En la sentencia contra alias ‘HH’, magistrados de Justicia y Paz de Bogotá aseguraron que estas asociaciones impulsaron a grupos de autodefensa; además, ordenaron investigar a civiles y funcionarios relacionados con ellas.
Bajo la fachada de las cooperativas de vigilancia y seguridad, conocidas como Convivir, “los grupos paramilitares consolidaron y expandieron sus redes criminales y sus nexos con sectores económicos, políticos y estatales”.
Así lo consideró el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá al dictar sentencia contra Ever Veloza García, alias ‘HH’, jefe de los bloques Bananero y Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Este alto tribunal condenó al ex jefe paramilitar a siete años de prisión y a pagar una multa de 17.950 salarios mínimos por 85 hechos que cometió en el Urabá Antioqueño cuando estuvo al mando del Frente Turbo, una facción de las entonces Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), antes de que se convirtieran en las Auc, en junio de 1997.
Los magistrados dedicaron un capítulo a las Convivir y su relación con la expansión de grupos paramilitares en todo el país; además, se refirieron al genocidio político del movimiento de la Unión Patriótica y el exterminio del movimiento sindical en el Urabá antioqueño.
El Tribunal ordenó a la Fiscalía investigar a los civiles, empresarios, comerciantes, ganaderos, bananeros, miembros de los organismos de seguridad estatales yfuncionarios que tuvieron vínculos con las Convivir o fueron los encargados de vigilarlas.
Esas cooperativas fueron creadas por el Decreto 356 de febrero 11 de 1994, durante la presidencia de Cesar Gaviria y siendo ministro de Defensa Rafael Pardo, actual ministro de Trabajo, para “la prestación por particulares de servicios de vigilancia y seguridad privada”. Sin embargo, fue en el gobierno de Ernesto Samper cuando éstas se expandieron por todo el país. La Sala resaltó que el Estado fue un actor principal en el desarrollo de las Convivir.
“Desafiando el pasado desafortunado de la década de 1980, y desconociendo sus propias decisiones y la de la Corte Suprema de Justicia de 1989, (el Estado) decidió darle vía y amparo legal a la formación de estructuras armadas que usaban informantes con el permiso del uso de armas de uso privativo de las fuerzas armadas con el objetivo de establecer el orden público turbado en algunas zonas del país, expidiendo el decreto 356 de 1994”, se lee en la sentencia.
Durante la vigencia de la norma se crearon por lo menos 529 cooperativas rurales de seguridad en 24 departamentos del país para las que trabajaron por lo menos 15.300 personas. En el Urabá antioqueño los sitios de operación de las Convivir coinciden con las poblaciones en las que delinquieron los paramilitares.
En el proceso contra ‘H.H’, la magistratura indicó que de las 414 Convivir creadas hasta diciembre 31 de 1997, “muchas fueron organizadas y representadas legalmente por comandantes de grupos paramilitares” y citando al ex jefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, citó varios casos, entre ellas las Convivir Horizonte y Guaimara, que dirigió Salvatore Mancuso; Abibe, a la cual perteneció Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’; Nuevo Amanecer, de la cual fueron integrantes Rodrigo Pelufo, alias ‘Cadena’, y Francisco Javier Piedrahíta; Arrayanes, en la que estuvo registrado Juan Francisco Prada, alias ‘Juancho Prada’; y Deyavan, de la que fue miembro Rodrigo Pérez Alzate y cuya resolución de constitución fue firmada por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez.
La sentencia asegura que las Convivir fueron creadas “por particulares especialmente entre 1995 y 1998 con el auspicio o con el visto de bueno de gobiernos departamentales, Fuerza Pública, organismos de inteligencias y las correspondientes autorizaciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Se convirtieron en pieza clave para la expansión de los grupos paramilitares”.
El Tribunal puso en duda el papel que jugó el Estado durante la década del noventa al no realizar dispositivos de control y vigilancia. Según el Tribunal, esta falta de regulación permitió que durante tres años las Convivir fortalecieron las autodefensas de los hermanos Castaño Gil en aspectos como dotación y logística, financiación, operatividad en terreno articuladas con la Fuerza Pública, acceso a dependencias estatales de carácter local, regional y nacional, así como suplantación del Estado en algunas regiones del país.
Desde la Gobernación de Antioquia, en cabeza del ex presidente Álvaro Uribe, se expidieron varias resoluciones que le daban la personería jurídica a las Convivir, “aprobando directores, representantes legales, tesoreros y revisores fiscales”. El Tribunal reveló en la sentencia los registros para la constitución de estas organizaciones, los nombres de los directivos (algunos de ellos paramilitares) y los nombres de los funcionarios que las aprobaron.
En el caso de la convivir La Palma, los magistrados señalaron que en esta figuran Luis Carlos Mercado Gutiérrez (director); Rubén Darío Coronado Rodríguez (revisor fiscal); y Otoniel Segundo Hoyos (secretario), quien perteneció a los primeros grupos de autodefensa de los Castaño y luego integró el Bloque Elmer Cárdenas de las Auc..
