Cincuenta casos hacen parte de la ‘prueba piloto’ del nuevo grupo de fiscales e investigadores encargados de develar quiénes auspiciaron a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Foto: archivo Semana.
Después de más de diez años de expedida la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, una de las principales críticas de víctimas y expertos sigue siendo la incapacidad del aparato judicial para juzgar a militares, políticos y empresarios, quienes, sin portar un brazalete de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), colaboraron con su expansión y financiaron sus crímenes.
En 2005, cuando se expidió esa, nunca se pensó que una misma jurisdicción podía investigar a los excombatientes y a los civiles; tampoco se calculó la cantidad de terceros involucrados con la guerra. Esa norma de justicia transicional contempló que quienes salieran salpicados por los exparamilitares serían investigados por la justicia ordinaria. El proceso era sencillo: se enviaba la información a otra unidad de la Fiscalía para iniciar un nuevo proceso. Eso es lo que se conoce como compulsa de copias. (Leer más en: ¿Se perdió la oportunidad de juzgar a los colaboradores del paramilitarismo?)
Enlas confesiones de los exmiembros de las Auc salieron a relucir algunos nombres conocidos por la opinión pública, entre ellos el fallecido esmeraldero Víctor Carranza, el empresario William Vélez, el ganadero Santiago Uribe (hermano del senador y expresidente Álvaro Uribe). También empresas como Drummond, Chiquita Brands, Postobón, Ecopetrol y la Federación Nacional de Ganaderos.
Estos casos quedaron regados por despachos del ente investigador en todo el país, a veces en manos de fiscales que no tenían idea de las investigaciones que se adelantaban en Justicia y Paz. Los resultados fueron mínimos. El año pasado, la Fiscalía calculó más de 15 mil compulsas en proceso de investigación, por lo que entonces el entonces Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, se refirió a la ley de Justicia y paz como una “sinfonía inconclusa”.
“Dentro de las enseñanzas de este proceso entendimos que mirar el fenómeno paramilitar desde la perspectiva de los postulados (exparamilitares) arroja resultados parciales. Asumimos que para llegar a resultados conclusivos había que mirar qué tanta responsabilidad tienen estos terceros y por eso propusimos la creación de un grupo dentro de justicia transicional porque concluimos que nunca debió haber salido de acá”, aseguró a VerdadAbierta.com Carlos Villamil, encargado de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía.
Luego de un trabajo de casi un año, se firmó a finales de 2015 la resolución que creó un grupo especial de fiscales e investigadores dentro de las Dirección de Justicia Transicional. Se trata de 55 funcionarios encargados de adelantar 50 investigaciones contra financiadores de los paramilitares que esperan tener los primeros resultados a finales de este año. Se eligieron las investigaciones que contaban con información, pero poco habían avanzado en la justicia ordinaria.
Esos 50 casos serán la ‘prueba piloto’ para el grupo y conforme se avance, se enfocarán en nuevos procesos. De firmarse un acuerdo de paz en La Habana con las Farc, las acusaciones contra los patrocinadores de la guerra llegarán ante los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Foto: archivo Semana.
Dentro de este grupo serán tenidos en cuenta solo los civiles, empresarios y políticos señalados por los paramilitares. Los procesos contra miembros de la Fuerza Pública seguirán su curso en la Dirección de Derechos Humanos.
La primera tarea de la Fiscalía fue depurar la lista de las 15.669 compulsas de copias que figuraban en sus bases de datos. Sin haber terminado la depuración, la cifra disminuyó considerablemente: ahora se habla de aproximadamente 4 mil compulsas.
¿Qué sucedió? Una desconexión entre los fiscales de la justicia transicional y la justicia ordinaria provocó que se cometieran múltiples inconsistencias. Por ejemplo, al tiempo que se iniciaba un proceso contra un tercero, se abrían nuevas investigaciones contra los mismos exparamilitares.
Así, si un postulado confesaba que se había aliado con militares y policías para traficar droga, la denuncia llegaba a manos de un fiscal que abría un nuevo proceso por tráfico de estupefaciente contra el exparamilitar, delito que ya estaba siendo juzgado. Salvatore Mancuso llegó a tener más de 400 compulsas en la justicia ordinaria, además de los casi 20 mil crímenes por los que lo estaban procesando en Justicia y Paz.
¿Cómo y a quiénes investigan?
