En un comunicado, el Colectivo de Abogados José Alvear le exigió a alias ‘Julián Bolívar’ que no se refiriera más a sus víctimas como auxiliadores, colaboradores o guerrilleros, por considerar que es una forma de justificar esos crímenes.
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El tema de la credibilidad de las versiones libres y de lo que allí cuentan los desmovilizados jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en relación con su participación y los crímenes que cometieron en el marco del conflicto armado, lo planteó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en una carta en la que pone en tela de juicio algunos términos alusivos a las víctimas y utilizados por Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar Alzate, uno de los comandantes del Bloque Central Bolívar y responsable del bloque Libertadores del Sur.
En una carta dirigida a la fiscal Ana Fenney Ospina Peña, la Comisión le pidió que, en adelante, impidiera que el versionadorevictimizara a las personas muertas por los bloques que comandó con términos como que eran milicianos, guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla.
El colectivo hizo énfasis en la confesión de Pérez Alzate sobre la muerte de siete líderes sindicales de Barrancabermeja (Santander) y el sur de Bolívar, en la que dijo que todos eran auxiliadores o pertenecían a células subversivas.
El gremio de juristas considera que esos términos no solo revictimizan a las personas que perdieron su vida, como consecuencia de la labor que venían desempeñando en calidad de dirigentes sindicales, sino que se opone a los postulados de la Ley de Justicia y Paz sobre verdad, justicia y reparación.
Pérez Alzate confesó que hombres del bloque Central Bolívar (Bcb) mataron a Gustavo Castrillón, sindicalista de Barrancabermeja, a quien las autodefensas acusaron de promocionar algunas actividades de adoctrinamiento guerrillero en el puerto petrolero.
El mismo pretexto
Igual acusación lanzaron contra Luis Alberto López Plata, conductor, sindicalista y dirigente de la Unión Patriótica (UP), muerto el 19 de diciembre de 2001, y contra Manuel Salvador Guerrero Arango, dirigente de la Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de Ecopetrol, acribillado a bala en una calle de Barrancabermeja, el 16 de febrero de 2001.
En la lista apareció Rafael Jiménez Torres, también dirigente de la USO, a quien las autodefensas mataron basadas en un supuesto informe de inteligencia propio, que señalaba que la víctima le suministraba al frente 34 de las Farc información sobre los contratistas de Ecopetrol.
Elio Rodríguez, muerto el 20 de julio de 2002, y Miguel Rojas Quiñónez, dirigente sindical de los maestros, asesinado el 12 de diciembre de ese mismo año, perdieron la vida por circunstancias similares, aunque en el ámbito social siempre gozaron del reconocimiento por su labor en defensa de los derechos de los trabajadores.
La Comisión hizo especial énfasis en el caso de la líder sindical Lilia Ramírez Ortiz, asesinada el 13 de febrero de 2005, debido a que, en su opinión, Pérez Alzate acomodó su versión y la tildó como guerrillera activa del frente Manuel Gustavo Chacón, del Eln, al punto que la identificó con el alias de La Potra.
El gremio dijo que Ramírez Ortiz era una destaca dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios (Anthoc) y que su muerte obedeció a la serie de denuncias públicas que hizo sobre presuntos manejos irregulares en el hospital local de Sabana de Torres (Santander), en los que estaría comprometido un directivo del centro asistencial, pariente cercano del segundo comandante del Bcb en Santander.
“No puedo venir a decir la verdad que otros quieren escuchar”, dijo Pérez Alzate en respuesta a la carta de la Comisión, por considerar que “estoy entregando una versión, tal y como la conozco, y no pretendo justificarla ni disfrazarla”.
Sobre el asunto la fiscal Ospina Peña sostuvo que esa verdad está sujeta a la verificación del ente acusador y esa tarea es la que viene desarrollando con el objetivo de que las víctimas puedan ser reparadas de manera integral y la sociedad obtenga el derecho de la no repetición.
Más víctimas
El postulado continuó con su versión en la que se basó, casi todo el tiempo, en las respuestas que con anterioridad había preparado con base en un cuestionario elaborado por víctimas de las autodefensas en varios municipios del Sur de Bolívar, Barrancabermeja y Bucaramanga.
En una versión transmitida por circuito cerrado en Medellín, San Pablo, Barrancabermeja y Bucaramanga, a la que asistieron 174 víctimas, el postulado entregó solo unas cuantas respuestas, pero prometió que para las próximas versiones contestaría las restantes.
En la larga lista de homicidios aceptados aparecieron como víctimas del Bcb Jesús Noel Ávila, asesinado en Bucaramanga el 10 de enero de 2001; Nelson Franco, muerto en San Pablo, el 13 de enero de 2004; Jorge Enrique Molina Cruz, baleado en Barrancabermeja, el 13 de junio de 2001 y Jorge Eliécer Rodríguez, acribillado en un barrio de la capital de Santander el 16 de octubre de 2003.
Siguieron Oscar Chaparro, empleado de la alcaldía de Capitanejo (Santander), muerto el 27 de enero de 2001; Samir Antonio Chais Soto, asesinado el 22 de julio de 2002; Luis Alberto Hernández, muerto en la vereda La Unión de San Pablo, el 12 de noviembre de 2004 y Pedro Luis Ospina Rodríguez.
Sobre Barrancabermeja, Pérez Alzate aceptó las muertes de Juan Carlos Sierra Quintero, el 13 de junio de 2002, John Alenxander Mora Bustos, el 3 de marzo de 2005 y Jainer Alonso Durán, el 14 de julio de 2001, muerto el 13 de junio de 2001.
El ex jefe del Bcb continuará con sus versiones el 15 y 16 de diciembre próximo, cuando se espera que acabe de responder el cuestionario, porque para las citas de enero y febrero de 2009 se dedicará a hablar sobre las masacres que cometieron las autodefensas en el Sur de Bolívar y Barrancabermeja.
