El asesinado ganadero, Luis Alberto Villegas, fue acusado de paramilitarismo y un juez lo absolvió. Ahora varios ex ‘paras’ dicen que fue su cómplice, y se conoce que años antes había comprado dos fincas a la familia Uribe Vélez.
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| Panorámica del corregimiento San José del Nus, de San Roque, Nordeste antioqueño. |
Según informó en días pasados a la opinión pública el representante Iván Cepeda, en entrevista que sostuvo con el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’ en la cárcel de Itaguí, éste le dijo que “a mediados de la década de los 90, se conformó un grupo paramilitar en San Roque (Antioquia), que posteriormente dio lugar al Bloque Metro de las Accu, y que los fundadores de aquel grupo paramilitar fueron, además de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, el empresario ganadero Luis Alberto Villegas Uribe, su hermano Juan Guillermo Villegas Uribe, diputado a la Asamblea de Antioquia, y Santiago Gallón Henao, ganadero y caballista condenado por paramilitarismo”. El representante pidió a la justicia que investigara la denuncia.
A raíz de esta noticia, VerdadAbierta.com recoge buena parte de los hallazgos de la investigación ‘Mecanismos de Impunidad en Antioquia: lo que la justicia no quiso ver sobre el paramilitarismo’ de la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación, publicada en 2010. Esta investigación no sólo reveló los detalles del proceso que le siguió la justicia a Villegas por posibles nexos con el paramilitarismo a fines de los noventa y que terminó en absolución, sino que arroja luz sobre dos negocios que tuvo Villegas con empresas de la familia del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
La reconstrucción judicial que hizo este estudio académico estableció que a comienzos de 1998, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía hacía un constante seguimiento a las llamadas que entraban y salían de un local comercial del barrio Laureles, de Medellín, conocido como Lácteos El Paisa y administrado por Luis Alberto Villegas Uribe. Sospechaban que desde allí se controlaba una organización armada que operaba en buena parte del Nordeste antioqueño.
Los funcionarios judiciales habían seguido esa pista motivados por unas denuncias hechas por habitantes del corregimiento San José del Nus, del municipio de San Roque. Los denunciantes hablaban de la existencia de un grupo paramilitar que venía cometiendo toda suerte de delitos, entre ellos homicidios, desapariciones forzadas y amenazas.
De acuerdo con esta investigación, las pesquisas judiciales de la época permitieron establecer que desde Lácteos El Paisa se administraba una Cooperativa Rural de Vigilancia y Seguridad Privada (entidades autorizadas por el Gobierno nacional y que han sido más conocidas con el nombre de Convivir), registrada con el nombre de El Cóndor, cuyo representante legal era, justamente, Luis Alberto Villeras Uribe. Pero con el paso del tiempo se logró determinar que bajo esta asociación según dijo el estudio: “se mimetizaba una organización paramilitar, la cual operaba entre los municipios de Cisneros y San Roque, tenía su base de operaciones en el corregimiento San José del Nus, de San Roque, y realizaba actividades ilegales en abierta connivencia con integrantes de la policía y con militares acantonados en la región”.
El Cóndor recibió su personería jurídica el 18 de noviembre de 1996 a través de la Resolución 42378, firmada por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Un día después, le fue concedida licencia transitoria de funcionamiento como Servicio Especial de Vigilancia y Seguridad Privada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través de la Resolución 4514, firmada por el superintendente Herman Arias Gaviria. (Documento C Condor)
Esta Convivir operó en los municipios de Cisneros, San Roque, Yolombó, Caracolí, Maceo y veredas aledañas a esta subregión. Entre sus asociados aparece Álvaro Sepúlveda Bueno, quien fue capturado el 30 de julio de 2008 en Medellín en desarrollo de la Operación Robledo de la fuerza pública. Ésta lo presentó como alias de ’Julián’, jefe de la organización ilegal de origen paramilitar Águilas Negras de Caldas.
Los miembros de la Asociación El Cóndor dijeron que la creaban porque había gran inseguridad desde el municipio de Cisneros hasta el corregimiento San José del Nus, sobre la carretera que une a Medellín con Puerto Berrío. En la solicitud al gobierno departamental dijeron: “es conocida la influencia y presencia que en la zona venían haciendo delincuentes de todo tipo que amparados en consignas subversivas ejercían políticas de terror intimidando a los ciudadanos de bien, despojándolos de sus bienes más preciados, empezando por la propia vida, y continuando con su patrimonio a través de secuestros y extorsiones permanentes”.