“No estamos trabajando casos de forma aislada. Queremos investigar fenómenos, no solo una persona. La idea es demostrar el modus operandi, por ejemplo, del hurto de hidrocarburos en su totalidad”, explicó Villamil, quien agregó que, por esa misma razón, no van detrás de los eslabones de la cadena, sino de las cabezas que orquestaron los crímenes.
Estas son las principales regiones y las investigaciones en las que se concentrarán este año.
Antioquia, Córdoba y Chocó – Despojo de tierras
En esta región del país donde delinquieron casi una decena de grupos paramilitares, entre ellos, el Bloque Bananero y el Elmer Cárdenas de las Auc, tuvo lugar una de las pocas condenas de la justicia ordinaria contra empresario palmicultores que se asociaron con paramilitares para despojar a las comunidades de las cuencas del Jiguamiandó y el Curvaradó, en el Bajo Atrato chocoano, a través de diversos mecanismos.
En 2014 se logró también la captura de cinco de los directivos del Fondo Ganadero de Córdoba para que respondieran por el despojo de tierras perpetrado en el Urabá antioqueño de la mano de Sor Teresa Gómez.
Esta unidad especial de la Fiscalía quiere continuar las investigaciones en la misma línea: el despojo de tierras acompañado de la instauración de monocultivos. Al respecto, desmovilizados como Hebert Veloza García, alias ‘HH’, se han referido al plan de Vicente Castaño para apropiarse de territorios en el Urabá y en los Llanos Orientales para extender sus cultivos de palma auspiciado por empresarios y políticos de la región. (Leer más en: “Palmicultores se asociaron para delinquir” Juez)
También se ocupará este grupo de fiscales de la financiación a través de terceros: ganaderos, bananeros y palmicultores. Vale la pena recordar la lista de casi 230 supuestos colaboradores de las Auc que entregó Raúl Hasbún, exjefe paramilitar del Frente Arlex Hurtado, quien también señaló a directivos de empresas bananeras como Chiquita Brandas, Banaldex y Banacol.
Costa Caribe – las empresas mineras
En el norte del país, las investigaciones se centrarán en financiación de grupos paramilitares por parte de empresas mineras y su eventual relación con el asesinato de sindicalistas. Indicios de esas presuntas complicidades fueron recogidas en el informe ‘El lado oscuro del carbón’, publicado en 2014, a través del cual la organización holandesa Pax denunció vínculos entre las multinacionales mineras Drummond y Prodeco con paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Auc. (Leer más en: El lado oscuro del carbón en el Cesar)
Algunos desmovilizados, como Alcides Manuel Mattos Tabares, alias ‘Samario’, ha contado ante instancias judiciales cómo funcionarios de Drummond estuvieron implicados en el asesinato de sindicalistas que laboraban en esa empresa.
Los Santanderes y el Magdalena Medio – Hurto de hidrocarburos
Las indagaciones en esta región están enfocadas en el robo de gasolina. Algunas sentencias de Justicia y Paz ya han establecido que la gasolina, y no lo cultivos de hoja de coca para uso ilícito, fue el verdadero combustible de la guerra paramilitar en el centro del país. Por tal razón, en múltiples oportunidades, los magistrados y la Procuraduría le han pedido a la Fiscalía que indague por estos terceros que entregaron en bandeja de plata el hidrocarburo.
En varias versiones libres, el exjefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, se ha referido a una red funcionarios de Ecopetrol que se alió al Bloque Central Bolívar (Bcb) para ‘chuzar’ el tubo y hurtar combustibles.
Los ‘paras’ del Bloque Catatumbo también controlaron el negocio de los ‘pimpineros’ en Norte de Santander y recibieron ayuda económica y logística de funcionarios de Ecopetrol, según dice la sentencia contra Salvatore Mancuso. Los postulados han dicho, con nombre propio, quiénes fueron esos agentes del Estado que permitieron este robo. Algo similar han denunciado excombatientes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.
Los investigadores también están rastreando la responsabilidad de algunos civiles en el homicidio de sindicalistas en esta región. En Santander, el Bcb circuló una lista de sindicalistas, varios de los cuales fueron asesinados. Las víctimas hacían parte, entre otros, de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), del sindicato de trabajadores del transporte en Santander (Sincotrainder), y de Sintrapalma, en Puerto Wilches.
Cauca y Valle del Cauca – Financiación de empresas
Hacia el suroccidente del país, los investigadores ahondarán en los recursos que al parecer empresarios entregaron a los paramilitares del Bloque Calima. Varios exjefes de las Auc han dicho en sus versiones libres que este grupo llegó a la región por una petición que un grupo de empresarios le hizo a los hermanos Carlos y Vicente Castaño, pero la justica poco ha investigado esas acusaciones.
