible avanzar en la protección de menores y evitar que sean vinculados al conflicto si las políticas públicas de prevención no están articuladas con estrategias nacionales y territoriales.
También consideró que para proteger a los niños y niñas es necesaria la persecución y el desmantelamiento de los grupos al margen de la ley, el ataque a sus medios de financiación y la judicialización de comandantes y miembros que están involucrados con el reclutamiento forzado.
La JEP está haciendo su parte, pero los menores de edad no dejaron de ser afectados por el reclutamiento tras la firma del Acuerdo de Paz. El Estado colombiano debe emprender las medidas necesarias no sólo para investigar y reparar a quienes ya fueron reclutados sino también para evitar que más niños y niñas sean victimizados.