Para ellos la Convivir era un mecanismo de participación ciudadana que tenía el fin de interrelacionarse con las autoridades legítimas para que a través de la información oportuna pudieran ellas garantizar el derecho a la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Pero esa aparente legalidad que rodeó la creación y actuación de El Cóndor, esta comenzó a ser cuestionada por algunos ciudadanos quienes, de forma anónima, reportaron varios atropellos a la Gobernación de Antioquia. Una de ellas, fechada el 2 de abril de 1997, relacionaba a El Cóndor con grupos paramilitares.
“¿Será posible de que goce de legitimidad una cooperativa de esta naturaleza cuando quien escoge a las personas que la conformarán y le prestan la asesoría de la violencia son grupos paramilitares que también como la guerrilla están al margen de la ley? ¿Por qué los paramilitares que andan como Pedro por su casa en San José del Nus y Maceo citan a los comerciantes y obligan a que éstos y todos los hogares paguen una cuota para sostener la Convivir?”, se preguntaban los ciudadanos que suscribieron la misiva.
En un proceso judicial, el ex combatiente del Eln llamado Julio Cesar Acosta Cortizo, quien se desmovilizó de esa organización armada y fue utilizado por el Ejército como guía de sus tropas y agente de inteligencia se refirió así a Luis Alberto Villegas: “en San José del Nus, allí hay un señor que financia grupos paramilitares, que operan en esa región, ese señor le compró la finca Guacharaca al Gobernador de Antioquia, se llama Luis Guillermo, no me acuerdo el apellido. Un hermano de él está vinculado con la misma organización, se llama Luis Alberto”.
Esa declaración que hizo Acosta, quién luego de su desmovilización de la guerrilla, se había integrado a un bloque paramilitar con asiento en esta subregión del departamento, tuvo lugar en Medellín el 19 de mayo de 1998.
Acosta Cortizo también aseguró que los hermanos Villegas le consiguieron un armamento a una estructura paramilitar, conocida como el Bloque Metro de las Accu, que se movía en esa zona: “yo sé que el grupo paramilitar le propuso a la familia Villegas que si le conseguía un armamento para el grupo, que el grupo paramilitar le cuidaba la zona, eso fue más o menos como en mayo o junio del 97; no sé cuántos fusiles pidieron, yo sé que trajeron como cuarenta fusiles, eso lo trajeron en helicóptero”.
Además de esa declaración, la Fiscalía tenía otras pruebas que parecían comprometer a Luis Alberto Villegas con grupos paramilitares. Se trataba de interceptaciones telefónicas a llamadas entrantes y salientes a un abonado en Medellín asignado a la firma Lácteos El Paisa, que permitían inferir su activa participación en actividades ilegales relacionadas con grupos paramilitares. Los investigadores judiciales pudieron determinar que desde la ciudad los Villegas conseguían desde armas y municiones, hasta la provisión de recursos económicos a partir del cobro de cuotas a diversas personas del Nordeste antioqueño.
Al expediente que estaba conformando la Fiscalía se le agregó una documentación incautada tras un allanamiento a la residencia de Luis Alberto Villegas, realizado el 4 de junio de 1998. Entre los papeles hallados había hojas manuscritas en las que se inventariaba armamento, equipo de campaña y otros elementos logísticos de varios de los hombres que integraban la Convivir El Cóndor, entre ellos, de Germán Andrés Vélez Vásquez, Álvaro Sepúlveda Bueno y Rodrigo Tamayo Arismendi. (Ver manuscritos)
En el allanamiento a esa residencia también se incautaron varias escrituras que correspondían a propiedades en el municipio de Maceo. En una de las escrituras, Luis Alberto Villegas aparece comprándole a la firma Inversiones Uribe Vélez Ltda. la hacienda La Manada (24 de abril de 1984) y en otra, la esposa de Villegas, Gloria Elena Cano López le compra a Santiago Vélez Uribe la hacienda El Desquite (10 de julio de 1990). (Ver escritura 1 – Ver escritura 2)
Ante el cúmulo de evidencias, un fiscal regional de la época vinculó a una investigación penal por el delito de concierto para delinquir a Luis Alberto Villegas, quien fue detenido el 4 de junio de 1998.