Según confesó ‘HH’ ante fiscales de Justicia y Paz, para el año 2000 Édgar Lenis, fallecido expresidente de Avianca, se reunió con los hermanos Castaño en Urabá, junto con otros empresarios de apellidos Escarpeta, Mejía y Guzmán, quienes decían ser familiares de personas que habían sido secuestrados por la guerrilla.
Alias ‘HH’ llegó al Valle del Cauca en el 2000 y buscó recursos para expandir el grupo más allá del centro del departamento. En versiones libres ha mencionado a la gerente del Ingenio azucarero San Carlos, María Clara Naranjo Palau y al ganadero y expresidente de la Plaza de Toros de Cali, Luis Fernando Castro.
El grupo de investigadores de compulsas también se referirá a la desviación de recursos de entidades públicas que han denunciado algunos desmovilizados.
Nariño y Putumayo – Política local
En esta zona de Colombia, donde delinquieron dos grupos que hacían parte del Bloque Central Bolívar, las víctimas han insistido en que los políticos y militares que apoyaron a los paramilitares han permanecido intactos, a pesar de las confesiones de los mismos postulados.
Por esa razón, en Nariño y Putumayo los investigadores de la Fiscalía van a indagar cómo los paramilitares intervinieron en la contratación pública y desviaron recursos a su organización.
Los magistrados de Justicia y Paz de Bogotá fueron quienes compulsaron copias contra las autoridades locales. La sentencia proferida en 2012 contra los miembros del Bloque Libertadores del Sur asegura que entre el 2001 y 2005 los paramilitares tuvieron nexos con 15 alcaldías locales.
Los desmovilizados aseguraron que Eduardo Alvarado Santander, quien fue acalde de Pasto entre 2001 y 2003, y 2008 y 2011, recibió 20 millones de pesos de parte de Jesús Gélvez Albarracín, alias ‘El Canoso’. En el fallo también figura Juan Carlos Quiñones, alcalde de Barbacoas entre 2001 y 2003, quien al parecer inscribió a 130 paramilitares en el Sisben y le entregó una placa conmemorativa al paramilitar Rodolfo Useda Castaño, alias ‘Julio Castaño’. (Leer más en: Las víctimas de Tumaco quieren la verdad)
El fallo agrega que, en esta zona del país, los paramilitares fueron financiados supuestamente por comerciantes, palmicultores, agroindustriales y ganaderos, en especial por la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño, Sagan.
Caquetá, Huila y Tolima – Política local
En estos tres departamentos la Fiscalía quiere indagar más acerca de los señalamientos de los desmovilizados del Bloque Héroes Sur de los Andaquíes y del Bloque Tolima sobre los políticos que facilitaron la llegada de los paramilitares y desviaron recursos públicos locales para financiarlos.
Ya fue condenado por estos hechos el exrepresentante a la Cámara Luis Fernando Almario, pero los ‘paras’ que operaron en el Caquetá también confesaron el apoyo electoral del exgobernador Juan Carlos Claros, quien, al salir electo, habría entregó grandes porciones del presupuesto del departamento a los paramilitares a través de Carlos Mateus Morales, alias ‘Paquita’
Los postulados han señalado, además, al exalcalde de Florencia Arnoldo Barrera y al senador Óscar Reyes.
Los excluidos
Varios investigadores de esta unidad especial se dedican exclusivamente a reunir información de aquellos exparamilitares que fueron excluidos de la ley de Justicia y Paz por no haber cumplido los requisitos de verdad, justicia, reparación a las víctimas y no repetición.
Estos desmovilizados tienen que pasar a rendir cuentas en la justicia ordinaria, razón por las cual las víctimas quedan con la sensación de que la verdad podría quedar enterrada. No obstante, el objetivo es que todos sus delitos no se dispersen en diferentes despachos de la Fiscalía, sino que en un solo proceso haya pruebas suficientes que motiven a los acusados a llegar a un acuerdo con la Fiscalía, siempre y cuando confiesen sus delitos, y cuenten todo lo que saben.
“No queremos que quede la sensación de que ser excluido de Justicia y Paz les da beneficios”, precisó Villamil.
En este proceso, se dará prioridad a los casos de los exjefes paramilitares que han sido expulsados de la justicia transicional, entre ellos Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’; Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario; y Miguel Ángel Mejía, alias ‘El Mellizo’.
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