La sentencia contra ‘Carlos Tijeras’ ayuda a esclarecer parte del conflicto armado en la Costa Caribe. Trece excongresistas, cinco exgobernantes, empresarios del banano, familias poderosas y once grupos criminales. Un cóctel explosivo en un solo departamento.
José Gregorio Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, fue el jefe del desmovilizado Frente William Rivas del Bloque Norte de las Auc, uno de los tantos grupos armados ilegales que delinquió en el departamento de Magdalena. Fotos: archivo Semana y Sentencia de Justicia y Paz.
El pasado 20 de agosto, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, dictó sentencia condenatoria contra José Gregorio Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, y Omar Enrique Martínez Ossías, alias ‘Maicol’, desmovilizados del Frente William Rivas de las Autodefensas Unidades de Colombia (Auc). Ambos fueron condenados a 40 años de prisión, pero como cumplieron con los requisitos que exige la ley de Justicia y Paz, los magistrados les concedieron una pena alternativa de ocho años.
La sentencia recoge 564 crímenes que este grupo paramilitar, nacido del seno de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu) de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, cometió en los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Fundación y Aracataca, entre 2001 y 2005. ‘Tijeras’ fue condenado por la mayoría de los hechos por haber sido el jefe del grupo, los cuales consistieron en asesinatos selectivos y algunos desplazamientos. (Desacargue la sentencia en PDF)
Más allá de los procedimientos procesales y de impartir justicia, los magistrados Lester María González Romero, Uldi Teresa Jiménez López y Eduardo Castellanos Roso, con ponencia de este último, buscaron hacerle un aporte al esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado. Para ello, dedicaron cientos de las 1.180 páginas que componen la sentencia, para hacer un análisis en profundidad sobre cómo fue la guerra en Magdalena. VerdadAbierta.com extrae y reseña ocho de sus conclusiones más importantes.
El conflicto marchó al ritmo de las bonanzas bananera, marimbera y cocainera
El Tribunal de Justicia y Paz hace un detallado análisis histórico del departamento de Magdalena desde mediados del siglo XIX hasta la fecha de desmovilización del Frente William Rivas para entender las dinámicas del conflicto armado. Dentro de su recuento sobre los orígenes, destaca la titulación de baldíos que diferentes gobiernos les hicieron a las familias más poderosas de la región para impulsar las exportaciones de banano. Entre 1861 y 1874, les fueron entregadas 16.530 hectáreas a las familias Dávila, Díaz Granados, Alzamora y Campo, quienes se consolidarían como poder político y económico de la región, y en un futuro se aliarían con grupos armados ilegales para preservarlo.
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- La producción bananera de Magdalena entró en crisis en 1966 cuando la región de Urabá se convirtió en la principal exportadora de esta fruta y coincidió con la entrada de los cultivos de marihuana, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta y en los departamentos aledaños, que posteriormente sería conocida como la bonanza marimbera. La sentencia cita un estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), que señala que en la Sierra Nevada, entre 1974 y 1985, se produjo el 60% por ciento de la marihuana del país y que sus ganancias equivalían a un valor entre el 4,0 y el 7,5% del Producto Interno Bruto.
Esta bonanza hizo que nuevos grupos armado surgieran en la región y agitó el conflicto. Tras su Séptima Conferencia Guerrillera, las Farc crearon el Frente 19 para hacer presencia en la Serranía del Perijá y las estribaciones de la Sierra Nevada, y “plantearon el objetivo de reorganizar las finanzas para asumir el control de nuevos ingresos”, según indica la sentencia. Sobre su llegada a la región, señala que “para estrechar vínculos con los campesinos marimberos, las Farc optaron por “ajusticiar” a los compradores, mafiosos y demás personas que estuvieran presuntamente abusando de la “buena fe” de los cultivadores de esta hierba”.
A su vez, los traficantes crearon grupos armados al margen de la ley, que fueron conocidos como “los combos”. Para el Tribunal, este periodo “marcaría los antecedentes de lo que fueron los grupos paramilitares en el Magdalena”.
