El más reciente libro del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) documenta la transformación territorial del Gran Magdalena, a partir de explotación del mineral y responde a la pregunta: ¿Cómo esta industria se desarrolló en medio de la confrontación bélica y en detrimento del movimiento campesino? Una lectura sugerida a propósito de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena es el nombre de una de las últimas investigaciones del CNMH que da luces sobre la relación de la industria del carbón, el conflicto armado y la transformación del uso del suelo en tierras tituladas a campesinos, y que desde hace dos décadas reclaman la restitución de sus parcelas y la reparación integral.
Profundizando en las historias de despojo de parcelaciones de reforma agraria en el departamento de Cesar, el estudio muestra la transformación territorial del Gran Magdalena durante las últimas dos décadas. Cómo en medio de la violencia paramilitar, empresarios nacionales y extranjeros compraron de forma masiva parcelas para el desarrollo de proyectos minero-energéticos, y cómo, en ese contexto. el gobierno nacional otorgó licencias a multinacionales para realizar dichas compras y reasentar a comunidades.
La investigación, realizada por Yamile Salina Abdala, María Paula Hoyos y Ana María Cristancho, deja abierta la reflexión sobre la importancia de que las empresas evalúen su ejercicio en función de los derechos humanos y de las víctimas; de revisar las condiciones en que adquirieron la propiedad; así como de los efectos de la industria del carbón en el medio ambiente y la acumulación de la tierra.
El libro aporta información sobre la relación de actores legales e ilegales, a propósito de la implementación del Acuerdo de Paz, que busca esclarecer entre tantos puntos los tuétanos de la guerra en Colombia a través de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. (Descargue aquí el informe)
Pero el tema no es sólo cuestión del pasado. En su informe sobre la más reciente visita al país, el relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores, Michel Forst, consignó sus preocupaciones al respecto de la relación entre empresas y derechos humanos a la que le dedicó un apartado del informe.
“Las personas indígenas y afrodescendientes, así como los campesinos y los defensores y las defensoras del medio ambiente representan la mayor parte de los ataques en zonas con proyectos mineros a gran escala (en particular de oro), presencia de agro-negocios (plantaciones de aceite de palma, banano, caña de azúcar), relacionados con el sector energético, tanto la energía tradicional (petróleo, gas, carbón) como la energía renovable (presas hidroeléctricas, parques eólicos y solares) y otros proyectos de infraestructura y turísticos”, informó Forst. (Leer más en: Cinco casos que le preocupan al relator de la ONU sobre defensores)
Tierras para minería
La investigación, enfocada en el Magdalena Grande, comprende los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, una amplia región estratégica por su conexión con la Serranía del Perijá, la Ciénaga Grande de Santa Marta y la Sierra Nevada de Santa Marta, con salida a los puertos en el mar Caribe. Esa ubicación privilegiada explica la disputa que sobre estos territorios hicieron primero las guerrillas y luego los paramilitares, con intensidad desde los años ochenta hasta mitad de la década del dos mil.
En estas tierras productivas, el gobierno nacional formuló desde los años sesenta la Reforma Agraria, un plan para que familias campesinas accedieran a parcelas y las cultivaran con alimentos. El plan incluyó la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), para impulsar el movimiento campesino en el desarrollo agrícola del país. Como lo explica el estudio, el proceso de reforma se caracterizó por invasiones a grandes propiedades, la estigmatización de las comunidades por la influencia de la guerrilla en la zona y las ventas que hicieron los terratanientes de sus haciendas al antiguo Incora, en medio de la crisis económica de los noventa. (Ver tabla de parcelaciones)
Paralela a esa promesa de reforma agraria, desde finales de los sesenta el gobierno nacional declaró la minería como una industria de interés social y utilidad pública. Y en Cesar esta declaratoria se concretó en el desarrollo de lo que en la actualidad se conoce como el Distrito Minero de La Jagua, en la Serranía del Perijá, que cubre los municipios de Becerril, El Paso, Agustín Codazzi, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní y La Jagua de Ibirico. Esta zona es la segunda mayor productora de carbón del país.