Durante el juicio, el abogado del ganadero solicitó la recepción de testimonios que daban cuenta de la condición social y económica del investigado, y que acreditaban su calidad de representante de la Convivir El Cóndor. Entre las personas citadas estuvo el asesor para esa época de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, Álvaro Zapata Montoya, quien descartó que esa Convivir tuviera algún nexo con grupos paramilitares: “Lo que pudimos establecer era que en la región donde tenía su accionar este grupo de participación ciudadana, sí existían grupos mal llamados paramilitares, incluso desde antes de que se conformara esta asociación y el comportamiento en mención no correspondía a la de El Cóndor”.
No obstante las declaraciones a favor de Villegas, la consistencia de las evidencias recaudadas por la policía judicial llevó al ente acusador a proferir medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación.
En la resolución, fechada el 16 de junio de 1998, la Fiscalía sustentó la decisión en las pruebas recogidas durante la etapa de la investigación: “las grabaciones obrantes en la actuación informan una clara actividad paraestatal, en la cual el procesado asume posturas de clara dirigencia, órdenes para la movilización del grupo o grupos paramilitares, recibe informes de muertes de miembros de la guerrilla, accionar conjunto del paramilitarismo con el Ejército, venta y compra de municiones, en suma, indicativa de toda una estructura militar, organizativa y financiera, por medio de la cual la inicial información de coadyuvancia con las autoridades, se transforma en cierta actividad paramilitar”.
En resolución de acusación del 20 de abril de 1999, la Fiscalía General de la Nación aseveró que de las interceptaciones logradas y de los diferentes testimonios que rindió el señor Víctor Julio Acosta Cortizo: “se puede determinar, sin temor a equívocos, que el señor Villegas Uribe tiene una específica función dentro del grupo armado cual es la de dirigente y financiador”.
No obstante las pruebas, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, en decisión tomada el 16 de noviembre de 1999, absolvió a Villegas Uribe, sustentando su argumentación en la duda probatoria y respaldando el enfoque dado por la defensa del sindicado en el sentido de cuestionar las pruebas aportadas al proceso, en particular las interceptaciones telefónicas y los testimonios de Julio Acosta Cortizo.
“Para esta oficina judicial, las argumentaciones de la defensa y la vocería son más de recibo que los pedimentos de condena hechos por la Fiscalía y la Procuraduría”, dijo el Juez. Sobre las transcripciones telefónicas, argumentó: “pueden significar muchas cosas y entre ellas las que ha explicado dentro de su diligencia de indagatoria el procesado, es decir, esas transcripciones se prestan para diversas interpretaciones, desde la dada por la Fiscalía hasta la expuesta por el sindicado sin que se pueda afirmar, con certeza, que la expuesta por la Fiscalía es la verdadera”. En cuanto al testigo Acosta Cortizo, adujo que sus declaraciones “no ofrecen la claridad para proferir una sentencia de condena en contra de Luis Alberto Villegas Uribe”.
El Juez también descartó la relación entre la Convivir El Cóndor y los grupos paramilitares que estaban operando en el Nordeste antioqueño, en particular la zona de San José del Nus. Ese hecho por sí solo, se lee en la sentencia, “no nos puede servir en manera alguna de hecho indicador de que el procesado utilizaba como cubierta la asociación El Cóndor para actividades no santas; dentro de un amplio espectro de posibilidades es una de ellas y bajo ese supuesto podría entonces interpretarse las conversaciones como lo hizo la Fiscalía en la resolución acusatoria, pero esto no pasa de ser una mera conjetura y como tal carece de la fuerza necesaria para traer convicción sobre este tópico”.
Contrario a las pretensiones de la Fiscalía, lo que se demostró, según el Juez, fue la calidad ciudadana del sindicado: “Luis Alberto Villegas es ganadero de la región de San José del Nus, que es dirigente de una asociación de vigilancia privada y que tiene algunos nexos con miembros del Ejército; cualquier otra conclusión no pasa del campo de la especulación siendo posible que pueda ser correcta alguna interpretación en otro sentido, como la que hizo la Fiscalía Especializada, pero como posibilidad carece de certeza y, por ende, siguiendo los principios que orientan nuestro estatuto adjetivo penal, persistiendo la duda, ésta se resolverá a favor del procesado, quien está protegido por el principio de la presunción de inocencia que, como se advierte, no ha podido ser desvirtuada por el Estado”.