Otro negocio ilegal entró a reemplazar a la marihuana cuando su bonanza se acabó: el tráfico de cocaína. Aunque en la Sierra Nevada no fue clave para el cultivo de coca, su ubicación geográfica la hacía propicia para la salida de su alcaloide hacia el exterior. Varios grupos armados se aliaron con los carteles de Cali y de Medellín para brindarles protección en el traslado de la droga.
Al respecto, el Tribunal concluye que el narcotráfico se convirtió en “una economía de guerra en la Sierra Nevada de Santa Marta, pues diferentes carteles financiaron a los integrantes de grupos paramilitares que se desmovilizaron (Bloque Resistencia Tayrona y Bloque Norte), ya sea para custodiar cargamentos de cocaína (evitar el pillaje y el robo), para proveer sitios seguros de residencia a los capos o para neutralizar la persecución del Estado”.
La sobrepoblación de grupos armados ilegales
El Magdalena tiene el inusitado hecho: además de las Farc y del Eln, en su territorio delinquieron otros nueve grupos armados ilegales. Todos surgieron en los años 90 como consecuencia de la bonanza cocainera, la amenaza guerrillera y la demanda de seguridad por parte de los sectores empresariales agrícolas y exportadores, en los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Fundación y Aracataca.
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- En la Sierra Nevada estuvo Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’, quien inicialmente tuvo un grupo armado que era conocido como Los Chamizos -se desmovilizó en 2006 como Frente Resistencia Tayrona- que se caracterizó por asumir funciones propias del Estado como la administración de justicia y estuvo conformado por familiares de Giraldo. Otro clan familiar fue el de Los Rojas, que posteriormente sería conocido como las Autodefensas del Mamey y data desde la época de la bonanza marimbera, el cual estuvo al frente de Adán Rojas. Otro grupo familiar fue el de Los Pipones, de José Gregorio Terán Vásquez, que operó en la Sierra Nevada y se caracterizó porque sus principales integrantes eran primos o hermanos.
Un tercer grupo que delinquió en Santa Marta, específicamente en el corregimiento de Minca, fue el de Italo Giovanni Cianci Vega, un hombre estudiado y citadino que, a diferencia de Giraldo y Rojas, tenía la capacidad de combinar múltiples actividades empresariales que se desdibujaban entre lo lícito y lo ilícito. Otro grupo que delinquió en Santa Marta fue Los Tesos, de Jairo Antonio Musso Torres, alias ‘Pacho Musso’, un narcotraficante que se organizó para vigilar el transporte de toneladas de cocaína y era socio de Hernán Giraldo.
En Ciénaga, en la vereda Jolunara, donde opera el puerto de la Drummond, estuvo el grupo del empresario y exdiputado Jorge Gnecco Cerchar. Según la sentencia, Gnecco organizó un grupo de vigilancia privada para evitar que la guerrilla atentara contra las caravanas de camiones que transportaban el carbón hacia el punto de embarque y era amigo personal de Vicente Castaño Gil con quien se concertaba para delinquir. Señala que “cuando Gnecco tuvo problemas con el narcotraficante Julio César Zúñiga Caballero, le pidió el favor a Vicente Castaño para que organizara un operativo para asesinarlo”.
El grupo de Carlos José Araque, que operó en el casco urbano de Santa Marta en el sector de la Frutera, estuvo conformado por ocho integrantes y funcionaba como oficina de sicarios, que en la mayoría de los casos era contratado por Hernán Giraldo.
Por último, están los dos grupos los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil. El primero era conocido como el Grupo de Zona Bananera, se ubicó con 26 hombres en el corregimiento de Santa Rosalía y estuvo bajo el mando de Edgar Córdoba Trujillo, alias ‘Virgilio’, exguerrillero del Epl. El segundo fue el Frente William Rivas, que nació tras el atraco del que fue víctima Vicente Castaño en octubre de 1999 cuando salía de un establecimiento comercial en Nueva Venecia.
De guerra antisubversiva, a guerra mafiosa
El cambio de milenio trajo consigo una nueva confrontación. Para el año 2000, los golpes que los paramilitares les propinaron a las Farc y al Eln, sumado a que no tenían una base social, causaron que se desatara una guerra en los otros nueves grupos armados ilegales que delinquían en la región. De combatir guerrilleros, los paramilitares pasaron a disputarse territorios y cobrarse deudas de sangre.