Lo que evidencia la investigación es que el desarrollo de la industria del carbón frenó la reforma agraria, afectando a las comunidades campesinas que ya cultivaban las tierras o estaban pendientes de ser tituladas. Entre 1970 y 1995 la región tuvo un crecimiento exponencial en el desarrollo minero, cuando empresas nacionales y multinacionales adquirieron títulos en las minas en el Distrito de La Jagua. Entre estas, Carbones del Caribe, Norcarbón, el Consorcio Minero Unido, Carbones de los Andes; además de la estadounidense Drummond y la suiza Glencore.
El estudio señala que en 1997, un año después de la incursión paramilitar en Cesar, el gobierno nacional siguió con la concesión de las minas del Distrito, ampliando el número de empresas locales y foráneas en la explotación del territorio.
A la lista se sumaron la Empresa Promotora y Explotadora de Carbón del Cesar y La Guajira, compañías del Grupo Argos y las multinacionales Vale do Rio Doce, Goldman Sachs Group Inc, Murray Energy Corp y Sloane Investment Corp. Es lo que la investigación documenta como la época de la “transnacionalización” del carbón.
Simultáneo a esa aceleración de la locomotora minera, el conflicto armado recrudeció con la violencia paramilitar y con ésta, la comercilización de las tierras de la reforma agraria. Los casos de las parcelaciones El Platanal, en el municipio de Agustín Codazzi, y Santa Fe, en el municipio de Becerril, muestran cómo después del asesinato y desplazamiento de los campesinos comenzó la compra masiva de estos predios. Varias de las fincas fueron compradas en el primer caso por la Drummond y en el segundo, por Carbones del Caribe (hoy Sator, filial del Grupo Argos), Carbones Sororia y Carbones de La Jagua. (Lea: Campesinos de Platanal, sin un centímetro de tierra y Las empresas ‘tiznadas’ por las tierras de Santa Fe)
Lo que ocurrió en estas parcelas, reitera el informe, explica el cambio del uso del suelo en el Gran Magdalena y su articulación a nuevas figuras con las que el gobierno nacional recalca la utilidad pública y el interés social de la minería. Se trata de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pine), aprobadas desde 2013, y que se superponen a las explotaciones de Drummond, el Grupo Glencore-Prodeco, Murray y Slone.
A lo anterior, apunta la investigación, se suman las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidre) y el Decreto Ley 902 de 2017, que disponen los baldíos, las tierras de la Nación clave para para hacer la reforma, en función de proyectos económicos de gran escala. (Ver tabla de Pines en el Gran Magdalena)
El informe del CNMH advierte que en este escenario ha sido tensa y compleja la restitución de tierras para comunidades campesinas como las de Cesar. Entre otras razones, por los intereses económicos que hay sobre los territorios y el modelo de desarrollo que impulsa el gobierno nacional. Lo que explica, a su vez, por qué el proceso no ha sido contundente en los mecanismos para “esclarecer la verdad de la magnitud, las modalidades y efectos de los abandonos y despojos de tierras”, como lo estableció la Corte Constitucional. Es decir, es poco lo que ha develado sobre la responsabilidad de las empresas en la comercialización de tierras en medio del conflicto. (Lea: Restitución de tierras en Cesar, más papel que realidad)
Para el estudio queda abierta la preocupación sobre las iniciativas que pretenden sanear el despojo: “Este es el caso del artículo 50-2 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que priorizó los intereses de multinacionales sobre los derechos a la restitución de parceleros-víctimas. Además, están en curso los proyectos de ley para reformar la Ley 1448 de 2011 y derogar la Ley 160 de 1994”.
“En esas iniciativas -agrega la investigación- lideradas por sectores ganaderos, bananeros y terratenientes, entre otros gremios económicos, se exoneraría a los terceros civiles que participaron directamente de las violaciones, así como a los que se beneficiaron de ellas, de su deber de reparar y remediar los daños causados a parceleros-víctimas”.
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