La decisión fue apelada solamente por el representante del Ministerio Público. En una actitud que no tuvo explicación alguna, la Fiscalía General de la Nación guardó silencio respecto del fallo de primera instancia y no interpuso ningún recurso. La controversia suscitada por el delegado de la Procuraduría General de la Nación fue resuelta por el Tribunal Superior de Medellín el 7 de febrero del 2000, confirmando la decisión absolutoria a favor de Villegas Uribe.
Tras estas decisiones a su favor, Villegas Uribe recobró la libertad. Pero, luego, varios años después, en el proceso de Justicia y Paz, bajo el cual los paramilitares desmovilizados pueden obtener beneficios judiciales si contribuyen a esclarecer la verdad y confiesan los delitos que han cometido, Rodrigo Pérez Alzate, alias ’Julián Bolívar’, desmovilizado jefe militar del bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) aseguró que Villegas fue inicialmente “amigo y colaborador” de los comandantes del Bloque Metro de las Accu. “Era tal la cercanía de este señor con los comandantes ‘Panadero’ y ‘Jota’, que se asociaron para instalar un laboratorio para el procesamiento de cocaína en la vereda Minas del Vapor del municipio de Puerto Berrío, el cual fue ubicado y desmantelado por tropas del Batallón Calibío”, dijo ‘Julián Bolívar’ en su confesión.
Según Pérez Alzate, el ganadero buscó ocultar su responsabilidad ante el Estado Mayor de la Auc señalando a miembros del BCB como propietarios del laboratorio desmantelado. Este hecho, dijo ’Julián Bolívar’ causó la reacción adversa de Carlos Castaño, jefe político de las Auc, quien a su vez denunció públicamente a los comandantes del BCB como narcotraficantes.
Este jefe paramilitar describió otros hechos que, según él, marcaron la relación de ’Julián Bolívar’ con Villegas, en la guerra que libraron los bloques Metro y Central Bolívar: “El mes de mayo del año 2003 marcó definitivamente el surgimiento de la confrontación entre el Bloque Central Bolívar y el Bloque Metro, en las zonas aledañas a Puerto Berrío. El señor Luis Villegas en ese entonces venía siendo acosado por los comandantes ‘Jota’ y ‘Panadero’, quienes cada vez más le exigían más dinero y colaboración. Ante el inminente enfrentamiento, el señor Villegas se presentó ante mí, con el propósito de negociar su dispensa a cambio de información sobre la ubicación y actividades de los miembros del Bloque Metro. Esto estratégicamente representaba una valiosa ventaja sobre nuestro enemigo, por lo que accedí a la propuesta y desde ese momento el señor Villegas pasó a ser informante del frente Pablo Emilio Guarín”.
El relato de alias ‘Julián Bolívar’ continúa: “Finalizada la confrontación y para efectos de mantener el control territorial de las regiones en donde anteriormente operaba el bloque Metro, el comandante Vicente Castaño convocó a una reunión en la que se asignó a cada comandante el control de los territorios, con base en una distribución previamente acordada y delimitada. Producto de la reasignación de los antiguos territorios del Bloque Metro, se dispuso que los municipios de Maceo, Caracolí y el corregimiento de San José del Nus del municipio de San Roque quedarían adscritos a la jurisdicción militar y política del frente Pablo Emilio Guarín”.
Según el ex comandante del Bcb, una de las primeras medidas que tomó fue la de prohibir el hurto de combustible; actividad que realizaba alias ‘Panadero’ en San José del Nus y de la cual Villegas obtenía dividendos, pues surtía su propia estación de servicio.
Confesó ‘Julián Bolívar’ a la justicia: “Como agravante de la situación, el señor Villegas para quedar bien ante las autoridades denunció como responsables del hurto de combustible a los miembros de las autodefensas. Ante esa situación, ordené labores de inteligencia y seguimiento sobre el mismo y al cerciorarme de la hipocresía con que el señor Villegas hurtaba combustible y culpaba a las autodefensas, lo declaré objetivo militar y ordené planear un operativo para darlo de baja”.
El asesinato de Luis Alberto Villegas se perpetró el 5 de diciembre de 2004. Ese día, el ganadero y paramilitar conversaba con uno de sus empleados de la estación de servicio del corregimiento San José del Nus. Allí fue atacado por dos sujetos que le propinaron varios disparos de revólver que le generaron el deceso de manera instantánea.