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- Algunos de los enfrentamientos que reseña la sentencia son la guerra entre Hernán Giraldo y Adán Rojas a principios de 2000 por el asesinato de Emérito Rueda, quien era amigo cercano de Giraldo; otro conflicto de los Rojas con los hombres de los Castaño en Zona Bananera por las extorsiones que realizaban en Santa Marta; un choque entre ‘Jorge 40’ y ‘Pedro Bonito’, por la repartición de los dineros que les aportaban las comercializadoras y la multinacional Chiquita Brands; y el enfrentamiento entre Carlos Castaño y Hernán Giraldo, porque Castaño le pidió que entregara a su socio ‘Pacho Musso’ a las autoridades por haber matado a dos agentes de las DEA, mientras buscaba acercamientos para una negociación con el Gobierno.
Este último choque dio pie a la gran confrontación que se libró en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la que tras varios meses de combates, Hernán Giraldo se rindió ante la alianza de Carlos Castaño, el Clan de Los Rojas y ‘Jorge 40’. Por esta razón, el 28 de febrero de 2002, Giraldo firmó un acta de rendición y se comprometió a seguir las órdenes de ‘Jorge 40’. Desde ese momento su grupo pasó a ser conocido como el Frente Resistencia Tayrona del Bloque Norte.
El Tribunal concluye que en Magdalena se “pasó transitoriamente de una guerra de tipo insurgente y contrainsurgente a una guerra de tipo mafiosa”, y por tal motivo, “durante los años 2000 y 2005, las lógicas de confrontación armada cambiaron sustancialmente: el enemigo a derrotar ya no eran las Farc y el Eln sino los mismos grupos paramilitares que los habían combatido en la década de los ochenta y noventa”.
Las Accu delinquieron de manera diferente en Urabá y en Magdalena
Los hermanos Castaño tuvieron dos grupos armados en las zonas bananeras de Urabá y de Magdalena: en la primera instalaron el Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero, y en la segunda el Frente William Rivas del Bloque Norte. Pese a que en ambas regiones predominaba la exportación de banano y delinquían diferentes grupos guerrilleros, los paramilitares desarrollaron la guerra de maneras diferentes.
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- La sentencia llama la atención de que a pesar de que los frentes Arlex Hurtado y William Rivas inicialmente contaron con los “mismos financiadores (empresas multinacionales y comercializadoras nacionales de banano), el mismo comandante (Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’) y los mismos esquemas operativos (Servicios Especiales de Seguridad y Vigilancia Privada)”, su accionar criminal se diferenció mucho.
Este contraste está relacionado con las condiciones de acceso a la tierra y de sindicalización de cada región. La sentencia analiza que en Urabá los sindicatos tuvieron mayor fuerza porque fue una región de colonización tardía, mientras que en Magdalena no porque las tierras estaban en manos de las familias prestantes.
Lo anterior originó que las guerrillas y los partidos de izquierda enfilaran sus baterías para conseguir base social y electoral, lo cual derivó en la persecución paramilitar contra sindicalistas y miembros del Partido Comunista y la Unión Patriótica, a quienes señalaban como auxiliadores de la subversión. Además, la sentencia señala que en Magdalena las guerrillas de las Farc y del Eln, encontraron pocos espacios para hacer proselitismo en los sindicatos bananeros, debido a su corta existencia y bajo número de afiliados.
Luego de analizar los crímenes cometidos por los dos grupos paramilitares, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá concluye que “las políticas trazadas por la comandancia paramilitar en Urabá dieron preponderancia a la lucha contra la subversión”, mientras en Magdalena se dio de manera secundaria porque en los crímenes que judicializó, “observó que la preocupación principal de los integrantes del denominado “Frente William Rivas” fue asesinar selectivamente a miembros de bandas de delincuencia común, comerciantes que se rehusaban a pagar extorsión, abigeatos, consumidores de alucinógenos, homosexuales, entre otros”.
La independencia de ‘Jorge 40’ y su modelo empresarial
Un correo electrónico de Carlos Castaño a Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doble Cero’, confirmó que ‘Jorge 40’ se había “apropiado del Bloque Norte” y se había “separado de las ACCU”. Desde ese momento, ‘Jorge 40’ le imprimió una lógica de funcionamiento empresarial a sus frentes e identificó tres puntos al respecto.