Los magistrados citaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reportó a finales de los noventa que Luis Carlos Mercado -director de la Convivir- fue asesinado durante la masacre de la Horqueta, en Tocaima, Cundinamarca. La Palma aparece con la aprobación de Hernán Arias Gaviria, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada el 15 de julio de 1996, y operó en San Juan de Urabá.
Otra Convivir que fue registrada con un miembro de los paramilitares entre sus directivos fue la denominada Abibe en San Pedro de Urabá. En el registro aparece Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, quien fuera hombre de confianza de Vicente Castaño Gil.
Las investigaciones penales solicitadas, según el alto tribunal, “no están afectadas por fenómenos como la prescripción, por cuanto están ligadas a la comisión de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos por estructuras criminales, los cuales tienen el carácter de imprescriptibles”.
Sentencia contra Veloza
La sentencia contra el ex jefe paramilitar del Bloque Bananero, Ever Veloza García, alias ‘HH’, lo condena por diferentes crímenes de lesa humanidad cometidos contra miembros de la Unión Patriótica y sindicalistas, entre ellos 150 homicidios perpetrados en la región de Urabá.
Los postulados a la Ley de Justicia y Paz reciben una condena de máximo ocho años de pena alternativa. En el caso de ‘HH’, esta sentencia es parcial y no incluye los delitos que cometió en el Valle de Cauca cuando estuvo al mando del Bloque Calima, por lo que con su próxima condena tendrá en cuenta esos hechos.
El ex jefe paramilitar fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, reclutamiento de menores, homicidio, secuestro, hurto, tortura, actos de terrorismo y barbarie, desaparición y utilización de uniformes e insignias de la fuerza pública.
Los magistrados clasificaron en tres los tipos de victimización contra la población de Urabá: violencia selectiva a partir de la estigmatización contra sindicatos y miembros de la Unión Patriótica a quienes acusaron de ser supuestos colaboradores de los grupos de la subversión; violencia aleatoria e indiscriminada contra la población civil; y actos de violencia masiva, refiriéndose especialmente a las masacres conocidas como El Golazo y El Aracatazo.
La sala hizo énfasis, como ya lo había hecho en una ocasión anterior, en declarar el exterminio de la Unión Patriótica como un genocidio político. Agregó que “el Estado tenía una obligación de protección y salvaguarda que no cumplió y tampoco ha cumplido con las obligaciones de investigar y hacer justicia en los crímenes cometidos contra esta organización”. (Ver: Exterminio de la UP fue un genocidio político)
Sobre la reparación colectiva a estas víctimas, el Tribunal extendió la responsabilidad a la Unidad para Atención a Víctimas. A partir de la reforma a la ley de Justicia y Paz que se hizo en diciembre de 2012, todo lo referente a la reparación fue asumido por la Unidad.
Lo mismo ocurrió con las víctimas individuales, pues la reforma a la Ley propuso que la indemnización no fuera tasada según el daño emergente, lucro cesante y daño moral (como se hacía en el sistema anterior), sino que se unificaron los montos. Este cambio se realizó porque los dineros del Fondo de Reparación de las Víctimas no eran suficientes para pagarle a todos los afectados.
La Unidad de Víctimas creó unos topes máximos para cada tipo de daño que son menores a los que se entregaron a víctimas de sentencias anteriores, como por ejemplo el caso de las víctimas de Mampuján. Por esa razón los apoderados de las víctimas apelaron la decisión. (Ver: Las víctimas de ‘HH’ sienten que les embolataron la reparación)
Los representantes de las víctimas también presentaron una nulidad por lo que consideraban una violación al debido proceso. Este fue otro cambio de la reforma a Ley, pues inicialmente una vez se impartía el control de legalidad se daba inicio al incidente de reparación por parte de los magistrados de la Sala de Justicia y Paz. En ella se escuchaban las afectaciones sufridas por las víctimas y sus expectativas y así determinar la manera y el monto cómo el postulado debía reparar a las víctimas.
Los magistrados se pronunciaron además sobre el mal manejo que recibieron los bienes de ‘HH’ mientras fueron administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y cómo esto causó que perdieran su valor original. Por ellos, la sentencia ordenó que se investigue a los directivos de esta entidad por el presunto delito de detrimento patrimonial. Esta empresa, ahora en liquidación y que fue contratada por la antigua Acción Social, se encargó de administrar y comercializar 152 bienes entregados por los paramilitares entre 2009 y 2011 (Ver: Los bienes entregados por ‘HH’ no alcanzan para reparar)
Por otro lado, el Tribunal negó la solicitud que hizo el defensor del ex paramilitar, donde pedía que la pena alternativa de siete años fuera descontada de los años de cárcel que Veloza ha estado recluido en una cárcel de Estados Unidos, donde fue extraditado en marzo de 2009.
¿Quién es alias ‘HH’?
Ever Veloza explicó que cuando las Farc le quitaron el camión en el que transportaba alimentos y con el que sostenía a su familia en el Urabá antioqueño, buscó a los hermanos Castaño para que le dieran ‘trabajo’. “Quería vengarse”, dijo.