El asesinado ganadero, Luis Alberto Villegas, fue acusado de paramilitarismo y un juez lo absolvieron. Pero ahora, que varios ex jefes paramilitares dicen que fue su cómplice, se conoce que años antes había comprado dos fincas a la familia Uribe Vélez.
Según informó en días pasados a la opinión pública el representante Iván Cepeda, en entrevista que sostuvo con el ex jefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’ en la cárcel de Itaguí, éste le dijo que “a mediados de la década de los 90, se conformó un grupo paramilitar en San Roque (Antioquia), que posteriormente dio lugar al Bloque Metro de las AUC, y que los fundadores de aquel grupo paramilitar fueron, además de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, el empresario ganadero Luis Alberto Villegas Uribe, su hermano Juan Guillermo Villegas Uribe, diputado a la Asamblea de Antioquia, y Santiago Gallón Henao, ganadero y caballista condenado por paramilitarismo”. El representante pidió a la justicia que investigara la denuncia.
A raíz de esta noticia, VerdadAbierta-Antioquia recoge buena parte de los hallazgos de la investigación ‘Mecanismos de Impunidad en Antioquia: lo que la justicia no quiso ver sobre el paramilitarismo’ de la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación publicada en 2010. Esta investigación no sólo reveló los detalles del proceso que le siguió la justicia Villegas por posibles nexos con el paramilitarismo a fines de los noventa y que terminó en absolución, si no que arroja luz sobre dos negocios que tuvo Villegas con empresas de la familia del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
La reconstrucción judicial que hizo este estudio académico estableció que a comienzos de 1998, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía hacía un constante seguimiento a las llamadas que entraban y salían de un local comercial del barrio Laureles, deMedellín, conocido como Lácteos El Paisa y administrado por Luis Alberto Villegas Uribe. Sospechaban que desde allí se controlaba una organización armada que operaba en buena parte del Nordeste antioqueño.
Los funcionarios judiciales habían seguido esa pista motivados por unas denuncias hechas por habitantes del corregimiento San José del Nus, del municipio de San Roque. Los denunciantes hablaban de la existencia de un grupo paramilitar que venía cometiendo toda suerte de delitos, entre ellos homicidios, desapariciones forzadas y amenazas.
De acuerdo con esta investigación, las pesquisas judiciales de la época permitieron establecer que desde Lácteos El Paisa se administraba una Cooperativa Rural de Vigilancia y Seguridad Privada (entidades autorizadas por el gobierno nacional y que han sido más conocidas con el nombre de Convivir), registrada con el nombre de El Cóndor, cuyo representante legal era, justamente, Luis Alberto Villeras Uribe. Pero con el paso del tiempo se logró determinar que bajo esta asociación según dijo el estudio: “se mimetizaba una organización paramilitar, la cual operaba entre los municipios de Cisneros y San Roque, tenía su base de operaciones en el corregimiento San José del Nus, de San Roque, y realizaba actividades ilegales en abierta connivencia con integrantes de la policía y con militares acantonados en la región”.
El Cóndor recibió su personería jurídica el 18 de noviembre de 1996 a través de la Resolución 42378, firmada por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Un día después, le fue concedida licencia transitoria de funcionamiento como Servicio Especial de Vigilancia y Seguridad Privada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través de la Resolución 4514, firmada por el superintendente Herman Arias Gaviria. (Ver documentos)
Esta Convivir operó en los municipios de Cisneros, San Roque, Yolombó, Caracolí, Maceo y veredas aledañas a esta subregión. Entre sus asociados aparece Álvaro Sepúlveda Bueno, quien fue capturado el 30 de julio de 2008 en Medellín en desarrollo de la Operación Robledo de la fuerza pública. Ésta lo presentó como alias de ’Julián’, jefe de la organización ilegal de origen paramilitar Águilas Negras de Caldas.
Los miembros de la Asociación El Cóndor dijeron que la creaban porque había gran inseguridad desde el municipio de Cisneros hasta el corregimiento San José del Nus, sobre la carretera que une a Medellín con Puerto Berrío. En la solicitud al gobierno departamental dijeron: “es conocida la influencia y presencia que en la zona venían haciendo delincuentes de todo tipo que amparados en consignas subversivas ejercían políticas de terror intimidando a los ciudadanos de bien, despojándolos de sus bienes más preciados, empezando por la propia vida, y continuando con su patrimonio a través de secuestros y extorsiones permanentes”.