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- El primero fue la creación de la figura coordinador general, que estuvo en manos de Miguel Ramón Posada Castillo, alias ‘Felipe’, encargado de ser el intermediario entre los comandantes de frente y de transmitir sus órdenes. El segundo fue emular el funcionamiento de las redes de sucursales, razón por la cual convocaba mensualmente a sus comandantes para que le rindieran detallados informes sobre las finanzas y el estado de las tropas. Y por último, creó un “sistema de incentivos” para que sus hombres de confianza aumentaran los ingresos de dinero y para ello les daba una comisión del 5% sobre el total de recursos que llegaran a recaudar por el pago de extorsiones.
Al respecto, el Tribunal considera que esas “bonificaciones” fueron las causantes del elevado número de extorciones y de homicidios que cometieron los hombres del Frente William Rivas, puesto que asesinaron a quienes se negaron a cancelar las “vacunas”. “Así, extorsionaron a personas con ocupaciones laborales tan disímiles como los ganaderos, bananeros, comerciantes, transportadores, contratistas del Estado, prestamistas gota a gota, bicitaxistas y vendedores de minutos”. Esta es una lógica que a día de hoy todavía es empleada por las bandas criminales que surgieron tras la desmovilización de las Auc.
El accionar del Frente William Rivas
Tras varios años de investigaciones y de versiones libres de los desmovilizados, el proceso de Justicia y Paz concluye que ‘Carlos Tijeras’ fue el responsablede la mayoría de asesinatos ocurridos en los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Fundación y Aracataca, entre 2001 y 2005.
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- Para ello, tuvo a 25 hombres bajo su mando en el Frente William Rivas y contó con el apoyo de algunos miembros de la Fuerza Pública. Al respecto, en la sentencia se menciona al mayor Antonio Chinome Soto, antiguo comandante del Grupo Gaula del Ejército en Magdalena, quien recibía dinero del grupo y “los alertaba sobre operativos militares y policiales (…) y les filtraba información sobre la ubicación de retenes”.
Al analizar los crímenes, se encuentra que estos paramilitares asesinaron en mayor número a miembros de delincuencia común que a combatientes o auxiliadores de la guerrilla; y que en los municipios de Ciénaga y de Zona Bananera, asesinaron a civiles por sus orientaciones sexuales y por el consumo de drogas. Dentro de los hechos judicializados por la Fiscalía no se encontró ningún enfrentamiento con las guerrillas.
El Tribunal concluye que el “caso del Frente William Rivas en Magdalena, demostró que el accionar violento de los paramilitares no estuvo focalizado en la guerrilla y su base social, sino en la eliminación de la delincuencia común y en el control de comportamientos que tornaban reprochables y censurables para ellos mismos y para ciertos sectores de la sociedad (como por ejemplo, el homosexualismo, la drogadicción y la brujería)”.
Los bananeros
En la sentencia se hacen algunas referencias puntuales a las relaciones entre empresarios del banano y los grupos de autodefensa. Recuenta algunos casos en los que los bananeros utilizaron los “servicio sicariales” de los paramilitares para comprar predios a bajos precios o para forzar a colonos a abandonar tierras fértiles que estuviesen ocupando.
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- Uno de los casos que cita es el “de unos cultivadores de guineo que fueron victimizados en el corregimiento de Orihueca del municipio de Zona Bananera, porque presuntamente empresarios cercanos a la compañía multinacional Técnicas Baltime de Colombia (DOLE), requerían esas tierras (finca “La Franciscana”) para impulsar las exportaciones de banano”.
Otro caso que reseña es el de “un colono que invadió un pedazo de la finca “Sara Bretaña” –de propiedad del señor Carlos Lacouture Dangond-, fue asesinado por los paramilitares en el municipio de Zona Bananera” y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que determine “cuál pudo haber sido la participación del señor Carlos Lacouture Dangond en este homicidio, así como el papel que pudo haber ejercido como promotor, financiador o auspiciador de los grupos paramilitares en el departamento de Magdalena”.
