Después de cuatro años de Justicia y Paz, una encuesta revela que el camino a la verdad, la reparación y la reconciliación todavía es largo.
El 28 de noviembre 2003 hombres de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, al mando de Ramón Isaza, asesinaron al campesino Alfredo Sánchez Cárdenas de Palocabildo, Tolima, con lo que su nombre se sumó a las cinco mil víctimas que dejaron los paramilitares en la región. Seis años después la esposa de Alfredo, María*, superó su miedo a denunciar, ahorró para asistir a la versión libre de Ramón Isaza y pudo confrontar a su victimario. Aunque el jefe paramilitar le pidió perdón, pero no supo decirle a María donde está el cuerpo de su marido, ni las razones de su asesinato.
Éste drama es sólo uno de los miles de casos que ilustra las grandes dificultades que enfrenta la justicia transicional, en el marco de la Ley de Justicia y Paz en Colombia. Desde hace cuatro años la Fundación Social monitorea la Ley con grandes encuestas que miden percepciones, opiniones y experiencias de este proceso.
El último sondeo, realizado en 2008 en 2.000 hogares rurales, muestra que cerca del 20 por ciento de los encuestados han sido víctimas del conflicto armado, una proporción que alcanza un alarmante 35 por ciento en los Montes de María, región del sur de Bolívar azotada por las Farc, el Eln y los paramilitares del Bloque Norte.
A pesar de estos graves niveles de violencia, ocho de cada diez encuestados piensan que la justicia es un medio efectivo para superar el conflicto. Sin embargo el problema parece estar en el modo como funciona la Ley de Justicia y Paz pues cerca de la mitad de las víctimas no denuncian a sus verdugos por miedo a las represalias. Paula Gaviria, directora del área de Incidencia en Políticas Públicas de la Fundación Social, dice que “es urgente que el gobierno refuerce la protección pues las amenazas aún mantienen mucha gente al margen del proceso”. En efecto el estudio arroja que los actores armados intimidan a una de cada cinco personas que los denuncia. Paula Gaviria añade que “la reincidencia es muy grave, delinquir y no cumplir con los compromisos de la paz no tiene consecuencias. Hay que fortalecer la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía para priorizar estos casos y suspender los beneficios en caso de reincidencia”.
Frente a la verdad las víctimas están encontrando dificultades similares pues 51 por ciento de ellas no conocen la verdad sobre los hechos que los afectaron. Así sólo un 29 por ciento cree que el proceso de Justicia y Paz está esclareciendo la verdad. Peor aún, apenas ocho por ciento sabe que su agresor está rindiendo versiones libres. Para Paula Gaviria “es una lástima que este porcentaje sea tan reducido. El problema es que la gente desconoce el procedimiento, no sabe que su agresor está en versión, tiene miedo y no cree que la participación al proceso sirva para algo”.
De todos modos hay gran interés de las víctimas para entender lo que les pasó, el primer paso según ellos para reclamar justicia. Si en la encuesta del 2006 un 60 por ciento de las víctimas creían que era mejor “no saber nada de lo que le ocurrió”, ahora la misma proporción desea saber qué les pasó.
Aunque con dificultades, los colombianos sí creen en la reconciliación. Piensan que esta tiene que pasar por acuerdos de paz entre el Estado y los actores armados aunque poco más de la mitad de las víctimas no están dispuestas a perdonar su victimario, situación que exige la atención del gobierno para que estos sentimientos no desboquen en más violencia.
Paula Gaviria de todos modos exhortó las víctimas a no rendirse pues “sí hay interés por conocer su verdad, su drama, su dolor. Aunque el proceso no es rápido y la capacidad del estado no es suficiente, la justicia va a llegar”.
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