Para ellos la Convivir era un mecanismo de participación ciudadana que tenía el fin de interrelacionarse con las autoridades legítimas para que a través de la información oportunapudieran ellas garantizar el derecho a la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Pero esa aparente legalidad que rodeó la creación y actuación de El Cóndor, esta comenzó a ser cuestionada por algunos ciudadanos quienes, de forma anónima, reportaron varios atropellos a la Gobernación de Antioquia. Una de ellas, fechada el 2 de abril de 1997, relacionaba a El Cóndor con grupos paramilitares.
“¿Será posible de que goce de legitimidad una cooperativa de esta naturaleza cuando quien escoge a las personas que la conformarán y le prestan la asesoría de la violencia son grupos paramilitares que también como la guerrilla están al margen de la ley? ¿Por qué los paramilitares que andan como Pedro por su casa en San José del Nus y Maceo citan a los comerciantes y obligan a que éstos y todos los hogares paguen una cuota para sostener la Convivir?”, se preguntaban los ciudadanos que suscribieron la misiva.
En un proceso judicial, el ex combatiente del Eln llamado Julio Cesar Acosta Cortizo, quien se desmovilizó de esa organización armada y fue utilizado por el Ejército como guía de sus tropas y agente de inteligencia se refirió así a Luis Alberto Villegas: “en San José del Nus, allí hay un señor que financia grupos paramilitares, que operan en esa región, ese señor le compró la finca Guacharaca al Gobernador de Antioquia, se llama Luis Guillermo, no me acuerdo el apellido. Un hermano de él está vinculado con la misma organización, se llama Luis Alberto”.
Esa declaración que hizo Acosta, quién luego de su desmovilización de la guerrilla, se había integrado a un bloque paramilitar con asiento en esta subregión del departamento, tuvo lugar en Medellín el 19 de mayo de 1998.
Acosta Cortizo también aseguró que los hermanos Villegas le consiguieron un armamento a una estructura paramilitar, conocida como el Bloque Metro de las Accu, que se movía en esa zona: “yo sé que el grupo paramilitar le propuso a la familia Villegas que si le conseguía un armamento para el grupo, que el grupo paramilitar le cuidaba la zona, eso fue más o menos como en mayo o junio del 97; no sé cuántos fusiles pidieron, yo sé que trajeron como cuarenta fusiles, eso lo trajeron en helicóptero”.
Además de esa declaración, la Fiscalía tenía otras pruebas que parecían comprometer a Luis Alberto Villegas con grupos paramilitares. Se trataba de interceptaciones telefónicas a llamadas entrantes y salientes a un abonado en Medellín asignado a la firma Lácteos El Paisa, que permitían inferir su activa participación en actividades ilegales relacionadas con grupos paramilitares. Los investigadores judiciales pudieron determinar que desde la ciudad los Villegas conseguían desde armas y municiones, hasta la provisión de recursos económicos a partir del cobro de cuotas a diversas personas del Nordeste antioqueño.
Al expediente que estaba conformando la Fiscalía se le agregó una documentación incautada tras un allanamiento a la residencia de Luis Alberto Villegas, realizado el 4 de junio de 1998. Entre los papeles hallados había hojas manuscritas en las que se inventariaba armamento, equipo de campaña y otros elementos logísticos de varios de los hombres que integraban la Convivir El Cóndor, entre ellos, de Germán Andrés Vélez Vásquez, Álvaro Sepúlveda Bueno y Rodrigo Tamayo Arismendi. (Ver manuscritos)
En el allanamiento a esa residencia también se incautaron varias escrituras que correspondían a propiedades en el municipio de Maceo. En una de las escrituras, Luis Alberto Villegas aparece comprándole a la firma Inversiones Uribe Vélez Ltda. la hacienda La Manada (24 de abril de 1984) y en otra, la esposa de Villegas, Gloria Elena Cano López le compra a Santiago Vélez Uribe la hacienda El Desquite (10 de julio de 1990). (Ver escrituras)
Ante el cúmulo de evidencias, un fiscal regional de la época vinculó a una investigación penal por el delito de concierto para delinquir a Luis Alberto Villegas, quien fue detenido el 4 de junio de 1998.