Por otro lado, indica que el Frente William Rivas les cobró a los empresarios bananeros una tarifa anual de 70 mil pesos por hectárea cultivada, para proveerles seguridad a las fincas y que “en ocasiones, para no correr el riesgo de detener la producción, asesinaban alos trabajadores y capataces que presuntamente estuvieran auspiciando huelgas, protestas laborales o cualquier tipo de “molestia” a los dueños de las fincas”.
Además, el Tribunal indica que “para legalizar los pagos realizados por los bananeros, los paramilitares crearon primero, bajo la figura jurídica de una Sociedad Anónima, la empresa “Inversiones Manglar” cuya representante legal fue la señora Diana Toro, y cuyo objeto social según el Certificado de Cámara de Comercio de Santa Marta, era “la producción agrícola y ganadera en todas sus formas”. A través de esta empresa, se creó una cuenta de ahorros del banco BBVA, que fue utilizada para la consignación de dineros”.
Según lo documentado, Rúa Torres fue cercana Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, pues era quien llevaba la contabilidad de los dineros que consignaban las comercializadoras nacionales e internacionales de banano a las autodefensas en Urabá por intermedio de la convivir Papagayo. A raíz de los problemas entre Hasbún y ‘Jorge 40’, Paula Andrea Rúa Torres fue asesinada por hombres de Carlos Tijeras en Ciénaga.
‘Jorge 40’ reemplazó los servicios de Rúa Torres con Gildardo Enrique Zuluaga Usme y creó la Cooperativa de Comercialización del Magdalena (COCOAMA) que, según reza la sentencia, “fue la encargada recaudar desde el 2001 los dineros proporcionados por los empresarios bananeros por concepto de los servicios prestados de seguridad y vigilancia”. En este apartado se habla de manera general y no se referencias personas ni empresas.
La parapolítica
En este punto los magistrados hacen un análisis de cómo la alianza entre los políticos de las familias tradicionales y los paramilitares lograron que tuvieran mayor participación en el Congreso de la República y de cómo el Bloque Norte se organizó para crear distritos electorales para que sus candidatos ganaran las diferentes elecciones a las que se postularon. Pero uno de los puntos más fuertes de la sentencia es su llamado para que se rompa el círculo vicioso de clientelismo, pobreza e ilegalidad, para que de este modo las víctimas del conflicto armado no vuelvan a ser victimizadas.
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- En Magdalena han sido condenados o sancionados disciplinariamente 13 excongresistas y cinco exgobernadores por nexos con paramilitares o por corrupción. Y para el Tribunal, el hecho de que sus familiares y sus exfuncionarios accedan a cargos públicos, “constituye un riesgo para garantizarles a las víctimas y a la sociedad colombiana en su conjunto, que no volverán a sufrir de los males del pasado, puesto que muchos de los alcaldes, gobernadores y congresistas que se relacionaron con los paramilitares, y que fueron los responsables de eliminar la pobreza (y no lo hicieron), hacen parte de maquinarias políticas que no dejarán de existir porque hayan sido judicializados uno o varios de sus operadores, y mucho menos dejarán de existir tras la desmovilización colectiva de las denominadas AUC”.
Para ejemplificar esta situación, la sentencia señala al actual gobernador del departamento, Luis Miguel Cotes. “Como gobernador electo nombró en su gabinetea compañeras sentimentales, familiares, amigos o antiguos asesores de despacho de personas condenadas por auspiciar grupos armados ilegales. Es decir, Cotes tuvo en cuenta a gente cercana al ex alcalde de Santa Marta, José Francisco Zúñiga Riascos; al ex gobernador de Magdalena, José Domingo Dávila Armenta; y al ex congresista Alfonso Antonio Campo Escobar”, indica.
Por esta razón, le pide a la Fiscalía General de la Nación que informe “si la permanencia en cargos públicos de familiares, amigos o antiguos funcionarios públicos que trabajaron de la mano de personas condenadas por auspiciar grupos armados ilegales, haya podido obstaculizar el cumplimiento de la normatividad de Justicia Transicional en Colombia”. Y recalca que “la Sala optó por esta exhortación para prevenir que dichos funcionarios públicos estén o lleguen a estar obstaculizando el funcionamiento óptimo del modelo de Justicia Transicional, pues de ellos depende en gran parte que los derechos de las víctimas lleguen a satisfacerse”.