Los hermanos Carlos y Vicente Castaño ya eran reconocidos en la región porque habían conformado las Accu. En 1991 simularon un desarme como parte de un supuesto acuerdo con el gobierno nacional, pero a los pocos años se supo que se rearmaron y reclutaron a ex guerrilleros y ex militares para hacerle frente a la guerrilla.
Una vez aceptado en las filas paramilitares Veloza fue enviado a una finca en Córdoba donde recibió entrenamiento por parte de ex capitán del Ejército Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doble Cero’. De allí fue llevado en un camión hacia el norte del Urabá antioqueño donde la llamada ‘Casa Castaño’ controlaba las rutas de narcotráfico del Golfo de Urabá.
Era finales de 1994 y Veloza hacía parte del ‘Grupo de los 20 hombres’, una célula paramilitar que en seis años hizo metástasis por Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó. En sus inicios, Veloza, apodado por sus cómplices como el ‘Mono Veloza’ o ‘Carepollo’ y luego conocido en el Valle como alias ‘H.H.’, comenzó como sicario bajo las órdenes de ‘Doble Cero’.
A su llegada al norte del Urabá antioqueño, el ‘Grupo de los 20 hombres’ fue divido en dos: uno, que delinquió en las zonas rurales, y otro llamado ‘Los Escorpiones’ que se instaló en los cascos urbanos. De este último hicieron parte siete paramilitares: el ‘Mono Veloza’, Enrique Mestre, alias ‘Wilson’; José Ruperto García, alias ‘El Gato’; Wílmer Aguado, alias ‘Carroloco’; Forferinzo Flórez, alias ‘Montador’; Uber Coca, alias ‘Uber’; y Jesús Albeiro Guisao, alias ‘El Tigre’.
Este grupo fue conocido en la región porque entraban a las casas de sus víctimas, las sacaban de sitios públicos y de las fincas donde trabajaban y en muchos casos abandonaron sus cuerpos en un sitio conocido como La Caleta. “Era un callejón ubicado a 3 kilómetros del casco urbano de Turbo. Allí todos los días dejábamos cuerpos”, dijo el ex jefe paramilitar, quien fue extraditado en 2009.
Antes de ser enviado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, alias ‘HH’ contó en versiones libres que ‘Los Escorpiones’ tuvieron como informantes a los Comandos Populares, un grupo de desmovilizados de la guerrilla del Epl que siendo perseguido por las Farc decidió delinquir con los paramilitares.
“Asesinamos gente por información de los comandos alias ‘Camacho’, Carlos Vásquez, alias ‘Cepillo’, ‘San Pedro’ y ‘El Tigre’. Este último conocía todas las bananeras. También nos apoyábamos en los capataces de las fincas que tenían mucha información”, confesó el ex jefe paramilitar en la audiencia.
Así, ‘Los Escorpiones’ realizaron asesinatos selectivos en barrios que, según ellos, eran señalados de albergar a presuntos colaboradores la guerrilla.
Según la documentación que hizo la Unidad de Justicia y Paz, los barrios Julia Orozco, Gaitán, Bueno Aires y Obrero, de Turbo, fueron blanco de los paramilitares. Lo mismo sucedió en los corregimientos El Tres y Nueva Colonia.
“El 24 de marzo de 1995 un grupo armado entró a la vereda La Esperanza, en el corregimiento El 3, de Turbo, y sin mediar palabra disparó contra un joven de 27 años. En versión libre, Veloza dijo que lo asesinaron por informaciones de que colaboraba con guerrilla”, leyó la Fiscalía. La historia se repitió tal cual en otros casi 30 crímenes que la Fiscalía legalizó ante los magistrados.
Por su sangre fría para disparar contra quienes consideraba sus enemigos, en poco tiempo el ‘Mono Veloza’ se convirtió en jefe paramilitar del Bloque Bananero y una década después del Bloque Calima. Asesinó a personas señaladas de colaborar con la guerrilla, persiguió a sindicalistas y participó en el exterminio de la Unión Patriótica, UP. También hizo los primeros contactos con la Brigada 17 para delinquir en complicidad con esta unidad del Ejército, hecho por el cual está en juicio el general (r) Rito Alejo del Río.
Veloza García se desmovilizó con el Bloque Bananero el 25 de noviembre de 2004, bajo los acuerdos de las Auc con el gobierno nacional y no se volvió a saber nada de él hasta el 3 de abril de 2007 cuando fue capturado por las autoridades en una finca del suroeste antioqueño, en cumplimiento de unaorden de captura para que respondiera por varios delitos cometidos durante su pertenencia a las Auc. Las autoridades también lo señalaron de estar detrás de la conformación de grupos armados ilegales después de su desmovilización.
Luego de su captura, la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia, mediante Nota Verbal No. 1925 del 9 de julio de 2007, solicitó su detención provisional con fines de extradición para que compareciera en juicio por delitos asociados al tráfico de drogas hacia ese país, a donde fue enviado el 9 de marzo de 2009.