Durante el juicio, el abogado del ganadero solicitó la recepción de testimonios que daban cuenta de la condición social y económica del investigado, y que acreditaban su calidad de representante de la Convivir El Cóndor. Entre las personas citadas estuvo el asesor para esa época de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, Álvaro Zapata Montoya, quien descartó que esa Convivir tuviera algún nexo con grupos paramilitares: “Lo que pudimos establecer era que en la región donde tenía su accionar este grupo de participación ciudadana, sí existían grupos mal llamados paramilitares, incluso desde antes de que se conformara esta asociación y el comportamiento en mención no correspondía a la de El Cóndor”.
No obstante las declaraciones a favor de Villegas, la consistencia de las evidencias recaudadas por la policía judicial llevó al ente acusador a proferir medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación.
En la resolución, fechada el 16 de junio de 1998, la Fiscalía sustentó la decisión en las pruebas recogidas durante la etapa de la investigación: “las grabaciones obrantes en la actuación informan una clara actividad paraestatal, en la cual el procesado asume posturas de clara dirigencia, órdenes para la movilización del grupo o grupos paramilitares, recibe informes de muertes de miembros de la guerrilla, accionar conjunto del paramilitarismo con el Ejército, venta y compra de municiones, en suma, indicativa de toda una estructura militar, organizativa y financiera, por medio de la cual la inicial información de coadyuvancia con las autoridades, se transforma en cierta actividad paramilitar”.
En resolución de acusación del 20 de abril de 1999, la Fiscalía General de la Nación aseveró que de las interceptaciones logradas y de los diferentes testimonios que rindió el señor Víctor Julio Acosta Cortizo: “se puede determinar, sin temor a equívocos, que el señor Villegas Uribe tiene una específica función dentro del grupo armado cual es la de dirigente y financiador”.
No obstante las pruebas, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, en decisión tomada el 16 de noviembre de 1999, absolvió a Villegas Uribe, sustentando su argumentación en la duda probatoria y respaldando el enfoque dado por la defensa del sindicado en el sentido de cuestionar las pruebas aportadas al proceso, en particular las interceptaciones telefónicas y los testimonios de Julio Acosta Cortizo.
“Para esta oficina judicial, las argumentaciones de la defensa y la vocería son más de recibo que los pedimentos de condena hechos por la Fiscalía y la Procuraduría”, dijo el Juez. Sobre las transcripciones telefónicas, argumentó: “pueden significar muchas cosas y entre ellas las que ha explicado dentro de su diligencia de indagatoria el procesado, es decir, esas transcripciones se prestan para diversas interpretaciones, desde la dada por la Fiscalía hasta la expuesta por el sindicado sin que se pueda afirmar, con certeza, que la expuesta por la Fiscalía es la verdadera”. En cuanto al testigo Acosta Cortizo, adujo que sus declaraciones “no ofrecen la claridad para proferir una sentencia de condena en contra de Luis Alberto Villegas Uribe”.
El Juez también descartó la relación entre la Convivir El Cóndor y los grupos paramilitares que estaban operando en el Nordeste antioqueño, en particular la zona de San José del Nus. Ese hecho por sí solo, se lee en la sentencia, “no nos puede serviren manera alguna de hecho indicador de que el procesado utilizaba como cubierta la asociación El Cóndor para actividades no santas; dentro de un amplio espectro de posibilidades es una de ellas y bajo ese supuesto podría entonces interpretarse las conversaciones como lo hizo la Fiscalía en la resolución acusatoria, pero esto no pasa de ser una mera conjetura y como tal carece de la fuerza necesaria para traer convicción sobre este tópico”.
Contrario a las pretensiones de la Fiscalía, lo que se demostró, según el Juez, fue la calidad ciudadana del sindicado: “Luis Alberto Villegas es ganadero de la región de San José del Nus, que es dirigente de una asociación de vigilancia privada y que tiene algunos nexos con miembros del Ejército; cualquier otra conclusión no pasa del campo de la especulación siendo posible que pueda ser correcta alguna interpretación en otro sentido, como la que hizo la Fiscalía Especializada, pero como posibilidad carece de certeza y, por ende, siguiendo los principios que orientan nuestro estatuto adjetivo penal, persistiendo la duda, ésta se resolverá a favor del procesado, quien está protegido por el principio de la presunción de inocencia que, como se advierte, no ha podido ser desvirtuada por el Estado”.
La decisión fue apelada solamente por el representante del Ministerio Público. En una actitud que no tuvo explicación alguna, la Fiscalía General de la Nación guardó silencio respecto del fallo de primera instancia y no interpuso ningún recurso. La controversia suscitada por el delegado de la Procuraduría General de la Nación fue resuelta por el Tribunal Superior de Medellín el 7 de febrero del 2000, confirmando la decisión absolutoria a favor de Villegas Uribe.
Tras estas decisiones a su favor, Villegas Uribe recobró la libertad. Pero, luego, varios años después, en el proceso de Justicia y Paz, bajo el cual los paramilitares desmovilizados pueden obtener beneficios judiciales si contribuyen a esclarecer la verdad y confiesan los delitos que han cometido, Rodrigo Pérez Alzate, alias ’Julián Bolívar’, desmovilizado jefe militar del bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) aseguró que Villegas fue inicialmente “amigo y colaborador” de los comandantes del Bloque Metro de las Accu. “Era tal la cercanía de este señor con los comandantes ‘Panadero’ y ‘Jota’, que se asociaron para instalar un laboratorio para el procesamiento de cocaína en la vereda Minas del Vapor del municipio de Puerto Berrío, el cual fue ubicado y desmantelado por tropas del Batallón Calibío”, dijo ‘Julián Bolívar’ en su confesión.
Según Pérez Alzate, el ganadero buscó ocultar su responsabilidad ante el Estado Mayor de la Auc señalando a miembros del BCB como propietarios del laboratorio desmantelado. Este hecho, dijo ’Julián Bolívar’ causó la reacción adversa de Carlos Castaño, jefe político de las Auc, quien a su vez denunció públicamente a los comandantes del BCB como narcotraficantes.
Este jefe paramilitar describió otros hechos que, según él, marcaron la relación de ’Julián Bolívar’ con Villegas, en la guerra que libraron los bloques Metro y Central Bolívar: “El mes de mayo del año 2003 marcó definitivamente el surgimiento de la confrontaciónentre el Bloque Central Bolívar y el Bloque Metro, en las zonas aledañas a Puerto Berrío. El señor Luis Villegas en ese entonces venía siendo acosado por los comandantes ‘Jota’ y ‘Panadero’, quienes cada vez más le exigían más dinero y colaboración. Ante el inminente enfrentamiento, el señor Villegas se presentó ante mí, con el propósito de negociar su dispensa a cambio de información sobre la ubicación y actividades de los miembros del Bloque Metro. Esto estratégicamente representaba una valiosa ventaja sobre nuestro enemigo, por lo que accedí a la propuesta y desde ese momento el señor Villegas pasó a ser informante del frente Pablo Emilio Guarín”.
El relato de alias ‘Julián Bolívar’ continúa: “Finalizada la confrontación y para efectos de mantener el control territorial de las regiones en donde anteriormente operaba el bloque Metro, el comandante Vicente Castaño convocó a una reunión en la que se asignó a cada comandante el control de los territorios, con base en una distribución previamente acordada y delimitada. Producto de la reasignación de los antiguos territorios del Bloque Metro, se dispuso que los municipios de Maceo, Caracolí y el corregimiento de San José del Nus del municipio de San Roque quedarían adscritos a la jurisdicción militar y política del frente Pablo Emilio Guarín”.
Según el ex comandante del Bcb, una de las primeras medidas que tomó fue la de prohibir el hurto de combustible; actividad que realizaba alias ‘Panadero’ en San José del Nus y de la cual Villegas obtenía dividendos, pues surtía su propia estación de servicio.
Confesó ‘Julián Bolívar’ a la justicia: “Como agravante de la situación, el señor Villegas para quedar bien ante las autoridades denunció como responsables del hurto de combustible a los miembros de las autodefensas. Ante esa situación, ordené labores de inteligencia y seguimiento sobre el mismo y al cerciorarme de la hipocresía con que el señor Villegas hurtaba combustible y culpaba a las autodefensas, lo declaré objetivo militar y ordené planear un operativo para darlo de baja”.
El asesinato de Luis Alberto Villegas se perpetró el 5 de diciembre de 2004. Ese día, el ganadero y paramilitar conversaba con uno de sus empleados de la estación de servicio del corregimiento San José del Nus. Allí fue atacado por dos sujetos que le propinaron varios disparos de revólver que le generaron el deceso de manera instantánea.
